miércoles, 27 de mayo de 2009

EL GOBIERNO INTENTA UNA VEZ MÁS RESTRINGIR ELDERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD


Presentó proyecto de reforma constitucional al Congreso

César A. Luque F.
22/07/09

Por medio de la ley 30 de 1986 se llevó al ordenamiento jurídico colombiano la prohibición y sanción penal a la fabricación, tráfico, porte, comercialización y en general cualquier actividad que tuviera que ver con las drogas estupefacientes, entiéndase, marihuana, cocaína, heroína, etc., dentro del marco de anterior Constitución, centralista, conservadora, clerical, presidencialista de 1886, que contenía una escasa gama de derechos civiles, visión que se mantuvo hasta 1991 cuando fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente para que nos diera una nueva Carta Política, en la que se estableció en su artículo 16, como derecho fundamental, el desarrollo de la libre personalidad, el que tendría un importante desenvolvimiento en los años posteriores.

Con la existencia del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ante la Corte Constitucional un ciudadano presentó demanda de inexequibilidad contra la ley 30, la que fue resuelta con base en este derecho declarando inconstitucional la penalización del porte de la dosis personal de droga estupefaciente, de marihuana hasta 20 gramos y de un gramo de cocaína, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, bajo el entendido de que ese derecho fundamental encarna la posibilidad de que cualquier persona decida su conducta por sí misma, sin ingerencia de los de los demás, ni siquiera del Estado, siempre y cuando su conducta no afecte a los demás.

Ese derecho es el reconocimiento de la autonomía personal, partiendo de que todas las personas son dignas y por tanto tienen la posibilidad de elegir el rumbo de su vida, no pudiendo el Estado inmiscuirse en su conducta mientras no entre en conflicto con la de otros, por sólo interesar a una persona. Decidir por ella seria arrebatarle su condición ética, reduciéndola a una cosa. Sin importar que no nos guste la conducta de una persona debemos respetar sus decisiones, respeto que se extiende al Estado.

En el caso del consumo de estupefacientes, quien consume su dosis personal, se afecta es a él, en su salud, su entorno social y familiar o aún en el plano económico. En esa decisión el Estado no debe inmiscuirse, al que apenas le está permitido adelantar, como es su obligación, políticas públicas educativas que evite que las personas caigan en el consumo de drogas. Ese derecho por ejemplo, le impide al que consuma estupefacientes inducir a otras personas a consumir, cuando estas sean menores de edad, lo que está penalizado con prisión, con lo cual el Estado a través de quienes lo representan, Policía y autoridades judiciales puede y debe intervenir, lo que en la realidad no hace.

En la sentencia C – 221 de 1994 la Corte Constitucional con ponencia del maestro Gaviria, dijo al respecto:

“Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Si la persona resuelve, por ejemplo, dedicar su vida a la gratificación hedonista, no injerir en esa decisión mientras esa forma de vida, en concreto, no en abstracto, no se traduzca en daño para otro. Podemos no compartir ese ideal de vida, puede no compartirlo el gobernante, pero eso no lo hace ilegítimo. Son las consecuencias que se siguen de asumir la libertad como principio rector dentro de una sociedad que, por ese camino, se propone alcanzar la justicia.

Reconocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad, pero fijándole como límites el capricho del legislador, es un truco ilusorio para negar lo que se afirma. Equivale a esto: "Usted es libre para elegir, pero sólo para elegir lo bueno y qué es lo bueno, se lo dice el Estado".

Y no se diga que todo lo que el legislador hace lo hace en función del interés común, porque, al revés, el interés común resulta de observar rigurosamente las pautas básicas que se han establecido para la prosecución de una sociedad justa. En otros términos: que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras, es parte vital del interés común en una sociedad personalista, como la que ha pretendido configurar la Carta Política que hoy nos rige.

Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales.
(…)
Cabe entonces preguntar: ¿qué puede hacer el Estado, si encuentra indeseable el consumo de narcóticos y estupefacientes y juzga deseable evitarlo, sin vulnerar la libertad de las personas? Cree la Corte que la única vía adecuada y compatible con los principios que el propio Estado se ha comprometido a respetar y a promover, consiste en brindar al conglomerado que constituye su pueblo, las posibilidades de educarse. ¿Conduce dicha vía a la finalidad indicada?. No necesariamente, ni es de eso de lo que se trata en primer término. Se trata de que cada persona elija su forma de vida responsablemente, y para lograr ese objetivo, es preciso remover el obstáculo mayor y definitivo: la ignorancia. Sin compartir completamente la doctrina socrática de que el único mal que aqueja a los hombres es la ignorancia, porque cuando conocemos la verdad conocemos el bien y cuando conocemos el bien no podemos menos que seguirlo, sí es preciso admitir que el conocimiento es un presupuesto esencial de la elección libre y si la elección, cualquiera que ella sea, tiene esa connotación, no hay alternativa distinta a respetarla, siempre que satisfaga las condiciones que a través de esta sentencia varias veces se han indicado, a saber: que no resulte atentatoria de la órbita de la libertad de los demás y que, por ende, si se juzga dañina, sólo afecte a quien libremente la toma.

Poco sirven las prédicas hueras contra el vicio. Tratándose de seres pensantes (y la educación ayuda a serlo) lo único digno y eficaz consiste en mostrar de modo honesto y riguroso la conexión causal existente entre los distintos modos de vida y sus inevitables consecuencias, sin manipular las conciencias. Porque del mismo modo que hay quienes se proclaman personeros de una cosmovisión, pero la contradicen en la práctica por ignorar las implicaciones que hay en ella, hay quienes optan por una forma de vida, ciegos a sus efectos.
(…)
Si, en una hipótesis meramente teórica -que la Corte no propicia ni juzga deseable- una sociedad de hombres educados y libres resuelve vivir narcotizada, nada ético hay que oponer a esa decisión. Pero si dichos supuestos se dan, es altamente probable que tal cosa no ocurra. La educación tiene por destinatario, idéntico sujeto que el derecho: el hombre libre. Los shocks eléctricos, los cortes quirúrgicos y los tratamientos químicos no educan, inducen conductas irresistibles y, en esa medida, niegan brutalmente la condición moral del hombre, que es lo único que nos distingue de los animales.

No puede, pues, un Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, escamotear su obligación irrenunciable de educar, y sustituir a ella la represión como forma de controlar el consumo de sustancias que se juzgan nocivas para la persona individualmente considerada y, eventualmente, para la comunidad a la que necesariamente se halla integrada.”

Este derecho quizá sea el que más le cuesta respetar a los gobiernos autoritarios y totalitarios, como el nuestro, el que ha presentado ante el Congreso un proyecto de reforma del artículo 16 de la Constitución Política, evadiendo con un discurso confuso que el problema del consumo de drogas psicotrópicas, es un problema de falta de educación, pero sobre todo de salud pública, siendo que el consumidor no es un delincuente, sino un enfermo.

Contrariando las tendencias mundiales que sostienen que se debe empezar a pensar seriamente en la legalización del tráfico de sustancias psicotrópicas, Uribe Vélez piensa lo contrario, desconociendo lo evidente, que la guerra contra las drogas es un fracaso. No es sino ver el ejemplo del whisky, que prohibido sostenía una gran mafia, pero legalizado hoy significa status para quienes lo consumen, siendo su consumo fuente de impuestos, con los que paradójicamente se financia la educación nacional. En Colombia para que los niños y jóvenes se eduquen se requiere que los mayores se dediquen al vicio en sus diferentes formas, trago, cerveza, cigarrillo, juegos en los casinos, loterías, chance, etc.

Ahora el Congreso tiene la palabra. Si aprueba la retardataria reforma presentada por el gobierno (8 debates), abrirá las puertas para que nos restrinjan a todos nuestros derechos, hoy el consumo de drogas, mañana, consumir papas fritas, vestirse de una forma que al gobernante le guste, a que nos peinemos como al gobernante le guste, a utilizar una prenda que el gobernante use, a leer lo que les guste a los dueños del poder, etc. Así de grave es el atentado que contra el libre desarrollo de la personalidad se da por el gobierno de Uribe Vélez, atentado contra la libertad de todos, incluso los que no consumimos drogas estupefacientes. El 26 de marzo se realiza una marcha a favor de la libertad de todo tipo, allí deberíamos estar todos.

Nota 1: No olvidemos apagar nuestros aparatos electrodomésticos y luces el próximo sábado 28 de marzo entre las 8:30 y 9:30 p.m. en una jornada de concienciación sobre el problema del calentamiento global.

Nota 2: La falta de agua potable mata un niño en el mundo cada 20 segundos, mientras millones de afortunados la desperdician a diario.

IMPUNIDAD TOTAL


El informe de la Unión Europea dice que el 97% de los delitos cometidos en Colombia quedan en la absoluta impunidad.

CÉSAR A. LUQUE F.
08/04/09

Acaba de aparecer un informe de la Unión Europea sobre el estado de la justicia penal colombiana, documento en el que se evidencia que la impunidad hoy asciende al 97%, nivel que antes de entrar en vigencia el sistema penal, mal llamado, acusatorio, era uno igual de vergonzoso, pero inferior, del 95%, lo que demuestra el fracaso total del sistema penal colombiano, sin que aquellos que la dirigen siquiera se sonrojen, como el fiscal de “bolsillo” del Ejecutivo, Mario Iguarán Arana que termina este año su periodo, abriéndose la posibilidad de que sea elegido uno peor a él; el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, hermano del detenido Director de Fiscalías de Medellín por sus nexos con la banda paramilitar-narcotraficante de “Don Mario”, Guillermo León Valencia Cossio y el Consejo Superior de la Judicatura, lleno de magistrados de escasa altura jurídica, pero de altas calidades de manzanillos y politiqueros, tipo Ovidio Claros, Alfredo Escobar, Angelino Lizcano, etc.

El 1º de enero de 2005 entró en vigencia un sistema penal denominado por sus promotores, acusatorio, modelo impuesto por el gobierno de los EE.UU. para permitir que el país se pudiera sentar a la “mesa de negociación” del TLC, ya aprobado por el Congreso colombiano, pendiente para entrar en vigencia para acabar la economía nacional de la aprobación del Congreso del país del norte. Ese modelo de justicia que se adoptó, que se caracteriza por adelantar los procesos en forma oral, ante jueces vestidos de toga, donde la defensa debe costearse los elementos probatorios para salir adelante, y que la Fiscalía debe presentar ante un Juez las pruebas en busca de condenas, sin contar con verdaderos fiscales investigadores, ni investigadores, modelo complementado por la presencia de la Defensoría del Pueblo, que a través de la Defensoría Pública, hoy un foco de clientelismo político, debe suministrar defensor a quienes no tienen como pagar uno, hoy es un fiasco.

La promesa al reformar la Constitución Política para que se pudiera implementar este modelo penal fue la eliminación de la impunidad, pero los resultados contradicen lo que sostenía el entonces Fiscal General, Luis Camilo Osorio Isaza, padrino de bautismo del entonces presidente, Andrés Pastrana Arango, junto al otro padrino del mandatario, el Ministro de Justicia y el Derecho, Romulo González. El fiscal Iguarán después de haber sido viceministro del Interior y Justicia de Fernando Londoño Hoyos le correspondió ponerlo en práctica, tarea que fue incapaz de cumplir. Hoy el sistema únicamente sirve para llevar a la cárcel a ladrones detenidos en flagrancia (cometiendo el delito), quienes además no poseen por lo general con que costearse un defensor, quedando su defensa en manos de un defensor público, que en la mayoría de las veces le aconsejan acogerse a cargos, antes sentencia anticipada, donde no existe mayor actividad judicial, mientras que aquellos delitos que deben ser investigados por la Policía Judicial de mentiras que tenemos, quedan en la absoluta impunidad, ya que sin investigadores ni fiscales preparados, escasas veces pueden llevar al autor o participe de un delito ante un Juez para ser procesado y cuando lo hacen, sin el manejo adecuado de las pruebas, los jueces se ven en la imperiosa necesidad de desechar las acusaciones.

Una de las causas de que muchos fiscales no puedan sostener una acusación ante un Juez es su incapacidad profesional, la que quedó evidenciada en los resultados del concurso que se adelantó para proveer más de 18.000 cargos en la Fiscalía, ya que ese número de funcionarios estaban en interinidad, donde más del 70% de los fiscales perdió el examen de conocimientos, garantizando su salida de la institución, camino que fue evitado por una modificación que hizo el Congreso el año pasado a la Constitución Política por Acto Legislativo (reforma a la constitución), que por obra y gracia de esa norma, incorporó a la carrera judicial a esos fiscales faltos de conocimiento jurídico, lo que garantiza la mediocridad de esa institución, con el aplauso de los altos dignatarios de la justicia y el gobierno nacional.

En definitiva el 3% donde no hay impunidad se da en aquellos delitos en que sus autores son detenidos en flagrancia, que en su inmensa mayoría recae en personas de escasos recursos económicos. En los demás procesos campea la impunidad, impunidad en donde no entran los casos de los congresistas detenidos y condenados, donde el actor principal, por tener fuero, ha sido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya que si hubiera sido por la Fiscalía General no habría ninguno en la cárcel. No es sino ver el caso de Mario Uribe, el primo del presidente.

Los resultados del estudio aparecidos el pasado domingo en El Tiempo, son los siguientes, entre el 1º de enero de 2005 y mayo de 2008:

Casos conocidos por el sistema judicial

1´408.101
Casos sin trámite
612.671
Casos en trámite
252.261
Casos terminados por las partes

267.170
Casos terminados anticipadamente

231.605
Sentencias condenatorias
51.059
Sentencias absolutorias
1.291
Casos traslados por competencia

7.740

Nota destacada: Que el Alcalde de Bogotá haya prohibido que en los hospitales distritales se contraten Cooperativas de Trabajo Asociado, forma de esclavitud moderna.

Nota critica: La ciudadanía bogotana debería movilizarse contra la decisión del Alcalde de vender o privatizar, bajo el camuflaje de la búsqueda de un “socio estratégico” a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), patrimonio de los bogotanos, contrariando su promesa electoral de no venderla.

PARA NO OLVIDAR





































































































































































































































































































































































































































































































DE LOS PESOS Y LOS CONTRA PESOS


Teoría de Montesquieu, hoy desconocida en el manejo del Estado colombiano

César A. Luque F.
16/04/09

En el mundo medieval europeo los gobernantes, reyes y monarcas ejercían el poder bajo la teoría de las dos espadas que fue planteada por San Agustín. Ella significaba que el monarca gobernaba teniendo dos espadas, una en cada mano. Una representaba el poder divino y otra el poder terrenal, adquiriendo así una condición casi divina, que le permitía hacer y deshacer, sin control alguno, ese era el modelo absolutista de gobierno que se mantuvo hasta la Revolución Francesa (1789), la que sirvió para erradicarlo, imponiendo un sistema de división del poder, que implicaba unos pesos y contrapesos que impiden el ejercicio absoluto del poder, el que siendo absoluto se corrompe absolutamente.

El primero en hablar de esa división del poder del Estado en tres poderes fue Aristóteles en la Grecia antigua, en su obra La Política, pensamiento que fue olvidado por mucho tiempo, siendo rescatado en el siglo XVIII, el de la Ilustración, por Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689 – 1755), uno de los pensadores de la revolución, en su obra El espíritu de las leyes publicada en 1748, quien desarrolló dicha teoría de forma más amplia, en los siguiente términos:

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el judicial de los que dependen del derecho civil.”
(…)
“Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.”
(…)
“Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares”.

La separación del poder del Estado en Legislativo, representado por el Congreso, donde se hacen las leyes y puede reformar la constitución, el Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República para ejecutar las políticas públicas, darle dirección al Estado y el Judicial, que poseen las altas Cortes, especialmente la Corte Constitucional y la Corte Suprema para hacer cumplir las leyes vigentes, fue consagrada en nuestro medio en la Constitución Política de Colombia de 1991, aunque la primera que la contuvo fue la Constitución de la República de Cundinamarca de 1811, redactada por Antonio Nariño, estableciendo que cada rama del poder público además de cumplir sus funciones, propias de cada una, están para controlar a las otras.

El legislativo tiene la potestad de hacer control político a través de los debates al Ejecutivo, además de poder investigar a sus altos dignatarios por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la que desgraciadamente nunca ha funcionado, mientras que el Judicial puede a su vez procesar a los congresistas por conductas indebidas, como en el tema de la parapolítica, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los ha enviado a la cárcel y el Consejo de Estado les puede seguir procesos de perdida de investidura, que de prosperar significan la muerte política del afectado. Esa separación implica que ninguna rama del poder público debe inmiscuirse en las decisiones de otra, pero menos en la elección de sus dignatarios, ya que eso tiende a concentrar el poder, cosa que en Colombia se viene perdiendo.

Ese mediano equilibrio consagrado en la Constitución se rompió cuando fue aprobada la reelección presidencial en el 2004, que se dio en el 2006, cuando el Presidente poniendo todo el poder del Estado a su favor logró su segunda elección y hoy pretende la tercera, donde más que nunca podrá a su servicio todo el establecimiento colombiano.

El actual Presidente logró las mayorías en el Congreso, no por sus propuestas políticas, que es válido en cualquier democracia, sino por la negociación burocrática entre congresistas y el Ejecutivo, tipo entrega a familiares de embajadas, consulados, ministerios, etc. No es sino ver el caso del senador Antonio Guerra de la Espriella a quien se le dio el Ministerio de Comunicaciones representado por su hermana la ministra, María del Rosario Guerra de la Espriella, para poner un solo ejemplo. Igualmente presentó una terna para Fiscal General, de la que salió elegido su ex viceministro de justicia, Mario Germán Iguarán Arana, el que ha demostrado para quien trabaja, mientras a los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio por la “yidispolítica” se niega a resolverles su situación, al Personero de Bogotá en apenas unos días ha anunciado lo llevara a responder ante un juez de garantías. Que poca imparcialidad en el manejo político de los casos.

El Presidente hoy maneja los órganos independientes del Estado, la Comisión Nacional de Televisión a la que le ordenó bajar el precio por la concesión de los canales RCN y Caracol televisión, precisamente los que usa para su propaganda diaria. Unas por otras. Maneja la Junta Directiva del Banco de la República lo que el permite darle dirección a la política económica, cuando está debía ser dirigida por el emisor, economía que no estaba blindada, como lo pregonaba a diario el Ministro de Hacienda.

Tiene un Procurador General de la Nación de “bolsillo”, o como ahora le dicen, Absolverdor General, que absolvió a los ministros de la yidispolítica, concluyendo que en el cohecho, solamente es culpable quien recibe, no el que da, violando todas la teorías jurídicas sobre responsabilidad penal y disciplinaria, quien ni siquiera se ruboriza pidiendo condena para otro de los que recibió dadivas del gobierno, Teodolindo Avendaño. ¡Que coherencia!.

El Contralor General de la República también es de las entrañas del gobierno, es el hijo del ex presidente Julio César Turbay Ayala, uno de los mentores del presidente, quien además cuenta con programas como Familias en Acción, con el que en lugar de impulsar el desarrollo de empleo, en general de riqueza, lo usa para convertir en limosneros al mayor número de colombianos, para que dependan de él, y tengan que apoyarlo electoralmente. En ese programa a unas dos millones de familias se les “regala” mensualmente $50.000 por hijo menor de siete años, $15.000 si está en primaria y $30.000 si está en el bachillerato, aseguran así nada más unos cuatro millones de votos, ya que esas personas no tienen claro que ese dinero proviene del Estado, de nuestros impuestos, sino que piensan se lo da el presidente Uribe. Así que garantías podrán tener los demás candidatos a la presidencia. Ninguno.

Hoy se hace imperioso reformar la Constitución para restablecer los pesos y contrapesos, pero eso, solamente se podrá hacer cuando las mayorías en el Congreso sean de partidos políticos contrarios al modelo uribista de gobierno. Sin el cambio de la actual relación de fuerzas políticas al interior del Legislativo, nada se podrá hacer y los derechos de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, de los homosexuales, de los indígenas, de los estudiantes, de los afrodescendientes, etc. seguirán siendo limitados. Los colombianos tienen la palabra en marzo de 2010 en las elecciones al Congreso, después de vencer el referendo con el que se busca aprobar la nueva reelección presidencial, no votándolo, como lo hicimos en el del 2003. Debemos votar masivamente en las elecciones para integrar el Congreso por candidatos progresistas que representen nuestros intereses y no los de las multinacionales, los terratenientes, los grandes comerciantes, los industriales, los grupos paramilitares o guerrilleros y en general aquellos que desconocen y no les importan los derechos del pueblo colombiano, ese al que pertenece usted y yo.

COMPAÑEROS

Los invito a consultar la página web www.magangueonline.com donde continuamente se publican mis artículos. Esta página pertenece a un grupo de personas de ese municipio interesadas en difundir información sobre su municipio, Magangue (Bolívar) y en general del país.

Ese tipo de experimentos son importantes y se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país. Estos medios locales se vienen convirtiendo en alternativas para enfrentar a los grandes medios de comunicación influenciados por lo general por intereses de sus propietarios, los que pagan la publicidad en ellos, el gobierno de turno, etc.

El que no anuncia, no es leído, así que consulten ya la página.


EXITOS

CÉSAR A. LUQUE F.

UNA NUEVA HANDEL, VERSIÓN FAMILIA URIBE MORENO

El escándalo de la Handel en 1945 le costó la presidencia a López Pumarejo

César A. Luque F.
23/04/09

Entre 1934 y 1938 el liberal Alfonso López Pumarejo hizo un gobierno bastante progresista bajo la consigna de “revolución en marcha”, siendo reelegido para el periodo 1942 – 1946, viéndose obligado a renunciar por el escándalo de la Handel en 1945, escándalo que consistió en que dándose en Europa la II Guerra Mundial, se había ordenado a nivel mundial embargar las sociedades de origen alemán, como una forma de asfixiar al Eje Berlín – Roma – Tokio, sin que Colombia fuera la excepción. Aquí se había ordenado por el gobierno del liberal, Eduardo Santos (1938 – 1942) el embargo de la empresa Bavaria de origen alemán, fundada por Leopoldo Kop a finales siglo XIX.

Embargada la empresa Bavaria de propiedad de la firma alemana Handel, en el gobierno de López Pumarejo por un decreto, abiertamente contrario al espíritu del mundo de combatir a Alemania, desembargó la firma, lo que le permitió a su hijo Alfonso López Michelsen por entonces apoderado de la Handel tramitar su venta, con lo que el hijo presidencial se embolsillo una gruesa suma de dinero. Ese dinero lo pudo obtener por la decisión de su padre, el Presidente de la República, sin la cual no habría podido adelantar la venta de la empresa cervecera. Ese decreto tuvo como finalidad favorecer al hijo del Ejecutivo, poniendo el poder presidencial al servicio de la familia presidencial. El debate político no se hizo esperar, el liberal, representante a la Cámara, Eduardo Caballero Escovar lo impulsó, siendo objeto de ataques del gobierno, hecho que no lo amilanó, sino más bien lo impulsó a denunciar con más vehemencia.

El resultado del escándalo y el debate en el Congreso fue la renuncia del presidente López Pumarejo que se escudó en el hecho de que su segunda esposa se encontraba enferma para dimitir. De esa forma el país fue testigo que la corrupción de la familia presidencial tenía limites, cuando un congresista cercano al seno del gobierno, denunció en forma valiente el hecho.

La familia López, sin embargo, no dejó ese tipo de prácticas. Cuando gobernaba Alfonso López Michelsen (1974 – 1978), usó su investidura para ordenar la construcción de una carretera en el Casanare que pasara por una finca de propiedad de uno de sus hijos, Juan Manuel López Caballero, la finca La Libertad, lo que desató un gran escándalo por el que estuvo a punto de renunciar, teniendo su débil gobierno que soportar el último gran paro nacional que ha tenido el país, el de 1977. López se mantuvo en el poder, pero el escándalo lo acompañó hasta la tumba. Nunca pudo liberarse de su sombra.

Ahora cuando cualquiera pudiera pensar que ese tipo de hechos no volverían a ocurrir, el periodista, valiente por demás, Daniel Coronell puso al descubierto un escándalo de grandes proporciones, que por más que lo trate de ocultar el gobierno, saldrá a flote de aquí en adelante. Los hechos se circunscriben a que los hijos del Ejecutivo, Tomás y Jerónimo usando su parentesco se han convertido en unos nuevos ricos, siendo unos jóvenes que apenas inician sus carreras. Ellos se han visto beneficiados por la figura de su padre en los diferentes negocios que han iniciado. Son propietarios de la firma Salvarte que se dedica a comercializar artesanías compradas a bajos precios a los indígenas especialmente guajiros, empresa que fue beneficiada por Opain, concesionaria del aeropuerto El Dorado, que les dio un local allí, cuando difícilmente otro comerciante de gran trayectoria lo podía conseguir. Gajes de ser miembro de la familia presidencial. Pero ese no es el mayor escándalo.

El escándalo que denunció el periodista Coronell consiste en que los hijos del Ejecutivo compraron 33 hectáreas de tierra en el municipio de Mosquera (Cund) a Bavaria, una de las empresas más grandes del país y que da más aportes a las campañas políticas. Eso no tendría nada de raro, sino fuera porque el Alcalde de ese municipio, Álvaro Rozo por decreto le cambió el uso a esa tierra, de rural a urbano industrial, con lo que la valorizó enormemente. Quizá eso tampoco tendría nada de malo, si no fuera porque una empresa constituida por el alcalde, de la que hoy ya no hace parte, pero sus tres hijos sí y dos hermanos, compró una parte del terreno en un precio módico de algo más de 700 millones, después de que dicho terreno había sido beneficiado con la declaratoria de ZONA FRANCA, o lo que es lo mismo paraíso fiscal, laboral, financiero, etc.

La zona franca la declararon los Ministros de Comercio, Industria y Turismo, el de Hacienda y Crédito Público, y otros funcionarios más del Palacio de Nari, incluido el que finalmente la avala el Director de la DIAN. Todos subalternos del presidente y nombrados directamente por él. Esas compras, ventas, cambio de uso de la tierra, por supuesto no fueron hechos en forma directa por los hijos del Ejecutivo, sino por intermedio de fiducias, sociedades nuevas, socios panameños, etc., lo que no alcanzó para cubrir este hecho de corrupción, ya que en todos aparecen los nombres de los hijos de presidente en escrituras, certificados de existencia y representación, entre otros.

Un terreno que costaba inicialmente en el 2007 unos 2.700 millones de pesos, se convirtió por obra y gracia de la corrupción y tráfico de influencias en uno que vale unos 33.000 millones, sufrió en dos años un pobre incremento de 1.000%, cuando el salario mínimo ha sufrido un incremento de algo más de 10% en esos dos años y DMG apenas daba rendimientos de 150%. Esto demuestra que en Colombia el poder es para poder. Hasta cuando, pueblo colombiano. Usar el poder para enriquecerse además de configurar hechos delictivos, debería ser suficiente para que el gobierno empezara a tambalear como el de López Pumarejo en el 45, pero eso es mucho pedir, cuando todo se oculta y se hace ver por los medios de comunicación, endosados al gobierno, como hechos sin importancia.

Pero como si lo anterior no fuera suficiente, el senador Gustavo Petro denunció la ocurrencia de una reunión en donde participó Tomás Uribe Moreno el 9 de febrero de 2008 en el Ministerio de Transporte, donde se anunció la construcción de la doble calzada entre el municipio de Madrid y el peaje El Corzo, con lo que se valorizan algo más las propiedades de los hijos del presidente, ya que esa vía pasa justo al frente. El Ministro y el Gobernador de Cundinamarca contestaron que la reunión fue convocada por ellos, con alcaldes y funcionarios de los municipios del occidente cundinamarqués y en ella "fue invitado el señor Tomás Uribe Moreno, sin que emitiera opinión alguna", agregando que "Tanto el Ministro como el Gobernador expresamos públicamente que en estas Entidades no conocemos de trámites verbales o escritos de ninguna naturaleza por parte de los hermanos Tomás o Jerónimo Uribe Moreno". Nada sirve para medir el descaro de los actuales gobernantes colombinos, que están convencidos que la gran mayoría de los colombianos somos idiotas e incultos.

Nota: La lucha contra la segunda reelección presidencial será en las calles de Colombia por medio de una campaña de ABSTENCIÓN ACTIVA contra el referendo, como en el 2003, cuando ganamos ya que el gobierno no alcanzó la votación del 25% del censo requerida.
cesarluque@yahoo.com
Foto: Archivo particular. Alcaldía Mosquera (Cundinamarca).
Aparecen (de iqz. a der.) Tomás Uribe, el alcalde Álvaro Rincón Rojas, el gobernador Andrés González y el ministro Andrés Uriel Gallego. Reunión del 9 de febrero de 2008 en el Ministerio de Transporte. ¿Qué hacía allí un particular?.