lunes, 12 de noviembre de 2012

CONTINUACIÓN DEL JUICIO SOBRE “LA MASACRE DE MONDOÑEDO” 20 DE NOVIEMBRE DE 2012



La Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza se permite invitar a las víctimas, abogados, defensores de derechos humanos y demás, a la continuación del juicio sobre el caso conocido como La Masacre de Mondoñedo” el próximo martes 20 de Noviembre a las 9:00 a.m. en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá Calle 31 No. 6-20 Piso 2.

Como es de conocimiento de la opinión pública y de la comunidad de derechos humanos, en el marco del 16º  Aniversario de Impunidad de dicha masacre (6 y 7 de Septiembre de 1996), se emprendieron diversas acciones con el objetivo de que dicho delito no prescriba y se reconozca como un delito de lesa humanidad, para que se respete y se le de cumplimiento  a los principios fundamentales de justicia para la víctimas, el conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.

En ese sentido, inicialmente varias ONGs interpusieron un derecho de petición el pasado 15 de agosto de 2012,   dirigido al señor Fiscal General de la Nación Dr. Luis  Eduardo Montealegre Link,  donde se solicitaba que se absolvieran varias preguntas con respecto a La Masacre de Mondoñedo”, como la revocatoria de la Resolución Inhibitoria  del 13 de octubre de 2005 dictada dentro del proceso penal  No. 543A  a favor de varios suboficiales  y agentes de la Policía Nacional.

Dado que la fiscalía no respondió dentro del termino legal fue necesario interponer una acción de tutela ante el Tribunal Superior  del Distrito Judicial de Bogota –Sala de Decisión Penal- y fruto de lo cual obtuvimos extemporáneamente la respuesta que  generó una situación de insatisfacción porque las “respuestas” fueron supuestamente respondidas por la Asistente  de Fiscal II CLAUDIA ASTRID RODRIGUEZ SOLER, con una serie de desinformaciones y desconocimiento total del proceso.

Fue por ello que se envió un nuevo alegato jurídico el 20 de septiembre de 2012,  al señor Fiscal General de la Nación, en el cual precisábamos las graves e incorrectas respuestas que se nos trató de dar en el derecho de petición; incluyendo las fotos que demuestran las torturas y  desmembramientos de los cuerpos a que fueron sometidos los jóvenes e incineración de los cadáveres.   Igualmente, ante estos hechos se enviaron copias de los anteriores documentos al Ministerio Público y Organismos Internacionales como la CIDH, para que conocieran de lo suyo. Fue así como el Ministerio Público a través del Dr. ROMAN CARVAJAL HERNANDEZ, funcionario Procuraduría Delegada  para el Ministerio Publico en Asuntos Penales  designó a una funcionaria, la Dra. VIANNEY EULALIA ROLDAN ROJAS  Procuradora 4 Judicial Penal II, para que practique visita  a la respectiva carpeta  y ejerza la intervención que en derecho corresponda, en aras de garantizar  el respeto al debido proceso  y a los derechos y garantías  fundamentales, conceptuando sobre la necesidad y viabilidad  de constituir AGENCIA ESPECIAL, en el asunto y tomara las decisiones de conformidad con sus competencias y atribuciones.

En ese mismo sentido, la CIDH Seccional Andina solicitó se allegara todo el material probatorio ya que en esa instancia cursa un proceso por los hechos de La Masacre de Mondoñedo” ante la impunidad reinante en nuestra patria.

Finalmente, se puede concluir que al menos se logró lo siguiente:

  1. La Fiscalía Séptima Especializada,   “REVOCÓ  la Resolución Inhibitoria de fecha 13 de octubre de 2005  y en su efecto ha declarado  abierta la instrucción  contra los faltantes  de quienes participaron  en aquellos lamentables hechos,” la cual se había convertido en un factor generador de impunidad contra los miembros de la red criminal de la DIJIN que fueron favorecidos con esa decisión.
  2. El Ministerio Público a través de la Dra. VIANNEY EULALIA ROLDAN ROJAS, viene actuando en dicho proceso y es así que mediante Resolución del 9 de agosto de 2012,  constituyó la Agencia Especial  No. 101154, para intervenir  en la causa No. 1371-7  que se adelanta en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado  en contra del Mayor de la Policía Nacional HECTOR EDISON CASTRO CORREDOR  para evitar que dicha masacre quede en la impunidad y que los autores de las violaciones a los Derechos Humanos y al DIH al menos sean investigados disciplinariamente.
  3. Se logró visibilizar en el marco de los 16 años de la Masacre de Mondoñedo que las víctimas existen, que continúa la impunidad, que las víctimas tienen el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar, el derecho de las víctimas a saber, a que haya garantías de independencia e imparcialidad, y, en general, a que La Masacre de Mondoñedo” no quede en el olvido.

JUNTA DIRECTIVA



Noviembre 10 de 2012.

jueves, 8 de noviembre de 2012

ENTREVISTA AL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS “El único inamovible sobre la mesa debe ser la superacion definitiva del conflicto armado y social”

 “Creo en el diálogo como una salida política al actual conflicto armado y social. El éxito del proceso de paz que se adelanta en este momento dependerá no sólo de los compromisos asumidos por las partes, sino también de la necesaria participación e impulso de amplios sectores de la sociedad colombiana”.


Luego del inicio de los diálogos entre el Gobierno y las FARC, Miguel Ángel Beltrán, profesor de la Universidad Nacional que permaneció dos años en la Cárcel Modelo, acusado de pertenecer a ese grupo guerrilero, habla sobre su proceso judicial, el conflicto armado y el proceso de negociación.

Por: Juan David Ortiz Franco
        Juanda2107@hotmail.com

Se hacía pasar por ‘Jaime Cienfuegos’, su nombre es Miguel Ángel Beltrán Villegas, profesor de sociología dedicado al terrorismo”. Esas fueron las palabras de Álvaro Uribe Vélez, entonces presidente de Colombia, durante un Consejo Comunitario de Gobierno en Leticia, el 23 de mayo de 2009.

Un día antes la DIJIN presentaba como miembro de las FARC a un hombre que llegaba deportado desde México; llevaba un tapabocas, un chaleco antibalas y una mochila. Miguel Ángel Beltrán tenía entonces 46 años, era profesor de la Universidad Nacional de Colombia y, de la estancia postdoctoral que cursaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, pasó a estar recluido en una cárcel acusado de los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado.

Desde el pabellón de Alta Seguridad de la Cárcel Nacional Modelo escribió una carta a sus padres donde resume sus posturas y deja ver al hombre detrás de las ideas: “Mis queridos viejos, pueden sentirse felices de que su hijo esté hoy sentado en el estrado de los acusados no por asesino y corrupto, sino por defender los ideales de justicia y libertad que ustedes me inculcaron de niño y que llevo en mi corazón como el más preciado tesoro que me ha regalado la vida. Por eso, si este tribunal que hoy me juzga me llegase a condenar, asumiré con firmeza y dignidad su fallo, porque me anima la convicción de miles de hombres y mujeres que soñamos con otra Colombia posible”.

Pasadas las 6:30 de la tarde del martes 7 de junio de 2011, luego de dos años de reclusión, Miguel Ángel Beltrán salió de la Cárcel Modelo. En el grupo que lo esperaba estaban algunos de sus compañeros y estudiantes de la Universidad Nacional. Unos días antes, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo absolvió de los cargos que se le imputaban y ordenó su libertad.

En el momento de su captura, ¿qué representaba para el Gobierno colombiano hacer pública la imagen de un profesor universitario vinculado con las FARC?
Es importante aclarar que no se trató de una “captura”, sino de un secuestro que se realizó de manera bilateral entre Colombia y México, violando no sólo mis derechos fundamentales sino tratados internacionales, pues en ese momento me encontraba de manera legal en la ciudad de México, desarrollando una estancia posdoctoral por invitación del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México y amparado por la figura de una comisión de estudios que me otorgó la Universidad Nacional de Colombia. El propósito del Gobierno en ese momento, era demostrar que las universidades públicas estaban siendo infiltradas por la guerrilla y de esta manera, tratar de deslegitimar las expresiones de oposición crítica a su política de seguridad democrática, haciéndolas ver como aliadas con el “terrorismo”.

Hay algo sobre su proceso de lo que muy poco se conoce. Tiene que ver con la forma en que evolucionaba su defensa antes de que la Corte Suprema de Justicia declarara la nulidad de las pruebas encontradas en los computadores de ‘Raúl Reyes’. ¿Qué ocurría con su proceso en ese momento?
Mi proceso judicial se encontraba en su fase final. Esto quiere decir que mi libertad no fue producto de esa acertada decisión de la Corte, sino de la valoración que hizo la juez de las “pruebas” presentadas durante los más de dos años en que se prolongó el juicio, tal como quedó claro en el fallo absolutorio. Entre muchas otras inconsistencias se decía, por ejemplo, que como parte de la Comisión Internacional de las FARC, me había reunido con integrantes de esta organización en Cuba, cuando jamás he viajado a este país como pudo corroborarse a través de mis registros migratorios. Pero no sólo eso, hubo también testimonios como el de un ciudadano mexicano, pagado por el DAS, que realizó seguimientos durante mi estancia en México y cuyo informe concluía que yo no tenía ningún nexo con las FARC. Aunque la juez se negó a admitir esta prueba por la imposibilidad de esta persona de hacer presencia física en el juicio, era claro que se trató de un montaje judicial en mi contra.

¿Cómo avanza su proceso disciplinario en la Procuraduría?
El proceso disciplinario iniciado por el actual procurador Alejandro Ordoñez sigue su camino utilizando precisamente las mismas pruebas que ya fueron superadas en el proceso judicial. Además de ello, la Procuraduría no brinda las garantías de objetividad y autonomía requeridas, pues a lo largo del juicio, la representante del Ministerio Público demostró su clara parcialidad en mi contra. Actualmente, la Procuraduría, en una abierta violación a la libertad de pensamiento y de cátedra, ha pedido a las directivas de la Universidad Nacional que informen sobre mi participación en conferencias, cursos, seminarios nacionales e internacionales, así como sobre mis artículos y ponencias publicadas o no.

¿Cuáles son sus condiciones de seguridad en este momento?
Son delicadas. Ha habido hostigamientos, seguimientos, hurtos en mi lugar de residencia e incluso he sido informado de un plan para asesinarme. La situación llegó a un punto crítico y, pese a mi decisión de continuar con mis clases e investigaciones en la Universidad, tuve que abandonar el país, y a la fecha, el Estado colombiano no ha podido brindarme las condiciones de seguridad para retornar.

¿Qué cambió en su vida de profesor universitario luego de ese proceso?
El contacto con mis estudiantes, mis colegas y, en general, con la dinámica universitaria para mí es fundamental. Desafortunadamente, ésta se ha visto sensiblemente afectada por mi imposibilidad de retornar a la Universidad, lo que me ha obligado a desarrollar mi actividad académica en otros espacios universitarios.

¿Existe en la universidad colombiana un ambiente propicio para la opinión?
Mi percepción es que los espacios de expresión en las universidades se han restringido notablemente. Por un lado, como consecuencia de los factores asociados con la agudización del conflicto armado y social (claro ejemplo de ello es el asesinato del sociólogo Alfredo Correa, por sus comprometidas investigaciones sobre desplazamiento forzado y, más  recientemente, el exilio académico del profesor Renán Vega, Premio Libertador al Pensamiento Crítico, quien tuvo que abandonar el país por amenazas contra su vida); pero por otro lado, también, debido al control que sobre ella ejerce una burocracia tecno académica, de corte autoritario, que pretende transformar la universidad obedeciendo a esquemas que no responden a las necesidades de nuestra sociedad; donde la agenda académica e investigativa está determinada, cada vez más, por las lógicas del mercado; donde la obtención de puntos salariares se impone sobre la producción de conocimiento y  donde la actividad gremial y sindical es sistemáticamente perseguida y estigmatizada.

¿Cuál podría ser el propósito de adelantar una persecución en contra de la academia y las universidades?
La universidad ha sido un espacio para el conocimiento independiente y para el ejercicio del pensamiento crítico, eso no es funcional para una visión hegemónica de sociedad, basada en la explotación y la inequidad social y que impone el mercado como principio rector.

¿Cuáles cree que son los principales problemas de la universidad colombiana?
Son muy variados, y considero que las movilizaciones universitarias de estos últimos años los han puesto claramente sobre el tapete. Para empezar, están las dificultades de hacer investigación  en medio de un conflicto interno que sacude al país y que han convertido el campus universitario en escenario de guerra: la creciente militarización de sus predios y las agresiones y amenazas contra los miembros de la comunidad universitaria son expresiones de este fenómeno. Está, también, el tema financiero en un país donde la inversión para la guerra crece día a día, mientras el presupuesto para la educación superior, en el mejor de los casos, se mantiene constante cuando no se recorta. A estos problemas se suman los de
una universidad cada vez más encerrada en sí misma, que ha perdido su responsabilidad social para ponerse al servicio de las élites y que busca homogeneizar el conocimiento, antes que reconocer la diversidad cultural e incorporar otros saberes populares y ancestrales. Las propuestas de reforma a la educación superior, de la mano con las políticas neoliberales, solo han contribuido a agudizar estos problemas, tratando de hacer una universidad “más competitiva” que asume la educación y la investigación como una mercancía.

Luego de su absolución, ¿qué opinión le merece el aparato judicial colombiano?
Si bien en el proceso que se me adelantó triunfó la justicia al ser absuelto de los delitos de rebelión y terrorismo, tras permanecer más de dos años privado de mi libertad, la opinión que me llevo es que estamos ante un aparato altamente politizado, donde permanentemente se violan las garantías procesales de los sindicados, se favorece a quienes tienen poder político y económico, y se estimula la autoincriminación del acusado.

¿Para qué sirve la discusión sobre el concepto de terrorismo?
El “terrorismo” como concepto ha perdido las connotaciones socio-históricas que tuvo en sus inicios, durante la segunda mitad del siglo XIX. Actualmente, y tras los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos hizo de él un instrumento de persecución contra todos aquellos que disienten de las políticas imperiales y se oponen al pensamiento hegemónico. Política que fue seguida por otras naciones del mundo. En Colombia, ha servido para estigmatizar a la oposición política y social, desviando la responsabilidad del Estado y sus élites en la inequidad estructural.

¿Qué representan en la actualidad organizaciones insurgentes como las FARC y el ELN?
Son expresiones de resistencia política y social que han encontrado en la lucha armada el camino para hacer valer sus derechos políticos, económicos y sociales, ante la sistemática violación de los mismos por parte del Estado, y frente a un régimen político que ha impedido su participación en el juego democrático.

¿Hay terrorismo en Colombia?
Si de algún terrorismo se puede hablar en el país, es de un “terrorismo de Estado”, que ha recurrido a la utilización sistemática de la violencia, bien sea a través de sus aparatos represivos o sus grupos ilegales como los paramilitares, para perseguir y eliminar la oposición política y social. El exterminio perpetrado contra la Unión Patriótica, que en el lapso de 15 años segó la vida de más de 3 mil militantes, es una prueba fehaciente de esta política que ha mantenido a la población colombiana en un estado de permanente terror.

Entonces, para usted, en el caso colombiano, ¿el término terrorismo es válido exclusivamente para referirse a algunas actuaciones del Estado? ¿Los efectos que tienen origen en las acciones de la insurgencia son “daños colaterales”?
La discusión sobre el concepto de “terrorismo” nos remite al accionar de los populistas
rusos que, en la segunda mitad del siglo XIX, lo asumieron como arma política para enfrentar el autoritarismo del régimen zarista. En este sentido histórico y sociológico, la guerrilla colombiana, por su concepción política e ideológica, no puede calificarse como una organización terrorista. Ahora bien, si se entiende por “terrorismo” el hecho de que algunas de sus acciones afecten a la población civil o la infraestructura económica, yo diría que las insurgencia armada comete acciones que, desde este punto de vista, podrían ser calificadas de “terroristas”, pero que además de no obedecer a una política sistemática, ocurren en el contexto de un conflicto armado y social que se ha prolongado y escalonado en estas cuatro décadas. Diferente es la responsabilidad de un Estado que, teniendo el monopolio de las armas, utiliza la violencia de manera recurrente para amedrentar a la población y conseguir su obediencia. En este caso, estamos hablando claramente de un “terrorismo de Estado”, con rasgos similares a los que vivieron en su momento los países del Cono Sur bajo las dictaduras militares. Los mal llamados “falsos positivos”, que no son casos aislados, así como el estímulo y promoción de los grupos paramilitares, constituyen una expresión de esta política.

¿Es legítima la lucha armada en la actualidad?
Aunque los escenarios internacionales han variado sustancialmente, en relación con los
contextos que en su momento hicieron posible pensar en la lucha armada como una vía para desarrollar las transformación políticas y sociales de los pueblos, hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, en Colombia las guerrillas no surgen como una decisión de un grupo de hombres que, estimulados por la triunfante Revolución Cubana, ven en la lucha armada revolucionaria la vía para acceder al poder, sino como respuesta a un conjunto de situaciones objetivas: políticas, económicas y sociales, que permiten entender sus orígenes históricos. Ahora bien, en la medida en que a lo largo de estas últimas cuatro décadas estas condiciones de exclusión política y económica se han mantenido y el “terrorismo de Estado” sigue siendo una constante, la lucha armada en Colombia mantiene su legitimidad. El hecho de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos haya abierto una mesa de negociación con la insurgencia armada, en la que se pacta una agenda política, es de una u otra forma un reconocimiento de que las condiciones que la han alimentado siguen vigentes.

Si esas condiciones objetivas se mantienen, ¿se podría decir que Colombia es el mismo país de hace 40 años?
Eso no supone admitir que el país es el mismo de hace 40 años. Fenómenos como la urbanización, la expansión de la economía del narcotráfico que ha penetrado todos los poros de la sociedad colombiana, así como la implementación de las políticas neoliberales con sus nocivas consecuencias sociales, le ha dado al país otra fisonomía y, por lo mismo, ha puesto en el escenario nuevas expresiones de organización social. La misma insurgencia ha sufrido profundas transformaciones: las FARC que pactó la tregua bajo el gobierno del expresidente Betancur no es la misma que abrió los diálogos en la mesa de negociación de Oslo. Se observan cambios en su discurso y una apertura hacia otros sectores sociales. Sin embargo, hay elementos estructurales que se mantienen, no por casualidad uno de los primeros puntos de la agenda tiene que ver con el tema agrario que, lejos de resolverse en estos 40 años, se ha agudizado por el desplazamiento y el despojo del que ha sido objeto la población campesina por parte de los grupos paramilitares y los ejércitos privados del narcotráfico. Del mismo modo, y pese a los cambios que significó la Constitución de 1991, las garantías para la oposición política y social siguen siendo un objetivo por alcanzar en un país donde ocurren el 60% de los asesinatos a sindicalistas del mundo y donde, en el último lustro, han sido investigados por sus vínculos con los grupos paramilitares más de 200 congresistas de la República, para no hablar de los más de 3 mil militantes de la Unión Patriótica asesinados, crímenes que en su mayor parte se mantienen en la impunidad.

¿Cree en el proceso de paz que inician las FARC y el Gobierno Nacional?
Creo en el diálogo como una salida política al actual conflicto armado y social. El éxito del proceso de paz que se adelanta en este momento dependerá no sólo de los compromisos asumidos por las partes, sino también de la necesaria participación e impulso de amplios sectores de la sociedad colombiana, del amplio espectro de organizaciones sociales y políticas que puedan hacer realidad los profundos cambios económicos y sociales que requiere Colombia para poner fin a esta guerra que desangra al país.

Aunque ya se encuentran definidos, ¿cuáles cree que deberían ser los puntos básicos de discusión en el marco de ese proceso de negociación?
Considero que los cinco puntos que están contemplados en la agenda que se definió previamente son básicos para iniciar cualquier proceso de diálogo en el país. Es cierto que a diferencia de los diálogos que se llevaron a cabo en Tlaxcala y, posteriormente, en El Caguán, el tema económico no aparece enunciado de manera explícita. Es innegable que cuando se aborden los temas específicos de la agenda pactada, como el problema agrario, por ejemplo, necesariamente tendrá que plantearse una discusión sobre el modelo económico dominante.

En este proceso, es claro que hay inamovibles de parte y parte. ¿Cuáles son los inamovibles que usted pondría sobre la mesa?
A mi juicio el único inamovible sobre la mesa debe ser la superación definitiva del conflicto armado y social.

La Ley de Víctimas y la de Restitución de Tierras han representado, por lo menos, unos pasos en otra dirección por parte de Juan Manuel Santos. ¿Las considera suficientes?
La Ley de Víctimas y la de Restitución de Tierras constituyen un paso importante en el reconocimiento del conflicto interno que se desconoció durante el gobierno del expresidente Uribe. Sin embargo, son muchas sus limitaciones en términos no solo de la cobertura y las trabas burocráticas a la aplicación de las mismas, sino de la ausencia de garantías para la vida de los reclamantes. Una verdadera Ley de Víctimas y de Restitución  de Tierras pasa por el combate frontal a los grupos paramilitares y las organizaciones criminales que han sido responsables del despojo de más de 6 millones de hectáreas a los campesinos.     

Fuente: Revista Virtual DELAURBE No. 61. Periodismo universitario para la Ciudad. Palabras Propias. Págs.18-19.
Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia., Octubre de 2012. Año 13.








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lunes, 29 de octubre de 2012

DENUNCIA PUBLICA: La Guardia Penitenciaria de La Picota arrecia las violaciones contra los DDHH de los internos en el ERON


Denunciamos ante la opinión publica nacional e internacional que el Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad (EPAMSCAS) La Picota, de Bogotá D.C., viene incrementando sus violaciones a los derechos humanos de los internos recluidos en el Establecimiento de Reclusion del Orden Nacional, ERON, a través de sistemáticas y continuas provocaciones, agresiones físicas con uso excesivo e injustificado de la fuerza, abuso de autoridad y castigos colectivos; esto sin contar los maltratos continuados a l@s visitantes durante los fines de semana, y las obstrucciones y entorpecimientos al ingreso de abogados defensores y de ONGs defensoras de los Derechos Humanos. 

Si bien las alteraciones del orden dentro de las prisiones suelen ocurrir como algo relativamente normal en ambientes de alto estrés, hacinamiento, de privaciones, necesidades básicas insatisfechas, insalubridad, inactividad física y mental por la precariedad de los programas ocupacionales asi como por la imposibilidad de ocuparse laboralmente para cubrir sus gastos y apoyar en parte al sustento de los suyos, o para cubrir los costos de las indemnizaciones, desintegración familiar por las condenas altas y el desarraigo regional por los traslados a cárceles distantes de su origen y de sus procesos; también es cierto que actualmente predominan entre los reclusos (delincuentes comunes, guerrilleros y paramilitares) procesos de convivencia que hacen mas llevadera la vida en prisión. En este contexto las alteraciones disciplinarias suelen ser esporádicas y de origen en discordias personales de corta duración y de mínimo alcance, que en su mayoría son resueltas por los Comités de Convivencia sin la intervención de la guardia ni de los administrativos. 

Sin embargo, en el ERON-PICOTA, so pretexto de supuestas indisciplinas desaforadas y de inexistentes agresiones a la guardia, el personal de Custodia y Vigilancia viene suscitando agresiones permanentes contra los internos en lo que pareciera ser una política de provocación y de abusos físicos para legitimar medidas de represión que agravan las condiciones de vida, de por si, ya bastante precarias en el Establecimiento.

Un hecho de indisciplina es algo casual, y relativamente normal, que ocurre aislada y esporádicamente en el transcurso de un lapso de tiempo largo; dos alteraciones del orden mas o menos simultáneos o sucesivos, son una coincidencia; pero tres o mas sucesos de este tipo -máxime en corto tiempo-, ya muestran un patrón de comportamiento que exigen de atención.

Tal es el caso de los acontecimientos ocurridos en esta semana, para no ir mas lejos, en que la guardia ha provocado agresiones contra patios enteros ante situaciones de indisciplina menores o entre un par de internos que pueden y deben ser controlados por vías disciplinarias ajustadas, según cada situación, al reglamento y a los procedimientos previstos, pero que realmente han acabado en abusos de fuerza, abusos de autoridad y extra limitaciones en sus funciones contra comunidades enteras de reclusos.

Fue así como el dia lunes 22 de octubre la guardia agredió al patio 13, nivel 3, torre F, luego de una pelea entre dos internos. Igual caso ocurrió el día martes 23 en el patio 8, nivel 5, torre D, tras lo cual encalabozaron a todo el patio durante todo el día en franca practica de castigos colectivos proscritos por la legislación internacional. Ese mismo día por la tarde, cuando los internos del patio 14, nivel 5, torre F, recibíamos en fila los alimentos de la cena llego la guardia a encerrarnos sin que concluyera la entrega de los alimentos y sin tiempo de consumirlos; ante el reclamo de los internos por este abuso un oficial, el cabo Torres, saco a empeyones y golpes del bastón de mando al interno preso político Harvey Torres Ayala td 63234 excusandose en que el señor lo había agredido. Ante el reclamo de la comunidad de internos por el ataque contra el compañero, los oficiales y varios dragoneantes amenazaron que habrían nuevos impaces diciendo: "mañana vamos a ver que pasa", "al patio 14 lo tenemos en la mira".


Durante la madrugada del dia miércoles 24, sonó una alarma de sirena y la guardia acudió en tropel al patio 4, Nivel 5, torre B, donde gasearon y golpearon a todos los internos, y concluyeron nuevamente el operativo con encalabozamiento generalizado para todos los internos del patio. Luego hicieron un procedimiento de Registro y Control (rascada) en el patio 10, nivel 5, torre E, y de nuevo pretextando que algún interno del patio 14 los había "madreado" (?) Ingresaron a este patio en actitud hostil, iniciaron también aquí el operativo de Registro y Control, y a los pocos minutos cuando todos los internos pasaban ordenadamente a la requisa personal, un oficial saco a empujones al interno Jimmy Giraldo Barrios, quien reaccionó con vulgaridades por lo que comenzó a ser golpeado con el bastón de mando; la reacción de los demás internos exigiendo respeto no se hizo esperar y de inmediato cuatro guardianes mas, cayeron encima del interno agredido provocándole varias heridas abiertas y contusiones en la cabeza.


Varios internos intentaron separar a los guardias, del compañero que estaba siendo agredido, lo que finalmente y en cuestión de segundos sirvió de justificación para iniciar una agresión masiva de toda la guardia contra todos los internos del patio 14, 

arrinconando a doscientas hombres en un espacio de cuatro por seis metros con golpes de los bastones y seis disparos de gas lacrimógeno al cuerpo que dejaron varios contusos, ropas quemadas y al interno Nuver Vela Ducuara td 71705 cc 79223578 con una herida abierta en el pómulo y ojo izquierdos, producida por el golpe de una granada de gas lacrimógeno disparada con el truflay en linea recta, cuando la ley los obliga a hacer tiros parabólicos. Quedaron varios desmayados.

Llego todo el personal de guardia disponible y el Comando de Reacción Inmediata, CRI, que es el ESMAD del INPEC; atendió la situacion el Director del penal, Dr Cesar Augusto Ceballos, la Subdirectora My Magnolia Angulo, el Comandante de Vigilancia Te Humberto Vargas Ortiz y varios oficiales y suboficiales mas. Los voceros del patio que integran el Comité de Convivencia intentaron mediar dialogadamente, pero fueron aislados por la guardia junto a varios internos mas, que tras un nuevo procedimiento de requisa fueron seleccionados por guardias en actitud agresiva y hostil.


Finalmente, fueron llevados a los calabozos de la Unidad de Tratamiento Especial, UTE, 16 internos para ser trasladados en castigo; al interno herido en el rostro con el disparo del truflay, tras ser atendido en el Hospital de El Tunal, se le aisló en las celdas primarias (recepciones); y todos los internos del patio 14 fuimos encalabozados en nuestras celdas por 24 horas.


Como si fuera poco, tras los disturbios del patio 14, ocurrió otro tanto con el patio 1, nivel 3, torre A, donde la guardia procedió con fuerza de gas y garrotes intransigentemente; y luego hizo otro tanto en los patios 7 y 8, niveles 3 y 5 de la torre D. Concluyendo el dia con la sanción, para la gran mayoría de patios del ERON,  de suspension de visitas durante todo el fin de semana. 


Es importante destacar que durante todos estos sucesos, son principalmente los oficiales, suboficiales y dragoneantes de la compañía roja, quienes tienden a generar las mayores provocaciones y las mayores agresiones verbales, físicas y psicológicas. Al punto que se han llegado a presentar contradicciones y alegatos entre estos y los dragoneantes de la compañía azul, enfrente de los internos durante los operativos, donde algunos de los últimos increpan a la compañía roja por los procedimientos extremos contra los internos.

Esa noche hubo declaraciones publicas por cadenas radiales en las que el INPEC oficialmente difundió la version falaz de que en el patio 14 se había presentado un amotinamiento de los internos que se negaban al procedimiento de requisa, habían agredido a la guardia y ello había obligado al INPEC a realizar un procedimiento para someterlos.

Ante esta serie de atropellos y de violaciones masivas contra nuestros derechos humanos, solicitamos que se inicien las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar, que haya el acompañamiento de los organismos de control y de ONGs defensoras de DDHH, asi como que se inicien las acciones urgentes del caso para atender los heridos y evitar los traslados y las sanciones que injustamente se vienen adelantando contra varios internos.



Finalmente, dejamos constancia que Duver Vela Ducuara, el herido en el rostro, ha sido amenazado con traslado a Valledupar si adelanta las denuncias pertinentes, y también han intentado sobornarlo para evitar las denuncias. Se niegan a llevarlo ante Medicina Legal y desaparecieron la historia clínica y los registros del servicio medico en el hospital El Tunal. Lo cual amerita igualmente investigaciones penales y disciplinarias.




COLECTIVO DE PRESOS POLITICOS POLICARPA SALAVARRIETA.

viernes, 26 de octubre de 2012

APOYO AL PARO DE ASONAL JUDICIAL


Bogotá D.C., Octubre 23 de 2012

Doctor:
JAIRO ENRIQUE CESPEDES ESPITIA
COMITÉ EJECUTIVO DE LA ABOGACÍA
Presidente




El comunicado que usted extiende ante la opinión pública general  contra el paro de ASONAL JUDICIAL, encima de los múltiples errores ortográficos y falta de una buena redacción, sin motivaciones de suficiente peso legal, le recuerdo que va en contra vía del derecho a la protesta pacífica y a los convenios de la OIT sobre Asociación, Negociación y Convención Colectiva, (Convenio 154 sobre el Fomento de la Negociación  Colectiva).

De  nuestra parte solicitamos por favor NO incluirnos en ese adefesio "rompe huelgas" y que de manifiesto pone la lápida al ya casi liquidado movimiento sindical por el sistemático asesinato por parte del terrorismo de estado que son delitos de lesa humanidad –parece poco que más del 50% de la violencia anti-sindical en el mundo ocurre en Colombia–.

Las peticiones de Asonal Judicial son constitucional y legalmente justas según el artículo 14  la Ley 4 de 1992 y según el articulo 1º, 25, inciso 2 del 93, 53, 39, 55, 56,  entre otros de la Carta Política, ya que los empleados como  escribientes reciben un millón de pesos de salario, un citador $800.000, los secretarios de despacho  deben ser abogados  con la misma experiencia que se exige para un Juez, pero se le paga un millón y medio mensual de pesos.

El Presidente de la República está en la obligación de nivelar los salarios  de acuerdo con criterios  de justicia y equidad. Los trabajadores de la Rama Judicial deben  tener salarios dignos  y se hace necesario con urgencia convocar la Mesa de Trabajo, donde realmente se concreten soluciones efectivas y reales para que el Gobierno Nacional expida los Decretos  y las Leyes necesarias  a fin de que se vea reflejado en el presupuesto  nacional un rubro para la nivelación  en la Rama Judicial, ésta debe ser la única razón para poder levantar el Paro.

Ruego el favor Dr. Céspedes hacer claridad sobre el comunicado que usted ha emitido, el cual parece más bien un  ultimátum del Ministerio de Justicia o del Trabajo contra las justas peticiones de los trabajadores de la Rama Judicial.


JUNTA DIRECTIVA



sábado, 13 de octubre de 2012

Edward Vargas Nossa, Delegado a Asamblea General de FECODE


"Si educación es transformación de una realidad en el sentido de cierta idea mejor que poseemos y la educación no ha de ser sino social, tendremos que la pedagogía es la ciencia de transformar las sociedades"



José Ortega y Gasset.





Por una reforma estructural  de la Federación 
que defienda:


*EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
*LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
*LA EDUCACIÓN PUBLICA COMO DERECHO FUNDAMENTAL
*LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
* LA PEDAGOGÍA COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACION SOCIAL.

lunes, 8 de octubre de 2012

Video Relanzamiento Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza

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                           Video Relanzamiento Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza

jueves, 4 de octubre de 2012

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Muerte, maltrato y olvido en las prisiones colombianas (III)

El Gobierno ha propuesto la construcción de seis nuevas grandes cárceles para terminar con el grave problema de hacinamiento en los centros. Sin embargo, los internos y sus representantes denuncian que han sido diseñadas para la tortura psíquica y física.
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Miriam Valero
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La respuesta que el ejecutivo de Juan Manuel Santos ha propuesto a la crisis carcelaria del país ha sido la creación de más prisiones al estilo de las estadounidenses, centros que atentan contra la dignidad de las personas, según denuncia Uldarico Florez Peña, abogado defensor de Derechos Humanos y presidente de la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza.
Esta iniciativa tampoco sería suficiente para solucionar la grave situación de los internos del país, ya que el problema es mucho más profundo y se deriva de malas políticas criminales del Estado relacionadas con el entendimiento de la sociedad y con el conflicto interno colombiano.
Por ello, el Movimiento Nacional Carcelario, que agrupa a los presos, defiende medidas como una amnistía para los reclusos encarcelados por motivos políticos derivados del conflicto y una rebaja del 20 por ciento para las penas de todos los presos.
En estos términos, Flórez habló con The Prisma desde Bogotá para analizar la política penitenciaria del país, en la última entrega sobre la crisis carcelaria de Colombia.
El gobierno ha admitido el problema de Derechos Humanos en las cárceles por el hacinamiento y la falta de asistencia sanitaria. Para acabar con el problema, ha propuesto la construcción de una serie de cárceles. ¿Están satisfechos con esta solución?
Nosotros llevamos tiempo tratando el problema carcelario y de lo que el Gobierno adolece es de una política penitenciaria. Los problemas de delincuencia en Colombia obedecen a falta de oportunidades, problemas económicos y sociales que no se han podido solucionar, por lo que no creemos que construyendo más cárceles se vaya a arreglar el problema. Todo lo contrario. Esto a lo que va a llevar es a que haya más delincuencia porque se convierte en un negocio.
Lo que el estado debe mirar es que haya una política de rehabilitación y de resocialización y oportunidades de trabajo para los sectores menos favorecidos. Asimismo, debe buscar soluciones alternativas al modelo penitenciario que ha impuesto, el modelo federal de prisión de los Estados Unidos, los denominados Establecimientos Reclusorios de Orden Nacional (ERON).
¿Qué características tienen?
Estas cárceles son meros cubículos donde se introduce a seres humanos como transportando pollos. Lo pudo constatar la comisión del Congreso de la República que las visitó.
En el caso de Bogotá el establecimiento queda sobre una cordillera y los internos permanezcan congelados. No hay calefacción ni agua caliente. Las personas tienen que hacer sus necesidades en la mira de los demás. Es una situación que atenta contra la dignidad y que no está de acuerdo a los diversos tratados de derechos humanos. Igual ocurre en la cárcel de Valledupar. Son prisiones que fueron creadas para generar tortura psicológica y física y que, en este centro en concreto, se ha demostrado que se ha llegado a un extremo en el que algunos presos, debido a la presión, se han suicidado.
Después de vivir en estas condiciones, lo que el estado devuelve a la sociedad es otro delincuente. El problema del hacinamiento se va a solucionar cuando el estado establezca de una forma democrática y concertada una política criminal que sea realmente transparente, junto a los líderes de los comités de derechos humanos y los reclusos.
Usted me habla de que en Colombia hay presos políticos. Sin embargo, el Gobierno y algunas organizaciones de derechos humanos afirman que no los hay.
El presidente Juan Manuel Santos se posicionó y reconoció que en Colombia hay un conflicto y que dura más de 50 años. El régimen anterior de Álvaro Uribe, por ejemplo, decía que no lo había, sino que había una amenaza terrorista. La declaración de Santos quieren decir, jurídicamente, que debe de haber prelación a los convenios de Ginebra y al derecho internacional humanitario y reconocer que hay presos políticos.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
Al respecto, el vicepresidente señaló que no los había, pero el hecho de que haya un conflicto es porque hay otro sector que está enfrentado con el estado. La definición técnica que plantea el derecho internacional humanitario es que son prisioneros de guerra porque están alzados en armas y fueron capturados en combate. En este sentido, uno de los puntos gruesos que defiende el Movimiento Nacional Carcelario es que se promuevan formas como las que plantea el derecho internacional, como una amplia amnistía que pueda abrir las puertas a la negociación con los sectores en conflicto.
¿En el país se respetan el derecho a la defensa y las garantías judiciales?
No. Acompañado al nuevo modelo carcelario, se ha impuesto el modelo acusatorio norteamericano. En él, los defensores públicos lo primero que le dicen a la persona es que acepte los cargos. Eso significa que el abogado no hace ningún esfuerzo para hacer una buena defensa, lo que conlleva que no haya un debido derecho de defensa.
¿La Ley de Seguridad Ciudadana ha contribuido al hacinamiento?
Esta ley, en particular, creó un nuevo tipo penal que era criminalizar la protesta. Si se organiza una movilización, se bloquea una vía o se hace un paro cívico las personas son detenidas. Esto hace que se saturen las cárceles. Pero el hacinamiento también tiene que ver con el pensamiento crítico. Los intelectuales que hacen oposición a las políticas del estado y lo critican, son catalogados como enemigos del estado, terroristas y auxiliadores de los grupos insurgentes y son judicializados. Hay toda una política del Estado de llenar las cárceles porque ve enemigos por todos los lados.
De los cerca de 7.500 presos políticos que existen en el país, la mayoría de ellos son campesinos, obreros, periodistas o intelectuales y no pertenecen a grupos insurgentes.
Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia.
Esta propuesta sería uno de los elementos que podría llevar a que disminuya el hacinamiento. De acuerdo a lo que pasó en los anteriores ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, en el país se firmó una Ley de Justicia y Paz que, supuestamente, cumplía todos los estándares, y personas que cometieron gravísimos crímenes de guerra fueron condenados a cuatro y ocho años de cárcel. Es el caso del general Santoyo, que realizó “chuzadas”, que patrocinó el asesinato de varios dirigentes de Asfades. Algo que han confesado los mismos paramilitares que fueron extraditados, sobre cómo vivían y tenían una red criminal del Estado para cometer ese delito.
La mayoría de estas personas, están prácticamente en libertad. Entonces, no es posible que personas que tuvieron que delinquir por necesidad, que se alzaron en armas o a opositores, no se les de una rebaja del 20 por ciento. La sociedad no lo va a ver bien, pero es darle una oportunidad a estas personas para que se reintegren en la sociedad.