miércoles, 14 de julio de 2010

SENADO DE LA REPUBLICA

Senado de la República

CONSTANCIA EN LA PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

NO MÁS IMPUESTOS AL PUEBLO PARA FAVORECER A LOS NEGOCIANTES DE LA SALUD

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la Emergencia Social y dejar vigente hasta el 16 de diciembre el decreto que aumentó el IVA a los licores, los cigarrillos, la cerveza y los juegos de suerte y azar, ha llevado al gobierno a presentar un proyecto de ley para darles carácter permanente a estos tributos.

En la práctica, se trata de una reforma tributaria que se pretende justificar con el argumento de garantizarles el derecho a la salud a los más pobres.

En mi condición de Senadora de la República por el Polo Democrático Alternativo, manifiesto mi oposición rotunda a la iniciativa del gobierno de aumentar impuestos y anuncio mi voto negativo al Proyecto de Ley, por las siguientes razones:

1. Como lo hemos afirmado muchas veces, la causa de los problemas que afectan la prestación del servicio de salud está en la ley 100 de 1993 y en las demás normas que le quitaron a la salud su carácter de derecho humano fundamental y la convirtieron en un negocio del capital financiero.

Mientras esta situación no se corrija, la salud tendrá crisis permanente porque los negociantes siempre querrán ganar más.

2. La salud tiene recursos suficientes para una prestación adecuada del servicio a la población.

Lo que ocurre es que, como lo ha dicho el Presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, “en el actual SGSSS los rubros de atención médica representan el 65% y la inversión en salud el 5% del gasto, lo cual supone que el 30% restante corresponde al costo de intermediación de las EPS, cuyo impacto financiero ha sido ampliamente debatido por académicos e investigadores del sector” (…) “Tal es la razón por la cual varias de las EPS privadas aparecen anualmente entre las 100 empresas más exitosas y rentables del país”.

De otra parte, de los 22 billones de pesos destinados a la salud, 5 billones están invertidos en TES, lo que significa que con los dineros de la salud se solventa parte del déficit fiscal del gobierno, en tanto que 1.6 billones se encuentran en la subcuenta de compensación y 4.4 billones en otras subcuentas del FOSYGA, la gran mayoría de ellas en la banca privada, es decir, contribuyen a financiar al sistema bancario privado.

3. Otra de las causas estructurales de los problemas financieros de la salud está en el desempleo y la precariedad laboral.

En el régimen contributivo figuran 14 millones de personas, cerca de la mitad como afiliados inactivos, mientras en el régimen subsidiado hay 23 millones.

El principal responsable de esta situación es el gobierno que con su política neoliberal ha lesionado gravemente el aparato productivo nacional y las funciones sociales del Estado y ha destruido millones de empleos, y con sus reformas para flexibilizar las relaciones laborales ha envilecido las condiciones de trabajo.

Esto quiere decir que mientras no haya trabajo digno para fortalecer el régimen contributivo, la gente se verá obligada a ir al régimen subsidiado, con el consiguiente aumento de los costos de la salud.

4. Es indudable que el gobierno contribuyó a desfinanciar la salud con el recorte a las transferencias para salud y educación a departamentos y municipios, mediante reforma constitucional aprobada por las mayorías uribistas en el Congreso de la República.

5. El gobierno ha dicho que el rubro más importante en la generación de la crisis fue el de los sobrecostos de los recobros al FOSYGA por los medicamentos no contemplados en el POS.

Este tema tiene que ver con los escandalosos sobreprecios de los medicamentos por parte de los laboratorios farmacéuticos, que en Colombia son el doble o el triple del precio internacional en países vecinos.

Si se quieren ahorrar enormes recursos, lo que el gobierno debería hacer es meter en cintura a los laboratorios, pero medidas de esta naturaleza contradicen el catecismo del “libre mercado” y los acuerdos antinacionales hechos en el marco de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea.

Las razones anteriores demuestran que la causa de la crisis de la salud no es la falta de recursos, sino el desvío de ellos a las arcas de los negociantes de la salud.

Por consiguiente, resulta inaceptable seguir cargando de impuestos a un pueblo cada vez más empobrecido para que unos pocos privilegiados continúen multiplicando sus ganancias.

Para nosotros, la alternativa es desmontar el régimen impuesto por la ley 100 de 1993 y hacer una nueva reforma estructural que rescate a la salud del sistema mercantilista que le han impuesto y le devuelva su carácter de derecho humano fundamental.



GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República por el PDA

Bogotá, D.C., 16 de junio de 2010

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