viernes, 3 de mayo de 2013



COLOMBIA: CÁRCELES DE LA MISERIA
Y MISERIA DE LAS CÁRCELES

Miguel Ángel Beltrán V.*


“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación
hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe
ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de alto rango,
sino por la manera en la que trata a los de más bajo”

El Largo Camino Hacia la Libertad
Nelson Mandela



“Nunca había visto por dentro esa horrible cárcel que en años posteriores me fue tan familiar. Después de caminar por oscuros pasadizos y de subir y bajar mugrientas escaleras nos encontramos en un largo salón cuyo techo tocábamos con las manos. Triste luz crepuscular hacía más horrendo aquel antro fétido, húmedo, negro. Apoyé mis manos en la pared y las retiré asombrado: esputos sanguinolentos decoraban las paredes […] Había ahí leprosos, tísicos, sarnosos, cojos, mancos, tuertos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, llagados, sifilíticos, jorobados, idiotas, un espantoso depósito de carne enferma que chorreaba pus y mugre. Los tuberculosos tosían. Las moscas zumbaban. Un vapor espeso y fétido mareaba a los más fuertes. Los nervios se aflojaban en aquella antesala de la muerte […].
Este testimonio del anarquista mexicano Ricardo Flores Magón, narra sus primeras vivencias en una prisión, cuando siendo estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria fue detenido en 1892, por participar en un movimiento de oposición a la reelección del dictador Porfirio Díaz. Desde entonces, buena parte de su vida pasaría en centros penitenciarios tanto nacionales como extranjeros, donde finalmente lo sorprendió la muerte en 1922, poco después de rechazar el indulto que le ofreciera el gobierno de los Estados Unidos, en una de cuyas cárceles purgaba una pena de 20 años.
Si nos atuviéramos a los principios para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas cuya resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988 garantiza  que “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, no vacilaríamos en afirmar que las situaciones descritas por el revolucionario Magón, hace ya 120 años, hacen parte de un pasado remoto.
Sin embargo, nada más lejano a la realidad; la existencia de prisiones, como las que mantuvo Estados Unidos hasta hace un tiempo en los territorios ocupados de Iraq y Afganistán y la que actualmente conserva en la ilegal base naval de Guantánamo (Cuba), donde bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo retiene a más de un centenar de prisioneros incomunicados, sin garantías procesales ni judiciales y sometidos a las más crueles torturas y tratos degradantes e inhumanos, es una muestra fehaciente de la función que siguen cumpliendo las cárceles como instrumento de  represión política y control social.

SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO: ENTRE LA PENALIDAD NEOLIBERAL Y EL TERRORISMO DE ESTADO

Recientes episodios como los acaecidos en un penal de Comayagua (Honduras) donde cerca de 400 prisioneros murieron calcinados; o los  hechos de violencia que cobraron la vida de 58 personas en la prisión de Uribania (Estado de Lara/Venezuela); o en el centro penitenciario de Apodaca (Nuevo León/México), donde en complicidad con la guardia 30 miembros de los zetas protagonizaron una fuga, dejando a su paso 44 internos masacrados; indican un patrón recurrente de violencia, que parece darle la razón a Harold Thompson: “Las prisiones –decía este anarquista norteamericano que permaneció los últimos treinta años de su vida en la cárcel- son instituciones diseñadas para enseñar lecciones de violencia a través del abuso hacia aquellos confinados en ellas”.

Aunque el sistema penitenciario en las sociedades modernas se plantea como un espacio para reformar al infractor e impedir la repetición del acto antisocial (“resocialización”), en la práctica funciona por excelencia como aparato punitivo del Estado que hace primar, sobre cualquier principio humanista, los criterios de venganza permitiendo además resguardar el sacrosanto principio de la propiedad privada, convirtiéndose en un camino corto para dar salida -por la vía de la criminalización de la pobreza- a los agudos problemas sociales inherentes al capitalismo: “La indigencia, desempleo, drogadicción, enfermedad mental y analfabetismo –escribe Angela Davis- son sólo algunos de los problemas que desaparecen del escenario público cuando los seres humanos que contienden con ellos son relegados a jaulas”
En este sentido la realidad carcelaria colombiana guarda similitudes con la de otros centros penitenciarios del continente. Por eso no sorprende que el hacinamiento, la corrupción, la privación de servicios básicos como el agua potable y la luz, la alimentación precaria, la ausencia de atención médica y de condiciones dignas para los internos, estén allí al orden día. Con razón anota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)que uno de los sectores  de la población más desprotegidos y con mayor vulnerabilidad en América Latina son las personas privadas de la libertad[1].

Pero si bien las cárceles del país comparten patrones más o menos similares con las del resto del continente, en Colombia la crisis carcelaria está inmersa en las complejas dinámicas de un conflicto armado y social que sacude al país desde hace más de medio siglo; y no escapa a la acción criminal de un aparato estatal que históricamente ha recurrido al uso sistemático de la violencia para acallar la oposición política y social y silenciar las expresiones del pensamiento crítico. De este modo, el sistema penitenciario colombiano cumple un importante papel como  instrumento jurídico para la desarticulación de las organizaciones sociales, y el silenciamiento de la protesta social.
La presencia de oficiales activos de la policía, en la dirección del sistema nacional penitenciario y carcelario (INPEC)[2], y en algunos centros de reclusión, así como la existencia de cuerpos especializados entre ellos el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y el  Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (CORES) que cumplen funciones represivas más allá de las que les corresponde como cuerpo de custodia y vigilancia hacen parte de esta estrategia, en consonancia con una justicia parcializada que ofrece privilegios a los que tienen poder y se muestra ejemplarizante con quienes carecen de él.
LAS CÁRCEL NO ELIMINA LOS PROBLEMAS SOCIALES PERO SI LOS SERES HUMANOS
Según cifras del mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) actualmente hay 114.772 internos cuando el cupo es para 75 mil, lo que coloca de presente graves problemas de hacinamiento. Recientemente la juez 56 penal del circuito ordenó suspender el traslado de más presos a la cárcel Modelo de Bogotá, un centro de reclusión que, de acuerdo con las cifras del mismo INPEC cuenta con 7230 reclusos pese a que su capacidad es de 2850 internos, lo que significa una sobrepoblación del 153%, cifra que supera con creces los niveles de sobrepoblación crítica establecidos por los estándares internacionales en el 20%.
El informe que avala la decisión judicial en primera instancia puso de presente que muchos internos tienen que dormir amontonados en los corredores, escaleras o espacios destinados a actividades colectivas, comer con las manos y lavar platos en los orinales. Pese a la contundencia de estos hechos el Tribunal Superior de Bogotá en cabeza del magistrado Jorge Enrique Vallejo, no tardó en anular la sentencia recurriendo a una serie de artilugios jurídicos.
Con todo, la situación de la cárcel Modelo no es la más crítica; en otros sitios de reclusión del país como Villahermosa (Cali), el hacinamiento alcanza niveles alarmantes ya que ésta cuenta con 5855 internos, siendo su capacidad apenas para 1.667 hombres; lo mismo sucede en Bellavista (Medellín) donde están alojados 7461 reclusos en una cárcel diseñada para 2424 internos. Si a esto le sumamos el hecho que no dispone de una infraestructura adecuada, no está lejos el día en que las cárceles colombianas vivan una tragedia como la del mencionado penal de Comayagua. Por demás el hacinamiento favorece la propagación de epidemias y enfermedades contagiosas de manera tal que la salud constituye otro de los problemas estructurales que vive la población carcelaria, agudizado por la ausencia de personal médico especializado y la escasez de medicamentos[3].
En una carta dirigida a la CIDH, uno de los voceros del Movimiento Nacional Carcelario (MNC), Tulio Ávila Murillo, denunciaba las condiciones inhumanas en que se encuentran las personas privadas de la libertad en Colombia y señalaba como “en un año han muerto más de 80 internos en total abandono, la mayoría por inasistencia médica, pero lo más grave es que todo queda en la absoluta impunidad […] la impotencia, la consternación y el dolor que se mezcla con la desesperanza, al ver como nuestros compañeros y compañeras de prisión, día a día se enferman y van muriendo lentamente como simples animales encerrados en los pabellones de la ignominia y la miseria, administrada por una institución que está corrompida por los jugosos negocios de los contratos[…]”[4]
El hecho más reciente ocurrió el pasado 9 de abril en el centro penitenciario de “Picaleña” (Ibagué/Tolima),con la muerte, por falta de tratamiento médico oportuno, del preso político Juan Camilo Lizarazo quien desde varios meses atrás venía solicitando a las autoridades carcelarias atención médica urgente. Su caso se suma al de cientos de prisioneros políticos y de guerra que han muerto en las cárceles colombianas debido a la negligencia del Estado Colombiano y en abierta violación a las normas constitucionales que garantizan la protección del derecho a la vida.
Es aún más crítica la situación de las mujeres privadas de la libertad quienes sufren una vulnerabilidad especial, más aún cuando se encuentran en estado de embarazo o en condición de madres lactantes, pues los efectos negativos del encierro se extienden sobre la salud física y emocional de sus hijos, ya que estos centros de reclusión carecen de atención ginecológica, pediátrica y en general de personal especializado que atienda sus necesidades, así como de ambientes adecuados para la estancia de los menores. La amenaza de separación de sus hijos es un arma utilizada por las autoridades penitenciarias para lograr obediencia de las madres internas.
Cabe advertir sin embargo que no todos los internos e internas reciben el mismo trato: mientras a los prisioneros políticos se les retienen las órdenes de remisión para recibir atención médica especializada, en los pabellones de la llamada “parapolítica”, “justicia y paz”, donde conviven políticos nacionales, regionales y reconocidos narcotraficantes vinculados con delitos de corrupción, paramilitarismo y lesa humanidad, abundan los permisos para supuestas visitas médicas y odontológicas, que no reciben registro alguno, lo que les permite permanecer varios días por fuera del penal visitando familiares o realizando otro tipo de actividades. Esto para no hablar de las guarniciones militares, donde los oficiales detenidos disfrutan de todos los lujos y beneficios, que en un preso común sería impensable.
UN MODELO PERVERSO
El 9 de julio de 2001 el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, colombiano, en cabeza de su ministro de Justicia, firmó un acuerdo de cooperaciónpara el supuesto“mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano”; el acuerdo, destinaba 4.5 millones de dólares para este programa, procedentes de los dineros del “Plan Colombia”, e incluía el asesoramiento técnico y materialdel Bureau Federal de Prisiones, para la adecuación de instalacionespenitenciarias y carcelarias, así como el entrenamiento de funcionarios del Inpec en escuelas e instalaciones dirigidas por instructores norteamericanos.Con base en estos acuerdos se orientó la construcción de 11 NuevosEstablecimientos de Reclusión del Orden Nacional (“ERON”)[5]
Una investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación en el 2008 puso en evidencia que estas instalaciones no garantizaban un ambiente digno para las personas privadas de la libertad: No cuentan–señala el informe- con espacio para el consumo de alimentos, los espacios para movilización de sindicados son muy reducidos y sin acceso al aire libre; la altura del edificio limita la entrada de luz natural y ventilación, situación que se agravará en ciudades cuya temperatura alcanza o supera los 30 grados centígrados, y las dimensiones de las ventanas de las celdas de 20 cmts por 120 cmts, no garantizan iluminación ni ventilación suficiente, ni permite el uso de la luz natural en condiciones normales”[6].
Pese a estas flagrantes violaciones de los protocolos internacionales para el tratamiento de personas privadas de la libertad (asociados a actos de corrupción que a la fecha no han sido investigados) estos establecimientos fueron puestos en funcionamiento sin mayores modificaciones, descargando la responsabilidad sobre los reclusos y sus familiares que  no sólo han visto restringidas las visitas a sus seres queridos, sino que deben padecer los abusos sistemáticos cometidos por los guardias de turno acrecentando así la violación de los derechos fundamentales de los reclusos.
Resulta claro que la crisis humanitaria de las cárceles colombianas no se soluciona con la construcción de más sitios de reclusión, mucho menos con su privatización. Este modelo que ya se aplicó inicialmente en Estados Unidos y  se expandió a Europa (Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Alemania), viene tomado fuerza en países del continente como Chile donde ya se ha implementado, arrojando un balance negativo para la impartición de justicia, ya que acorde con la lógica del mercado “Para aumentar las ganancias en el sector de la justicia penal esta industria necesita que se mantenga a más gente presa en el sistema por más tiempo”[7].
El sociólogo francés Loïc Wacquant, en una interesante investigación sobre las políticas de seguridad de lo que él denomina “Estado Penitencia”,señala, -apoyado en una amplia información empírica- cómo la industria de prisiones se ha transformado en una  de las más prósperas de los Estados Unidos, siendo el tercer renglón generador de empleo en ese país. Alrededor de este ramo se anuda una compleja red de actividades económicas y comerciales. De ello da cuenta la feria que anualmente realiza la Asociación Correccional Americana donde participan más de seiscientas cincuentas empresas ofertando una variedad de productos y servicios que cubre desde “’uniformes de extracción’ (para arrancar de sus celdas a los internos recalcitrantes)” y sistemas de celdas portátiles que pueden improvisarse en cualquier sitio de la ciudad, hasta sistemas de purificación de aire antituberculosis[8]
COLECTIVOS DE PRESOS POLÍTICOS: “NO PEDIMOS PERMISO PARA SER LIBRES”
La prolongación del conflicto armado y social colombiano y, consustancial a él,  el incremento del número de presos(as) políticos(as)-que ya sobrepasa los diez mil- ha permitido que éstos hayan adquirido una larga tradición de organización y reivindicación de sus derechos en los centros de reclusión. Misma que han conservado y enriquecido de generación en generación, pero que los sucesivos gobiernos y la misma dirección del INPEC tratan de negar continuamente, recluyendo indiscriminadamente en un mismo pabellón a guerrilleros y paramilitares y creando así un clima de permanente tensión.

A lo anterior hay que sumar las continuas políticas del Estado colombiano por estimularla deserción, desmovilización y delación de los insurgentes a cambio de beneficios jurídicos. Labor que se hace más palpable en los penales donde, a través de presiones, engaños y ofertas económicas promovidas directamente desde el Ministerio del Interior y Justicia, se ha pretendido –casi siempre infructuosamente– que los rebeldes se acojan a los programas de “Justicia y Paz” (ley 975 de 2005)

Pese a estos obstáculos en los centros de reclusión colombianos encontramos colectivos de presos políticos ya consolidados con una estructura organizativa que-a diferencia de otros penales del continente- ha permitido no sólo visibilizar y dilucidar la crítica situación carcelaria sino que también ha logrado una cierta regulación de la vida interna de estos establecimientos, y organizar la lucha colectivapor mejoras en la atención sanitaria, la calidad de la alimentación, el respeto a las visitas, a través de jornadas de desobediencia civil.
Frente a la ausencia de programas de educación como instrumentos de capacitación y redención de pena y la prohibición de acceso de los internos a los talleres de trabajo, en los pabellones de alta seguridad,  los colectivos de presos políticos han asumido tareas educativas que contemplan desde labores de alfabetización, hasta la discusión sobre diferentes aspectos de la realidad nacional e internacional, actividades que mantienen en alto la moral de los presos en un ambiente donde el consumo de alucinógenos, el ocio y los juegos de azar se constituyen en la constante.
Los sindicados y condenados por delitos políticos son naturalizados como enemigos “per se” y con ellos sus colectivos, que permanentemente son desintegrados recurriendo al traslado masivo de prisioneros a las diferentes cárceles del país, alejándolos de sus núcleos familiares y sembrando terror psicológico para bloquear cualquier acción reivindicativa. Un ejemplo de esta situación es la que viven actualmente los prisioneros políticos de guerra Tulio Ávila Murillo (“Alonso”), José Marbel Zamora (“Chucho”) y Bernardo Mosquera (“Negro Antonio)  quienes han sido amenazados en su integridad física y personal, como consecuencia del liderazgo asumido en las jornadas de desobediencia pacífica que, desde algunos meses vienen adelantando millares de presos(as) políticos(as) por las condiciones inhumanas e indignantes que afrontan.
En numerosas ocasiones los presos políticos son recluidos en celdas de aislamiento (Unidades de Tratamiento Especial), privados de comunicación con el exterior y sin derecho a tomar el sol; así mismo son trasladados a centros penitenciarios que, como el de Valledupar, son considerados de alto castigo, alejándolos de su núcleo familiar y sometiéndolos al hostigamiento permanente del cuerpo de custodia. Esta situación no da cuenta de casos aislados sino  de la sistemática violación de los derechos humanos de que son objeto los internos en las cárceles colombianas.
Los atropellos contra la población carcelaria no han impedido la consolidación del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) que, en el mes de abril ha desarrollado exitosamente Jornadas Nacionales de Desobediencia Carcelaria en treinta establecimientos reclusorios del país; como parte, también, de las luchas que adelantan en el campo y la ciudad las organizaciones campesinas, indígenas, cívicas y sindicales en favor de sus derechos, y que vienen allanando el camino para una movilización más amplia del pueblo colombiano hacia el afianzamiento de una solución política al conflicto armado y social que vive el país desde hace ya tantas décadas.


* Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Ex preso político.
[1] Cfr.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, 2011.
[2] Actualmente la dirección general del INPEC está a cargo del Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaurte, quien anteriormente se había desempeñado como comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cali y Comandante de la Región No. 4 de Policía que agrupa los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y la ciudad de Santiago de Cali; a principios de este año se anunció su reemplazo por el coronel Gustavo Moreno pero en esos mismos días este oficial de la policía, ex agregado militar en Washington, se vio involucrado en la muerte de un supuesto fletero, en hechos que actualmente son investigados y que llevaron a confirmar al general Ricaurte en su cargo.
[3]La actual crisis humanitaria en las cárceles no es un asunto  coyuntural, ya la Corte Constitucional se había expresado en tal sentido al expresar en su sentencia T-153 de 1998 que “Las condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su derecho a la familia, etc. Nadie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción”.
[4] Carta abierta de Tulio Murillo Ávila "Alonso" Prisionero Político y de Guerra Complejo Carcelario de Ibagué- Tolima. Agosto 28 de 2012 (ver: http://www.traspasalosmuros.net/node/1244)
[5]Jamundí, Bogotá, Medellín, Ibagué y Guaduas, Puerto Triunfo, Florencia, Acacias, Yopal, Cartagena y Cúcuta, contemplando la expansión de 21169 de cupos penitenciarios y carcelarios.
[6]Procuraduría General de la Nación. “Procurador advierte sobre fallas en diseños de nuevos centros de reclusión”. Boletín No. 210, 19 de mayo de 2008
[7]Stephen Nathan. “Privatización de la prisión: Acontecimientos y Temas internacionales y sus implicaciones para América Latina” en Elías Carranza (coord.). Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe. México: Siglo XXI, Ilanud, Raoul Wallenberg Institute,P. 292
[8] Löic Wacquant. Las Cárceles de la Miseria. Buenos Aires: Manantial, 2004, p. 98

jueves, 25 de abril de 2013

Declaración Política del “Encuentro europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares y de apoyo a los diálogos de Paz con Justicia Social en Colombia” (Dublín, Abril 20-21, 2013)

Tras dos días de discusión y búsqueda de acuerdos, en un ambiente de camaradería, unidad y franqueza, los asistentes al “Encuentro europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares, y apoyo a los diálogos de paz con justicia social en Colombia”, colombianos refugiados, migrantes e internacionalistas provenientes de Irlanda, Bélgica, Suiza, Suecia y el Estado Español, hemos llegado a las siguientes conclusiones;

·        Una tarea fundamental desde Europa es el respaldo a la actual mesa de diálogo de La Habana entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC-EP. Dentro de este respaldo, vemos tres elementos centrales: rodear el proceso de paz, incorporando a éste las otras expresiones insurgentes (ELN, EPL) y las propuestas que surjan desde los movimientos sociales; llamar al cese al fuego bilateral como una manera de crear el ambiente propicio para que estos diálogos lleguen a buen puerto; levantar lo más pronto posible el apelativo de terroristas con que la Unión Europea ha calificado a las organizaciones insurgentes colombianas, hecho que enrarece el diálogo político, que refuerza las tendencias hacia el militarismo y que mina los esfuerzos de abrir espacios políticos y democráticos, además de ser contradictorio con el hecho del desarrollo del diálogo directo en la Mesa.
·        Manifestamos nuestra preocupación por la persistencia e inclusive el escalamiento de la represión en contra de defensores de derechos humanos, activistas políticos de la oposición y movimientos que reclaman el derecho a una vida digna. Esta persecución ha sido particularmente fuerte en contra de los movimientos campesinos, en especial de reclamantes de tierras y las zonas de reserva campesina. Sostenemos que no puede hablarse de paz duradera y sostenible, mientras no se proteja el derecho a la vida de quienes son las fuerzas motrices en la construcción de una Colombia democrática, en paz e incluyente.
·        Es necesario reconocer la grave crisis humanitaria que se vive en las cárceles de Colombia, donde existen miles de presos políticos y de guerra en circunstancias que no cubren los mínimos requeridos por un ser humano. Creemos que es importante apoyar todas las iniciativas que visibilicen esta situación y hacer este tema un asunto de primer orden para las autoridades europeas y las personas que acompañan solidariamente el proceso colombiano.
·        Es importante incorporar en esta tarea de construcción de una Colombia en paz con justicia social a las organizaciones sociales europeas, movimientos solidarios y por la paz, movimientos internacionalistas de apoyo a las luchas sociales. Es necesario respaldar a los sectores sociales que en Colombia se movilizan por superar las causas estructurales del conflicto; a los gobiernos y personalidades europeos para que den un decisivo respaldo al diálogo entre todas las partes hasta que se alcancen acuerdos; a la migración y el exilio colombiano en Europa para que se comprometan con la búsqueda de soluciones a los problemas que originan el conflicto social y armado, y se movilice activamente para respaldar este proceso político de solución negociada.

Reconocemos la voluntad expresada por las partes en esta etapa. Valoramos el respaldo que este encuentro recibió por parte de las misiones diplomáticas en Irlanda de Venezuela, Chile, Noruega y particularmente de Colombia, quienes reconocen la importancia del respaldo que desde Europa deben recibir las partes que están dialogando. Agradecemos el importante respaldo recibido del gobierno irlandés, a través del ministro de relaciones y comercio exterior, Joe Costello, quien una vez más ratificó el interés de este gobierno en intercambiar las lecciones del proceso de paz irlandés con las partes.

Agradecemos los respaldos recibidos de parlamentarios irlandeses como Maureen O’Sullivan y de organizaciones solidarias en Irlanda como Justice for Colombia, Ireland Palestine Solidarity Campaign, Venezuela Support Network, LASC entre otras, así como del Partido Comunista de Irlanda y Sinn Féin. También agradecemos el respaldo de otras organizaciones europeas como ZAS, AIPAZComún, Partido del Trabajo, Solidarité Latina, Che-Marx y CETIM (Suiza); el Partido Comunista Alemán, Foro Internacional de Dinamarca, Radio Café Stereo (Suecia) e INTAL (Bélgica).

Resaltamos y agradecemos el respaldo dado desde Colombia a este encuentro por parte de Fensuagro, Astracatol, Astracava, PUPSOC, CONAP, CCVC, Sinaltrainal Pradera, Comité de Corteras de Caña del Cauca y del Valle del Cauca, Brigada Jurídica Eduardo Umaña, Colectivo de Presos Políticos y de Guerra Antonio Nariño (Combita, Boyacá), Presos Políticos de la Marina en Picaleña (Ibagué, Tolima), de la Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derechos Fundamentales, así como de innumerables personas comprometidas con una Colombia con paz y justicia social.

Fue sentimiento y expresión unánime, que es hora de sumar esfuerzos para respaldar estas negociaciones, cuyos enemigos son poderosos y no tienen necesidad de agazaparse. Saludamos en este espíritu, iniciativas como el Congreso de Paz realizado el fin de semana en Bogotá así como de eventos próximos a realizarse, como el Foro Ecuménico por la Paz en Bogotá y el Foro por la Paz en Brasil. La magna movilización por la paz, la democracia y la defensa de lo público, convocada por la Marcha Patriótica, convocatoria a la cual se sumó un gran número de organizaciones sociales y personalidades, incluido el gobierno de Santos y la insurgencia de las FARC-EP, es un gesto importante a considerar: más de un millón de personas demostraron que la voluntad de diálogo se impondrá a los guerreristas.

También, es hora de apoyar decididamente la lucha que los movimientos campesinos y populares realizan en Colombia, y de manera especial a las y los prisioneros políticos y a los y las colombianas y colombianos perseguidos y estigmatizados por su compromiso político, pues ellos son los constructores reales de una Colombia que derrote la guerra mediante la superación de sus causas objetivas.

Nuestro llamado es por tanto a la unidad, a trabajar con honestidad y entrega por la solidaridad con el movimiento popular y los diálogos de paz en Colombia, a superar mezquindades y colaborar generosamente en esta tarea que convoca todas las voluntades por un único objetivo, la paz con justicia social.

Encuentro europeo de solidaridad con las luchas agrarias y populares, y apoyo a los diálogos de paz con justicia social en Colombia.

21 de Abril, 2013



--
Comité Pro Marcha Patriótica Irlanda (Éire)

jueves, 18 de abril de 2013


Pensamiento Crítico otra vez Amenazado

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Usualmente en las Universidades Colombianas el conocimiento es abordado a través de dos enfoques de pensamiento. De una parte se enseña desde la fórmula tradicional, sostenida en un enfoque lógico formal que se acompaña de “verdades insustituibles”, tablas de verdad y análisis abstractos en los que priman análisis de las consecuencias y de los hechos resultantes de los fenómenos, pero que dejan afuera las causas, los orígenes y la memoria de tales fenómenos y los conflictos y tensiones que los provocan. De otra parte está la postura de Pensamiento Crítico, basado en el análisis de la totalidad, en la comprensión de la realidad, en la integración de teoría y práctica y en la ubicación de los fenómenos en contexto y en concreto y no en un mundo ideal y aislado del contexto, si no adentro del tiempo, espacio y situación en que ocurren los conflictos y las transformaciones. 
El Pensamiento Crítico examina la estructura de los razonamientos y de la realidad concreta, material. Se detiene en la búsqueda de fundamentos y en las relaciones de poder que median lo que ocurre en la vida diaria de las personas. El investigador/a, toma partido por los débiles, los vulnerados, los negados, los que históricamente han pretendido ser eliminados, convertidos en disidentes, en exiliados, en parias, en condenados al ostracismo y el silencio.
El Pensamiento Crítico apuesta en teoría y praxis por visibilizar lo que ha sido negado, excluido, por superar las prácticas de dominación, de sujeción, de explotación. Aboga por la justicia, pone en evidencia lo que subyace, lo que está debajo en las decisiones y estrategias del poder y las políticas que tienden a controlar la vida y las libertades, revela las razones que se ocultan para imponer el interés particular en nombre del interés general. En el Pensamiento Crítico, la ética, la estética, la política, se juntan configuran marcos de relaciones favorables al dialogo, a la convivencia, a la pluralidad, la diversidad, reconoce a los otros, superpone los acontecimientos a las dualidades tradicionales de amigo-enemigo, liberal-conservador, izquierda-derecha, modernidad-posmodernidad y busca en la complejidad las conclusiones.
El Pensamiento Crítico propone otras maneras de pensar y de vivir, su propósito no tiene relación con los cánones de la destrucción que propone el poder tradicional -responsable de la guerra y de abominables técnicas de terror- y en cambio se afianza en construir un pensamiento profundo, reflexivo, propio y en contexto y unos modos de acción solidarios y colectivos. El Pensamiento Crítico contribuye a distinguir éticamente lo que es razonable y humano y lo que está en el ámbito de las distorsiones. El Pensamiento Crítico, en síntesis, se preocupa por comprender las luchas, las tensiones y las contradicciones y encontrar herramientas para transformar.
El estado de guerra que se ha tomado en Colombia las estructuras de la política, la educación, la cultura y en general de la vida cotidiana, se ha esforzado por invertir de manera estratégica el sentido del Pensamiento Crítico con el objeto de invalidarlo, anularlo, eliminarlo y de manera paralela deshacerse de quienes lo invocan, evocan y anuncian.  En las Universidades, que debían ser los lugares propicios por ser los escenarios del argumento y del dialogo y por supuesto en condiciones favorables para el ejercicio del librepensamiento, justamente tiende a imponerse lo contrario. En algunas universidades las directivas universitarias, cada vez más comprometidas con los sectores políticos, que con los académicos y científicos tienen la tendencia mayoritaria a no tolerar el pensamiento crítico. Lo asumen como una “herramienta peligrosa” que cuestiona sus modos de gobernar y administrar, que pone en evidencia las relaciones con poderes ajenos al saber y temen ser explicadas sus conexiones y técnicas de poder. Dos casos ejemplares recientes en la historia de Colombia de gobiernos puestos en evidencia en su ejercicio de poder son revelados a través de una rectoría de la Universidad de Córdoba ejercida de manera directa por un representante del paramilitarismo y otra la complicidad de un rector de la UIS descubierto por los estudiantes entregando al paramilitarismo las bases de datos de los llamados críticos de su gobierno. En los dos casos todo se hizo en nombre del “interés general” y la estabilidad del gobierno universitario. Los cálculos políticos de los condenados por el pensamiento tradicional son defendidos a toda costa y por fuera de todo principio porque su statu quo y privilegios es de interés superior.
Denuncia por el sinsabor de una amenaza oficial
La Maestría en derechos humanos está en la Mira. La Maestría es ofrecida por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja y Bogotá y ha sido conminada por el Consejo de la Facultad de Derecho, órgano oficial de dirección representado por el Decano, el Director del Centro de Investigaciones y el Director del Programa de Derecho a: “reconceptualizar su modelo de pensamiento crítico”, es decir es conminada a desaparecer. Se le exige cambiar su postura, su enfoque de pensamiento crítico y obedecer las órdenes, a riesgo de que se “compulsen copias”. Este anuncio amenazante es acompañado con una carga exuberante de improperios e irrespetos. A este tipo de poder que impone el silencio, seguramente le molestan libros colectivos del grupo profesoral editados por la maestría como; Lectura crítica de los derechos humanos -a 20 años de la Constitución colombiana-; Derechos humanos en Tiempos de Globalización y Neoparamilitarismo en Colombia y; la permanente divulgación de textos críticos y propositivos sobre el proceso de paz, el conflicto, la defensa de lo ético y humano o en general la exposición en columnas permanentes de opinión de teorías de los derechos por fuera de lo tradicional que niega y violenta. El profesorado de la maestría procede de distintas universidades, ONG y grupos de investigación de reconocido prestigio. El enfoque interdisciplinario y el carácter colectivo de la maestría permite interpretar la persistencia de la guerra y señalar la voracidad de empresarios, políticos y militares obsesionados con eliminar todo aquello que les resulte disidente, contrario a sus propósitos. En agosto de 2012 la maestría realizó el Seminario Internacional: Derechos humanos, Barbarie, Paz, que congregó a expertos de América Latina, Colombia y Europa y a delegados de las organizaciones sociales: Minga de Resistencia Indígena, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y MANE, de cuyo encuentro -entre academia y organizaciones sociales- se produjo un llamado a fortalecer la lucha social y la participación académica para alcanzar la paz como un derecho humano.
La carta enviada a la maestría por el Consejo de la Facultad de Derecho -constituido por un minoritario grupo de directivos- es amenazante, intimidatoria, depredadora y como es obvio recae en el equipo profesoral de Pensamiento Crítico compuesto por 20 profesores/as investigadores/as nacionales y extranjeros que abordan temas asociados a los derechos humanos, el conflicto social y armado y las estructuras del poder. Son igualmente 120 estudiantes y 50 egresados a los que pone en cuestión, les parece sospechoso que la gente se gradué. La carta es un ultraje al intelecto,  conmina a hacer silencio, combina con perversión minucias con estrategias de sometimiento. Pero sus responsables, no representan afortunadamente a la universidad en su mejor parte, en aquella que se forja con las luchas de sus estudiantes o la disposición constructora de conocimiento de su profesorado o el tesón de sus trabajadores. En contraposición a estas voces amenazantes y destructivas de lo colectivo, lo crítico, lo real hay miles de voces que construyen sin odios, sin mezquindad, sin autoritarismos, sin cartas ocultas de poder. Son miles de hombres y mujeres con disposición ética y capacidad de indignación. La carta es desafortunada pero es real, no son equivocados mensajes, es planeada, deliberadamente construida, oscila entre lo vulgar y lo ejemplar, es una forma de pensar y actuar que se impone por partes, por cuadrantes, usa técnicas de control y dominación. Por eso exige respuestas solidarias de rechazo. Este tipo de amenazas alienta a impostores y autoritarios, pone en riesgo la grandeza de la universidad forjada en el debate y la pluralidad y de paso al librepensamiento, a la autonomía y a la vida misma de un puñado de personas. 

P.D. Gracias por las múltiples cartas de solidaridad, gracias por el apoyo, gracias por la dignidad.

viernes, 5 de abril de 2013




ACCION INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD
Caso Masacre de Mondoñedo
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La Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA, esta promoviendo ante la comunidad Internacional de DDHH, la presente acción para que con carácter urgente las ONG envíen al Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá-Colombia-Sur América, ubicado en la Calle 31 No. 6-20 Piso dos(2)Telefax 3230102-2888943/697 y correo electrónico: septimopenalespecializadobta@gmail.com; un comunicado exigiendo verdad, justicia y reparación en  dicho Proceso No. 11001-31-07-007-2011-0027(1371-7),
donde se esta enjuiciando al Mayor de la Policía Nacional HECTOR EDISSON CASTRO CORREDOR, por los delitos de Secuestro Extorsivo Agravado y Homicidio Agravado.
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RESUMEN DEL CASO
El seis de septiembre de 1996 los jóvenes Vladimir Zambrano, Arquímedes Moreno, Jenner Alfonso Mora y Juan Carlos Palacio Gómez salieron de sus casas en la ciudad de Bogotá y nunca más regresaron. El siete de septiembre del mismo año los universitarios fueron encontrados en el basurero del municipio de Mondoñedo ubicado en la hacienda Fute cerca de la carretera que conduce de Mosquera a Soacha. En hechos relacionados, fueron asesinados los jóvenes Martín Alonso Valdivieso y Federico Quesada, en el barrio Fontibón y Argelia de Kennedy, respectivamente, estos eran amigos de los encontrados en Mondoñedo.
Semanas antes estos jóvenes universitarios habían sido señalados de ser miembros de las FARC por un hombre que respondía al nombre de Julio Chaparro Nieto, quien supuestamente integraba la Red Urbana del grupo armado.
Para investigar estos crímenes, catalogados como de Lesa Humanidad se facultó a una Fiscal Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, quien consideró los hechos como secuestro, tortura y homicidio agravado. Además dictó medida de aseguramiento con detención preventiva contra el capitán José Humberto Rubio Conde, comandante del Grupo contra Armados Ilegales de la DIJIN para la época de los hechos, y contra los policías José Albeiro Carrillo, José Ignacio Pérez Díaz, Ferley Alfonso Pineda, William Nicolás Chitiva, Rodrigo Cobos Saldarriaga y Onasis Bastidas. Así mismo se vinculó a la investigación al teniente Héctor Edison Castro Corredor. Sin embargo la investigación contra este precluyó.
La Fiscalía Delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución de acusación contra los miembros del mencionado grupo de la DIJIN, sin haber vinculado al proceso al capitán de la Policía Carlos Alberto Niño, oficial quien estaba al mando del Grupo contra Armados Ilegales de la DIJIN en reemplazo del Comandante titular capitán José Humberto Rubio durante su ausencia, en la fecha en que se cometieron los delitos. Precluyó la investigación favoreciéndolo y al teniente, quien realizaba labores de inteligencia a las víctimas. Pese a la acusación contra los miembros de la DIJIN, estos gozaban del beneficio de libertad provisional por vencimiento de términos.
La Fiscal Delegada que inició la investigación y vinculó a los miembros de la DIJIN tuvo que salir del país con su familia por amenazas. Ocurrió lo mismo con un familiar de una de las víctimas.
El mayor Castro fue señalado por el suboficial William Chitiva de participar en la masacre por presuntamente pertenecer al frente urbano de las FARC. La Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación en contra del oficial, quien realizó los seguimientos. Desafortunadamente el suboficial William Chitiva fue asesinado en 2007 en la ciudad de Cúcuta, poco después de ampliar su acusación contra otros miembros de la DIJIN.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de marzo de 2009 invalidó la preclusión frente a Héctor Castro Corredor y ordenó la reposición del trámite investigativo, lo que correspondió por reparto a la Fiscalía Séptima de la Unidad Nacional de Derechos Humanos que dictó resolución de acusación contra el ahora Mayor de la Policía y calificó los hechos como secuestro y homicidio agravado sin tener en cuenta los delitos de concierto para delinquir y tortura catalogados como Crímenes de Lesa Humanidad.
En 2003 el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 40 años de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por 20 años a los agentes por los delitos de secuestro, tortura y homicidio agravado y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para abrir investigación por los mismos delitos contra los capitanes de la Policía Nacional Carlos Alberto Niño, y al mayor Héctor Edison Castro. Sin embargo, la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, quien es una de las ONG que  lleva el caso, viene denunciando las muchas dilaciones, lo que apunta de alguna manera a proteger a los altos oficiales implicados en la masacre.
El estado actual del proceso es que esta en la etapa del juicio oral en la evacuación de pruebas solicitadas por la defensa del Mayor CASTRO CORREDOR, la cual se llevara a cabo el próximo jueves 14 de febrero de 2013 a las 9AM.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. Los primeros fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, del siguiente modo:

“Los hechos que dieron origen a la presente investigación tuvieron ocurrencia los días seis y siete de septiembre de mil novecientos novena y seis, cuando los hoy occisos: VLADIMIR ZAMBRANO PINZÓN, JENNER ALFONSO MORA MONCALEANO, JUAN CARLOS PALACIOS GÓMEZ, ARQUÍMEDES MORENO MORENO, FEDERICO QUESADA y MARTÍN ALONSO VALDIVIESO BARRERA, salieron de sus casas con rumbo a la “bolera” el Salitre donde tratarían asuntos relacionados con su seguridad, ante el seguimiento que se les estaba haciendo por parte de miembros de seguridad oficiales con la finalidad de atentar contra sus vidas. Al día siguiente, los familiares de los ya citados ciudadanos, tuvieron noticia de su muerte en la vereda Fute ubicada en la vía que conduce de la Población (sic) de Mosquera a Soacha y a la Mesa, sitio denominado “Alto de Mondoñedo”, donde en efecto hallaron los cuerpos de los cuatro primeros y los dos últimos muertos en la horas de la mañana del día siete de septiembre, en el Barrio (sic) Argelia de Kennedy QUESADA y VALDIVIESO BARRERA en la jurisdicción de Fontibón, por sujetos que se movilizaban en una camioneta roja doble cabina y como quiera se presumió cierta relación con los primeros muertos se unificó la investigación.

2. Teniendo en cuenta los lugares en los cuales se ejecutaron cada uno de los hechos se iniciaron varias investigaciones por separado, por lo que la Dirección Nacional de Fiscalías, mediante resolución No. 0226 de 1 de noviembre de 1996, dispuso reasignarlas a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, en donde fueron unificadas.
3. El 6 de junio de 1998, el teniente CASTRO CORREDOR fue vinculado a la investigación por medio de indagatoria[1] en la que refirió que entre sus funciones en la DIJIN estuvo a cargo del Blanco Subversión para la época de los hechos, pero que no tuvo ninguna relación con los homicidios investigados. Que la Fiscalía mediante comisorio les ordenó realizar actividades de vigilancia y seguimiento para saber quiénes integraban de la red urbana de las FARC, ante lo cual asignaron a dos policías, cuyos nombres no recordó, para que efectuaran esas labores con base en los datos incorporados en la solicitud, sin embargo en el campo operativo nunca tuvieron ninguna actividad, como capturas.

4. La Fiscalía, con base en las pruebas recopiladas en la investigación, el 3 de agosto de 1999, profirió resolución de acusación en contra de José Albeiro Carrillo Montiel, Rodrigo Cobo Saldarriaga, Onasis Bastidas Quimbayo, José Ignacio Pérez Díaz, Carlos Ferlein Alonso Pineda y William Nicolás Chitiva González por los delitos de secuestro y homicidio agravado[2].

5. El 7 de junio de 2001, la Unidad Nacional de Derechos Humanos calificó el mérito sumarial de la investigación que por los mismos hechos adelantó a los oficiales de la Policía Nacional José Humberto Rubio Conde y HÉCTOR EDISSON CASTRO CORREDOR con preclusión de la instrucción, decisión que fue confirmada, el 6 de septiembre de 2001, por el Fiscal Veintidós de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte civil.

En dicha providencia, el Fiscal Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos expresó que el capitán Rubio  Conde era titular del Grupo Armados Ilegales de la DIJIN desde enero de 1996, y que bajo su mando se realizaron labores de inteligencia en contra de la red urbana de las FARC, responsable del atentado terrorista perpetrado el 30 de mayo de 1995 en la Estación de Policía de Kennedy.

No obstante, del 3 al 6 de septiembre de 1996, dicho oficial estuvo apoyando una comisión de fiscales que investigaba actividades de narcotráfico en lo que se conoció como la “Operación Platino I”, retornando a la ciudad a las 11 p.m. del 6 de septiembre del referido año.

En esos días el control del personal del Blanco Antisubversión estuvo a cargo del teniente EDISSON CASTRO CORREDOR, quien, desde 1995, tenía conocimiento de los detalles de la investigación adelantada por el atentado a la Estación de Policía de Kennedy, pues con los agentes bajo su mando individualizó e identificó a los integrantes de la red urbana de las FARC, a la cual pertenecían los jóvenes ultimados.

Así, del 2 al 7 de septiembre de 1996, fue el jefe del Grupo Antisubversión, encargado de la planeación, ejecución y control de actividades de su competencia y del personal asignado al mismo.

Sin embargo, no estableció la responsabilidad del referido oficial en los hechos del 5 y 6 de septiembre de 1996, porque la prueba no cumplía con los presupuestos del artículo 441 del Código de Procedimientos Penal, es decir, no confluía pluralidad de indicios graves, pues no se pueden deducir por el hecho de haber estado encargado de la unidad mediante orden legítima.

Tampoco se podía derivar compromiso penal por haber estado encargado del “Flanco Subversión” y realizado vigilancias y seguimientos a los miembros de la red urbana de las FARC, misión que según lo demostrado no efectuó en forma personal el teniente CASTRO CORREDOR, sino que fue ejecutada a través de los policiales a su cargo.

En materia de prueba directa, también aparece que el señor Alfonso Mora León no refirió que el citado oficial estuviera involucrado en el delito, sólo dijo que su ‘fuente’ le hizo saber que la ejecución de los crímenes estuvo al mando del capitán Rubio Conde; además, aquél es testigo de oídas en cuanto refiere lo que le contaron otras personas, situación ante la cual era necesario saber del propio informante o fuente todos los pormenores que rodearon su conocimiento de los hechos y de sus autores.

6. El 9 de julio de 2001, el señor William Nicolás Chitiva González, dentro del trámite de beneficios por colaboración No. 059([3]), manifestó que deseaba aclarar lo relacionado con la sindicación que afrontaba por el homicidio de los miembros de las FARC, revelando quiénes fueron los autores de la masacre. En tal sentido, dijo que llegó a la SIJIN a finales del año 1993, en donde fue destinado al Grupo de Inteligencia, compuesto a su vez por los grupos de contrainteligencia y de inteligencia, en donde tuvo oportunidad de conocer a los agentes Pérez Díaz José, Carrillo Montiel, Cobo Saldarriaga y Bastidas Quimbayo.

Después de algunos meses, conoció que el agente Carrillo Montiel estaba infiltrado en la red urbana de las FARC y que el grupo contaba con un informante de nombre Chaparro, a quien conoció a finales de 1993 con el nombre de Carlos Chaparro quien era miembro activo de la referido agrupación ilegal, así mismo le efectuaron seguimientos a Marbel Zamora Pérez (otro guerrillero).

Lo trascendental de su versión es que asegura que él no participó en los hechos, pero quienes fueron sus autores le comentaron lo ocurrido y admitieron ante él haber cometido el múltiple homicidio y estar confiados de que judicialmente no les pasaría nada porque habían incinerado a las víctimas para evitar que fueran reconocidas, esto último se lo manifestó el capitán Niño Flórez[4].

7. El 3 de agosto de 2001, en la audiencia pública dentro del proceso que se le adelantó por la Masacre de Mondoñedo hizo un relato similar, con fundamento en el cual el juez ordenó la expedición de copias del acta respectiva, a la Fiscalía General de la Nación para los fines pertinentes.

8. En el fallo con el cual puso término al proceso, otorgó plena credibilidad a lo afirmado por Alfonso Mora León y William Nicolás Chitiva González, precisando respecto de éste que a pesar de que no estuvo presente en el escenario delictivo, participó en las reuniones que posteriormente realizaron los autores materiales del hecho para concertar cómo desviarían las investigaciones que se iniciaron con ocasión de los hechos delictivos.

Culminó absolviendo a Rodrigo Cobo Saldarriaga, Onasis Bastidas Quimbayo y William Nicolás Chitiva González, al tiempo que condenó a José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez Díaz Y Carlos Ferlein Alonso Pineda a 40 años de prisión y multa de 1.200 salarios mínimos legales vigentes, como autores de las conductas delictivas de secuestro y homicidio agravado.

9. Esta sentencia fue confirmada por La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en descongestión de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.





CONSIDERACIONES

Colombia ha hecho parte de los principales instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos humanos, por lo tanto el Estado se obligó a implementar instrumentos, escenarios y procedimientos para proteger los derechos de las personas y su dignidad, esto consiste en el cumplimiento de verdaderas “obligaciones de hacer” por parte del Estado, que permitan una eficaz garantía de los derechos, teniendo el Estado colombiano el deber jurídico de prevenir, investigar, identificar, imponer sanciones y asegurar una adecuada reparación a las víctimas.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS
1. El derecho a la verdad es el que tienen las víctimas de saber lo que realmente sucedió, el deber de recordar; el derecho de las víctimas a saber. Esto comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El conocimiento por parte del pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas encaminadas al deber de recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.
2. El derecho a que se haga justicia que tiene que ver con la garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos deberes para las autoridades, que pueden identificarse así: El deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo. La jurisprudencia constitucional ha señalado el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia.
1. El derecho a la reparación integral del daño. De acuerdo con los parámetros establecidos por la ONU en el informe sobre la actualización de los principios para la lucha contra la impunidad, un programa de reparaciones administrativas debe comprender una categoría amplia de delitos para ser reparados, como condición de credibilidad del programa y debe incluir medidas judiciales de reparación, de lo contrario, “se corre el peligro de que los beneficios que distribuye se vean como la moneda con la que el Estado intenta comprar el silencio o la aquiescencia de las víctimas y sus familias”.
El derecho de reparación, también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.
La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación.



SOLICITUDES

1.          Nuestra organización va a estar muy pendiente para que se respete los derechos de las victimas y se produzca un fallo después de tantos años de impunidad.
2.          Daremos a conocer de esta ejecución extrajudicial a la comunidad de DDHH, de nuestro país y las autoridades internacionales sobre la materia.
3.          Exigimos verdad, justicia y reparación en el caso Masacre de Mondoñedo.





URGENTE PRONUNCIAMIENTO

Solicitamos a las Organizaciones Solidarias y de Derechos Humanos de Carácter   Internacional,  al Movimiento Social y Popular, y a los Medios de Comunicación, DIFUNDIR la presente ACCIÓN INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD y enviar sus cartas de respaldo a las siguientes entidades:



JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA
Doctora
SUSANA RODRIGUEZ CARO
JUEZ
Calle 31 No. 6-20 Piso dos(2)Telefax 3230102-2888943/697 y correo electrónico: septimopenalespecializadobta@gmail.com

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail:
fsantos@presidencia.gov.co

Vicepresidente de la República
ANGELINO GARZÓN
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail:hernanulloa@presidencia.gov.co

RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia y del Derecho de Colombia
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
e-mail:
ministro@minjusticia.gov.co, reclamos@mij.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820


CARLOS FRANCO
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de
Derecho Internacional Humanitario.
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Fax: (+571) 3429723 - 2847949 Fax: (+571) 3429723
Carrera 5 #. 15-80 - Bogotá, D.C., Colombia
E-mail: cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co

JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor Nacional del Pueblo
Fax: (+571) 640.04.91
Calle 55 # 10-32, Bogotá.
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co

CON COPIA A:

Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA
Carrera 6 No. 11-54 Oficina 608 edificio La Libertad Bogotá-Colombia
E-Mail:eum.brigadajuridica@gmail.com

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street NW
Washington, DC, 20006
Estados Unidos
E-mail: cidhoea@oas.org, cidhdenuncias@oas.org, apizarro@oas.org

Oficina En Colombia Del Alto Comisionado De
Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101.
Edificio Teleport Bussines Park Bogotá, D.C.
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637
E-mail:
oacnudh@hchr.org.c

ORGANIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA TORTURA –OMCT-
GINEBRA -Suiza
omct@omct.org;


JUNTA DIRECTIVA


Enero 30 de 2013





[1] Cuaderno de Copias No. 6, folios 132 a 137
[2] Cuaderno de copias No. 13, folios 232 a 260
[3] Cuaderno de copias No. 16, folio 2
[4] Ibídem, folios 13 y 14