miércoles, 26 de septiembre de 2012

Muerte, maltrato y olvido en las prisiones colombianas (III)

El Gobierno ha propuesto la construcción de seis nuevas grandes cárceles para terminar con el grave problema de hacinamiento en los centros. Sin embargo, los internos y sus representantes denuncian que han sido diseñadas para la tortura psíquica y física.
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Miriam Valero
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La respuesta que el ejecutivo de Juan Manuel Santos ha propuesto a la crisis carcelaria del país ha sido la creación de más prisiones al estilo de las estadounidenses, centros que atentan contra la dignidad de las personas, según denuncia Uldarico Florez Peña, abogado defensor de Derechos Humanos y presidente de la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza.
Esta iniciativa tampoco sería suficiente para solucionar la grave situación de los internos del país, ya que el problema es mucho más profundo y se deriva de malas políticas criminales del Estado relacionadas con el entendimiento de la sociedad y con el conflicto interno colombiano.
Por ello, el Movimiento Nacional Carcelario, que agrupa a los presos, defiende medidas como una amnistía para los reclusos encarcelados por motivos políticos derivados del conflicto y una rebaja del 20 por ciento para las penas de todos los presos.
En estos términos, Flórez habló con The Prisma desde Bogotá para analizar la política penitenciaria del país, en la última entrega sobre la crisis carcelaria de Colombia.
El gobierno ha admitido el problema de Derechos Humanos en las cárceles por el hacinamiento y la falta de asistencia sanitaria. Para acabar con el problema, ha propuesto la construcción de una serie de cárceles. ¿Están satisfechos con esta solución?
Nosotros llevamos tiempo tratando el problema carcelario y de lo que el Gobierno adolece es de una política penitenciaria. Los problemas de delincuencia en Colombia obedecen a falta de oportunidades, problemas económicos y sociales que no se han podido solucionar, por lo que no creemos que construyendo más cárceles se vaya a arreglar el problema. Todo lo contrario. Esto a lo que va a llevar es a que haya más delincuencia porque se convierte en un negocio.
Lo que el estado debe mirar es que haya una política de rehabilitación y de resocialización y oportunidades de trabajo para los sectores menos favorecidos. Asimismo, debe buscar soluciones alternativas al modelo penitenciario que ha impuesto, el modelo federal de prisión de los Estados Unidos, los denominados Establecimientos Reclusorios de Orden Nacional (ERON).
¿Qué características tienen?
Estas cárceles son meros cubículos donde se introduce a seres humanos como transportando pollos. Lo pudo constatar la comisión del Congreso de la República que las visitó.
En el caso de Bogotá el establecimiento queda sobre una cordillera y los internos permanezcan congelados. No hay calefacción ni agua caliente. Las personas tienen que hacer sus necesidades en la mira de los demás. Es una situación que atenta contra la dignidad y que no está de acuerdo a los diversos tratados de derechos humanos. Igual ocurre en la cárcel de Valledupar. Son prisiones que fueron creadas para generar tortura psicológica y física y que, en este centro en concreto, se ha demostrado que se ha llegado a un extremo en el que algunos presos, debido a la presión, se han suicidado.
Después de vivir en estas condiciones, lo que el estado devuelve a la sociedad es otro delincuente. El problema del hacinamiento se va a solucionar cuando el estado establezca de una forma democrática y concertada una política criminal que sea realmente transparente, junto a los líderes de los comités de derechos humanos y los reclusos.
Usted me habla de que en Colombia hay presos políticos. Sin embargo, el Gobierno y algunas organizaciones de derechos humanos afirman que no los hay.
El presidente Juan Manuel Santos se posicionó y reconoció que en Colombia hay un conflicto y que dura más de 50 años. El régimen anterior de Álvaro Uribe, por ejemplo, decía que no lo había, sino que había una amenaza terrorista. La declaración de Santos quieren decir, jurídicamente, que debe de haber prelación a los convenios de Ginebra y al derecho internacional humanitario y reconocer que hay presos políticos.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
Al respecto, el vicepresidente señaló que no los había, pero el hecho de que haya un conflicto es porque hay otro sector que está enfrentado con el estado. La definición técnica que plantea el derecho internacional humanitario es que son prisioneros de guerra porque están alzados en armas y fueron capturados en combate. En este sentido, uno de los puntos gruesos que defiende el Movimiento Nacional Carcelario es que se promuevan formas como las que plantea el derecho internacional, como una amplia amnistía que pueda abrir las puertas a la negociación con los sectores en conflicto.
¿En el país se respetan el derecho a la defensa y las garantías judiciales?
No. Acompañado al nuevo modelo carcelario, se ha impuesto el modelo acusatorio norteamericano. En él, los defensores públicos lo primero que le dicen a la persona es que acepte los cargos. Eso significa que el abogado no hace ningún esfuerzo para hacer una buena defensa, lo que conlleva que no haya un debido derecho de defensa.
¿La Ley de Seguridad Ciudadana ha contribuido al hacinamiento?
Esta ley, en particular, creó un nuevo tipo penal que era criminalizar la protesta. Si se organiza una movilización, se bloquea una vía o se hace un paro cívico las personas son detenidas. Esto hace que se saturen las cárceles. Pero el hacinamiento también tiene que ver con el pensamiento crítico. Los intelectuales que hacen oposición a las políticas del estado y lo critican, son catalogados como enemigos del estado, terroristas y auxiliadores de los grupos insurgentes y son judicializados. Hay toda una política del Estado de llenar las cárceles porque ve enemigos por todos los lados.
De los cerca de 7.500 presos políticos que existen en el país, la mayoría de ellos son campesinos, obreros, periodistas o intelectuales y no pertenecen a grupos insurgentes.
Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia.
Esta propuesta sería uno de los elementos que podría llevar a que disminuya el hacinamiento. De acuerdo a lo que pasó en los anteriores ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, en el país se firmó una Ley de Justicia y Paz que, supuestamente, cumplía todos los estándares, y personas que cometieron gravísimos crímenes de guerra fueron condenados a cuatro y ocho años de cárcel. Es el caso del general Santoyo, que realizó “chuzadas”, que patrocinó el asesinato de varios dirigentes de Asfades. Algo que han confesado los mismos paramilitares que fueron extraditados, sobre cómo vivían y tenían una red criminal del Estado para cometer ese delito.
La mayoría de estas personas, están prácticamente en libertad. Entonces, no es posible que personas que tuvieron que delinquir por necesidad, que se alzaron en armas o a opositores, no se les de una rebaja del 20 por ciento. La sociedad no lo va a ver bien, pero es darle una oportunidad a estas personas para que se reintegren en la sociedad.

martes, 11 de septiembre de 2012


Prisiones colombianas (II): La antesala del infierno


En estos lugares de reclusión se vive una grave situación humanitaria. Internos que mueren por no tener atención médica o enfermedades que se propagan por el hacinamiento, son sólo la punta del iceberg. Quienes están allí por motivos políticos denuncian haber recibido vidrio mezclado con su comida o haber sido arrojados desde una ventana.-
Miriam Valero
En las cárceles de Colombia, las palabras Derechos Humanos parecen no tener significado. Cuando un preso atraviesa la frontera que separa su vida anterior y su futura condena entre las rejas de una de las prisiones del país, también deja atrás su dignidad y, probablemente, su salud.
Tanto los presos como Naciones Unidas han denunciado las condiciones en las que viven: hacinamiento, propagación de enfermedades, negación de asistencia sanitaria, violencia y limitación del acceso al agua, entre otras agresiones. Maltrato que en ocasiones termina con la muerte o el suicidio de algunos de ellos.
En el caso de los que están recluidos por motivos políticos derivados del conflicto colombiano, la situación se agrava. Se han denunciado casos en los que la comida que se les ha suministrado contenía vidrio molido, así como presos a los que se les ha negado la asistencia médica tras ser capturados en combate.



Dr. Uldarico Flórez Peña, Abogado Defensor de
Derechos Humnos, y Presidente de la Fundación
 Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza
Todos estos hechos – que han hecho a los presos levantarse en una protesta – fueron relatados a The Prisma desde Bogotá, por Uldarico Flórez Peña, abogado defensor de Derechos Humanos y presidente de la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, institución que defiende sus derechos.

¿Cuál es la situación de los presos en Colombia?

Es muy grave. En el debate que se desarrolló en el Congreso de la República sobre el tema, se expuso que el problema del hacinamiento de las cárceles es de un índice bastante alto. Una situación que hace que se vulneren de una manera sistemática los derechos de las personas privadas de libertad y con lo que el estado colombiano está incumpliendo tratados, convenios de derechos humanos y lo que en el país conocemos como el bloque de constitucionalidad.
¿Cuáles son las causas del hacinamiento?
Lo que históricamente ha demostrado el problema carcelario en Colombia es que, como no existe una política estatal que aborde el problema del hacinamiento, el aparato legislativo aumenta cada vez más las penas y crea nuevos tipos penales. Esto hace que las cárceles se rebosen y si son construidas, pongamos, para 100, 200 o 300 personas, nos encontramos con que hay 3.000 o 4.000. Precisamente, los sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), también afectados por la situación, tuvieron que desarrollar una protesta para solicitar que no se podía permitir el ingreso de nuevos presos porque no hay condiciones.

Los presos viven de una forma indignante. La Corte Constitucional Colombiana, en una sentencia histórica, manifestó que en las cárceles existía un estado de elementos inconstitucional y le dio un plazo al Estado para que solucionara el problema. Después de más de diez años, ha hecho caso omiso.
Se denuncia también la falta de atención médica…
Es otro de los problemas cruciales. En las cárceles más importantes del país como La Picota, La Modelo o Valledupar, no hay ni siquiera un médico que atienda los problemas de salud de los reclusos. A muchos presos que son capturados en combate, no se les presta atención médica, infringiendo el derecho internacional humanitario. Personas que tienen enfermedades infecciosas y contagiosas conviven con otros presos y no se les da el tratamiento especializado que necesitan.
No hay medicinas ni elementos básicos de primeros auxilios. Durante la protesta, hemos tenido el caso de tres fallecidos en la cárcel de La Picota por la ineficiencia, la omisión y la falta de diligencia del INPEC.
Dentro de la protesta nacional de los presos para denunciar su situación, algunos se encuentran en huelga de hambre, ¿después de 10 días cómo se encuentran sin ingerir alimentos?
Esta forma de protesta consiste en no recibir la comida que les suministra el INPEC, dado que en la cárcel de Valledupar se envió con la alimentación trozos de vidrio molido con una idea criminal de tratar de eliminar a algunos presos políticos. Estos internos temen que la comida que se les suministra pueda atentar contra su vida. Pero la huelga de hambre no es permanente, sino escalonada, y se va dando en cada uno de los establecimientos carcelarios.

La protesta nacional tiene diferentes connotaciones, no sólo la huelga de hambre, a través de actividades como no asistir al recuento diario en los patios, no acudir a diligencias de tipo judicial y no permitir la visita de abogados.
En cuanto a la protesta, ¿cómo se está desarrollando? ¿Tienen constancia de algún incidente?

Sí. La semana pasada, en la cárcel de Cómbita (Boyacá), entraron miembros del INPEC y arremetieron contra el comité de derechos humanos y contra organizadores de la protesta. Desde esta cárcel se ha venido formando lo que hoy conocemos como el Movimiento Nacional Carcelario.
¿Qué tipo de ataques han sufrido los organizadores de las protestas?
Un día entró uno de los cuerpos de élite de la guardia penitenciaria y carcelaria, y sin mediar y violentando la Constitución nacional en el derecho a la protesta pacífica, hirió a varios internos y a dirigentes. Los sacaron con camillas, no sabemos hacia donde, no tenemos información.
La Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza ya ha hecho una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo así como ante el director del INPEC.
Lo que nos llama la atención es que no han pasado ni diez días desde el debate en el Congreso de la República sobre la situación carcelaria y la guardia del INPEC ya ha arremetido violentamente contra sus miembros. Igualmente, viene pasando en otras cárceles.
¿Contra quién han interpuesto la denuncia?
La denuncia es contra la guardia del INPEC que es la que viene golpeando y torturando a las personas en las cárceles sin ninguna explicación. El grupo que asaltó la cárcel de Cómbita es un grupo especializado de la guardia del INPEC que se denomina GRIL. Hace esta acción violenta precisamente porque son personas que tienen limitado su derecho a la libertad y no tienen más que su voz para protestar.
¿Cuales son las reivindicaciones por la que luchan los presos?
El movimiento se ha extendido prácticamente por todas las cárceles del país. Reivindica una serie de propuestas como la rebaja del 20 por ciento de la pena para todos reclusos, el derecho a la unidad familiar, la no extradición, así como la reforma del código penitenciario y carcelario. El movimiento, es de largo alcance porque, en el fondo, se plantean también otras propuestas como la posibilidad de una amnistía para todos los presos políticos que ahora son condenados a 40 o 50 años de cárcel, teniendo en cuenta que el gobierno no quiso en ningún momento aceptar un intercambio unitario, tal como lo plantea el derecho internacional humanitario, y los grupos insurgentes han liberado en su totalidad a las personas que tenían retenidas con motivos políticos.
(Próxima semana Parte 3: Muerte, maltrato y olvido)

sábado, 8 de septiembre de 2012


INFORME BRIGADA JURÍDICA EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ
 HOMENAJE A LOS 16 AÑOS DE LA MASACRE MONDOÑEDO
(6 y 7 de Septiembre de 1996)





        

“No solamente por motivos nuestros, sino por todos esos jóvenes kennedyanos que fueron masacrados y por nuestros hijos y aquellas nuevas generaciones que nos preguntarán algún día quiénes fueron nuestros amigos y dónde estábamos en esos días tan difíciles”



El pasado sábado 1º de Septiembre de 2012, se llevó a cabo en el Municipio de Sibaté –Cundinamarca, una Brigada Jurídica para los habitantes del Barrio Pablo Neruda, en homenaje a los mártires de la “Masacre de Mondoñedo”.

Asistencia Técnica Jurídica para los Habitantes del Barrio “Pablo Neruda”

 Desde tempranas horas de la mañana, los Brigadistas Uldarico Flórez Peña, José Octavio Vásquez, María Esther Rojas y Carlos Daniel Yepes, prestaron asistencia técnica jurídica a los habitantes de la municipalidad frente a casos laborales, de pensiones, denuncias por inasistencia alimentaria, solicitud por definición de situación militar, peticiones ante entidades prestadoras de servicios públicos y a casos de custodia de menores, entre otras. Esta jornada se realizó durante todo el día culminando con una velada musical ofrecida por el compañero Mario Díaz artista y líder de la comunidad.

Acto Cultural

Por otro lado, se llevó a cabo un acto cultural en el Parque “Ernesto Ché Guevara”, del Barrio Pablo Neruda con la presentación de varios grupos culturales, entre ellos, el grupo de danzas del barrio de los adultos de la tercera edad “Las Alondras”,  el grupo de break dance a cargo de un colectivo de jóvenes del Municipio de Soacha, poesía social a cargo del compañero Alexander Incignares; allí, los miembros de la Brigada fuimos acogidos de manera fraternal por la Junta de Acción Comunal y la población de esa municipalidad.

El Movimiento Nacional Carcelario se hizo presente

Los presos políticos, también se hicieron presentes con una valla del Movimiento Nacional Carcelario y posteriormente una llamada del prisionero de guerra JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ, antiguo líder de esta comunidad quien saludó el evento y reivindicó las peticiones que el movimiento viene realizando y que se sintetizan así:

1.       Rebaja del 20% de la pena para todos los prisioneros y prisioneras del país.
2.       Traslado de todos los presos y presas a sus sitios de origen familiar y procesal.
3.       No más extradición de compatriotas.
4.       Reforma a la Ley 65 de 1993 con participación de los presos en igualdad de condiciones.
5.  Alternatividad penal atendiendo las recomendaciones de la ONU para los países denominados tercermunidstas.

Cabe destacar que dentro del acto cultural, hizo presencia una de las víctimas de la Masacre de Mondoñedo, el señor Alfonso Mora, padre del joven Jenner Alfonso Mora, quien con unas emotivas palabras se refirió a los hechos ocurridos el 6 y 7 de septiembre del año 1996, cuando miembros de la Fuerza Pública arremetieron contra la vida de varios jóvenes de manera injusta y desaparecieron, torturaron, asesinaron e incineraron, a Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez, Arquímedes Moreno Moreno, Federico Quezada y Martín Alonso Valdivieso Barrera, para evitar que sus cuerpos fueran reconocidos. Este acto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Sibaté y la Defensa Civil entre otros,  quienes de manera solidaria contribuyeron con transportes y almuerzos.
vitamos a todos nuestros compañeros(as) Brigadistas a que continúen respaldando el trabajo que realiza la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, porque la lucha es la que nos mantiene en firme ante las injusticias sociales.

ULDARICO FLÓREZ PEÑA            MARÍA ESTHER ROJAS ZORRO
                Presidente                                            Secretaria

Bogotá D.C., Septiembre 5 de 2012

lunes, 3 de septiembre de 2012


INFORME SOBRE ACTIVIDAD REALIZADA EN EL COLEGIO EL JAZMÍN IED, EN EL MARCO DE LA SEMANA POR LA PAZ


El pasado viernes 31 de Agosto de 2012, se llevó a cabo en el aula múltiple del colegio El Jazmín IED, una actividad en el marco de la semana por la paz, en donde la institución educativa organizó el “Día de la solidaridad Jazminiana” con el propósito de enseñar a los estudiantes el valor de la vida y la importancia del respeto por los Derechos Humanos.
En ese orden de ideas, mediante invitación extendida por la Rectora de la institución MARÍA MERCEDES BELTRÁN PABÓN, la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, se hizo presente para compartir con los estudiantes un relato acerca del trabajo como Defensores de Derechos Humanos en favor de todas esas personas que los jóvenes estudiantes no conocen pero que hacen parte de la misma sociedad.
También estuvieron presentes varios delegados de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, entre ellos un representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) quien se refirió ampliamente al papel que desarrolla esta organización sindical y las denuncias que han venido realizando ante los organismos nacionales e internacionales frente a la grave violación de los derechos de la clase trabajadora, al igual hizo énfasis en la situación de los presos prisioneros políticos y la actual crisis carcelaria que viven en las diferentes cárceles del país.
También se hizo presente  el delegado de la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la reconciliación y la Paz de la Alcaldía Mayor de Bogotá, señor RENÉ RAMOS BAENA, quien hizo un llamado a los estudiantes a seguir fortaleciendo valores de solidaridad por aquellas personas que se encuentran en difíciles condiciones dentro de las cárceles y también fuera de ellas.
Nos acompañó al evento el egresado y también docente de la Universidad Nacional de Colombia FREDY JULIAN CORTÉS URQUIJO para compartir su historia de vida y su publicación literaria “TE CUENTO DESDE LA PRISIÓN”, texto en el que narra las vivencias que tuvo que sobrellevar en la cárcel de manera injusta durante tres años por montajes judiciales o lo que denominamos falsos positivos,  situación que lo convirtió en un prisionero político y de conciencia pero que jamás le impidió desbordar su imaginación para darnos una lección de vida sobre el hecho de que pensar diferente no es delito y que desde la escuela  y la prisión se pueden generar procesos de transformación social.
Seguidamente, hizo su intervención un delegado de la Secretaría de Gobierno, quien hizo un pequeño ejercicio a los estudiantes con preguntas de reflexión frente  a las actitudes que tenemos los seres humanos con respecto a la vulneración de derechos.
En  representación de la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, estuvieron presentes por un lado, la Licenciada en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos y Brigadista MARÍA ESTHER ROJAS quien hizo un breve relato del trabajo que realiza nuestra fundación con respecto a la defensa técnica y la difusión, promoción y divulgación de los Derechos Humanos, a través de los mecanismos de protección en las diferentes cárceles del país,  al igual, el trabajo de sensibilización que se realiza en los colegios, barrios y asociaciones en general. También compartió con los estudiantes su experiencia pedagógica realizada junto a los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Picota” de Bogotá D.C. con el proyecto de Educación en Derechos Humanos para la Convivencia y la Paz, desde la práctica realizada en la Universidad Pedagógica Nacional. Por otro lado,  el Presidente de la fundación, el Dr. Uldarico Flórez Peña,  dio a conocer el trabajo que se  realiza en conjunto con  varias organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y los presos políticos de diferentes establecimientos penitenciarios del país a través de “El Movimiento Social Carcelario”,  en el que se pretenden reivindicar por medio de algunas peticiones muchos de los derechos que han sido vulnerados por las mismas instituciones del Estado, entre ellos:

1.    Rebaja del 20% de la pena para todos los prisioneros y prisioneras del país.
2.    Traslado de todos los presos y presas a sus sitios de origen familiar y procesal.
3.    No más extradición de compatriotas.
4.    Reforma a la Ley 65 de 1993 con participación de los presos en igualdad de condiciones.
5.    Alternatividad penal atendiendo las recomendaciones de la ONU para países denominados tercermundistas.

Finalmente, los estudiantes en un acto de solidaridad hicieron una campaña al interior de la institución mediante la entrega de algunos artículos de aseo y uso personal para las prisioneras políticas de la Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá, los cuales fueron inventariados y entregados a nuestra fundación para continuar con esta campaña en próximos eventos y sea entregada oportunamente a sus destinatarias.
Por último, manifestamos nuestro agradecimiento al compañero JOSÉ OCTAVIO VÁSQUEZ, docente de la institución educativa El Jazmín IED, y Brigadista de nuestra fundación quien ha puesto todo su empeño en fortalecer los procesos educativos en materia de los Derechos Humanos para que los jóvenes estudiantes tengan una mirada diferente a lo que el establecimiento quiere imponer frente a la realidad social de nuestro país.
Invitamos a todos nuestros compañeros(as) Brigadistas a que continúen respaldando el trabajo que realiza la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, porque la lucha es la que nos mantiene en firme ante las injusticias sociales.

Atentamente,



ULDARICO FLÓREZ PEÑA                          MARÍA ESTHER ROJAS Z.
            Presidente                                                         Secretaria


                                              JUNTA DIRECTIVA