domingo, 25 de febrero de 2007

¿PORQUE DEBE RENUNCIAR EL ACTUAL PRESIDENTE DE ASEFUAC?

Estimados colegas egresados.

Nuevamente me dirijo a ustedes profundamente preocupado por los graves hechos que se continúan presentando tanto en la Universidad Autónoma como al interior de nuestra asociación, sin que la actual presidencia de ASEFUAC, tome cartas en el asunto, en primer término me referiré a lo siguiente:

1. La actual Junta Directiva, ni si quiera después de cuatro meses de haber presentado la renuncia se ha pronunciado al respecto (renuncia irrevocable del 6 de octubre de 2006), mostrando con ello su ineptitud, al menos para estudiar los motivos por los cuales renuncie irrevocablemente, afectación de los intereses mayoritarios de los egresados, una presidencia que ha impedido realizar las tareas importantes que nos habíamos comprometido, adquisición de la sede de los egresados, dignificación de la profesión de abogados (hoy existe y es una realidad el Código Disciplinario del Abogado, que es mas un código disciplinarista), sin que la presidencia realizara ninguna acción al respecto, No se ha hecho nada sobre la delicada situación en que se encuentra la facultad (han pasado siete decanos sin solucionar nada de la profunda crisis de la misma).

2. Lo que si deben saber los egresados y la comunidad universitaria de la Autónoma, es la forma corrupta en que ha venido actuando el presidente de ASEFUAC, firmando supuestos convenios o contratos a espaldas de la Junta Directiva, con amigos personales para favorecer intereses mezquinos en detrimento de la ASEFUAC y de los deberes profesionales del abogado, de la dignidad, el decoro, la lealtad, honradez y ética profesional.

3. Sobra advertir a los egresados que el actual presidente de ASEFUAC, ha demostrado su incapacidad para asumir la Presidencia y lograr avanzar hacia la reconquista de los espacios para los egresados al interior de la Universidad, como por ejemplo la Decanatura de Derecho y la Secretaria Académica, que hoy están de capa caída ante la opinión jurídica del país

4. Finalmente hago un nuevo llamado a los egresados para que asumamos una actitud critica y participemos masivamente en la asamblea general que realizaremos en marzo de esta año y llevemos a su Junta Directiva a compañeros que representen los intereses de todos los egresados y defendamos el carácter democrático, participativo y de libre pensamiento de la Universidad.

Atentamente,


ULDARICO FLOREZ PEÑA
Egresado Facultad de Derecho

LA PROFESION DEL DERECHO EN COLOMBIA


Había que estar allí, con los queluchaban por la justicia, no con losque negaban la justiciaARTURO USLAR PIETRI.



Desde remotas épocas, la profesión de Abogado se ha caracterizado por su transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia al servicio de la sociedad, conducta basada en los altos valores éticos y morales, constituyéndose por momentos, en un paradigma para otras profesiones. Sin embargo situaciones como la del Magistrado JOSE ALFREDO ESCOBAR ARAUJO, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, hacen que esta noble vocación de servicio, se vea indigna por la Comunidad de los Abogados.



Tal vez esta sea la época en que los profesionales del derecho nunca habíamos visto semejante acontecer de la Justicia Colombiana que ha suscitado las mayores inquietudes y preocupaciones no solo a nivel nacional sino también internacional. Debemos los profesionales del Derecho detenernos a reflexionar sobre las verdaderas causas por las cuales la Justicia Colombiana ha llegado a semejante degradación, la apasionada defensa que hacemos los defensores de derechos humanos de la justicia debe de ir hoy acompañada del contenido del derecho alternativo y de losprincipios y garantías que deben tutelar un ordenamiento jurídico consecuente con la verdad, justicia y reparación de la dignidad de las victimas del paramilitarismo y el terrorismo de Estado.



Este poder judicial Colombiano debe ser refundado para desplazar a los magistrados, jueces, fiscales y funcionarios comprometidos con actos que los inhabilita para continuar en sus puestos, La Corte Suprema de Justicia que hoy investiga a los parapoliticos, también esta emparentada con el Uribismo; la Corte, al igual que toda la estructura del poder judicial, mas allá de los nexos con el mafioso Giorgo Sale, esta conectada a la corrupción, ya que sus integrantes siguen siendo los mismos, ya ni si quiera a Juzgado a los altos funcionarios por los delitos del paramilitarismo que son de conocimiento publico, los jueces igualmente piensan lo mismo, obran de la misma manera y mantienen los mismos compromisos con el Uribismo, pues defienden sus valores del sistema actual de justicia, pero sobre todo del sistema acusatorio que colapsa igual que la misma justicia.



Evidentemente la política oficial esta orientada a desmovilizar al pueblo y a institucionalizar el miedo, la impunidad como método regular para ocultar las actividades de la parapolitica del Estado.



No cabe la menor duda que esta situación de lo que hoy llaman la PARAPOLITICA, se infiltro hasta los tuétanos en la Justicia Colombiana, los hechos recientes de la Fiscalía General de la Nación así lo comprueban.



Al parecer la Parapolítica, no solamente tiene al Congreso de la República en el ojo del huracán, sino que este se ha extendido a la Rama Judicial para tratar de ponerla a su servicio.



La Conciencia Jurídica del País, que se expresa en los sentimientos, nociones, criterios, ideas y exigencias de rescatar el Estado Social de Derecho debe estar alerta ante estos personajes que están al servicio de un poder mafioso y fascista.



Pero es bueno que los abogados defensores de derechos humanos, tengamos en cuenta que en Colombia existe una Justicia Burguesa, que es la que hoy esta en crisis y que esta es un soporte básico del Estado Capitalista y que se ha demostrado con este régimen Uribista que su aparato jurídico es una estructura hoy en día al servicio de las mafias narcoparamilitares que es una justicia de clase que ha venido legalizando la impunidad y consolidando un proyecto autoritario y fascista.



Esa forma como ha venido actuando la Fiscalía, el DAS, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y la misma Corte Suprema de Justicia, no es mas que la expresión ideológica y jurídica de un sistema corrupto y dominante que trata de mostrar una “legalidad” institucional que se derrumba y es por que el ejercicio de la profesión del derecho, en estos momentos nos llama a tomar una posición de clase frente a la Justicia.



Los profesionales del Derecho debemos coadyuvar a elevar la cultura y la conciencia jurídica de los ciudadanos como una tarea importante para hacer claridad al pueblo sobre lo que esta pasando en la justicia, para demostrar la ilegalidad de este régimen, del afianciamiento del paramilitarismo como política del Estado, del disciplinamiento de la sociedad y el establecimiento de una seguridad democrática de orden publico. Los ciudadanos deben reaccionar para no aceptar el espíritu de esas ideas reaccionarias y apropiarse de una conciencia jurídica que les permita luchar con más decisión frente a tanta arbitrariedad e injusticia económica, social y política.



El conocimiento de lo que significa hoy el poder judicial y el ejercicio activo de los ciudadanos de sus derechos y libertades harán que el pueblo reaccione contra el Estado que lo somete a través de sus órganos y prestara un gran aporte a la lucha contra el paramilitarismo y a saber la verdad que solo será posible derrotando el aparato represivo y construyendo una justicia popular.



Hoy los profesionales del Derecho debemos asumir que este régimen autoritario y fascista se ha convertido en un verdadero aparato paramilitar en todas sus estructuras y que es un poder al servicio de la mafia y el paramilitarismo.



Hoy los profesionales del Derecho debemos asumir que este régimen autoritario y fascista se ha convertido en un verdadero aparato paramilitar en todas sus estructuras y que es un poder al servicio de la mafia y el paramilitarismo.



Los abogados defensores de Derechos Humanos, hoy jugamos un papel muy importante frente al ejercicio de la profesión del derecho que es el de buscar la verdad, la justicia y la reparación; debemos hoy librar una tenaz batalla jurídica ante esta narcojusticia, para hacer con orgullo y osadía que la verdad brilla con luz propia y no conviene ilustrar los crímenes con la impunidad. Hoy por ejemplo el Movimiento Nacional de Victimas del paramilitarismo nos demuestra con sus hechos que la verdad pertenece a las fuerzas de las victimas, del progreso, el humanismo y la razón.



La verdad hoy en los profesionales del derecho, que desde un punto de vista ético y moral se levantan contra unas instituciones del poder judicial corrupto que ha hecho saltar en pedazos el Estado Social de derecho y que es necesario refundar como una institución de la democracia real.



Buscar la verdad de lo que pasa hoy en nuestro país tiene que ser una tarea de primerísimo orden para los profesionales del derecho, la verdad esta oculta hoy por este régimen en su Ley de Justicia y Paz, esta oculta en lo profundo de las masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales del terrorismo de Estado. Las victimas con el acompañamiento de sus abogados harán que los futuros acontecimientos solo puedan preverse mediante el profundo estudio del verdadero estado de cosas que hoy carcome a la Justicia Colombiana. Los Abogados defensores de Derechos Humanos debemos ser juiciosos y cada uno dotarnos del sentido de responsabilidad personal y colectiva para crear mecanismos de denuncia y acción para derrotar la impunidad, solo con la verdad lograremos derrotar este régimen que le teme a ella por su naturaleza ya que es un peligro para su “institucionalidad”.



Diciembre 14 de 2006.



Abogados Defensores de Derechos Humanos




LOS EGRESADOS Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA









“La misión fundamental de la Universidad Autónoma de Colombia en los albores del siglo XXI, no puede ser otra que la de constituirse en el laboratorio para construir la paz en Colombia. A sus egresados les corresponde como tarea prioritaria la reconstrucción del Proyecto Político Educativo así como la renovación de nuestro compromiso de pertenencia con la institución”.




El presente documento tiene como objeto abrir una discusión con los Honorables Miembros del Consejo Directivo de la Universidad Autónoma de Colombia que fueron nombrados para estudiar la ratificación del Convenio No. 1 suscrito entre la universidad y ASEFUAC.




En primer término, es bueno resaltar que el mencionado convenio es uno de los pocos vínculos reales que ha establecido la universidad con sus egresados. Por eso ASEFUAC como parte de la comunidad universitaria quiere llamar la atención de los Fundadores y Directivos de la universidad para que reflexionen sobre el papel que deben jugar los egresados en las diferentes instancias y órganos del Alma Mater y en consecuencia los invitamos a impulsar espacios democráticos e iniciativas de renovación académica que busquen superar las concesiones educativas.




La crisis de la Universidad Autónoma de Colombia se caracteriza por el abandono del Proyecto Político –Educativo, por el cual fue concebida; es decir, por la ausencia de sentido histórico y compromiso social, por la ausencia de la aplicación de los fines, principios y valores que la orienten, las inconexas políticas y programas que se suceden al vaivén de las administraciones.




La Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus instituciones prestar a la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en las que se desarrolla cada institución.




Los Fundadores y Directivas de la Universidad Autónoma de Colombia, deben de tener en cuenta lo establecido en la mencionada Ley 30 para que haya una voluntad política de llamar a sus egresados a que participen de una manera activa en todas las instancias de la universidad que le permitan retomar el rumbo de un Nuevo Proyecto Político Educativo para conferir una educación de nuevo tipo democrático que contribuya al desarrollo intelectual, conocimiento a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.




La iniciativa que tomamos los egresados al proponerle a la universidad la firma del mencionado convenio es apenas el inicio para que la universidad establezca unas verdaderas políticas para sus egresados que permitan el avance del Nuevo Proyecto Político Educativo como una estrategia a lograr la Acreditación y el Registro Calificado para sus programas ya que en el caso de la Facultad de Derecho, éste presenta un nivel de flexibilidad muy bajo, lo que afecta su estructura curricular ya que se encuentran apenas tres asignaturas electivas, que suman cinco créditos, menos del cinco (5%) por ciento del total del programa; hay una ausencia de medios, instrumentos y estrategias que permitan el desarrollo efectivo del sistema de créditos, muy pocos proyectos de investigación, pocos profesores de tiempo completo, entre otros de las observaciones que efectuó el Ministerio de Educación.




Los egresados somos el valuarte cultural e ideológico de lo que ha formado la universidad; somos en última instancia el agente permanente y dinamizador de todo el proceso educativo. Es cuestionable que la universidad no le dé participación a sus egresados en estamentos como el Consejo Directivo, Consejo Académico entre otros. Estaremos cada vez más lejos de la Constitución del Nuevo Proyecto Político Educativo, si no hay la garantía de que la universidad no simplemente prorrogue un convenio, sino que establezca una verdadera política y un programa institucional de participación de sus egresados.




La Universidad Autónoma de Colombia en sus recientes administraciones, ha sido enrutada por concesiones y por el modelo neoliberal de la educación que la han lesionado en su tradición democrática, crítica, humanística y cultural; su esquema burocrático con el pretexto de la eficiencia administrativa y el control del gasto, la han llevado a que sus fundadores y directivos la vean como una verdadera “Guaca Educativa”.




Es por ello, que los egresados le planteamos a la universidad que rompa el divorcio que existe entre sus Fundadores y Directivos con sus egresados; la universidad reclama un proceso de democratización en sus estructuras de poder y de fortalecimiento de las instancias y mecanismos de participación orgánica de los estamentos universitarios. Romper con la política neoliberal, la cual ha implicado un retroceso en el campo del saber y el conocimiento, en la investigación y en la producción intelectual, así como una considerable degradación de las condiciones laborales y una tendencia a reducir la participación de la comunidad universitaria en sus decisiones.




Queremos una universidad también que se comprometa con el cambio social; una universidad que dada su vocación histórica y sus principios fundacionales contribuya a redimir a los sectores populares que no tienen acceso a otras universidades construyendo un nuevo tipo de hombre y egresado portador de la racionalidad crítica y creadora que use los saberes como herramienta para el desarrollo del pensamiento y no como depositario de informaciones; un egresado con una visión política enmarcada dentro de una sólida identidad con nuestro proceso histórico nacional y consciente del complejo cultural universal en el que se encuentra y de esta manera contribuya a formar profesionales para una verdadera democracia.




Finalmente, estamos convencidos de que es condición mínima para el logro del planteamiento propuesto el respeto y reconocimiento justo y oportuno de sus egresados. La superación del menosprecio, agrede su pertenencia, su aporte y su dignidad como bien lo dijera nuestro egresado y profesor Dr. EUSEBIO CLAVIJO SANCHEZ en su misiva a las directivas en marzo 17 de 2005.




Queremos pues que la idea de la ratificación del Convenio No. 01, se convierta en la adopción de un Acuerdo del Consejo Directivo para crear una verdadera Política y un Programa de los Egresados de la Universidad Autónoma de Colombia. Que sea un compromiso histórico y se constituya en el horizonte de participación de los egresados en todos los estamentos de nuestra Alma Mater.




Atentamente,




ULDARICO FLOREZ PEÑA


Directivo ASEFUAC y Miembro y de la Comisión




Bogotá D.C., Octubre 02 de 2006
PROPOSICIÓN No. 01

El próximo 11 de octubre de 2006 se conmemora el decimonoveno aniversario del magnicidio de nuestro querido, recordado maestro de nuestra Alma Mater, Dr. JAIME PARDO LEAL.

Nuestra Asociación ASEFUAC como reconocimiento a todo su aporte a sus egresados, queremos resaltar esta fecha y hacer un llamado a la comunidad universitaria para recordar la memoria de este ilustre abogado que se destacó como Magistrado de la República y contribuyó a la fundación de Asonal Judicial y destacado dirigente sindical de Fenaltrase y fue candidato a la presidencia de la República.

ASEFUAC igualmente, hace un llamado a los fundadores y directivos de la Universidad Autónoma de Colombia para que se haga un justo reconocimiento a este eminente profesor de nuestra Alma Mater y que el Consultorio Jurídico retome el nombre de JAIME PARDO LEAL así como el Auditorio Fundadores lleve también su nombre.

PROPOSICIÓN PRESENTADA POR:
ULDARICO FLOREZ PEÑAMiembro Junta Directiva
ASEFUAC
Bogotá D.C., 07 de Octubre de 2006


JAIME PARDO LEAL

19 ANIVERSARIO DEL MAGNICIDIO
FECHA: MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2006
LUGAR: CEMENTERIO CENTRAL
MAUSOLEO JAIME PARDO LEAL
HORA: 11:00 A.M.

EGRESADOS FUAC

ASEFUAC

MOTIVO FIN DE AÑO

Bogotá, D.C. 27 de diciembre de 2006.



COMPAÑEROS

JUNTA DIRECTIVAASEFUACESTIMADOS COLEGASHE SIDO NOTIFICADO POR LA SECRETARIA PARA ASISTIR HOY 27 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 6 PM A UNA CENA DE FIN DE AÑO, AL RESPECTO QUIERO MANIFESTARLES LO SIGUIENTE:



LES AGRADEZCO SU GESTO DE INVITARME, PERO NO LO COMPARTO, POR LAS RAZONES QUE LES EXPRESE DESDE EL MOMENTO QUE PRESENTE MI RENUNCIA ( DESDE EL PASADO 6 DE OCTUBRE DE 2006) Y UDS. DE UNA FORMA IRRESPONSABLE NI SI QUIERA SE HAN TOMADO LA MOLESTIA DE DEFINIR.
LA ASEFUAC ESTA DIRIGIDA POR UNA JUNTA QUE IMPUSO UNA MAYORIA GOBIERNISTA QUE NO INTERPRETA LOS VERDADEROS INTERESES DE LOS COLEGAS EGRESADOS.
NO ES POSIBLE QUE LOS RECURSOS, CERCA DE TRECIENTOS MILLONES DE PESOS QUE HAN INGRESADO A LA ASEFUAC POR CONCEPTO DE LOS CURSOS DE ACTUALIZACION SE DESPILFARREN Y NO SE DEDIQUE A SU OBJETO FUNDAMENTAL ,QUE ES LA CASA DEL ABOGADO AUTONOMO LA CUAL DEBERIA DE HABERSE AQUIRIDO DESDE OCTUBRE DE ESTE AÑO.
NO PARTICIPÓ NI UN SOLO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA EN EL RECIENTE CONGRESO NACIONAL DE ABOGADOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2006 REALIZADO EN BOGOTA, DONDE SE ABORDO EL TEMA DEL CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO EL CUAL YA PASO PARA SANCION PRESIDENCIAL, MOSTRANDO EL POCO INTERES Y DESGREÑO CON EL FUTURO DE NUESTRA PROFESION Y DIGNIDAD ETICA Y MORAL.
NO SE HAN REALIZADO NINGUNA DE LAS TAREAS QUE SE HAN ACORDADO EN LA JUNTA DIRECTIVA, TODO LO CONTRARIO SE LLEVO A CABO UN SEMINARIO DENOMIDADO EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION Y LA ACCION DE REVISION EN EL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO, SEMINARIO LEONINO QUE NO FUE APROBADO EN LA JUNTA DIRECTIVA, QUE NO SE REALIZO NINGUN CONTRATO CON EL INSTITUTO AUTONOMO DE DERECHO PENAL Y QUE TUVO UNA ASISTENCIA RIDICULA, PERO QUE SI ESTAN EXIGIENDO PAGAR UNA FUERTE SUMA POR DICHO SEMINARIO, CON LO CUAL SE DEMUESTRA EL AMIGUISMO ACADEMICO EN DETERIORO DE LOS INTERESES REALES DE LA ASEFUAC.
FINALMENTE SE PERDIO EL CONVENIO QUE TENIAMOS CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA SOBRE LOS CURSOS Y SE NOS HA PRESENTADO UNA PROPUESTA QUE REALMENTE ATENTA CONTRA LA ESTABILIDAD DE ASEFUAC Y QUE ES IMPOSIBLE REALIZAR.
SON ESTAS LAS RAZONES PARA NO COMPARTIR CON UDS. DICHA CENA Y HACER UN NUEVO LLAMADO A LA COMUNIDAD DE EGRESADOS PARA DESCONOCER UNA JUNTA DIRECTIVA QUE NO REPRESENTA LOS INTERESES DE LOS EGRESADOS E INVITARLOS A EXIGIR NUESTRAS REIVINDICACIONES A TRAVES DE LA LUCHA Y LA PROTESTA CONVOCANDO PARA EL PROXIMO PRIMER TRIMESTRE DE 2007 LA ASAMBLEA GENERAL DE EGRESADOS DONDE INSTEMOS A CONSTRUIR UNA NUEVA Y DEMOCRATICA JUNTA DIRECTIVA Y RECHACEMOS ENERGICAMENTE A LOS QUE HOY HAN VENDIDO A LA ASEFUAC POR UNAS PREBENDAS PERSONALES Y CENSUREMOS SU COMPARTAMIENTO QUE HA PUESTO EN PELIGRO LA VIDA DE NUESTRA ASOCIACION.
UN FELIZ Y COMBATIVO AÑO NUEVO.
ULDARICO FLOREZ PEÑA
EGRESADO UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEFENSOR DE DDHH.

LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ Y EL TERRORISMO DE ESTADO

“La Sexta División, es una expresión que se utiliza en Colombia para denominar a los grupos paramilitares. Las fuerzas armadas de Colombia cuentan con cinco divisiones, pero muchos Colombianos indicaron a Human Rights Watch que los paramilitares están tan plenamente integrados en la estrategia de combate del ejercito, coordinados con sus soldados sobre el terreno y vinculados con las unidades gubernamentales mediante la inteligencia, las provisiones, los radios, el armamento, recursos financieros y un prepósito común que constituyen efectivamente una sexta división de las fuerzas armadas” .




El régimen de ALVARO URIBE VELEZ, en el proceso de legitimación del paramilitarismo a traves del aparato legislativo ha venido implementando algunos Decreto (128 sobre políticas de reincorporación a la vida civil de las AUC) y Leyes como la 975 de 2005, con ello se busca que todo el proceso de aberración sistemática de los últimos cincuenta años del régimen, el cual ha sido impuesto mediante políticas de terrorismo de Estado, se institucionalice.[1]

En Colombia en el último periodo aparecieron grupos paramilitares, como parte de un entramado ultraderechista y militarista, con respaldo de altos mandos militares, narcotraficantes, caciques políticos liberales y conservadores, gremios de latifundistas y ganaderos y de la embajada de los estados unidos en Bogota. Los paramilitares se encargaron de adelantar la guerra sucia, aunque en muchos casos actuaron directamente elementos ligados a los organismos de inteligencia del Estado, en especial del ejército y la armada. Las investigaciones que más avanzaron en la parte instructiva siempre vincularon a los procesos judiciales a militares activos y en retiro en connivencia con el paramilitarismo.

El terrorismo de estado es una táctica ejercida desde el poder gobernante, con la que se pisotean los derechos civiles y políticos, la autodeterminación soberana y los derechos económicos y sociales y culturales de los pueblos. Con ello s busca que el Estado asegure la hegemonía del poder político capitalista.

Por medio del terrorismo de estado el imperialismo busca que los pueblos victimas de esta maquinación criminal, cesen en el empeño de ejercer soberanía territorial y autonomía política y pretende que sus gentes abandonen toda iniciativa social y política contraria al sistema capitalista.

Tales Decretos y Leyes buscan institucionalizar los actos de violencia individual y colectiva que el Estado ha ejercido sistemáticamente con su política de terror contra el pueblo, para infundir un miedo generalizado y conseguir fines como la permanencia de Uribe Velez en la Presidencia. Es decir, continuar con las políticas autoritarias del poder representado en el Estado, matriz originaria del terrorismo.

En Colombia el sistema imperante ha venido aplicando la guerra sucia y el terrorismo de Estado, estas practicas no solo han dejado una dolorosa y sangrienta estela de desarraigo, desplazados, muertos, desaparecidos y mutilados, sino también han atrasado el desarrollo y destrozado el tejido social.

La guerra sucia y el terrorismo de Estado no han sido derrotados y permanecen como un fenómeno casi natural en la consolidación del Estado Colombiano. La ayuda militar y política que los EEUU, prestan al régimen Colombiano lo ha perpetuado en el poder. Los atentados criminales contra dirigentes populares y defensores de los derechos humanos, la conculcacion de derechos económicos y sociales, civiles y políticos y de conciencia; la impunidad, las amenazas, la propagación de noticias que falsean la realidad y en ultima instancia el desconocimiento de la naturaleza política del conflicto social y armado, son expresiones directas del terrorismo de Estado y la guerra sucia.

Los Decretos y Leyes que legitiman e institucionalizan el terrorismo de Estado y la guerra sucia han sido tácticas y estrategias predilectas, mientras el sofisma de distracción ha sido invariablemente el mismo: “defender la democracia, la libertad, la propiedad privada y las instituciones”

A raíz de esta Ley se ha fortalecido y viene creciendo en todo el territorio nacional el poderío del aparato paramilitar; sin haber entregado nada sustancial en contraprestación y sin que hayan encarado sus responsabilidades judiciales[2] los jefes paramilitares ya se presentan como candidatos a los cuerpos colegiados o al poder local, en listas que en su mayoría pertenecen a las diversas corrientes del Uribismo. La connivencia entre agentes estatales y paramilitares se mantiene intacta, y además, se fortalece con la inclusión de desmovilizados en las filas de la Fuerza Publica y en los distintos componentes de la política de “seguridad Democrática”.

También es muy importante que los defensores de derechos humanos denunciemos con mucha fuerza el papel que ha venido jugando en este proceso la Unión Europea, pues con su ayuda consolida el paramilitarismo, así lo ha denunciado la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO) la coordinadora de de Organizaciones No Gubernamentales y Sociales de Derechos Humanos Colombia –Europa(CCEEU), que rechazaron el aporte que se propone la Unión Europea al proceso del gobierno de Uribe Velez con los paramilitares[3]; esta apoyo de “desmovilización de los paramilitares” involuntariamente contribuye a la consolidación del control paramilitar sobre las poblaciones victimizadas, dicho apoyo político como financiero, al proceso de “desmovilización” que actualmente se lleva a cabo.

El marco de dicha ley contribuye al ya alarmante índice de impunidad por crímenes contra la humanidad y no se encuentra conforme con los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación.

También el reciente informe de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), critica el proceso de desmovilización llevado a cabo hasta la fecha, sosteniendo que el mismo no cumple con los anteriores estandadares. De otra parte la (CIDH) ha indicado que la desmovilización no ha estado acompañada de medidas integrales para aliviar a las victimas de la violencia y esclarecer numerosos hechos delictivos que permanecen en la impunidad , los mecanismos de desmovilización de grupos armados no han logrado el impacto necesario para romper el circulo de la violencia.

El gobierno también pretende crear nuevas “catedrales” que recuerdan los tiempos del capo Pablo Escobar, para su sometimiento a la Justicia durante el gobierno de Cesar Gaviria; es decir que los paramilitares van a tener su propio centro de reclusión para purgar unos pocos meses de cárcel por los delitos de Lesa Humanidad que cometieron, porque al fin y al cabo Salvatore Mancuso, capo máximo de las AUC, goza ya de plena Libertad y esta bajo protección especial del Señor Jorge Noguera, director del DAS.

Lo cierto es que la Ley de Justicia y Paz promovida por el Gobierno propicia la impunidad con los parar, el Gobierno no quiere castigo para los crímenes del paramilitarismo, pues ello implicaría su propio castigo, que mas temprano que tarde la justicia internacional lo hará, como recientemente sucedió con la masacre de Mapiripan y que no permite ni indultos ni amnistías para estos personajes; el gobierno quiere y promueve una “Justicia Restaurativa” que coloca como víctimas a los víctimarios. El Gobierno Nacional no tiene ningún interés de que al final haya verdad y reparación por los crímenes de Lesa Humanidad y narcotráfico cometido por los paramilitares. Con ello se han hecho componendas por debajo de la mesa, a espaldas del país y del mundo.


¿ Qué mas se puede esperar de un proceso con narcotraficantes ,varios de ellos solicitados en extradición por Estados Unidos, que han contado con el aliento y la protección del Estado Dominante y del Establecimiento Burgués?. Al fin y al cabo ha sido el instrumento para la guerra sucia y la contrarrevolución preventiva.

El paramilitarismo en Colombia, distinta a la versión oligárquica que aparecieron como reacción a supuestos desafueros de la guerrilla, fue la creación, bajo el ala protectora del Estado, de Latifundistas, Ganaderos, algunos empresarios, Caciques, Políticos locales del tradicionalismo bipartidista y narcotraficantes, para exterminar a la izquierda, a los sindicalistas, activistas populares y a los opositores del régimen de la democracia Restringida.

El mismo Presidente Álvaro Uribe Vélez, ha dicho a la comunidad internacional, que para alcanzar un acuerdo con los paramilitares “…debe haber tanta justicia como sea posible y tanta impunidad como sea necesaria”. En otras palabras que para sacar adelante el proceso con los paramilitares, el gobierno propiciará la impunidad necesaria; el perdón a los paras significa no ir a la cárcel contar la verdad y repararle a las victimas algo del dolor que se les produjo, en síntesis, los paramilitares terminarán pagando una pena máxima de cinco años, que podría ser rebajada e incluso ignorada si confiesan algo de verdad y conceden a sus victimas algo de reparación Para nosotros, los abogados defensores de derechos humanos, es claro que nunca va haber paz, sin justicia, ni justicia sin paz, como bien lo expresará el líder sudafricano Nelson Mándela.

De igual forma, debemos tener claro que el embrollo del proceso paramilitar desde su inicio no ha tenido una clara transparencia por parte del gobierno nacional. Las contradicciones al interior del poder, demuestran el trasfondo oscuro de Realito. El terrosismo de Estado es una clara muestra de que el Gobierno en la negociación con los paramilitares ve a su hijo natural como tal y mal podrían desconocerlo. El paramilitarismo no es algo nuevo, ni es solo un fenómeno colombiano, con la agudización de las confrontaciones sociales y políticas surgieron de parte de los núcleos gobernantes medios violentos como las bandas de sicarios para tratar de derrotar la lucha popular y cegar las aspiraciones de cambio de los trabajadores. Históricamente aparecieron mucho antes de las primeras agrupaciones guerrilleras. El sistema político colombiano tiene una actitud de protección y cooperación con estas formaciones particulares, unas veces reconociéndoles su existencia legal, de apoyo a la fuerza pública. Como cuando se forjo la Red “Las Convivir”. Otras veces estimulándolas y financiándolas por la vía de empresarios y dirigentes políticos.

En esas condiciones, el paramilitarismo emerge como una fuerza político militar, como un ejército paralelo, integrantes del frente de la ultra derecha, que influye, por la vía de la amenaza y la coacción, sobre sectores de la sociedad tradicional, no solo exponentes del gamonalismo bipartidista, sino representante en el parlamento y en los órganos del poder nacionales y locales.

El fenómeno paramilitar corresponde a la política contra insurgente del sistema de poder, además de tener un papel de fuerza auxiliar de contención por la vía de la violencia, de la lucha popular y democrática. Por ello, la maniobra de una “Negociación” del gobierno con los paramilitares, tiene un contenido de falsedad dirigido a dar la sensación de un desmonte general de sus estructuras armadas.

No puede quedar ninguna duda para los abogados defensores de derechos humanos que la cúpula del poder es cómplice de la impunidad, pues asimilar el paramilitarismo a una acción sediciosa contradice la justificación que tanto el gobierno, como los paramilitares ha sostenido: que su acción es en defensa del régimen político existente, se les hace aparecer, como opositores políticos, cuando no lo son, en contravía de practica del terrorismo de estado, con amparo oficial .

En estas condiciones, la aprobación, aplicación, y futuro desarrollo de la Ley de “Justicia y Paz” es un burdo reto para los defensores de derechos humanos. Muestra la ordinariez y la bajeza de la ultraderecha en el gobierno. Expresa el desprecio por las víctimas, los perseguidos, los desplazados, alimenta el espíritu militarista, represivo de amenazas y provocación que circula en torno la reelección para mantener a Uribe en el poder .


El articulado de la Ley de Justicia Paz , tiene un contenido polémico ya que permite (Art. 10,11 y 64) dar la posibilidad a los narcotraficantes de poder acceder a los beneficios que concederá la Ley a los reinsertados “paras”. En el inciso 10.5 del Art. 10, se establece “… que el grupo no se haya organizado para el trafico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”.

En el Articulo 11, inciso 11.5 se afirma: “Que actividad o la del grupo al que pertenezca no haya tenido como finalidad el trafico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. El párrafos siguientes se asegura “… que solamente podrán acceder a posbeneficios previstos en esta ley, la s personas cuyos nombre e identidades presente ante el gobierno nacional, ante la fiscalia general de la nación. Es precisamente en esta parte, donde se podrían colar los nombres de narcotraficantes, que se han servido de los grupos paramilites para sus fines y resulten beneficiados en lo establecido en esta Ley.

La Federación Internacional de Derechos Humanos en comunicado alusivo al proceso adelantado en santa fe de Realito y difundido al mundo “expresa su indignación frente a la voluntad de amnistiar a los autores de masacres, desapasiones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros crímenes internacionales[4].

Podríamos ir concluyendo que la Ley de Justicia y paz es un mecanismo de impunidad de derecho dentro de los diferentes mecanismos diseñados e implementados por los responsables de los crimines de lesa humanidad, con el fin de evitar ser sometidos a juicio y por ende, colocarse fuera de la orbita de la justicia que dicen representar o defender. [5]

En segundo término, las penas alternativas previstas en la Ley de Justicia y Paz, también van a ser una burla frente a la comunidad internacional. En estas condiciones las victimas de la violencia oficial y paramilitar, sólo logran hacer efectivas sus exigencias de justicia y reparación, por la vía de acciones organizadas o el recurso a la justicia internacional.

En tercer término, sus mecanismos y disposiciones eluden intencionalmente, el esclarecimiento y la sanción de la responsabilidad estatal en el patrocinio y desarrollo de la estrategia paramilitar, así como posibilitan a los autores materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos, seguir encubriendo sus identidades, sus motivaciones estructurales, y los beneficios que han obtenido por medio de métodos de criminalidad sistemática.
En cuarto término, la ley impide a las victimas ser sujetos procesales que actúen con garantías ante los estrados judiciales, y que participen ampliamente en la toma de decisiones, sobre los procedimientos que conciernen sus derechos fundamentales.

En quinto lugar, el Estado es responsable de ejercer una política de terrorismo de estado, ya que este se encuentra seriamente comprometido, con la responsabilidad histórica de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio político y crímenes de guerra, cometidos por servidores públicos en connivienca e grupos paraestatales y mercenarios.




ULDARICO FLOREZ PEÑA
BOGOTA, D.C., OCTUBRE DE 2005


[1] Poder Capitalista y Violencia Politica en Colombia. Matta Aldana Luis Alberto. Ediciones y Soluciones Graficas. Nov. 2002.
[2] Declaración publica Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, 3 de octubre de 2005.
[3] Semanario VOZ, edición 2277 semana del 19 al 25 de enero de 2005, pagina 14
[4] Comunicado de la FIDH al Mundo.
[5] Mecanismos Para Garantizar la Impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, Anexo I, Pag. V. Colombia Nunca Mas Tomo II. Edición Año 2000

¿QUÉ SON LAS DETENCIONES MASIVAS?


A raíz de esta situación un grupo de ONG y de abogados defensores de DD.HH. , nos hemos venido reuniendo a fin de estudiar el tema y trazar unas estrategias para elaborar un plan tanto nacional e internacional de acciones jurídicas y de resistencia frente al continuo desconocimiento de los DD-HH., por parte del régimen de Uribe Velez y su continua y reiterada violación.

En ese sentido, estamos recogiendo opiniones al respecto para tal fin, podríamos empezar diciendo que estas detenciones masivas son una violación a la libertad personal, ya que normalmente estas capturas masivas violan las garantías constitucionales y legales, los tratados y convenios internacionales como la Carta Internacional de Derechos humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes entre otros.

De lo anterior podemos concluir que los servidores públicos que vienen actuando en estas detenciones masivas están abusando de sus funciones, al privar de la libertad masivamente a ciudadanos bajo el pretexto de que son auxiliadores de la insurgencia.

Son detenciones masivas o mejor pescas milagrosas oficiales que sin el cumplimiento de los requisitos legales son privadas de la libertad, también podrimos decir que estas detenciones masivas no encajan en lo que jurídicamente se enmarca como flagrancia que establece el artículo 345 del C.P.P. y también estas detenciones masivas violan otros artículos del mencionado Código como el 346, 347, y especialmente el 349 entre otros.

Pero, ¿cual es el trasfondo de toda esta situación? Lo cierto es que esta es una política de Estado y especialmente de lo que se conoce como seguridad democrática, es una seguridad que va enfilada contra los DD.HH. Ya que dicha estrategia ha demostrado ser totalmente inadecuada a la hora de hacer frente a las graves crisis humanitarias y de DD.HH que afectan a Colombia. En lugar de hacer frente a la crisis, esta estrategia sólo sirve para agravar aún más una tragedia humanitaria ya de por sí espantosa[1].

Estas detenciones masivas lo que están es legitimando ataques contra la población civil, bajo el pretexto de que son calificados como colaboradores de la guerrilla por las fuerzas de seguridad y sus aliados, los silencie, ya que con ella se persigue a sectores populares que desarrollan alternativas socio económicas, los campesinos que viven en zona de conflicto, funcionarios públicos y de elección popular en las mismas zonas a quienes se les endilgan delitos contra la administración publica y desde luego a los abogados y defensores de DD.HH. El objetivo de estas detenciones masivas es estigmatizar y criminalizar a la población civil, en lugar de combatir a los grupos armados ilegales.

La estrategia de seguridad democrática tiene una política clara al establecer que los grupos armados ilegales están mimetizados dentro de la población civil, esta afirmación borra claramente la distinción entre combatientes y no combatientes y amenaza con arrastrar a la población civil aún más al conflicto al presuponer que esta actúa como cómplice o agente de los actores armados.

Desde que se posesiono este régimen son numerosas las detenciones masivas, muchas de ellas llevadas a cabo sin orden judicial, algunos de los detenidos han permanecido recluidos sin cargos durante periodos prolongados y, en ocasiones los detenidos han permanecido en condiciones que podrían constituir trato inhumano y degradante otros han sufrido malos tratos.

Estas capturas masivas han sido realizadas basándose en el testimonio proporcionado por informantes pagados, situación esta que se marca en la red de un millón de informantes, los soldados campesinos que son componentes de la política de seguridad democrática las cuales están en contra vía de lo que es un Estado Social de Derecho. Además, estos componentes otorgan a las fuerzas de seguridad un poder excesivo para llevar a cabo investigaciones judiciales contra civiles, lo que también conlleva en allanamientos masivos y la persecución sistemática a las ONG.

Es una estrategia claramente diseñada para imponer el control paramilitar en zonas de conflicto o de influencia de la insurgencia. Estos ataques a la población civil han venido precedidos en muchos casos de acusaciones en las que las fuerzas de seguridad califican a las víctimas de colaboradores de la guerrilla. Grandes territorios donde se desarrolla experiencias populares o donde no hay presencia del Estado vienen siendo vigilados por los servicios secretos del ejercito y los entes de seguridad el Estado, elaboran archivos sobre estas personas, que son facilitadas a los grupos paramilitares y que luego aparecen ajusticiadas.

En conclusión nos parece muy importante que este trabajo que se ha iniciado establezca una estrategia clara y precisa frente a semejantes arbitrariedades que violan los Derechos Humanos, por eso es muy necesario que esa estrategia no solamente apunte a la denuncia nacional e internacional, sino a la prevención y protección de la población civil y de sus organizaciones sociales y populares y ello conlleva a desarrollar una resistencia popular que sea capaz de derrotar estas arbitrariedades por eso es que es urgente implementar las tareas que hemos acordado inicialmente en las dos reuniones que hemos efectuado.

Bogotá, D.C. 29 de octubre de 2003.


ULDARICO FLOREZ PEÑA
Abogado Defensor de DD.HH


[1] Amnistía Internacional. Diciembre de 2002