Ediciones El Murcie´lago ´
Por Juan Acero
acero.juan3@gmail.com
Equipo de Investigación Alejandría
Esta permitida la reproducción parcial o total de este documento,
siempre y cuando no se altere el contenido del mismo y se cite la
fuente
Ediciones El Murciélago
Bogotá, Colombia
Agosto de 2009
A la memoria de Andrés,
Luchador infatigable de la causa de los trabajadores.
Su invaluable acompañamiento a este esfuerzo, siempre
estimuló nuestro trabajo colectivo, recalcándonos sobre la
necesidad y utilidad del mismo.
Contenido
Introducción........................................................................................................6
1. Referente conceptual........................................................................................9
2. El imperialismo y la política de seguridad de los Estados Unidos....................14
3. La Doctrina de Seguridad Nacional.................................................................18
3.1. El final de la segunda guerra mundial y los inicios de la post guerra.........18
3.2. El hemisferio latinoamericano. Antecedentes...........................................22
3.3. La Guerra Irregular..................................................................................24
4. La Doctrina de Conflicto de Baja Intensidad..................................................26
4.1. La Coexistencia Pacífica...........................................................................29
4.2. La postguerra fría.....................................................................................31
5. La Doctrina de Guerra Preventiva y el Plan Colombia ...................................35
5.1. Antecedentes..........................................................................................35
5.2. Los cambios que se introducen al enfoque y su puesta en marcha...........38
6. La política de Seguridad Democrática............................................................44
6.1. Los componentes....................................................................................44
6.1.1. La recuperación del territorio.......................................................45
6.1.2. La guerra psicológica ...................................................................48
6.1.3. El componente económico...........................................................52
6.1.4. El componente militar..................................................................56
6.1.5. El proyecto paramilitar.................................................................59
6.2. La Unidad de esfuerzo y guerra integral..................................................63
6.3. La integración y sus mecanismos............................................................64
7. La Doctrina de Acción Integral........................................................................67
8. La Seguridad Hemisférica...............................................................................73
9. Reflexiones finales..........................................................................................80
Bibliografía........................................................................................................86
El presente documento es el producto de un proceso
de investigación desarrollado en el marco de la actual
coyuntura de América Latina, caracterizada por el avance
de la lucha de sus pueblos y la instalación de gobiernos
progresistas en la región, que han traído consigo la
creación de nuevos espacios de unidad y solidaridad en el
continente. Estos hechos han gestado al mismo tiempo,
escenarios de contradicción, reordenamiento de fuerzas
y polarización al interior de los Estados y entre estos,
en los cuales es cada vez más notoria la mano siniestra
del imperialismo. Recientemente el continente se ha
visto estremecido por el bombardeo a Ecuador, el golpe
militar en Honduras, la confrontación con Venezuela, la
contraofensiva de México, Panamá y el cono sur, entre
otros hechos.
La instalación de siete bases norteamericanas en
Colombia, convierte el territorio nacional en plataforma
de agresión contra el continente y pone en la mira de sus
ataques los procesos democráticos y antiimperialistas.
Éste nuevo paso, en la estrategia de guerra de Estados
Unidos, busca particularmente fortalecer el régimen de
terror interno y derrotar la rebeldía popular, la cual,
contrario a la propaganda triunfalista de la reacción, hoy
extiende su influencia y recibe mayores manifestaciones
de solidaridad internacional.
Este trabajo retoma y plantea nuevos elementos para
el debate, buscando precisar hechos y conceptos que
permitan comprender y captar con mayor claridad el
accionar de las clases dominantes y el imperialismo, e
invita a crear nuevas herramientas conceptuales que, en
manos de los sectores populares estimule la discusión y
al mismo tiempo se traduzca en acciones conscientes,
que allanen el camino hacia una nueva sociedad.
6
Introducción
“Según la idea que tenemos sobre la guerra del pueblo, ésta, al igual que
una esencia en forma de nube o vapor, no se condensa en ninguna parte
ni forma cuerpo sólido...sin embargo, es necesario que este vapor se reúna
en algunos puntos en masas más densas y forme nubes amenazadoras
desde las cuales de vez en cuando se produce un relámpago formidable”
Carl Von Clausewitz.
La política de Seguridad Democrática, como política de defensa y seguridad
nacional que adelanta el actual Gobierno de Colombia, tiene sus antecedentes en la
Doctrina de Seguridad Nacional diseñada por los Estados Unidos una vez concluye
la segunda guerra mundial. Ésta surge ante la necesidad de confrontar la expansión
del comunismo, considerada la mayor amenaza a su integridad como nación y a la
seguridad de sus intereses en el mundo.
La doctrina se extiende a los países cobijados por su órbita de influencia y se
convierte en el modelo obligado a seguir para proteger los intereses norteamericanos
y los de las élites dominantes de cada país. En el hemisferio occidental, la aplicación
de la Seguridad Nacional ha tenido diferentes formas de expresión e intensidad,
debido a las particularidades de la lucha de clases en cada país y a la capacidad de
los bloques de poder1 para confrontarla. Todos ellos, sin excepción, identifican
la rebeldía política y la protesta social con la propagación del comunismo. A los
ojos de las clases dominantes en el poder, las luchas derivadas de las desigualdades
sociales y de la opresión política encarnaban el alma del comunismo, razón por la
cual éste deja de representar una amenaza externa, para convertirse en un peligroso
enemigo interno, en una amenaza de orden interno.
1. El concepto de bloque de poder interno, hace referencia a la alianza entre facciones o grupos al interior
de una clase o entre las clases dominantes al frente de estado, y cuyos intereses son antagónicos
con los de la mayoría de la población.
7
La concepción que caracteriza esta doctrina, y el celo en la preservación de los
intereses económicos y políticos de quienes la propagan, convertíeron los problemas
sociales, aún los más intrascendentes, en amenazas al orden establecido. Esta visión
reducida y limitada del Estado desde la cual se explicaban los fenómenos sociales le
daba mayor trascendencia a las soluciones de fuerza y, por ende, extendía el papel
de la fuerza pública a otros dominios del Estado, constituyéndose los estamentos
militares, cuando no en reemplazo de sus amenazadas instituciones democráticas,
en el mejor medio para protegerlas y estabilizarlas.
Finalizada la guerra fría con el derrumbe del bloque soviético en 1991, las
condiciones internacionales que le dan origen a la doctrina cambian, pero no lo
suficiente como para acabar con su vigencia ni con la esencia de su contenido. De
hecho, la doctrina de Seguridad Nacional sufre notorias modificaciones que la
adaptan al nuevo escenario mundial y a las nuevas condiciones que se desprenden
tras la implementación de las políticas neoliberales inspiradas en el consenso de
Washington.
En Colombia en particular y bajo este contexto, las clases dominantes ponen en
curso diferentes reformas económicas y políticas que tienen como telón de fondo
la nueva constitución de 19912. Así pues, con el Gobierno de Cesar Gaviria3 se
inicia un proceso de cambios tendientes a renovar la doctrina, que retoma la
administración de Andrés Pastrana4 y que cobra mayor desarrollo con el mandato
de Álvaro Uribe para finalmente consolidarla. Como resultado de dichos cambios la
doctrina toma cuerpo en la política de Seguridad Democrática que, en suma, es la
versión actualizada de la doctrina de Seguridad Nacional para el caso colombiano.
El plan de seguridad nacional que se desprende de ella, tiene como base, en su
componente militar, el Plan Colombia.
En lo concerniente a su aplicación, la doctrina de Seguridad Nacional ha
sido durante décadas el sustento de la lucha contrainsurgente. Su evolución ha
transitado por diferentes momentos y se ha visto enriquecida con la incorporación
de experiencias propias y externas así como por el empleo de nuevas estrategias de
2. El 9 de diciembre de 1990 el Gobierno convoca la Asamblea Nacional Constituyente que da
vida a la constitución de 1991. La constitución del 91 dotó al estado de un nuevo marco jurídico;
introdujo, modernizó y reconfiguró los instrumentos y mecanismos del poder, para hacer más
funcional sus estructuras, fortaleciéndolas. Por otra parte, las reformas a la constitución tuvieron
como objetivo estabilizar y validar el sistema político que había entrado en un franco desgaste de
legitimidad y gobernabilidad, consecuencia del agotado modelo bipartidista del Frente Nacional y
de las nuevas condiciones en que se desenvolvía la lucha de clases en el país. La reforma constitucional
igualmente allanó el camino a la instauración de las políticas neoliberales concretadas con la
Apertura Económica.
3. Cesar Gaviria, Presidente de Colombia, 1990-1994. Secretario General de la Organización de
Estados Americanos OEA, 1994-1994. Durante su mandato como presidente se promulga la constitución
de 1991 y se adelantan varias reformas al estado, materializando los preceptos establecidos
en el llamado Consenso de Washington.
4. Andrés Pastrana, Presidente de Colombia, entre 1998-2002. En su Gobierno se adelantan y rompen
los diálogos de paz con la FARC-EP en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, y
se da inicio al Plan Colombia.
Introducción
8
guerra y control social. Estas experiencias mejoran la doctrina y al mismo tiempo
la enrumban hacia un concepto cada vez más global y coordinado que enfrenta la
rebeldía popular y la lucha contrainsurgente.
Sin duda la década de los 60s marca un punto de avance de las fuerzas populares en
el prolongado conflicto colombiano. La revolución cubana, el avance de las luchas
anticoloniales y la guerra revolucionaria que se libra en la península indochina,
ejercen una poderosa influencia en la confrontación de clases que vive el país.
Lo anterior, sumado a las propias contradicciones que surgíeron en el escenario
nacional, da luz a la formación de varios grupos y organizaciones revolucionarias,
algunas de ellas de carácter político-militar. Estas nuevas fuerzas, por el contenido
ideológico de sus políticas le imprimieron al movimiento de masas un renovado
aliento y fortalecieron la tradición de lucha del pueblo colombiano contra la
opresión, siendo la lucha armada una de sus expresiones más notorias.
Este ambiente de agudas contradicciones en Colombia, que se conjuga con el que
se vive a escala internacional, hizo que la doctrina de Seguridad Nacional tuviese
aplicación desde su inicio y que en el curso de todos estos años haya sido objeto de
adecuaciones y ajustes. Defender el sistema de explotación contra las permanentes
manifestaciones de inconformidad de los explotados es la máxima que inculca la
doctrina de Seguridad Nacional; no existe en ella otro tipo de consideración que
la supere. El sistema es la fuente del poder económico y político de quienes lo
monopolizan y cuanto más lo protejan, mayores serán sus garantías de lucro y
supervivencia. Por esta razón, las políticas de seguridad y defensa que la burguesía
adopta desde el Estado, se dirigen precisamente a garantizar la existencia del sistema
y a mantener las condiciones de normalidad para que éste opere libre de peligros.
La seguridad que propugnan las clases reaccionarias y el capital internacional en
nombre de toda la sociedad, es en realidad la seguridad que salvaguarda sus intereses
particulares.
Los antecedentes de la doctrina de Seguridad Nacional, su evolución, los
componentes que la integran y la forma como actualmente se aplica en Colombia,
son analizados en este documento, en particular a partir de las dos últimas décadas.
No pretende por lo tanto examinar los diferentes tópicos que tienen que ver con el
conflicto social y armado, como tampoco hacer una descripción detallada de lo que
ha sido su desarrollo.
Como se expondrá a lo largo del documento, la línea de orientación y los efectos
que la doctrina persigue están expresamente dirigidos a someter la rebeldía popular
y a doblegar la lucha que encarnan millones de hombres y mujeres por la conquista
de un mejor futuro.
9
Referente conceptual
La noción de seguridad, como una necesidad social de confianza, protección
y tranquilidad, está ligada al medio en que se desenvuelven los individuos y la
sociedad de la que hacen parte. Suplir esta necesidad siempre será un requisito vital
para que la sociedad goce de una condición material y espiritual en la que se pueda
realizar sus objetivos e intereses.
Pero la sociedad no es un todo uniforme e indivisible, como tampoco lo es el
carácter de los objetivos e intereses que se propone; ella tiene como fundamento
el modo de producción en que se desenvuelve, el cual abarca las relaciones de
propiedad y distribución, base sobre la que se estructuran las clases sociales y las
relaciones de poder económico y político. Por esta razón, los objetivos que bullen
en su seno no son únicos, sino distintos y contradictorios, aunque en última
instancia, éstos terminen siendo definidos en función de los intereses de quienes
controlan el poder económico y político. Mientras la burguesía en el poder
encubre sus objetivos de riqueza y acumulación, presentándolos como resultado
de la voluntad y en beneficio de toda la sociedad, el proletariado revela los suyos,
significando que las desigualdades y los antagonismos sociales solo podrán ser
superados aboliendo la opresión y explotación capitalistas. La seguridad que está
en función de alcanzar los objetivos e intereses de una clase social dominante,
necesariamente se halla subordinada a la naturaleza del sistema económico y social
vigente y sirve inevitablemente a tales propósitos.
Ahora bien, el nexo entre seguridad y Estado surge en el momento en que este
último aparece en la sociedad como el órgano destinado a regular los conflictos
y contradicciones de clase, restringiendo su alcance a los límites permitidos por
quienes detentan el poder y garantizando con ello un ambiente de tolerancia social.
El sometimiento de la voluntad de otros a través de la fuerza, acudiendo de manera
sistemática a la utilización de métodos y órganos represivos, es producto de la división
social en clases antagónicas una vez se establece la propiedad privada. Cuando el
desarrollo de la producción genera un excedente económico del cual se apropia un
Referente conceptual
1
10
grupo reducido de la sociedad para someter a la mayoría de la población, surge la
necesidad de crear un cuerpo armado dedicado a defender la propiedad privada,
así como un conjunto de instrumentos de coerción para preservar las relaciones
de dominación que hacen posible la acumulación de riqueza. El Estado “[…]
aparece donde, cuando y en la medida en que las contradicciones de clase no pueden ser,
objetivamente conciliadas”5. Como forma de organización social, el Estado siempre
está determinado por las relaciones de producción de las clases económicamente
dominantes, es la expresión política de su poder y como tal asume su defensa. En
consecuencia, el Estado nace no como un instrumento de protección de toda la
sociedad, sino como un órgano de dominación al servicio de una minoría, que a
nombre de la sociedad lo emplea para proteger sus intereses particulares.
No obstante lo anterior, las clases dominantes presentan al Estado como un cuerpo
de control y de Gobierno aparentemente neutral y por encima de la sociedad; en
este sentido la protección de las condiciones materiales en que debe prevalecer
la propiedad privada y la explotación ligada a ella, se encubren bajo el pretexto
de proteger a toda la sociedad. Nada distinto ocurre cuando abordan el papel
del derecho, expresión del poder erigido en ley, que debe ser respetado, acatado y
defendido como un sistema de normas que buscan proteger la integridad, cohesión
y el bienestar social.
La seguridad y defensa, que como función propia debe adelantar un Estado en
un régimen de explotación, es ante todo la protección del sistema económico,
político y social en que descansa, y el de la sociedad un requisito sin el cual es
imposible generar y reproducir la riqueza. Mientras subsista la propiedad privada y
la sociedad dividida en clases, los intereses de opresión de la clase social dominante
estarán dirigidos a preservar la supervivencia del Estado y a garantizar su dominio
dentro de él. Los propósitos de una política de seguridad se encaminan entonces a
identificar las amenazas potenciales o reales a las se encuentra expuesto, así como
a adoptar las medidas para enfrentarlas, protegiendo con ello la permanencia y
consecución de sus intereses y objetivos. Vista desde esta perspectiva, la seguridad
es inherente al ejercicio de dominación de clase.
En la época del capitalismo y con el surgimiento de los Estados nacionales el
concepto de seguridad se liga a la protección del Estado-nación. Se entiende por
éste último, el campo de acción política claramente delimitado y reconocido,
que alberga una población caracterizada por una unidad de territorio, cultura y
vida económica. El estado-nación es la base de operación de cada burguesía, es el
territorio propio por excelencia en el que ejerce su poder de explotación y dominio,
y desde el cual proyecta sus intereses a otras regiones del mundo.
En un sentido amplio, la Seguridad Nacional como noción es un concepto teórico
práctico que nace con el Estado-nación, aunque la evolución de su contenido y la
trascendencia de su significado han ido de la mano de la preservación y del desarrollo
5. Lenin, V.I. Obras Editorial Progreso. Moscú. T. XXV, Págs. 358-359.
11
del sistema y del Estado capitalista. Esta doctrina es un sistema de conceptos
adoptados oficialmente por un Estado, así como un cuerpo de disposiciones
destinadas a identificar, ponderar, prevenir o enfrentar las amenazas internas y
externas que se ciernen sobre la seguridad de su territorio, habitantes e intereses.
La doctrina de la seguridad recoge y refina la experiencia de un país, o la de otros,
articula un conjunto de principios, instrumentos y líneas de acción a los que acude
en el momento de anticipar o reaccionar frente a una amenaza. Los cambios que
se operan en el campo de una doctrina y en las condiciones de su entorno, hacen
de éstas objeto de modificación, de ajustes para hacerlas más integrales y efectivas.
Oscar I. De Lasse describe este fenómeno en los siguientes términos:
“Se ha establecido que como resultado de las profundas transformaciones provocadas a
nivel internacional por el desarrollo económico y tecnológico, el concepto de seguridad
nacional reviste necesariamente un carácter integral (articulación y complementariedad
de las políticas interior, económica, exterior y de defensa) y multidimensional
(ponderación global y cohesionada de situaciones, factores y acontecimientos políticos,
económicos, sociales, geopolíticos, geoeconómicos y geoestratégicos).” 6
La estructuración y unificación de estos conceptos bautizados con el nombre de
“Doctrina de Seguridad Nacional” fueron adoptados por los Estados Unidos una
vez concluye la segunda guerra mundial.
El diseño de una política de seguridad parte de establecer con claridad tres
elementos: a) una lectura del contexto nacional e internacional; b) los objetivos
y amenazas; y, c) los campos de dominio en los que actúa y las directrices. La
importancia de resolver claramente cada uno de estos puntos reside en que de ellos
se desprenden las políticas generales de seguridad interior y exterior, así como las
directrices de seguridad militar o las políticas de orden militar.
Los propósitos que persigue una doctrina de este tipo, la forma como se articula
y se lleva a la práctica, están íntimamente ligados con el ejercicio del poder, es decir,
con la capacidad real o potencial de que dispone una clase social para influir e
imponer sus intereses sobre otras, en la dirección y en el sentido deseados. El poder
implica la utilización de medios tangibles e intangibles de fuerza y dominación,
siendo el Estado el principal centro de poder político de una clase social. La
burguesía se vale del conjunto de instituciones que componen el Estado y de otros
instrumentos de cohesión -no necesariamente legales- que lo complementan, para
legitimar la fuerza de sus decisiones e imponer su voluntad al resto de la sociedad.
No se concibe entonces la estructuración y el ejercicio de una política de seguridad
al margen del poder ni del papel del Estado.
En lo interno, el poder político se vincula al orden jurídico, a la separación de
poderes y a las formas de organización política, territorial y de Gobierno; en lo
externo, en lo atinente a las relaciones internacionales entre Estados, el poder busca
6. De Lasse A Oscar I. Seguridad: retos y necesidades hacia el siglo XXI. En El Financiero, México,
31 de octubre de 1988.
Referente conceptual
12
incidir en otras naciones o someterla a sus designios. La política exterior de las
grandes potencias a lo largo de la historia es una cadena de conceptos y decisiones,
dirigidos todos ellos a garantizar su hegemonía mundial.
Los objetivos que persigue la seguridad a nivel de política de Estado son de largo
alcance y tienen que ver con la protección y el funcionamiento de su sistema,
con el mantenimiento de las relaciones sociales y de producción prevalecientes
que incluyen las relaciones de propiedad, de distribución y de trabajo. Cuando
pretende objetivos de Gobierno, la política de seguridad se orienta a garantizar las
condiciones que hacen posible la concreción del proyecto específico en que está
empeñado el bloque de poder, o la fracción dominante dentro de él, durante un
período menos extenso.
No obstante, tanto a nivel de Estado como de Gobierno, las clases dominantes
reúnen y movilizan los recursos del poder nacional dependiendo del tipo de
amenaza, de la cobertura y fortaleza que representen; entre más seria sea la amenaza,
mayores serán los recursos del poder a los que acudirán y la capacidad de fuerza de
la que deberán disponer para derrotarla.
Una doctrina de seguridad, y el plan que se deriva de ella, se ocupa justamente
de potenciar y articular los recursos del poder con el fin de emprender las acciones
ideológicas, políticas, económicas y militares para superar las amenazas y obtener
los objetivos de una clase social, en tanto que una doctrina militar se dedica a
estudiar la forma en que se deben utilizar las capacidades de fuerza para combatir
una amenaza. El Departamento de Defensa de los EE.UU. define esta doctrina
militar como “...los principios fundamentales según los cuales las fuerzas o los elementos
militares guían su acción en apoyo de los objetivos nacionales”.7
Es oportuno señalar, en relación con su contenido, cómo las doctrinas de seguridad
nacional y las militares adoptadas por la burguesía de cada país en particular, al
tiempo que presentan rasgos semejantes y comunes, contienen aspectos y principios
que las diferencian unas de otras debido a las características propias de cada país y a
la división del mundo en potencias imperialistas y naciones dependientes.
Por otra parte, en lo que respecta al proletariado, la concepción que guía la línea
militar y desde la cual enfoca la ciencia y el arte de la guerra, es absolutamente
contraria al de la burguesía. Mientras que la burguesía persigue a través de la
seguridad defender su sistema de opresión y explotación, el proletariado apunta a
instaurar o proteger el socialismo en la meta final de superar todos los antagonismos
y desigualdades sociales. Por lo tanto los conceptos sobre seguridad y defensa que
cada uno asume provienen de orillas opuestas y se apoya en valores, intereses y
objetivos distintos. En este sentido, no existe ningún tipo de doctrina de seguridad
o militar neutral que sea igualmente útil a explotados y a explotadores, o que se
sitúe genéricamente por encima de las clases para servir sin distingos a cualquier
tipo de sociedad o Estado.
7. Klare, Michael. El ímpetu intervencionista: la doctrina militar estadounidense de la guerra de baja
intensidad.
13
Finalmente, los cambios que se operan en la dinámica de las condiciones políticas,
económicas, sociales y militares tanto internas como externas de un país, así como
el surgimiento de nuevas amenazas o de cambios en las existentes, obligan a que
las doctrinas de seguridad y las militares se adapten a nuevas realidades, avancen y
se renueven permanentemente para responder a las necesidades y circunstancias de
la lucha de clases.
Referente conceptual
14
El imperialismo y la política de seguridad de los
Estados Unidos. Antecedentes
El capitalismo es un sistema de producción cuyo crecimiento lo obliga a desbordar
las fronteras nacionales, ampliando cada vez más el límite de su dominio. Este
fenómeno es mucho más evidente, y su dimensión más vasta, cuando el capital
en la fase superior de su desarrollo, adquiere el carácter de monopolista. Esta fase
tiene como característica, la más enconada lucha entre los grandes capitales y
potencias por hacerse al control de los mercados, de las fuentes de materia prima
y de la mano de obra barata. Es la lucha por obtener y maximizar la ganancia. A
esta confrontación son empujados los capitalistas como efecto de las leyes que
gobiernan el funcionamiento del sistema y en esta contienda se hallan envueltos
sin excepción los países capitalistas y por ende los países dependientes víctimas de
esta rapiña.
En la época del imperialismo, el mundo es objeto de incesantes disputas por su
control y hegemonía. En este sentido, el imperialismo no solo es un sistema de
dominación y explotación, sino que por sus características entraña esencialmente
la guerra. Es la lucha de un puñado de potencias por redistribuirse el mundo. No
obstante, al ser un sistema internacional en permanente expansión y recomposición,
sigue teniendo como base de operación los Estados nacionales. La economía de
las potencias depende cada vez más de la explotación y opresión de los pueblos y
naciones dependientes y éstas de las inyecciones de capital de aquellas; de manera
que la estabilidad y la seguridad de las grandes asociaciones y países monopolistas
están directamente relacionadas con la estabilidad y seguridad de sus inversiones en
el mundo, con la seguridad y estabilidad del sistema.
El sistema imperialista, lleva consigo tres clases de contradicciones que se
desprenden de la naturaleza de su funcionamiento, estas son: la existente entre
proletariado y burguesía en los países capitalistas, la que se produce entre bloques
y potencias imperialistas por el nuevo reparto del mundo y la que surge entre las
naciones y pueblos contra el dominio de las grandes potencias por su liberación.
2
15
Vistas así las cosas y mientras subsista el sistema imperialista las grandes potencias
se ven expuestas en materia de seguridad y defensa a tres tipos de amenazas básicas:
aquellas que se producen en su propio territorio, las originadas en otras potencias
rivales por el reparto del mundo y las que se desprenden de los territorios que
están bajo su órbita de dominio. Estas amenazas, siempre presentes, tienen un
movimiento dinámico y guardan una relación de mutua dependencia. De modo
que cualquiera de ellas puede desempeñar el papel dominante en razón del curso
que tomen los acontecimientos a escala internacional.
La condición de hegemonía de las grandes potencias no siempre ha sido la misma;
el ascenso o declive de cada una de ellas y la lucha por hacerse al control del sistema,
siempre ha estado sujeta a la ley del desarrollo desigual capitalista y al uso particular
con el que han dispuesto de su poder económico, político y militar para abrirse
paso de modo individual o a través de alianzas con el fin obtener o mantener la
supremacía mundial.
El papel dominante de los Estados Unidos como única superpotencia del mundo
capitalista data de 1945 concluida la II guerra mundial, iniciando su acenso como
la principal potencia hegemónica, con el derrumbamiento del bloque soviético en
el año de 1991. El desarrollo que los llevó a ocupar la cima del sistema es fruto de
una larga historia de invasiones, de guerras de anexión y dominación, de patrocinio
de golpes de Estado y de intromisiones en los asuntos internos en los diferentes
países del mundo.
Los Estados Unidos han jugado un papel de Estado agresor en el hemisferio
americano desde los primeros años que declararon su independencia de Inglaterra.
Sus intereses de expansión en el continente, fueron bien identificados por el
libertador Simón Bolívar: “los Estados Unidos parecen destinados por la providencia,
a llenar de miseria a la América en nombre de la Libertad”.8
Una vez se establecen como nación soberana, emprenden una política dirigida
a constituirse en potencia mundial, incursionando en la disputa de mercados y
territorios frente a las potencias coloniales de la época o haciendo uso de su poder
económico, político y militar para someter a las nacientes repúblicas americanas.
América, a su juicio, es el espacio vital que por derecho propio deben abarcar y
acompañan este interés interviniendo, tras alegar un supuesto destino de protección
y de “llevar la libertad al continente”.
Su política de expansión, visiblemente expresada en el contenido de su política
exterior, ofrece una gama de argumentos, justificaciones y sentencias que insinúan
o declaran abiertamente sus intereses. Los enunciados, usualmente calificados como
enseñanzas o doctrinas, describen claramente su visión. Referenciamos algunos
de ellos:
8. Carta al señor Coronel Patricio Campbell, Encargado de Negocios de Inglaterra. Guayaquil, 5 de
agosto de 1829.
El imperialismo y la política de seguridad de Estados Unidos. Antecedentes
16
Mediante la Resolución de “No Transferencia” de 1811 el Congreso, luego que las
tropas norteamericanas ocuparan el territorio español de la Florida occidental con
fines de anexión, expresó puntualmente la preocupación de que España transfiriera
Florida a Gran Bretaña y la oposición a que una colonia europea fuese transferida
por su Metrópoli a otra potencia europea. “Los Estados Unidos, dada la peculiaridad
de las actuales circunstancias, no pueden asistir, sino en medio de la mayor inquietud, al
hecho de que parte del antes referido territorio pase a manos de otro poder; que se verán
compelidos, si lo requieren las circunstancias, a ocupar temporalmente dicho territorio,
por exigirlo así su seguridad, sin perjuicio de iniciar después las oportunas negociaciones
para tratar de su destino ulterior.”9
La doctrina Monroe declarada en 1.823, es una advertencia a los países de Europa
de que los Estados Unidos no tolerarían ninguna intervención en el continente
americano. Tres principios resumen su contenido: “1) Las potencias europeas
no tienen derecho a intervenir en los asuntos interiores de los Estados americanos.
2) Toda intervención de esta clase será considerada como una amenaza hostil y un
peligro para los Estados Unidos. 3) La fundación de colonias por cualquier potencia
ajena al continente es inadmisible, por hallarse América ya repartida entre Estados
civilizados”.10El contenido de esta doctrina se sintetiza en la conocida frase “América
para los americanos”
Más clara aún en develar sus intereses es La Doctrina del Destino Manifiesto
(1845) la cual afirma: “El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos
por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo
del gran experimento de libertad y autoGobierno. Es un derecho como el que tiene un
árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades
y el crecimiento que tiene como destino.” John L. O’Sullivan. 11
En aplicación de su política de intervención y expansión, los Estados Unidos
se anexan el territorio Mexicano de Texas (1845), y el territorio que hoy suma
los Estados de California, Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah,
Wyoming, Kansas y Oklahoma (1848). Las islas Hawai (1897), de Guam en el
Océano Pacífico y Puerto Rico, en el Caribe (1898). La bahía de Guantánamo en
Cuba (1898), donde establecen la base militar que actualmente mantienen con el
mismo nombre.12
9. Resolución Conjunta, aprobada por el Congreso Norteamericano en 15 de enero de 1811. Citada
por Cárdenas, Raúl. La política de los Estados Unidos en el continente americano. Cuba: Sociedad
Editorial Cuba Contemporánea, 1921, pág. 25.
10. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Doctrina de Monroe o Monroy. Tomo 36
páginas 282-284. http://www.filosofia.org/enc/eui/e360282.htm
11.El término de destino manifiesto aparece por primera vez en el artículo Anexión del periodista
John L. O’Sullivan, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York, en el número de
julio-agosto de 1845. Wikipedia. Doctrina del destino manifiesto. http://es.wikipedia.org/wiki/
doctrina_destino_ma.
12. Guantánamo ha sido utilizada durante los últimos años como sitio de secuestro, retención, tortura
y ultraje de los supuestos “combatientes ilegales” que amenazan la Seguridad Nacional de los
Estados Unidos, como parte de la guerra mundial contra el terrorismo lanzada por el ex presidente
George Bush. Las innumerables denuncias contra los campos de prisioneros de Guantánamo ilustran
la flagrante violación de Estados Unidos a los derechos humanos y al Derecho Internacional
Humanitario.
17
Iniciado el siglo XX, la Doctrina Monroe se complementa con el Corolario
Roosevelt. El incidente de 1902 originado por el bombardeo de barcos ingleses y
alemanes a puertos venezolanos como retaliación a la negativa de pagar sus deudas,
fue el nuevo pretexto de Estados Unidos para intervenir y ocupar los países del
continente, con el argumento de asegurar el cumplimiento de la ley y evitar la
intromisión de potencias europeas en cualquiera de ellos.
Esta decisión conocida como “El Corolario Roosevelt” fue declarada oficialmente
en diciembre 1904 en un mensaje dirigido por Teodoro Roosevelt al congreso
estadounidense.
“No es cierto que los Estados Unidos desee territorios o contemple proyectos con respecto
a otras naciones del hemisferio occidental excepto los que sean para su bienestar… Si una
nación muestra que sabe como actuar con eficiencia y decencia razonables en asuntos
sociales y políticos, si mantiene el orden y paga sus obligaciones, no necesita temer la
interferencia de los Estados Unidos. Un mal crónico, o una impotencia que resulta en
el deterioro general de los lazos de una sociedad civilizada, puede en América, como en
otras partes, requerir finalmente la intervención de alguna nación civilizada, y en el
hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede
forzar a los Estados Unidos, aun sea renuentemente, al ejercicio del poder de policía
internacional en casos flagrantes de tal mal crónico o impotencia.”13
Bajo el mandato de Roosevelt los Estados Unidos adelantan el robo de Panamá
que hacía parte del territorio colombiano. En 1903 firman con el naciente Gobierno
Panameño un tratado que les garantiza pleno control sobre la zona del canal por
100 años, reconociendo un pago de 10 millones de dólares a título de arriendo.
Desde la declaración de la Doctrina Monroe los Estados Unidos han promulgado
algo más de veinte doctrinas de política exterior, todas ellas encaminadas a defender
sus intereses en el continente y el mundo. Se entiende, que la profusión de doctrinas
obedece a que su imperio de dominación lo han forjado mediante el uso de la
fuerza, del poder de intimidación y violencia, a lo largo de una abultada sucesión de
conflictos e intervenciones. Éstos enunciados políticos no solo describen la historia
de la diplomacia norteamericana, sino que algunos de ellos se han convertido en
piezas claves de su política exterior y de una política aún más completa y superior:
la política de Seguridad Nacional.
13. Aparte del mensaje del Presidente Teodoro Roosevelt al Congreso el 6 de diciembre de 1904. La
“Doctrina de Monroe” y sus transformaciones. http://www.filosofia.org/ave/001/a264.htm
El imperialismo y la política de seguridad de Estados Unidos. Antecedentes
18
La Doctrina de Seguridad Nacional.
La doctrina de Seguridad Nacional es una concepción ideológica sobre el Estado
y la sociedad desde la cual Estados Unidos enfoca y consolida su dominación
global una vez concluye la Segunda Guerra Mundial. La doctrina es concebida
en el contexto de un mundo caracterizado por la existencia de dos ideologías, dos
sistemas y dos bloques de poder encabezados por EE.UU. y la URSS durante
el período de la Guerra Fría. La doctrina fortaleció un pensamiento político
abiertamente de derecha en América Latina, que alimentó el establecimiento de
gobiernos férreos y de sangrientas dictadura militares. “Como ideología, reconoció
sus orígenes en una visión bipolar del mundo desde la que, supuestamente, Occidente,
liderado por los Estados Unidos, representaba el bien, la civilización, la democracia y el
progreso; mientras que la entonces Unión Soviética estaba al frente del mal, el atraso y
la dictadura.”14
3.1. El final de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la post
guerra.
El triunfo de la revolución de octubre en 1917 fue un hecho sin antecedentes en la
historia de la humanidad e inaugura la época de la revolución proletaria mundial.
El poder de obreros y campesinos simbolizó la esperanza de millones de oprimidos
en el mundo y despertó la más fiera reacción por parte de las clases dominantes de
los países capitalistas. Contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
se forja un acuerdo de la burguesía a nivel internacional, cuyo objetivo no es otro
que verla sepultada. Es un acuerdo que utiliza todos los medios a su alcance y que
busca al mismo tiempo impedir la propagación de la revolución y el surgimiento
de nuevos Estados socialistas. En el marco de estas condiciones y como resultado de
14. VELÁSQUEZ RIVERA, Edgar de Jesús. Historia de la doctrina de Seguridad Nacional. En
Revista Convergencia, Universidad Autónoma de México. Enero-Abril, año 2002, No 27, págs.
11-39.
15. La invasión de Alemania a Polonia en 1939, marca el inicio de La II guerra mundial, como parte
de la disputa imperialista de las grandes potencias de la época por un nuevo reparto del mundo.
Inglaterra, Francia y Estados Unidos de un lado y Alemania, Italia y Japón por el otro.
3
19
la invasión Alemana15 a su territorio, la Unión Soviética se ve forzada a intervenir
en la segunda guerra mundial. El fascismo no sólo es expulsado por el Ejército
Rojo y el pueblo soviético, sino llevado a soportar una contundente derrota. Muy
a pesar de las intenciones de occidente, el sistema socialista sale fortalecido de la
contienda, afirmando aún más su determinación y compromiso con la causa de
los desposeídos.
La segunda guerra mundial y los años que siguieron a su terminación trajeron
consigo cambios significativos en el balance de las fuerzas de poder en el mundo.
Junto a la Unión Soviética surgieron nuevos Estados socialistas en Europa y, con el
triunfo de la revolución China en 1949, se extendió sin precedentes el denominado
campo socialista, alianza que abarcó en su momento cerca de la tercera parte de
la población mundial. Por otra parte desde el lado de los países capitalistas, los
Estados Unidos terminan por constituirse en la primera potencia económica y
militar, dejando en un segundo plano el papel preponderante que venían ocupando
Inglaterra y Francia.
La guerra cambió de hecho el panorama internacional y, en el caso del mundo
capitalista, recompuso la correlación de fuerzas y los espacios de poder entre
las grandes potencias, no sólo por la derrota de Alemania, Italia y Japón, sino
también, porque del lado de los vencedores europeos, éstos entraron debilitados
al momento de repartir el botín de guerra. Estados Unidos impuso las condiciones
debido a que Inglaterra y Francia arrastraban pesadas deudas, el conflicto había
dejado sus economías completamente devastadas y prácticamente en estado de
quiebra. En este nuevo contexto mundial se inicia el período conocido como la
“Guerra Fría” 1947-1991. A partir de este momento el punto determinante de
la lucha se centra en la confrontación de los dos sistemas, el capitalista y socialista
representados en los dos bloques de poder, liderados por Estados Unidos y la Unión
Soviética respectivamente, cada uno buscando preservar su dominio debilitando o
conteniendo la fortaleza de su opuesto.
El comunismo más que una “simple” amenaza, representaba para el mundo
capitalista su mayor peligro. Un enemigo crecido en tamaño y fuerza que desafiaba
la existencia de su régimen de explotación y dominio; contenerlo dentro de sus
fronteras, aislarlo o impedir que se extendiera a otros países no comunistas, era la
preocupación central sobre la que giraba la política de seguridad de los EE.UU. y
de sus aliados.
A esta preocupación, ya de por sí apremiante, se sumaba otra: La inestabilidad
social que acarreaban cientos de miles de personas víctimas del hambre, el desempleo
y la falta de abrigo. La guerra había destruido literalmente a Europa, situación de
la que no escapaban vencedores ni vencidos y que ocasionó, como era de esperarse,
disturbios, huelgas y levantamientos en el campo occidental.
A mediados de 1941 Hitler rompe de facto el acuerdo de no agresión firmado entre Alemania y la
URSS en agosto de 1939, e inicia la invasión a suelo soviético. Según sus conjeturas, la derrota de
la Unión Soviética, lo llevaría a las puertas de la victoria con Inglaterra y ésta última representaría
un triunfo devastador sobre sus rivales.
La Doctrina de Seguridad Nacional
20
En consideración a los anteriores hechos y circunstancias, la estrategia de los
Estados Unidos debía contemplar y ocuparse de varios frentes a la vez. De una
parte, debía garantizar el predominio del bloque occidental en el mundo y su
funcionamiento, de otra, contener el avance del comunismo, y finalmente, apoyar
la recuperación de sus aliados en la guerra, fortaleciendo la unidad de la coalición,
sin que ello implicase debilitar su protagonismo como primera potencia.
El bloque occidental, a instancias de Estados Unidos e Inglaterra, impulsó varias
iniciativas tendientes a estabilizar el sistema cambiario, financiero y comercial
mundial, a reconstruir las economías europeas, y a crear un escudo político y militar
que protegiera sus intereses frente al avance del bloque oriental. Producto de estas
gestiones en el plano internacional, se creó la Organización de Naciones Unidas
ONU, cuyo papel principal era asegurar un ambiente de paz mundial. Desde el
punto de vista económico se concretó el Plan Marshall para la reconstrucción de
Europa y se dio paso a organismos tales como el Fondo Monetario Internacional
FMI, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF16 y el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
En Europa, EE.UU. y once países más, firmaron el Tratado del Atlántico Norte
que da origen a la OTAN, como organización de índole política y económica pero
principalmente militar. Con la OTAN, Estados Unidos avanzó en su estrategia de
proteger sus futuras inversiones en Europa y de estrechar la alianza con sus socios
imperialistas frente a la amenaza del bloque socialista. En el Medio Oriente, Estados
Unidos alentó y apoyó la constitución del Estado de Israel en suelo palestino, y lo
convirtió en su principal punto de apoyo militar, en una región valiosa por sus
recursos energéticos y por su ubicación geoestratégica.
Por su parte, los países socialistas de Europa del Este conformaron el denominado
Pacto de Varsovia. El acuerdo fue firmado el 14 de mayo de 1955 en la capital
de Polonia por la Unión Soviética, quien lo lideraba, Albania, Bulgaria, Hungría,
Rumania y Checoslovaquia, y un año después fue suscrito por Alemania Oriental.
Entre sus principales objetivos estaban la cooperación de los países miembros
para preservar la paz y la ayuda militar mutua en caso de agresión armada contra
algunos de sus integrantes. El Pacto en realidad, fue una respuesta a la formación
de la OTAN, pero también buscó ser un organismo de consulta entre los países
miembros sobre los problemas de seguridad y de política internacional en general.
Los organismos e instituciones de carácter multilateral creados por ambos bloques
perfilaron las estructuras sobre la cuales se apoyaría el funcionamiento del nuevo
orden mundial. Tras estas primeras iniciativas, con el correr de los años, ambos
bloques crearon una extensa red de relaciones económicas, políticas y militares,
refrendadas en acuerdos, tratados y organizaciones de diferente índole. En el
16. El BIRF se crea en 1945 luego de la reunión realizada en Bretton Woods, New Hampshire, Estados
Unidos, con el objetivo inicial de servir a la reconstrucción de Europa y Japón y convertido
posteriormente en Banco Mundial, sus funciones se orienta a financiar proyectos para el sector
social, lucha contra la pobreza y alivio de la deuda.
21
caso del bloque occidental y con el ánimo de proteger el continente del “peligro
comunista”, Estados Unidos, junto a los demás países americanos, firman en 1947
el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca TIAR, conocido como Tratado
de Río17, en 1948 constituyen la Organización de Estados Americanos OEA y
fortalecen el papel de la Junta Interamericana de Defensa (JID) creada en 194218,
tratado y organizaciones que vendrían a jugar un papel determinante en el impulso
de su política de defensa y dominación en el continente americano.
La lucha de occidente contra el comunismo se entiende como una lucha global
que asume, por sus particularidades, la condición de guerra total y permanente.
Total en el sentido de confrontar los postulados ideológicos que acogían con
relativa facilidad los explotados del mundo, al sistema político que echaba por
tierra las virtudes de la libertad y democracia burguesas, al régimen económico
que demostraba, en la práctica, la superación de las desigualdades sociales basadas
en la propiedad privada y al poder militar con el que los trabajadores defendían su
poder frente a la amenazas y los intentos de restauración capitalistas; y permanente,
porque mientras subsistieran los Estados socialistas, bajar la guardia significaba
dar lugar a que un país cayese en manos del comunismo. Según sus conjeturas,
una nueva revolución alentaría a otros pueblos y naciones a seguir el ejemplo y
propiciaría una reacción en cadena.
Enfrentar y prevenir la amenaza comunista mediante una guerra total y
permanente, significó para los Estados Unidos diseñar una política de seguridad y
defensa sustentada en un sistema de organismos, políticas y estrategias, dispuestas a
atender su seguridad y la seguridad de sus intereses en el ámbito externo. Esta política
de seguridad y las acciones de orden político, militar, económico y psicosocial que
emprende en el marco de la guerra fría, se conoce como la Doctrina de Seguridad
Nacional, en tanto que en el ámbito de sus fronteras nacionales se expresa a través
del Estado de Seguridad Nacional.19
17. Según este tratado “un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado
como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes
Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inminente de
legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.”
Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, Artículo 3º. Febrero 9 de 1947.
18. En 1942, luego del ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se reúne la III
Conferencia de Cancilleres americanos en Río de Janeiro, en la cual se convoca a expertos militares
y navales en Washington para organizar la defensa del continente. Ese fue el origen de la Junta Interamericana
de Defensa (JID). La reunión de cancilleres estableció que hasta tanto la Organización
de Estados Americanos contara con sus organismos militares, la Junta Interamericana de Defensa
debía cumplir funciones tales como: a) estudiar y sugerir las medidas para la defensa continental;
b) actuar como órgano de preparación de los planes militares, y c) mantener al día el planeamiento
militar para la defensa común. En Marzo de 2006 la OEA vincula a la JID como una de sus organizaciones.
Los cursos académicos avanzados en temas relacionados con asuntos militares y de
defensa, el sistema interamericano y disciplinas conexas, se realizan en el Colegio Interamericano
de Defensa, con sede en Washington, D.C. España participa de la Junta en carácter de Observador
Permanente.
19. El Estado de Seguridad Nacional, nace en los Estados Unidos para hacer frente a lo que ellos
denominaron “el fantasma del comunismo”. Éste surge del miedo a la revolución, a la inestabilidad
económica del capitalismo y a la amenaza nuclear. A partir de este proceso se promulga el Acta de
Seguridad Nacional en julio 26 de1947. Por medio de ella se reestructura la organización del ejército,
incluyendo dentro de sus funciones el asesoramiento al Presidente en lo referente a la política
exterior, además se crea el Consejo de Seguridad Nacional que desempeña el papel de centro de
La Doctrina de Seguridad Nacional
22
La filosofía que la orienta, surge de considerar como una amenaza a sus intereses
cualquier levantamiento popular, lucha democrática, movimiento político o
Gobierno que no encuadre dentro de su política, y como tal debía ser reprimido
o sofocado. Se daba por hecho que estas amenazas provenían del extranjero, del
comunismo, y cualquier situación que alterara la normalidad social se veía como
una prolongación de “una ideología atea y dictatorial”, completamente ajena y
contraria a los intereses de los pueblos y a las aspiraciones de libertad y democracia
propias de cada nación. Para las burguesías de cada país, dichas amenazas no eran
resultado de las contradicciones internas ni eran producto de la opresión política
y de las desigualdades económico sociales, sino que su motivación partía de
la instigación de “un enemigo externo” que tomaba cuerpo en la lucha de los
sectores populares para atentar contra la sociedad, razón por la cual el Estado debía
protegerla contra éste enemigo interno.
En realidad el enemigo interno no era otro que la protesta social, la lucha de las
masas populares, las contradicciones de clase que en varios países se expresaron
como la rebelión armada de los pueblos contra la opresión. Estas luchas por
libertades y justicia no atentaban contra la mayoría de la sociedad, por el contrario
la reivindicaba en su dignidad y derechos. La denominación de “enemigo interno”
era la forma en que la minoría de potentados nacionales y extranjeros defendía
sus intereses particulares reprimiendo y sometiendo la sociedad en su nombre y so
pretexto de protegerla.
3.2. El hemisferio latinoamericano. Antecedentes.
Acorde con las políticas y planes capitalistas norteamericanos, la doctrina de
Seguridad Nacional redefinió el concepto de seguridad y defensa en los países
dependientes para centrarlo en la amenaza comunista. El Estado, las fuerzas
armadas y los organismos de seguridad volcaron sus esfuerzos a combatir el enemigo
interno.20
Como parte de su estrategia, los Estados Unidos convirtieron a Panamá en el
cuartel general de sus tropas. El control del Canal y la posición privilegiada del istmo
coordinación para la política de Seguridad Nacional en la rama ejecutiva, y adicionalmente se crea
la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
20. “En 1951, el Congreso estadounidense dicta la ley Nº 165 de Seguridad Mutua. Esta ley permite
que las Naciones Americanas intercambien entre sí material de guerra. Por supuesto que nosotros a los
Estados Unidos no le vamos a prestar ningún material de guerra. Quien presta material de guerra es
Estados Unidos a las naciones latinoamericanas. Y el hecho de prestar material de guerra le otorga a
Estados Unidos el derecho de establecer en el país recepcionante una misión militar con fines de asesoramiento
[…] Con esto queda prácticamente estructurado la famosa doctrina de la Seguridad Nacional.
Las Fuerzas Armadas de nuestros países deben estar preparadas fundamentalmente para luchar contra
la subversión interna, eso en especial para el caso del Ejército.” CONFERENCIA DE PRENSA.
teniente general Carlos Severo Toranzo Montero. 9 de enero de 1962. Ex comandante en Jefe del
Ejército Argentino. Citado por D’ANDREA MOHR, José Luis. Memoria Debida. Buenos Aires:
Ediciones Colihue, enero de 1999.
23
les aseguraba disponer de un punto estratégico a través del cual podían ejercer su
dominio sobre el Caribe, atenazar Centroamérica dominando sus extremos Norte
y Sur y desplegar el poderío de sus fuerzas hacia el sistema andino y el cono sur.
Estas zonas, a la postre, se convertirían en la división geográfica que adoptaría el
Comando Sur del ejército norteamericano para desarrollar sus operaciones y para
instalar progresivamente bases militares, acentuando el sometimiento de las ya
menoscabadas soberanías de los países del hemisferio.
En el entramado para implantar esta doctrina y darle continuidad, la Escuela de las
Américas jugó un papel determinante: desde su creación en 1946 por el Pentágono
en Fort Amador, Panamá, como un centro dedicado a la capacitación de las fuerzas
armadas de los países latinoamericanos hasta 1984, año en que fue trasladada a la
localidad estadounidense de Columbus (Georgia)21, se calcula en más de 60.000 los
policías y militares que transitaron por sus centros de enseñanza. Muchos de estos
graduados, a la postre ocuparían altos cargos en el Estado, desde jefes de Gobierno,
ministros, comandantes de rango superior en las fuerzas armadas, hasta directores
de organismos de inteligencia. En la década de los 60s, más que por su nombre, la
escuela fue reconocida como la “escuela de los golpes” al asociar su papel con los
golpes de Estado y con el ejercicio de las siniestras dictaduras militares que asolaron
el continente.
La preparación que impartía la escuela, enfatizaba en el adoctrinamiento
contra el comunismo y en la enseñanza de prácticas de terror en la lucha
antisubversiva.22Aunque la escuela negó con insistencia la instrucción de dichos
métodos, los manuales de enseñanza desclasificados, hechos públicos en 1996 por
el Pentágono, luego de 30 años de editados, revelan la utilización de la tortura, la
extorsión, los asesinatos extrajudiciales, el secuestro y la desaparición forzada de
personas como métodos efectivos en la lucha contra los rebeldes e insurrectos.
La escuela tendría mayor protagonismo con el triunfo de la revolución cubana
en 1959. Mientras que para los pueblos oprimidos ésta representó un ejemplo
de libertad, para los Estados Unidos y los poderosos del continente constituyó la
expresión más cercana y palpable de la amenaza comunista. Según sus cavilaciones,
con Cuba se propagarían los movimientos revolucionarios, motivo suficiente para
pensar que por intermedio suyo el bloque socialista extendería su influencia en el
continente.
Sin que medie distancia, los Estados Unidos intentan derrocar el régimen cubano
con la invasión a Bahía Cochinos en 1961 y ante su fracaso incrementa los
atentados y las presiones económicas y políticas contra la isla. La ofensiva acusa
mayor fuerza tras la reunión de Punta del Este en Uruguay y se agudiza con la crisis
de los misiles a finales de 1962.
En Punta del Este se toman medidas de diferente índole; las tendientes a cercar y a
ahogar a Cuba que incluían su expulsión de la OEA, y las encaminadas a fortalecer
21. Actualmente la escuela lleva por nombre Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica
(WHISC por sus siglas en inglés).
22. Entre las prácticas objeto de formación, se destacan las técnicas contra insurgentes, entrenamiento
La Doctrina de Seguridad Nacional
24
la seguridad de todos y cada uno de los países del continente. En lo referente a este
último punto una de las resoluciones declara:
“Encarecer a los Estados Miembros que adopten las medidas que estimen convenientes
a los efectos de su legítima defensa individual o colectiva, y cooperen según sea necesario
o conveniente, con el fin de fortalecer su capacidad de contrarrestar las amenazas o los
actos de agresión, subversión u otros peligros para la paz y la seguridad que resulten
de la intervención continuada en este Continente de las potencias chino-soviéticas, de
acuerdo con los compromisos contenidos en los tratados y convenios como la Carta de
la Organización de los Estados Americanos y el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca.”23
La revolución cubana atizó la lucha de emancipación de los oprimidos. La fuerza
de su influencia despertó simpatías, apoyos y sentimientos revolucionarios que se
traducirían en la formación de grupos de izquierda e insurgentes, convergiendo a
la vez con el poderoso movimiento de luchas anticoloniales24 en África, Asia y el
Caribe. La década de los 60s tendría como una de sus características en el mundo,
el ascenso efervescente de una corriente anti imperialista y de rebeldía, de protestas
y estallidos que cobijó hasta los propios países imperialistas.
3.3. La Guerra Irregular.
Aunque hubo situaciones tensas que pronosticaron un eventual desenlace de
guerra entre bloques a lo largo de todo el período de la Guerra Fría, fue la crisis
de los misiles en Cuba en 1962 la que estuvo a punto de desencadenar una guerra
nuclear. Los estrategas militares partían de suponer que la confrontación capitalismo
y socialismo, en caso de producirse, se desarrollaría por medio de enfrentamientos
regulares y/o nucleares entre Estados. Pero lo que caracterizó este período, fue
la proliferación de levantamientos armados locales, de luchas anticoloniales y de
revoluciones, que como denominador común adelantaban la confrontación no a
través de métodos convencionales de guerra, sino por medio de acciones irregulares,
de guerra irregular.
Para algunos estudiosos del tema militar, la guerra irregular era tan solo una forma
de hacer y de conducir la guerra convencional y no un tipo especial de guerra,
un tipo de guerra con características propias, esencialmente diferentes a la guerra
regular. Este enfoque, a juicio de muchos, desestimó la dimensión de los conflictos
y la forma adecuada de enfrentarlos, debilitando la posición del bloque occidente
de francotiradores, guerra psicológica y de comando, así como técnicas de interrogatorio.
23. Acta final de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para servir
de órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Ayuda Reciproca celebrada en
Punta del Este Uruguay, Resolución II punto 3º. Enero 31 de 1962.
24. Adquieren su independencia entre otros, países como Benín, Camerún, Togo, Madagascar, la República
Democrática del Congo, Somalia, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Chad, la República
Centroafricana, la República del Congo, Gabón, Mali, Nigeria y Mauritania- Samoa, Burundi,
Ruanda, Argelia, Uganda. Kenia - Gambia - Botswana, Lesotho. Guinea Ecuatorial, Barbados,
Guyana, Jamaica.
25
e inclinando la balanza a favor del bloque oriental. Por lo tanto, los conflictos en
el tercer mundo y la forma como las fuerzas rebeldes lo encaraban merecía ocupar
un lugar especial en la estrategia de guerra de los Estados Unidos y de sus aliados.
De allí que la doctrina de defensa, además de considerar la guerra convencional y
nuclear, destacó como uno de sus componente fundamentales, la guerra irregular.
La guerra irregular, es no convencional por naturaleza. Es una guerra donde las
tropas populares habitualmente organizadas en pequeñas unidades disponen de
gran movilidad, de un uso peculiar del espacio, del tiempo y la sorpresa, para
transformar a su favor la correlación de fuerzas a lo largo del conflicto, desgastando
y debilitando a un oponente superior hasta llevarlo a la derrota.
Las experiencias de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos durante la década del 50
y mediados de los 70 en conflictos de guerra irregular como los de Malasia, Corea,
Filipinas, Chipre, Argelia, Vietnam y Palestina entre otros, fueron sintetizadas y
sistematizadas para darle origen a la doctrina de Conflicto de Baja Intensidad.
La Doctrina de Seguridad Nacional.
26
La doctrina de Conflicto de Baja Intensidad
La derrota norteamericana en Vietnam en 1975 fue un duro revés a los intereses
estratégicos del imperialismo en la península indochina y puso en tela de juicio la
capacidad de su poder frente a sus aliados para rivalizar con el bloque soviético y la
lucha de los pueblos del mundo.
Estados Unidos jamás pensó que la decisión revolucionaria de un adversario al
cual aventajaban apabullantemente, pudiese vulnerar la solidez de su maquinaria
de guerra y propinarle la más humillante derrota. La dignidad y la heroica lucha
del pueblo vietnamita desmoronó el mito del todo poderoso imperialismo
norteamericano, e hizo manifiesto el inagotable poder que adquiere la guerra de las
masas, cuando éstas se apersonan conscientemente de sus intereses.
La intervención directa de tropas norteamericanas en el territorio Vietnamita,
encaminada a detener el avance de la lucha insurgente por la unificación del país,
antes que doblegarla, transformó la guerra civil revolucionaria en una guerra de
liberación nacional. La intromisión estimuló el sentimiento patriótico y unió al
pueblo y la nación entera en una lucha por expulsar las tropas invasoras.25
Pero la guerra tuvo otras repercusiones; al interior de la ciudadela imperialista
resquebrajó los argumentos que legitimaban la intervención, así como la base social
que le servía de apoyo. Las ilusiones de una victoria fácil y rápida desvanecieron
cuando se estrellaron con la cruda realidad de las derrotas y con el curso prolongado
que tomó el conflicto. Los inmensos y cada vez mayores recursos destinados a su
sostenimiento, el reclutamiento de tropas sesgado a las nacionalidades negras y
latinas, y el incremento en el número de bajas propias, progresivamente dividieron
y polarizaron al conjunto de la sociedad norteamericana. En el mundo entero,
la guerra desencadenó un poderoso movimiento de solidaridad internacional con
el pueblo vietnamita, la política gringa fue expuesta al desprestigio y al rechazo.
Estados Unidos fue identificado en el mundo como un Estado invasor, sinónimo
de agresión y de guerra.
25. EE.UU. interviene en Vietnam entre 1958 y 1975.
4
27
A la derrota en Vietnam se sumaron otras no menos significativas. En el lapso
de 1974 a 1980, numerosos movimientos conmovieron al mundo. La lucha
revolucionaria y de liberación nacional hizo presencia en Mozambique, Angola,
Laos, Camboya, Etiopía, Guinea, Granada y Palestina. Para los Estados Unidos
era necesario contrarrestar el turbulento ambiente social que despertaba en el tercer
mundo; la atención principal de sus esfuerzos debía centrarse en lo que ocurría en
estos países. “Nixon y muchos generales estadounidenses consideraron, desde el principio
de la década de los 80, que la guerra en los países más pobres del mundo era el desafío
mayor, y que Estados Unidos y sus aliados no podrían vencer si empleaban las formas
tradicionales de hacer la guerra.”26
En el año de 1981 Ronald Reagan asciende al poder. En la cúpula de la dirigencia
norteamericana se impone la necesidad de reversar la influencia alcanzada por el
bloque soviético; de la política de contención había que pasar a una política más
audaz y agresiva. Los Estados Unidos debían superar su imagen maltrecha y pasar
a la ofensiva como superpotencia hegemónica. Si bien la intervención directa de
tropas y el creciente número de bajas representaba un impedimento a su política,
se debía adoptar una estrategia de intervención de “bajo perfil” que guardara las
apariencias haciéndola más frecuente y efectiva. Una estrategia apropiada para
enfrentar la guerra irregular, la cual en perspectiva debía asegurarle también regresar
a su órbita a los países cobijados por el bloque soviético. En el fondo de todo este
proceso se ubican los innumerables y serios problemas económicos por los que
atravesaba occidente y la imperiosa necesidad de expandir sus capitales más allá
de los confines de su dominio. Conquistar nuevos mercados y sobreexplotar los
existentes estaba directamente ligado con fortalecer su maquinaria de guerra y hacer
más agresiva su política económica y militar frente al bloque soviético y los países
dependientes.
Así pues, antes de finalizar su primer período, Reagan autorizó al Pentágono
iniciar el proyecto de Guerra de baja intensidad. En 1986 Estados Unidos hizo
pública la adopción de la Doctrina del Conflicto de Baja Intensidad. En este
mismo año se establece el Comando Conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea para
la Guerra de Baja Intensidad encargado de dirigir, capacitar e implementar este tipo
de estrategia.
En su aplicación, los Estados Unidos debían determinar antes que nada el tipo
de conflicto a enfrentar, diferenciar si se trataba de una guerra regular o irregular.
Una vez identificado, era indispensable calcular la intensidad; es decir, precisar la
cantidad o el grado de fuerza a utilizar. “[…] a una determinada intensidad de la guerra
corresponde una aplicación de la fuerza de intervención.” El paso siguiente consistía
en prever el modo de llevar a cabo la intervención o la presencia de las tropas. No
era procedente repetir errores del pasado. La intervención directa y masiva de tropas
generaba un amplio rechazo del país invadido y de la opinión pública mundial, más
si se prolongaba en el tiempo. A cambio, el mando estadounidense debía gozar del
26. Pineda Francisco. La guerra de baja Intensidad. En Chiapas No 2. 1996.
La doctrina de Conflicto de baja intensidad
28
apoyo de las fuerzas aliadas locales, y en caso de intervención abierta, los objetivos
a alcanzar debían resolverse a través de acciones de decisión rápida.
Por lo tanto en esta clase de conflictos los Estados Unidos estaban obligados a
privilegiar el uso de fuerzas locales, razón por la cual era necesario entrenarlas,
armarlas y prepararlas en las estrategias dirigidas a librar este tipo especial de
confrontación.
Según las autoridades norteamericanas, “El Conflicto de Baja Intensidad es una
lucha político-militar limitada para alcanzar objetivos políticos, sociales, económicos
o psicológicos. Es muchas veces prolongado y varía desde presiones diplomáticas,
económicas y psico-sociales hasta el terrorismo y la contrainsurgencia. El conflicto de baja
intensidad generalmente se limita a un área geográfica y muchas veces se caracteriza por
constreñimientos en las armas, tácticas y nivel de violencia”.27
Rivalizar contra el bloque soviético significaba ganar la iniciativa y sacar provecho
de todo tipo de conflicto o situación que lo ameritara. Intervenir podía ser
producto de un hecho justificado o resultado de un pretexto lo suficientemente
convincente. Conforme a estos propósitos, la doctrina del Conflicto de Baja
Intensidad precisa varios tipos de misiones: 1) De contrainsurgencia, orientado
a contrarrestar y derrotar movimientos de rebelión popular; 2) De reversión,
derrocar Gobiernos revolucionarios o los que no se ajustan plenamente a los
intereses estadounidenses; 3) De prevención, ayudar a Gobiernos aliados de Estados
Unidos a evitar su desestabilización ante desordenes sociales; 4) De contracción al
terrorismo, operaciones de prevención y ataque a grupos terroristas o a Gobiernos
que les presten apoyo; 5) De operativos Antidrogas, ataque a centros de cultivo,
procesamiento y distribución de drogas ilegales o de organizaciones dedicadas al
narcotráfico; 6) De operaciones de mantenimiento de la paz, intervenir como parte de
misiones pacificadoras o de preservación de la paz en zonas de conflicto.28
Como se puede evaluar, las misiones de intervención persiguen responder a una
amplia gama de situaciones, que de no ser atendidas en su momento y con la debida
decisión podían poner en serio peligro los intereses de los Estados Unidos o por lo
menos debilitar la posición del bloque occidental.
Por su naturaleza, y por los objetivos que persigue, la guerra de baja intensidad
requiere de un conjunto de fuerzas que, por su variedad y especialización, no se
reducen estrictamente a las militares. Como ya se dijo, la lucha contra el comunismo
es una guerra total. No es la habitual lucha marcada por enfrentamientos militares.
La lucha contra la insurgencia revolucionaria abarca varias dimensiones de
confrontación, y busca una victoria mucho más completa y efectiva, una victoria
de más largo alcance. Para derrotarla se debe atacar su capacidad económica,
política y moral. El alto mando de la guerra de baja intensidad debe aprovechar
27. Analytical Review of Low-Intensity Conflict. 10 de agosto de 1986. Virginia EUA. Citado por
Sohr, Raúl. Para entender la guerra. México: Alianza,1990.
28. Para mayor información ver: Kreibohm de Schiavone, Patricia. La doctrina de la Guerra de Baja
Intensidad: del intervencionismo norteamericano a la formulación de una nueva categoría de conflicto.
En Revista Electrónica de Relaciones Internacionales, REDRI.
29
la variedad y especialización de las fuerzas de que dispone, para articular una
estrategia que desarrolle acciones de tipo integral con el objeto de propinar golpes
más contundentes y demoledores. Las fuerzas de intervención de la guerra de baja
intensidad, agencias civiles y militares, deben estar en condiciones de coordinar y
realizar acciones de tipo militar, psicosociales, económicas y políticas como parte de
un plan de seguridad nacional.
Se entiende que el centro articulador de la estrategia es el Estado del país “anfitrión”,
el cual se encarga de vincular al sector privado y a sectores de la sociedad para que
intervengan activamente en ella. Si bien la guerra de baja intensidad ubica como
el principal blanco de sus amenazas a la insurgencia revolucionaria, la estabilidad
del sistema no necesariamente está asociada con derrotar directamente sus fuerzas.
Más allá de este objetivo el Estado busca derrotar en la población las razones que
le dan sustento y legitimidad a la lucha insurgente; no se trata simplemente de
aislar a la insurgencia del apoyo social, sino, si se quiere, hacer que la sociedad la
enfrente como su enemiga. En la guerra de baja intensidad las acciones dirigidas
a controlar la sociedad son cada vez más frecuentes y juegan un papel definitivo.
Ganar o someter la población a su favor le asegura al poder dominante respaldo y
protección del sistema.
La estrategia, además de inculcar el rechazo ideológico y político a la guerrilla
y de reforzar las acciones de carácter militar adelantada por las fuerzas armadas
locales, suele acompañarse de la formación de grupos paramilitares organizados
y equipados para cumplir misiones que las fuerzas armadas del Estado no pueden
llevar a cabo abiertamente, sin que ello implique el reconocimiento de sus vínculos
y menos aún de consentir que forman parte de su política contra insurgente estatal.
En un Conflicto de Baja Intensidad el plan de guerra contra la amenaza insurgente
debe considerar tres momentos. “El primero estabiliza la situación militar y política.
El segundo, que abarca un lapso mucho más largo, ejerce una presión sostenida en lo
militar, psicológico y político para arrastrar a los insurrectos a las negociaciones. La
tercera fase o momento concluye al utilizar las ofensivas política, psicológica y militar
para llevar a efecto las negociaciones.”29
Si bien las tropas militares de intervención, suelen agruparse en fuerzas de
operaciones especiales, de asuntos civiles y de operaciones psicológicas, para prestar
apoyo y asesoramiento a las fuerzas armadas locales, también contempla acciones de
comando para operaciones excepcionalmente críticas en las cuales el Estado niega
cualquier conocimiento sobre su existencia y participación.
4.1. La coexistencia pacífica.
En el contexto histórico de la Guerra Fría, la Unión Soviética antepuso su política
de Coexistencia Pacífica a la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos,
29. Pineda Francisco. La guerra de baja Intensidad. En Revista Chiapas. No 2. 1996.
La doctrina de Conflicto de baja intensidad
30
en el período de 1955 a 1984. Iniciada con Nikita Jrushchov, la Coexistencia junto
con la Emulación y la Transición pacíficas constituyeron “Las tres pacíficas”; línea
que fundamentó y orientó las relaciones internacionales de la URSS con otros
partidos y Gobiernos. Con la llegada de Mijaíl Gorbachov al poder en 1985 esta
política sería modificada.
Los Cinco Principios que definen la Coexistencia pacífica, son: respeto mutuo
a la integridad territorial y la soberanía, no agresión mutua, no interferencia en
los asuntos internos de un país por parte de otro, igualdad y beneficio recíproco, y
coexistencia pacífica.
La Emulación pacífica por su parte sustentaba que una manera efectiva de
confrontar al sistema imperialista consistía en que el sistema socialista demostrara
su superioridad por medio de mayores desarrollos en el ámbito social, económico
y científico.
En lo que respecta a la Transición pacífica esta hacía referencia a que el uso de la
lucha parlamentaria y la extraparlamentaria de masas crearían las condiciones para
realizar pacíficamente la revolución socialista. El tránsito pacífico del capitalismo al
socialismo.
Las Tres Pacíficas, tomadas como línea oficial por Partido Comunista de la
Unión Soviética PCUS, representaron un cambio en la dirección del camino
revolucionario adoptado por el PCUS desde 1917 y tuvo ondas repercusiones en
el desarrollo de la revolución mundial y en la unidad del movimiento comunista
internacional.
El principio de la coexistencia pacífica realmente no era una invención de
Jrushchov, con anterioridad la propia Unión Soviética y los países socialistas lo
habían adoptado al establecer y desarrollar relaciones diplomáticas y comerciales
con países cuyos sistemas sociales eran diferentes al socialista. Lo nuevo realmente
fue el sentido que el partido soviético le imprimió al convertirla en la línea general
de su política exterior. La coexistencia pacífica se elevó al plano de línea principal de
los países socialistas, y más aún, hubo no pocos intentos por convertirla en la línea
internacional de todos los Partidos Comunistas del mundo. Al asumir este enfoque
se dejaba de lado el carácter de los distintos tipos de relaciones que el proletariado
adelanta en su política exterior: las relaciones con los demás países socialistas, con
países de diferente sistema social, con el proletariado de los países capitalistas y con
los pueblos y naciones oprimidos.
El principio fundamental que orienta la política exterior del proletariado es y
sigue siendo el internacionalismo proletario. La Coexistencia Pacífica es apenas
un aspecto de ella; el concepto se desfiguró hasta el punto de convertirla en el
30. La línea general que predominó hasta 1962 en la política exterior de los países socialistas se fundamentó
en tres puntos: desarrollar las relaciones de amistad, ayuda mutua y cooperación entre los
países del campo socialista de acuerdo con el principio del internacionalismo proletario; esfuerzo
por realizar la coexistencia pacífica con países de diferente sistema social sobre la base de los Cinco
Principios, y oponerse a la política imperialista de agresión y de guerra, apoyando la lucha revolucionaria
de todos los pueblos y naciones oprimidos.
31
eje fundamental del proletariado en lo países socialista y dependientes.30 En los
pueblos y naciones oprimidos, y en los países capitalistas la tarea central de los
revolucionarios consistía en derrocar la dominación del imperialismo y de sus
aliados y en promover la lucha encaminada a cambiar radicalmente el sistema social
y no en practicar la Coexistencia Pacífica; elevarla al plano de línea principal fue
un craso error de principios que produjo muchos desaciertos en el enfoque de la
lucha de clases en cada país y en la confrontación de los pueblos y naciones con el
imperialismo.
4.2. La postguerra fría
La caída del Muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión Soviética, 1989-
91, marcan el final de la Guerra Fría caracterizada por el enfrentamiento entre
los entonces denominados bloques de oriente y occidente. La crisis económica y
política en que se debate la Unión Soviética y la disolución del bloque, dan origen
a un período de transición y de reacomodo en las relaciones de poder a escala
mundial.
Para Estados Unidos y occidente la disolución del bloque soviético fue la victoria
más preciada después de la dura confrontación sostenida durante más de cuarenta
años. Era el triunfo contra el más grande obstáculo a sus necesidades de expansión
y a su rivalidad ideológica y política.
Según la burguesía internacional, con la URSS, caía el principal símbolo del
comunismo, significando con ello el fracaso histórico del socialismo y de la teoría
marxista. Para aquella, los principios y valores en que se fundamentaba el socialismo
eran tan débiles que no resistieron la fuerza de su propio peso. Invocando dichos
argumentos, que constituyeron el núcleo de la intensa campaña ideológica y de
propaganda desatada a nivel mundial por el imperialismo y la reacción, la burguesía
pretendía sacar ventaja de los hechos presentando al capitalismo como el único y
el mejor sistema posible.
Junto a estas posiciones, claras y escuetas, viejas tendencias burguesas venidas a
menos dentro del movimiento social y político tomaron vuelo. El reformismo, la
socialdemocracia y hasta la tercera vía salieron a reivindicar sus tesis. La revolución
debía sustituirse por una “novedosa y original” fómula política, que consistía
en despojar progresivamente al capitalismo de sus males e iniquidades hasta
convertirlo en socialismo. En esta curiosa metamorfosis, el capitalismo muda su
esencia y se desprende de su vieja piel para brotar limpio y puro como socialismo.
Como la anterior fórmula aparecieron otras no menos perversas que, en su afán de
confundir a las masas y de negar los cambios revolucionarios, sostenían domesticar
el capitalismo salvaje o propugnaban por una tercera sociedad “ni socialista ni
capitalista”.
La doctrina de Conflicto de baja intensidad
32
Según estas corrientes políticas, la única alternativa para los explotados del
mundo, si aspiraban a mejorar sus condiciones de vida, no era otra que cambiar las
“imperfecciones” del capitalismo, pero nunca reemplazar el sistema de dominación.
En consecuencia, la necesidad de la revolución quedaba sepultada, la revolución y
la construcción socialista habían sido un sueño de ilusos a los que la realidad se
había encargado de colocar en su sitio. Desde luego toda esta basura ideológica
caló, e hizo mucho daño en el movimiento obrero, la intelectualidad y las fuerzas
revolucionarias, al tiempo que desvió al movimiento popular de su lucha central
por el poder político.
Sin duda la valoración de los hechos de 1989-91, pero sobre todo de las causas
que los habían originado no se explicaba a simple vista. Para el común de las
personas e incluso para muchos revolucionarios éstos acontecimientos los tomaron
por sorpresa. En realidad, los sucesos que los trabajadores del mundo tenían ante
sus ojos era la culminación un proceso prolongado de restauración del capitalismo
iniciado en 1956 al interior de la sociedad socialista, en donde las fuerzas de la
reacción, que no se habían resignado a perder el poder, se impusieron sobre las
fuerzas revolucionarias tomando el control del Partido, el Estado y el Ejército,
trastocando los fines del socialismo en capitalistas.
Es un hecho evidente que las transformaciones socialistas no se realizan en un
país de un solo golpe y que la lucha de clases no se congela a favor del proletariado
una vez se produce la revolución. Derrocar la burguesía es apenas el primer paso
de un largo proceso de transformaciones y luchas en donde el socialismo arrastra
múltiples problemas de la vieja sociedad. La ideología burguesa aún se haya
fuertemente arraigada en el pensamiento de la población y en sus costumbres y
todavía persiste la pequeña propiedad, las clases y una intensa lucha de clases que
cobija diversos frentes de la vida social en diferentes niveles. En la confrontación
entre las fuerzas que perseguían avanzar en los cambios revolucionarios y las que
propugnaban el regreso del capitalismo, fueron estas últimas las que finalmente
terminaron por imponerse.
La identificación y valoración del viraje en la construcción del socialismo en la
Unión Soviética y posteriormente en China en 1976 tuvo grandes repercusiones
en la unidad del Movimiento Comunista Internacional y en la lucha de los
trabajadores. En realidad los acontecimientos de 1989-91 en la Unión Soviética
no significaron el fracaso del socialismo como a voz en cuello lo proclama el
imperialismo y la reacción internacional, sino los de una sociedad que ya estaba
envuelta en las contradicciones propias del capitalismo y cuyos antagonismos la
hicieron insostenible.
La desintegración la Unión Soviética y del bloque liderado por ella, fue sin duda
el hecho más significativo en la recomposición de fuerzas de poder en el mundo
después del que se había operado al finalizar la II guerra mundial. La crisis en que se
debatía el bloque oriental fue profundizada por occidente mediante una estrategia
33
política que propugnaba la “libertad y la democracia” y el reavivamiento de un
nacionalismo a ultranza. Yugoslavia fue desmembrada, varias repúblicas soviéticas
se separaron declarando su autonomía, y no pocos países de Europa Oriental
realinearon su posición a favor de occidente.
Disipada la amenaza soviética, Estados Unidos emerge como única superpotencia
y sale extraordinariamente beneficiada en esta coyuntura debido a su capacidad
económica, política y militar. Pero al desparecer las motivaciones que le dieron
origen a la alianza, la unidad de las potencias imperialistas y las rivalidades al
interior del bloque occidental mantenidas a lo largo de la guerra fría, le dan paso
a que se perfilen con mayor nitidez los bloques geoeconómicos configurados con
anterioridad: La unidad de Europa se fortalece en torno a la Unión Europea con
Alemania a la cabeza, Japón continúa siendo el principal centro de influencia en el
pacífico y los Estados Unidos en el continente Americano. La nueva reconfiguración
mundial se daría alrededor de estos tres centros de poder. Rusia por su parte buscaría
recobrar la estabilidad económica y política y China entraba a constituirse en un
importante receptor de inversiones de capital extranjero y en centro destacado de la
producción manufacturera mundial.
La desintegración de las estructuras bipolares, sin duda, remueve obstáculos
para los movimientos e inversiones del capital ampliando su campo de acción,
estimulando y acelerando el proceso de globalización. No obstante la recuperación
y el crecimiento económico que le sobreviene, no tienen la misma dimensión ni
gozan de la misma fuerza, si se le compara con el que se produjo en el período que
siguió a la postguerra.
Este crecimiento lento e inestable llevaría al desmantelamiento del “Estado
benefactor” dándole mayor impulso y especial preeminencia a la aplicación de
las políticas neoliberales adoptadas por el Consenso de Washington en 1989. La
desregulación de las economías y de las relaciones laborales, la liberalización del
comercio internacional, la privatización de las empresas del Estado y la liberación
de las tasas de cambio eran parte del paquete que serviría a la reactivación del
sistema imperialista, dirigido a estimular la inversión y rentabilidad del gran capital
en los países dependientes.
Los programas de ajuste del Fondo Monetario y el Mundial y los acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio apuntalaron la política neoliberal liderada por
los Estados Unidos y contraída por las grandes potencias para los países del tercer
mundo, hundiendo a la masa de explotados en mayores niveles de empobrecimiento
y miseria.
La crisis y los trastornos financieros desatados en México (1994), en Asia
oriental y Rusia (1998), seguidos por los de Brasil y Argentina, entre otros hechos
económicos, revelan que si bien la culminación de la guerra fría removió obstáculos
La doctrina de Conflicto de baja intensidad
34
para la expansión del capital, ésta arrastró viejas contradicciones y le dio curso a
otras nuevas, potenciando a un nivel más amplio la inestabilidad del sistema.
Para occidente la disolución del bloque soviético sin duda atenuó la amenaza
comunista a sus intereses, pero los efectos de la política neoliberal trajeron consigo
el agravamiento de las contradicciones del capitalismo y un ambiente de malestar
social y de rechazo que de nuevo prendió levantamientos y estallidos revolucionarios
en diferentes lugares del mundo.
35
La Doctrina de Guerra Preventiva y el Plan
Colombia
5.1. Antecedentes.
Colombia inicia el milenio arrastrando agudas e históricas contradicciones
sociales y políticas y recuperándose de una profunda crisis económica. En la
base de estos problemas se encuentra el carácter dependiente de su economía con
respecto al imperialismo norteamericano, y el predominio de la gran propiedad
latifundista unido a la extrema concentración de la riqueza en manos de un puñado
de grandes terratenientes, burgueses y multinacionales. La lucha y rebeldía de las
masas populares no ha tenido razón distinta que la de confrontar esta oprobiosa
e injusta situación, reivindicando a favor de sus intereses la necesidad de una
revolución agraria y democrática y la conquista de una autentica independencia
nacional.
En respuesta a estas aspiraciones, legítimas por sus causas y aún más por sus
objetivos, el imperio gringo y las clases dominantes sostienen una implacable guerra
contra el pueblo. Los medios y las estrategias de los que se han valido son múltiples
y variados; con todo y eso no han logrado quebrantar la voluntad de lucha de los
trabajadores, por el contrario, las han forzado a ajustar o renovar sus estrategias y
tácticas en medio de la contienda.
Lo anterior nos sirve para ubicar cómo la aplicación de la doctrina de Seguridad
Nacional en Colombia no ha seguido un proceso lineal ni mecánico. Si bien
ideológica y políticamente ésta ha guiado el desarrollo de la lucha contrainsurgente,
la evolución de su enfoque abarca diferentes momentos, marcados por una tendencia
a integrar y potenciar cada vez más los recursos del poder, ante los fallidos intentos
por derrotar las fuerzas insurgentes y debilitar y socavar las incesantes luchas de
amplios sectores de la población. Pero no sólo eso, la aplicación de la doctrina
también ha estado mediada por la dinámica de las contradicciones que operan
al interior del bloque de poder. Éste, lógicamente, no funciona como un todo
La Doctrina de Guerra Preventiva y Plan Colombia
5
36
monolítico ni con una visión uniforme y única sobre los diferentes problemas
del acontecer nacional e internacional, y menos aún en temas tan importantes y
complejos como los de su seguridad. Confrontar las amenazas y particularmente
la insurgente, ha sido fruto de un proceso que enfrenta puntos de vista, valoraciones
y enfoques acerca del tipo de tratamiento político y militar a seguir, como del
diseño y selección de estrategias con las cuales pretende su derrota. Si bien existe
un acuerdo fundamental que cohesiona al bloque de poder en torno a la defensa
y protección del sistema, los intereses particulares en juego y las respuestas que
adoptan las amenazas, hacen que dicho acuerdo no esté exento de diferencias y
contradicciones.
Desde el Frente Nacional las fuerzas armadas gozaron de una relativa autonomía
para ocuparse de manejar la seguridad nacional. De alguna manera la tradición
que perduró durante largo tiempo en la dirección del Estado, fue aquella que
dejaba en manos del aparato castrense lo concerniente al manejo de la seguridad
y defensa e incluso de adelantar acciones de tipo judicial31, toda vez que en ellas
descansaba el conocimiento y la experiencia para atenderlo, mientras que el poder
civil se ocupaba de brindarle el apoyo requerido, a nivel del presupuesto y de las
demás ramas del Estado, para que pudiese cumplir a cabalidad con la función de
garantizar la defensa nacional y el orden público. No obstante, en el período de
Cesar Gaviria (1990-1994), se produce un cambio sustantivo en este enfoque. Se
parte de reconocer que los problemas de seguridad y defensa son asuntos de carácter
político y no militares, los cuales por su dimensión y complejidad deben estar a
cargo del poder civil, pese a que dentro de su manejo éstos se apoyen en el poder
militar. Se encuadra entonces la actividad de las fuerzas armadas, para colocarla
en función de la “Estrategia Nacional Contra la Violencia”, estrategia que por su
cobertura e integralidad, se presume más efectiva y completa. En concordancia
con ello Gaviria nombra a Rafael Pardo como ministro de defensa modificando la
relación de mando entre el poder civil y militar, cartera que venían ocupando los
militares desde 1953.
Con estos cambios, unidos al fortalecimiento del “Consejo Superior de Defensa
Nacional”, a la creación de la “Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad
y a la Unidad de Justicia y Seguridad en el Departamento Nacional de Planeación”,
el Gobierno busca darle mayor coherencia y estructura a la política de Seguridad
Nacional. Gaviria retoma la estrategia de guerra integral para hacerle frente a las
amenazas que atentan contra el Estado. En el caso particular de la lucha anti
insurgente, articula el papel de diferentes entidades y programas institucionales,
con la labor que adelantan las fuerzas armadas. Las acciones sociales del Estado
se entrelazan con las acciones de militares, policías y cuerpos de inteligencia en
áreas de influencia guerrillera o en zonas de atención prioritaria, caracterizadas
así, por la perturbación del orden público. Hacia estas zonas y a las consideradas
deprimidas se dirige por el ejemplo el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR32,
31. Durante el Gobierno de Turbay Ayala la justicia militar procesó y condenó a civiles en los denominados
Consejos Verbales de Guerra.
32. El Plan Nacional de Rehabilitación PNR fue creado durante el Gobierno del Belisario Betancur
37
plan que cumpliría en estas últimas el papel de llevar la acción del Estado a fin de
anticipar o de contener las eventuales revueltas sociales.
Si bien en el Gobierno de Cesar Gaviria se destaca la reestructuración de la
política de Seguridad Nacional, no menos importante son las reformas al Estado
derivadas de la Constitución de 1991. La convocatoria de la Asamblea Nacional
Constituyente representó un componente de la estrategia política de desmovilizar
las organizaciones armadas. Algunas de ellas como el M-19, el EPL y el Quintin
Lame, transaron en acuerdos con el Estado el abandono de las armas a cambio
de su reincorporación a la vida política civil y de menudas reformas sociales y
de participación, esencialmente en esferas de la burocracia estatal, en medio del
exterminio de otras fuerzas políticas como la Unión Patriótica. Pero la parte gruesa
que pretendía la constituyente se centró en la necesidad de remover los obstáculos
de orden jurídico para adecuar el Estado a las nuevas necesidades que imponía el
capital y de garantizar la estabilidad institucional en diferentes ámbitos. El nuevo
marco constitucional, como era su intención, facilitó el impulso e implementación
de las reformas al Estado, condición para la puesta en marcha del conjunto de
políticas neoliberales expresadas en la llamada Apertura Económica.
La ocurrencia de estos cambios estaba motivada no sólo por las necesidades
económicas de expansión del capital internacional una vez concluida la guerra fría,
sino también por los peligros que advertía el conflicto centroamericano sobre la
región. La adecuación del Estado y la reestructuración de la política de seguridad
nacional procuraron ser la respuesta a la influencia de la revolución nicaragüense y
al avance de la lucha del pueblo salvadoreño, pero sobre todo, al recrudecimiento
de la confrontación interna producto de los éxitos que cobraban las acciones de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar33. El documento de Santa Fe II (1988)
alerta con antelación sobre la exigencia de las reformas y de lo que podría ser un
eventual desenvolvimiento del conflicto colombiano si éstas no se llevaban a cabo
con celeridad: “Así, si las tendencias actuales no se cambian, en Colombia se producirá
una importante rebelión en la década de 1990, rebelión que afecta directamente a
EE.UU. particularmente en lo que se refiere al aumento de la cantidad de narcóticos
1982-1986 y estaba dirigido a zonas afectadas por la violencia y deprimidas por la pobreza, como
parte de la política de reconciliación y normalización de la vida civil. El Plan fue acogido por posteriores
gobiernos como uno de los principales instrumentos para “erradicar” la pobreza, promover
la participación comunitaria y el desarrollo regional.
33 En 1987 se creó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que agrupaba prácticamente la totalidad
de organizaciones guerrilleras actuantes en Colombia; entre estas se encontraban las FARCEP,
UC-ELN, EPL y el movimiento Quintín Lame.
34. “El documento Santa Fe IV, cuya primera versión apareció en la década de los 80, fue producido para
la campaña presidencial del Presidente de los Estados Unidos George Bush por el staff del Partido Republicano
dirigido por el diplomático Lewis Tambs y otros miembros del Centro de Estudios Estratégicos
Internacionales y del Consejo para la Seguridad Interamericana[…]” Pinzón Sánchez, Alberto. Operación
Geoestratégica Global de EE.UU. para anexar a América Latina. Durante cuatro décadas
los documentos Santa Fe I, II, III y IV se han constituido prácticamente en el referentes obligados
que orientan la política de Estados Unidos para preservar sus intereses en el continente, en el marco
de la doctrina de Seguridad Nacional.
La Doctrina de Guerra Preventiva y Plan Colombia
38
que como resultado arribará a nuestras costas. Por lo tanto, es posible que en la década
de 1990 Colombia haga que América Central, el singular problema de política exterior
de EEUU en la década de 1980, parezca bastante pequeño.”34
La Estrategia Nacional Contra la Violencia formulada por el Gobierno de Gaviria
fue un paso significativo en la evolución y reestructuración de la doctrina de
Seguridad Nacional para ajustarla a las nuevas condiciones35.
Con el Gobierno de Samper (1994-1998), la política de seguridad nacional se
mantiene sin mayores cambios ni repercusiones. El llamado proceso 800036 que
revela la financiación de su campaña con dineros del narcotráfico empantana
la gestión de su mandato. La labor del Gobierno se encamina a garantizar su
sostenimiento en el poder dándole mayores prebendas a las fuerzas armadas y
mayores libertades para el control del orden público.
Conviene advertir que desde 1996 se observa en la economía una tendencia de
desaceleración que toca fondo en 1999. La crisis se expresa en una contracción
del 4.2% del PIB, en un desempleo de 18%, en el cierre de numerosas empresas
y en la ruina de pequeños y medianos propietarios del campo. La crisis es el
resultado de problemas estructurales y consecuencia del proceso de apertura
económica iniciado por Gaviria. A lo largo del período comprendido entre 1994
y 2001 se presenta un ascenso en la lucha del movimiento insurgente y popular.
Las medidas adoptadas por la apertura neoliberal expresan con mayor fuerza sus
efectos sobre la producción y sobre las garantías y derechos de los trabajadores,
originando protestas y movilizaciones en todo el país; pero al mismo tiempo
acusando un incremento de la represión por parte del Estado, acompañado por
las acciones de terror y masacres adelantadas por el paramilitarismo. El Gobierno
de Andrés Pastrana (1998-2002) inicia su gestión en medio de las circunstancias
anteriormente señaladas, proponiendo un proceso de diálogo y negociación con las
FARC-EP. Con Pastrana se inicia un nuevo reajuste a la doctrina de Seguridad
Nacional que se consolidaría y complementaría con su sucesor, Álvaro Uribe Vélez,
como se expondrá más adelante.
5.2. Los cambios que se introducen al enfoque y su puesta en marcha
Antes de adentrarnos en la política de Seguridad Democrática, como expresión de
la doctrina de Seguridad Nacional, de los cambios operados en ella y en la doctrina
militar de las fuerzas armadas, es pertinente ubicar algunos elementos de análisis
sobre la situación por la que atravesaba el conflicto social y armado en Colombia,
en el período comprendido entre 1994 y 2001, para comprender la visión que
35. En la segunda mitad de su mandato, el gobierno de Gaviria le da mayor acento a la guerra contra
el Cartel de Medellín. Los escándalos que suscita la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de La Catedral
obligan al Gobierno a centrar su atención en lograr su captura, o como en efecto ocurrió,
en propinarle la muerte.
36. Se calcula en más de 3000 millones de pesos los dineros entregados por el Cartel de Cali a la
campaña presidencial de Ernesto Samper. Ésta no es la primera, ni la única y menos la última
campaña financiada con dineros del narco. La relación entre política y narcotráfico es apenas una
manifestación de los innumerables vínculos que sostienen las clases dominantes y el imperialismo
gringo con el negocio de la droga.
39
tenían las clases dominantes y el propio Gobierno gringo, acerca de la magnitud
del desafío que representaba la insurgencia revolucionaria. El propio Gobierno del
presidente Uribe evaluaba así este período:
“Colombia se enfrentaba a una grave crisis en materia de seguridad y legitimidad
provocada por la expansión sin precedentes de los grupos armados irregulares, que hacían
presencia en gran parte del territorio nacional.
Las Farc escalan sus accionar contra la fuerza pública, en la aplicación de su Nueva
Forma de Operar (NFO), que busca concentrar fuerzas para ejecutar acciones puntuales
contra objetivos militares asilados, en movimiento o en posición vulnerable, para crear
vacíos de institucionalidad en el territorio. Al mismo tiempo empieza a hacer un uso
extensivo de explosivos para cometer actos de sabotaje contra la infraestructura pública
del país. En esta época se generalizan los ataques contra puestos de policía y unidades
militares en centros que dificultan la llegada rápida de refuerzos, a lo cual el Estado
responde cediendo territorio, retirando la fuerza pública de algunas zonas en aras de
preservar la fuerza y evitar muertes de combate. A través de estos ataques, las Farc
buscaban controlar territorio y cualificar sus fuerzas, con la ambición de conformar un
ejército regular, pretendiendo alcanzar un equilibrio estratégico con el Estado. Frente
a este vacío de institucionalidad, la población civil quedó desprotegida frente a la
acción armada de los grupos subversivos en varios lugares del país y recurrió en muchas
ocasiones al mecanismo de justicia privada, es así como en esos mismos años se fortalecen
los grupos de autodefensa. Ante estas amenazas, no se vislumbraba en ese entonces una
respuesta estatal adecuada ni coordinada, puesto que no se contaba con una política de
seguridad y de una estrategia militar capaces de neutralizar estos grupos y recuperar la
institucionalidad en el territorio”.37
Para el Gobierno y algunos asesores en el tema de seguridad, la insurgencia había
tomado la iniciativa, desplegando una ofensiva que ponía en graves aprietos a las
fuerzas del Estado. Pero más aún, los demoledores ataques por parte de las FARCEP
a la base militar de las Delicias en el departamento del Putumayo, a Patascoy
en Nariño, a la Brigada Móvil Nº 3 en el Billar Caquetá, a la de Miraflores en
el Guaviare y la toma de Mitú, mostraban que la guerrilla había incrementado
su poder operativo, pasando al ataque de blancos fuertemente protegidos y de
unidades especializadas en la lucha de contraguerrilla. Lo anterior hacía suponer
que la insurgencia atravesaba por un momento clave en el desarrollo de su
estrategia. El incremento de sus efectivos, el nivel de organización y experiencia,
junto al uso de mejor armamento, la estaban llevando a pasar de la fase de guerra
de guerrillas, a una nueva y superior: la guerra de movimientos; ésta, según sus
análisis, se adelantaba principalmente en el sur oriente del país, región que habían
convertido en su retaguardia estratégica. Las anteriores apreciaciones vistas a la luz
de los hechos no se distanciaban de la realidad.
37. Vicepresidencia de la República de Colombia, observatorio del programa presidencial para la
defensa de los derechos humanos. Impacto de la política de Seguridad Democrática, sobre la confrontación
armada, el narcotráfico y los derechos humanos. Bogotá: 2008, pág. 18.
La Doctrina de Guerra Preventiva y Plan Colombia
40
En lo político, la estrategia de la guerrilla se centraba en copar el poder local, es
decir, en sustituir la presencia del Estado, por otra diferente donde la guerrilla
sostenía el monopolio de la fuerza, la justicia y el tributo. En algunas zonas,
además de controlar la vida económica y social, las FARC-EP eran, y siguen siendo
reconocidas por la población, como una fuerza que expresaba sus intereses y la
única autoridad a acatar. Según Alfredo Rangel38 “En la Colombia de hoy existen
por lo tanto cuatro tipos de municipios: aquellos donde aún domina el Estado, los
manejados por la guerrilla, los controlados por los paramilitares y los que están en
disputa”·39. Para 2002, de los 1.019 municipios, 158 se encontraban sin presencia
militar del Estado40.
Por otra parte, en relación con la estrategia el mismo autor señala. “El Estado no
ha tenido un planteamiento estratégico claro, porque sus objetivos políticos y militares
en la lucha contra la guerrilla no son claros. Mejor dicho no hay una respuesta militar
adecuada porque no hay unos objetivos políticos claros…Existe una distancia y una falta
de entendimiento entre el poder civil y militar. Mientras el primero trata de negociar
a toda costa con la guerrilla el segundo intenta aniquilarla a como de lugar. No hay
un punto claro en cuanto a los propósitos. Por lo cual no se puede hacer ni lo uno ni lo
otro…Esta desconexión en relación con los temas de seguridad se evidencia en que en
el poder civil existe un insuficiente desarrollo institucional que todavía no ha permitido
que operen con claridad orgánica los agentes que deben ejercer las funciones de dirección,
planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de estos asuntos, lo cual merma la
posibilidad para alcanzar una efectiva disposición, integración y acción coordinada de
todas las energías y fuerzas materiales y morales de la nación para neutralizar cualquier
amenaza o agresión, real o potencial, interna y externa. Es decir hay ausencia que
garantiza el manejo y control civil de los asuntos de seguridad”.41
De acuerdo con la situación destacada en las notas referidas, se propone, por parte
del establecimiento, diseñar una estrategia tendiente a articular un plan, que por
sus componentes y políticas, esté en condiciones de enfrentar de manera apropiada
la amenaza insurgente, recuperando para el Estado el control del territorio y la
legitimidad sobre el mismo. Los lineamientos generales de la estrategia buscan
superar las limitaciones y los vacíos dejados por aplicación de la Estrategia Nacional
Contra la Violencia, proponiendo un rediseño acorde con las nuevas situaciones
internas y externas, así como con las nuevas formas, dimensiones y amenazas al
Estado colombiano. El establecimiento entonces se propone definir objetivos,
estrategias y planes específicos que integren los fines e intereses económicos,
38. Alfredo Rangel es economista de la Universidad Nacional, Magíster en Ciencia Política de la
Universidad de los Andes, Columnista del diario El tiempo y de la revista Semana. Director de la
Fundación Seguridad Democrática. Ex Asesor presidencial de seguridad nacional del Gobierno
de Ernesto Samper. Ha sido asesor externo de varios ministros de defensa, especialmente de los del
Gobierno de Uribe. Artífice y fanático defensor de la política de Seguridad Democrática.
39. RANGEL, Alfredo. Colombia: guerra en el fin de siglo. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1992.
40. Vicepresidencia de la República de Colombia, observatorio del programa presidencial para la
defensa de los derechos humanos. Impacto de la política de Seguridad Democrática, sobre la confrontación
armada, el narcotráfico y los derechos humanos. Bogotá: 2008, pág. 21
41. RANGEL, Alfredo. Guerra Insurgente. Conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia.
Bogotá: Intermedio editores. 2001.
41
políticos y militares de las clases dominantes, involucrando en este esfuerzo al
Estado, al sector privado y a amplios sectores de la sociedad.
Los cambios propuestos se enmarcan de hecho en la estrategia confeccionada por
los Estado Unidos para América Latina y, como se verá, también se ubican en el
contexto de la doctrina global de Guerra Preventiva, adoptada por el Pentágono
luego de los sucesos del 11 de septiembre de 2001.
El Plan Colombia fue, por así decirlo, la respuesta de choque para contrarrestar
el avance de la insurgencia, que era la principal amenaza a la seguridad del Estado.
El plan aprobado en agosto de 2000 por el Senado norteamericano, junto con un
primer paquete de 1.300 millones de dólares destinados a su financiación, se da
paralelo y como parte del proceso de reestructuración de la doctrina de Seguridad
Nacional. Desde la óptica que lo sustenta, el plan está dirigido a la lucha contra
la droga abarcando todos sus frentes, pretexto frecuentemente utilizado por los
gringos para intervenir, como ya se dijo, en los conflictos de baja intensidad.
Al tiempo que el Gobierno de Andrés Pastrana adelanta conversaciones con las
FARC-EP, emprende una ambiciosa reforma al interior de las fuerzas armadas42,
ligada a un acelerado incremento del pie de fuerza, de helicópteros de transporte y
artillados, así como de equipo electrónico y material de guerra.
Poco antes de terminar el período, Pastrana pone en marcha una ofensiva
contrainsurgente de vastas proporciones. Las operaciones que tienen como centro el
sur-oriente del país, se extienden a otras partes del territorio nacional revelando los
alcances del proyecto y sus verdaderas intenciones. En efecto, bastó poco tiempo
para que el Gobierno norteamericano autorizara el destino de la mayor parte de los
recursos del Plan Colombia a la lucha contrainsurgente, despojando a éste de su
fachada inicial de lucha contra la droga.
Los nexos entre droga e insurgencia, tesis que desde un primer momento
argumentó el plan, fue la forma en que el Gobierno norteamericano justificó
inscribir la lucha contra la droga dentro del contexto de la lucha contrainsurgente.
A su juicio la guerrilla es una fuerza narcoterrorista equiparable a cualquier cartel
del narcotráfico, razón más que suficiente para enfrentarla como blanco de la guerra
contra la droga.
La finalidad del plan consistía en contrarrestar el avance de las Farc -Ep,
propinarle duros y sistemáticos golpes debilitando la voluntad de lucha de sus
integrantes, en la idea de crear una situación nacional e internacional que, por sus
42. “La reforma militar fue central para todo lo que ocurrió durante la administración Pastrana…tocó
prácticamente todos los aspectos de la institución, pero se enfocó particularmente en revitalizar el sistema
de educación militar, absorbiendo las lecciones aprendidas a través de las modificaciones operacionales y
organizacionales y desarrollando un liderazgo adecuado dentro del cuerpo de suboficiales para mejorar
el desempeño de las unidades menores. Simultáneamente, se le prestó mayor atención a la instrucción
en derechos humanos, a la guerra de información, así como a las operaciones especiales y conjuntas”.
Marks Thomas A. Ponencia: La sostenibilidad del apoyo estratégico-militar a la Seguridad. En Foro
Sostenibilidad Democrática. Bogotá. (Febrero23 de 2005); Pág. 7
La Doctrina de Guerra Preventiva y Plan Colombia
42
dimensiones ventajosas, las llevasen derrotadas o doblegadas a firmar un acuerdo
de paz. En pos de este objetivo político, el proyecto buscaba entonces destruir sus
estructuras, atacar su retaguardia, su base social, sus finanzas, capturar o aniquilar
a sus principales mandos o dirigentes. No obstante ser la insurgencia prioridad
en el blanco de sus ataques, el plan visto en un sentido más amplio, y como parte
de la doctrina de Seguridad Nacional, apuntaba a reprimir y someter los distintos
sectores populares y de oposición, en su afán de estabilizar el régimen y abrirle las
puertas aún más a la inversión extranjera.
Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el imperialismo
norteamericano adopta la doctrina de “Guerra Preventiva contra el terrorismo”.
Guerra declarada sin previo aviso, guerra permanente contra países “indefinidos”
o, dicho de otra manera, contra enemigos señalados en cualquier momento. El
ataque preventivo se funda en la tesis de no permitir a los enemigos dar el primer
golpe; dado que el terrorismo es la mayor amenaza a la paz y a la estabilidad
mundial –dicen- y que su ubicación es indeterminada, la guerra tendrá como
escenario cualquier lugar del planeta y será de larga duración. Así, los Estados
Unidos emprenderán individualmente la acción militar anticipatoria en defensa
de sus intereses nacionales y no se sentirán restringidos u obligados a respetar
resoluciones o acuerdos de las organizaciones internacionales.
Además de considerar el terrorismo como el principal peligro, la nueva estrategia
de Seguridad Nacional definió otras dos amenazas frente a las cuales Estados Unidos
debe estar preparado:
las armas de destrucción
masiva, y la existencia de “Rogue
States” (“Estados delincuentes”), que aspiran desafiar el sistema internacional a
través de la adquisición o fabricación de armas de destrucción masiva.
Bajo la nueva doctrina de guerra, el Plan Colombia adquiere un fundamento
mayor, toda vez que enmarca el conflicto colombiano en los límites, ya no de la
contienda nacional, sino como parte de la guerra internacional contra el terrorismo.
Estados Unidos convierte la Guerra Preventiva en la principal estrategia para
imponer su dominio global, en una excusa para atacar cualquier amenaza abierta o
potencial a sus intereses en el mundo, de tal suerte que su supremacía como única
superpotencia no pueda ser cuestionada por ninguno de sus rivales y menos aún
por los pueblos del mundo. La aplicación del concepto de terrorismo por parte de
los gringos es tan amplia como difusa. Bajo éste cobija los estallidos populares, los
levantamientos revolucionarios, la actitud de Gobiernos hostiles o incómodos a
sus políticas, e incluso la oposición de Estados y potencias rivales. Sólo conviene
asociar con terrorismo algunos de estos hechos o algún otro de los muchos que
puedan existir, para que entren a formar parte de los blancos del imperialismo y de
sus ataques.
Al incluir el conflicto colombiano en la órbita de la “guerra contra el terrorismo”,
el Gobierno de Bush generó un ambiente interno y externo, que de hecho fortaleció
las posiciones de mano dura frente al conflicto, en detrimento de las que propiciaban
43
el diálogo y la salida política al mismo. Baste decir que para las clases dominantes
diálogo y acciones de fuerza son las variantes de un mismo camino dirigido a derrotar
la insurgencia: el énfasis en el uso de cualquiera de ellas es cuestión de estrategia. En
concordancia con este principio, el Gobierno, al tiempo que adelantaba los diálogos
en el Caguán, volcaba esfuerzos a preparar meticulosamente la ofensiva militar
contra las FARC-EP. Por su parte, la insurgencia aprovechó los diálogos para ampliar
el alcance de su política, preparando las condiciones necesarias para responder la
ofensiva del Gobierno que para ese momento ya era claramente previsible.
Desde el punto de vista de su ejecución, la administración de Andrés Pastrana dejó
sentados los pilares de la estrategia y las bases del plan, (previsto en su primera fase
a seis años) y le correspondió a Álvaro Uribe darles continuidad en el tiempo. Su
Gobierno mantiene los trazos generales en que fue concebido, desarrollando mucho
más lo avanzado por su antecesor. La ruptura de los diálogos en el Caguán por parte
del Gobierno de Pastrana, alentó y cohesionó la unidad del bloque de poder en
torno a las reformas que estaban en marcha y que apuntaban a mejorar la doctrina
de Seguridad Nacional. La estrategia de guerra contrainsurgente derivada de ella
buscaba efectos vastos y de gran alcance y contaba con la plena asesoría y dirección
del Pentágono. Como candidato a la presidencia, Álvaro Uribe simplemente
abanderó la propuesta política, fijada por las fuerzas del poder, que de antemano ya
habían decidido la conveniencia de su elección.
La Doctrina de Guerra Preventiva y Plan Colombia
44
La política de Seguridad Democrática
6.1. Los componentes.
Con el Gobierno del Álvaro Uribe la doctrina de Seguridad Nacional presenta
un notorio proceso de ajuste, el cual se expresa en el contenido de su política
de Seguridad Democrática. Este personaje pertenece y encarna los intereses
generales del bloque de poder, en particular del sector que tiene mayor identidad
con esta particular concepción del Estado: los grandes latifundistas, ganaderos y
empresarios ligados al narcotráfico y al paramilitarismo. Se entiende entonces el
respaldo incondicional brindado por éstos y por los poderosos del capital interno e
internacional a la política de Seguridad Democrática.
Los cambios más notables residen:
1) En la forma como ésta ahonda e intensifica la acción de los componentes
políticos, militares, psicosociales y económicos típicos de la lucha
contrainsurgente, aprovechando los últimos desarrollos y refinamientos
alcanzados por las tropas norteamericanas y las de los aliados puestos a su
servicio.
2) En avanzar en la unidad de esfuerzo entre la fuerza pública, las diferentes
instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad, en torno a un
propósito común: la derrota de la insurgencia.
3) En establecer un mayor grado de centralización, coordinación e integración
para el manejo unificado de todos y cada uno de los componentes de la
estrategia.
Pese a estos cambios, la optimización de la política se encamina a adoptar una
estrategia global que, en perspectiva, aplique cada vez más el uso de la fuerza,
diferentes métodos de control social y el manejo de nuevas y variadas tecnologías.
6
45
La política de Seguridad Democrática vista en su conjunto avanza para afirmarse
en la concepción originaria de la doctrina de Seguridad Nacional, de entender el
funcionamiento del Estado y de la sociedad bajo una óptica militar, concepción
que no está reservada a la órbita exclusiva de los militares, sino que, en mayor
medida, es defendida e impulsada desde sectores del poder civil. Esta óptica lleva “a
considerar como manifestaciones subversivas la mayor parte de los problemas sociales,”43
y a combatir a sus víctimas y protagonistas como parte de enfrentar la amenaza del
enemigo interno.
Veamos en qué consisten los principales componentes de la política de Seguridad
Democrática y cómo se articulan.
6.1.1. La Recuperación del territorio
El avance de la insurgencia revolucionaria puso de relieve las debilidades del
Estado, en particular aquella relacionada con la función de controlar el territorio.
En varias regiones de la geografía nacional la guerrilla sacó literalmente de ellas a
la fuerza pública y copó dichos espacios instaurando su poder y Gobierno, gracias
a su capacidad ofensiva y al apoyo popular; debido a esta situación, la recuperación
de territorio por parte del Estado se convirtió en una de sus máximas prioridades.
Como política de Defensa y Seguridad nacional, la Seguridad Democrática
se sustenta en el concepto según el cual, le es inherente al Estado la función de
proteger al territorio y a la población contra cualquier amenaza interna y externa
que atente contra su integridad. El dominio que pueda ejercer una fuerza diferente
y/o contraria al Estado reaccionario sobre cualquier porción del territorio, crea para
sus clases dominantes una situación desafiante, toda vez que invade el campo sobre
el que se extiende su autoridad, y pone en grave peligro su estabilidad y el ejercicio
del poder. Desde su óptica, recuperar el territorio equivale a recuperar su poder de
dominio.
El territorio es espacio vital de la población que alberga, es fuente de producción
y de riqueza, y el subsuelo como parte que lo integra, aloja importantes recursos
explotables. Recuperar territorio por parte del Estado le asegura al gran capital y
a los latifundistas acceder a predios que pueden ser destinados a grandes proyectos
agrícolas y de ganadería extensiva, a la explotación de áreas ricas en biodiversidad y
agua o a zonas cuyo subsuelo contiene valiosos yacimientos mineros o reservas de
petróleo y gas; así mismo, facilita el establecimiento de megaproyectos claves para
el afianzamiento de la dominación y explotación del capital internacional sobre
nuestro suelo.
Hay que decir también que desde el punto de vista político la recuperación del
territorio tiene otro significado. Éste consiste en restarle capacidad de movimiento
a las fuerzas insurgentes, desplazarlas de sus zonas de retaguardia e impedir el
La política de Seguridad Democrática
43. Leal Francisco. La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la guerra fría en América
del Sur. En Estudios Sociales, No 15 (Junio de 2003), pág. 75.
46
establecimiento de un nuevo Gobierno, de un nuevo poder local contrario y diferente
al que sostiene el orden capitalista. En un conflicto de guerra irregular como el
que vive Colombia restarle control de territorio a la insurgencia revolucionaria que
se levanta en rebeldía contra las fuerzas del Estado, significa golpear uno de los
factores que la constituye como fuerza beligerante y que, eventualmente, pueden
obstaculizar su reconocimiento.
Examinadas así las cosas, la recuperación del territorio de manera gradual, continua
y con cobertura nacional por parte del Estado, conlleva implicaciones políticas,
económicas, militares y sociales, las cuales tienen que ver, directamente, con la
estabilidad, legitimidad y dominio de las clases dominantes.
La política de Seguridad Democrática respecto a la recuperación del territorio está
dirigida a conseguir varios objetivos:
• Recuperación de las cabeceras municipales y zonas bajo la influencia o
control de la guerrilla.
• Identificación y protección de zonas estratégicas vulnerables y de obras de
infraestructura económica.
• Restitución del dominio sobre importantes vías de comunicación.
• Vigilancia y control de las fronteras.
Además de los objetivos anteriormente señalados, la lucha por el control de
territorio incluye el desconocimiento deliberado o la modificación de la legislación
que ampara y reconoce la autonomía de minorías nacionales sobre los territorios
ancestrales para entregarlos junto con su riqueza a la explotación del gran capital.
Los objetivos puntualizados deben alcanzarse cumpliendo un plan que contempla
un ciclo de tres fases a saber:
• Recuperación. Que implica retomar el control del territorio por parte del
Estado a través de acciones militares y el establecimiento en ellos de la fuerza
pública.
• Sostenimiento. Ocurre una vez garantizadas las condiciones básicas de
seguridad, restablece la presencia de las instituciones públicas nacionales y
locales, asegurando el normal funcionamiento de las mismas.
• Consolidación. Fortalecimiento del Estado a través de programas de inversión
física y de acción social dirigidos a ganar su reconocimiento y la simpatía
de la población. En síntesis, se trata de afianzar la presencia del Estado,
47
legitimando su dominio y el derecho de sus representantes a ser reconocidos
y aceptados por la comunidad. En palabras del Gobierno “recuperación
social del territorio”.
El plan de recuperación define responsabilidades para todas las entidades estatales
involucradas, y es la fuerza pública la encargada de proveer el escudo o sombrilla
de seguridad para que la restauración de la autoridad estatal pueda llevarse a cabo.
Según el Gobierno el despliegue de fuerzas y programas coordinados e integrados
para dominar un área, tiene por finalidad tejer una red para proteger (controlar) a
la comunidad.
Para acometer la recuperación del territorio el Estado incrementó sustancialmente
el número de sus efectivos. “Entre 1998 y 2008, el pie de la fuerza pública creció
considerablemente al pasar de 261.952 a 424.457 hombres”.44 Este progresivo y
acelerado crecimiento pretendía superar las falencias y los vacíos del Estado para la
retoma del territorio, la protección de las carreteras y la infraestructura económica
del país. La Policía Nacional sería la encargada de asumir, con el apoyo del programa
de Soldados Campesinos, la protección de las cabeceras municipales y de hacer lo
propio con grupos de la Red de Informantes en lo referente a la infraestructura vial.
De esta manera, entre otras, se buscaba liberar a las fuerzas armadas de esta
responsabilidad, para centrar sus esfuerzos en la lucha y búsqueda de la guerrilla.
Según documentos oficiales, “El Gobierno procede a aumentar el pie de fuerza e
inicia una nueva reingeniería de la misma, [….] Para ello se adecuan las estructuras
de la fuerza pública al entorno en que operan: en cuanto a las fuerza militares, se
crean los batallones de alta montaña y brigadas de selva, aumentan los batallones de
contraguerrilla y las brigadas móviles y se formulan planes especiales para la protección de
la infraestructura vial y energética. En cuanto a la policía se forman escuadrones móviles
de carabineros (Emcar), para brindar una respuesta más efectiva de las autoridades
frente a los retenes ilegales llevados a cabo por los grupos armados ilegales y se restablece
su presencia en los municipios del país.”45
El incremento del pie de fuerza en las proporciones antes mencionadas y la
reasignación de responsabilidades entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas han
pretendido contrarrestar la acción de las fuerzas insurgentes en dos direcciones: de
una parte recuperando el control de zonas bajo el poder de la guerrilla restableciendo
la presencia del Estado, y de otra desmantelando o debilitando las estructuras
militares y políticas de la insurgencia así como su influencia y reconocimiento entre
las masas.
La política de Seguridad Democrática
44. Comando General de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Citado en Vicepresidencia de la
República de Colombia. observatorio del programa presidencial para la defensa de los derechos
humanos. Impacto de la política de Seguridad Democrática, sobre la confrontación armada, el
narcotráfico y los derechos humanos. Bogotá: 2008, pág. 152.
45. Vicepresidencia de la República de Colombia. observatorio del programa presidencial para la
defensa de los derechos humanos. Impacto de la política de Seguridad Democrática, sobre la confrontación
armada, el narcotráfico y los derechos humanos. Bogotá: 2008, pág. 10.
48
6.1.2. Guerra psicológica
“La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político,
una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros
medios.”46 El poder del Estado es el principal problema a resolver en la guerra
revolucionaria, en la lucha política de clases. Conquistar el poder derrotando a
sus oponentes de clase significa para los oprimidos remover de paso el más grande
obstáculo a su completa liberación, a la realización de los cambios estructurales
que exige construir la nueva sociedad. La revolución es obra de las masas, es
fruto de la relación entre éstas y sus sectores avanzados por llevar a la práctica sus
ideales de lucha, sus demandas sociales. “En la revolución se establece una unidad
indisoluble entre credo político, voluntad política, decisión política y acción política.”47
Esta unidad tiene como núcleo de cohesión, un sistema ideológico y político que
fundamenta y expresa sus intereses. Las clases reaccionarias saben por experiencia
propia que un proceso político, que nace de las entrañas de los oprimidos y que
expresa sus sentimientos y necesidades, despierta entre las masas del pueblo un
vigoroso respaldo. Son conscientes además que la causa de la insurgencia, basada
en sólidos principios ideológicos, políticos y sociales una vez prende en las masas
se convierte en una poderosa fuerza social. Por lo tanto minar, desprestigiar o
desvirtuar las razones que le asisten a los revolucionarios en la lucha por la toma
del poder político constituye, para las clases reaccionarias, uno de sus objetivos
vitales. Es la lucha del establecimiento por validar su dominación, por afianzar el
reconocimiento del orden instituido.
El poder dominante se sostiene, no solo por la fuerza de las armas, sino también por
el poderoso efecto que produce en la sociedad el conjunto de ideas que argumentan
y justifican el apoyo a su régimen de explotación. La batalla que emprenden las
clases dominantes en el terreno ideológico apunta a legitimar su papel político de
gobernar la sociedad e imponer sus intereses. En el proceso de fascistización que
invade los diferentes ámbitos de la sociedad y el Estado, las ideas que cimentan y
cohesionan el régimen de explotación construyen un mundo aparente de igualdad
y libertad, al tiempo que adelantan con el más descarado cinismo la creciente
barbarie contra el pueblo. La persistente campaña de “información” desatada por el
régimen, busca crear en la población un ambiente de adormecimiento, indiferencia
e impunidad total, en donde los crímenes y vejámenes por él propiciados, se
perciban como hechos insustanciales o como acontecimientos que hacen parte de
una “apacible” normalidad.
La lucha del régimen por proteger su legitimidad y la base social en la que se
apoya, está indisolublemente ligada al hecho cada vez más creciente de socavar la
legitimidad de la insurgencia revolucionaria o de cualquier idea o fuerza opositora,
valiéndose de información deliberadamente falsa o aparentemente cierta. Este es
el papel primordial que desempeña la guerra psicológica.
46. CLAUSEWITZ, Carl von. De la Guerra. Pág. 58.
47. HEYTER Von der, Friedrich August. La guerra Irregular moderna. Eir de Colombia: 1987,
pág. 16.
49
La guerra psicológica es una estrategia adelantada en el plano ideológico, basada
en el manejo de la información y la propaganda, que busca a través del control y
utilización de una serie de mensajes influir en una audiencia-blanco, facilitando
el logro de objetivos políticos y militares. Como estrategia se fundamenta en la
aplicación de operaciones, orientadas a llevar información previamente planificada
dirigida a organizaciones, grupos o individuos con la finalidad de influir en sus
actitudes, emociones, valores y razonamientos, y principalmente en su conducta; su
efectividad depende de si los blancos a los que está dirigida, combatientes o civiles,
creen o no en ella, o en las promesas y acciones a las que los inducen.
En la guerra contrainsurgente, el plan de guerra psicológica está destinado a
derrotar al oponente, armado o no armado, destruyendo o quebrantando su moral,
propiciando la división o deserción de sus filas o convirtiéndolo a su política. Como
parte de sus objetivos, la guerra psicológica también está dirigida a la población
civil, o a sectores neutrales, cuyo fin no es otro que controlarlos, buscando con ello
aislar a las fuerzas insurgentes de su apoyo, con el fin de quitarles su respaldo real
o potencial.
El principal vehículo para emprender las operaciones psicológicas son los grandes
medios de comunicación masivos: radio, prensa escrita, televisión e Internet. Estos
medios que son parte de la estructura de poder cumplen un papel de dominación
ideológica; en un conflicto social y armado como el que vive Colombia, se integran
a la estrategia general de guerra contrainsurgente como un componente de primer
orden; su labor se hace evidente cuando los hechos y datos son presentados,
manipulados o difundidos en apoyo a su particular versión ideológica y política,
pero, sobre todo, cuando hace referencia a noticias o hechos relacionados con
la guerrilla, a la lucha de los trabajadores o a temas vinculados a las fuerzas de
izquierda. La información que difunden forma parte de una visión que funciona
como un libreto previamente establecido, si es que no ha pasado por el cedazo
de los organismos de inteligencia del Estado, como sucede con la mayoría de la
información relacionada con el orden público.
En el caso de la prensa independiente, o de los periodistas no afectos al régimen, la
conducta del Estado radica en amordazar la libertad de opinión o de estigmatizarla,
situándola, sin más, como agenciadora de la inestabilidad social o del terrorismo.
Según la presidencia de la República, “El Estado promoverá y respaldará la reflexión
por parte de los periodistas y de los medios acerca de cuál debe ser su papel en una
democracia en peligro: si sus prácticas periodísticas respaldan los valores democráticos,
qué fuentes de información legitiman y cuáles son los efectos del lenguaje que utilizan.”48
Los argumentos, mensajes, imágenes e ideas que la reacción busca fijar en la
mente de la opinión pública nacional e internacional, a través de las operaciones
psicológicas, son muchos y variados, aunque todos ellos apuntan a desprestigiar
la ideología de las fuerzas revolucionarias, a mostrar como falsos y engañosos sus
48. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Política de Defensa y Seguridad Democrática. Bogotá: 2003, pág. 64.
La política de Seguridad Democrática
50
principios y valores, degradando lo justo de sus acciones, para equipararlas con
mentes desquiciadas y criminales.
Esta avalancha de propaganda negra y de desinformación persigue moldear la
opinión pública, posicionando en ella conceptos que, a fuerza de ser repetidos,
dibujen un cuadro que lleve a concluir que la insurgencia abandonó sus ideales
revolucionarios y dejó de ser, ya no un peligro para los poderosos de este país, sino
para la sociedad en general. Esta línea de pensamiento, que tuerce los hechos, se
traduce en afirmaciones como aquella que acusa a la guerrilla de haber sustituido
la lucha contra el Estado por acciones enceguecidas dedicadas a atacar la población
civil. Ante estas mentiras, que se sostienen como verdades inobjetables, el Estado
aparece como el ente protector, el amigo fiel dispuesto a defender la desprotegida
sociedad, al tiempo que exige su participación incondicional en esta cruzada contra
el mal.
Las operaciones psicológicas inducen a que sectores de las masas actúen convencidos
de que sus intereses y los que persiguen sus enemigos al frente del Estado, son parte
de un mismo y único propósito: salvaguardar al país y a la sociedad de los “horrores
y atrocidades del terrorismo”. La operaciones psicológicas son frecuentemente
utilizadas en la estrategia contrainsurgente, de “conquistar las mentes y los corazones”
de la población, para aislar y confrontar las fuerzas revolucionarias.
Ahora bien, si el empleo de guerra psicológica apunta a derrotar a la insurgencia,
también su uso persigue mantener y proteger la credibilidad en el Estado y la
base social con la cual sustenta y valida su poder, sobre todo cuando éste se haya
directamente comprometido en casos o actuaciones que ponen en serio peligro su
legalidad y legitimidad. En este tipo de episodios el alto Gobierno acude a la guerra
psicológica utilizando acciones de contrainformación. La gravedad y dimensión de
los hechos en que está involucrado es ocultada, justificada, manipulada o desviada y,
cuando se presentan lo hace maquillando la realidad, o adoptando medidas sonoras
pero intrascendentes que actúan como cortinas de humo, las cuales desvanecen el
impacto que producen los sucesos una vez emergen a la superficie.
El Gobierno se ha visto envuelto en una cadena de graves escándalos, los cuales
gracias a las acciones de contrainformación no han tenido la trascendencia que
merecen, y sin alterar, de manera significativa, la inducida percepción que buena
parte de la opinión pública aún conserva de su gestión. Si se examinan hechos
como los de la corrupción que lo carcome, los crímenes de Estado, sus vínculos
con el narcotráfico y los paramilitares, el fraude y el soborno de su elección y
reelección, la violación a la soberanía de otras naciones, se observará la forma
como el Gobierno ha manejado la contraiformación, para sustraer, evadir o
embolatar sus responsabilidades, o para frenar la eventual avalancha de críticas y
cuestionamientos. Entre la gama de acciones que abarca la guerra psicológica, cabe
destacar la táctica de la Autoridad Ejecutiva Singular, artilugio de engaño bastante
51
efectivo en el manejo del control social, utilizado en otras latitudes y aplicado, con
lujo de detalles, por el Gobierno de Uribe.
La “Autoridad Ejecutiva Singular”, como táctica de control social, tiene sus
antecedentes en los métodos de propaganda empleados por Joseph Goebbels,49 en
la Alemania nazi. Luego de la segunda guerra mundial los ingleses y los americanos
acogieron y desarrollaron muchos de sus principios para aplicarlos a la guerra
psicológica en la lucha contra el comunismo y para incorporarlos como parte del
arsenal ideológico en el fuego contrainsurgente.
La ocupación de los ingleses en Malasia 1948-1960 y la guerra contra la resistencia
del Partido Comunista y el pueblo Malayos, grafican el empleo y la efectividad
de esta práctica. El Teniente General Gerald Templer aprovechó las ventajas
de su liderazgo, que generaba simpatías en la población fingiendo interés por
sus problemas, al tiempo que desarrollaba una guerra implacable por doblegar
el movimiento guerrillero. La Autoridad ejecutiva es parte de la estrategia de
“conquistar mentes y corazones”, forma parte de las lecciones aprendidas en la exitosa
experiencia británica en materia de contrainsurgencia, y es tomada como modelo a
aplicar en otros países.
La Autoridad Ejecutiva Singular tiene como característica sobredimensionar las
cualidades de un líder o mandatario para elevarlo más allá del límite de los dirigentes
normales, creando una figura artificial y ejemplar que simboliza las virtudes del
sistema. El “elegido” debe representar la esperanza, el futuro, el renacer que las
personas quisieran tener para sus vidas pero que el orden establecido no les puede
proporcionar, aduciendo como principal impedimento para no hacerlo el caos, la
anarquía o la violencia de fuerzas empeñadas en no dejarlo cumplir con este fin.
En el marco general de una doctrina como la de Seguridad Nacional y en particular
de la Seguridad Democrática, estas fuerzas la encarnan la insurgencia revolucionaria
y cualquier forma de oposición y rebeldía. La Autoridad Ejecutiva, que para nuestro
caso representa el presidente, debe ser mostrada como un personaje excepcional,
predestinado a recobrar las libertades y el estilo de vida democrático, condición sin
la cual nadie podrá recibir lo que en justicia le corresponde. Este espejismo puesto
al final del camino ha de convertirse en fuente de respaldo. Si el líder fracasa en su
cometido, fracasan también las aspiraciones de la sociedad, de modo que ésta debe
profesarle total e incondicional apoyo.
En situaciones de crisis y de crisis acompañadas por el ascenso de la lucha
organizada de masas, u originadas por éstas, la salida de las clases dominantes
suele consistir en acciones de fuerza y en colocar Gobiernos que asuman con
determinación esta responsabilidad. En este contexto, la Autoridad Ejecutiva
Singular es un componente indispensable, en tanto que ellos requieren contar con
la imagen de un líder que por sus características convoque y unifique las fuerzas de
49. Joseph Goebbels ocupó el Ministerio de Educación Popular y Propaganda de Alemania, creado
por Adolf Hitler a su llegada al poder en 1933.
La política de Seguridad Democrática
52
la nación, así como las de los poderes públicos, valga decir el legislativo y judicial,
enfilándolos a tomar mayor protagonismo en las tareas de la guerra.
El mandatario debe poseer, de entre otras cualidades, carisma, decisión y firmeza;
de no reunirlas, se las debe crear, de tal suerte que encaje dentro de dicha figura.
El plan consiste en crear mecanismos para que el presidente goce de un contacto
directo y permanente con el pueblo, que su relación con la comunidad indique
respaldo y simpatía. Es indispensable personificar el poder, el presupuesto y la
capacidad del Estado con su gestión individual, exaltando su figura. Las encuestas
juegan un rol importante en el sentido de fabricar y de hacer manifiesto el creciente
apoyo popular con que cuenta el líder, utilizando este engañoso respaldo para hacer
ver que las decisiones contra la insurgencia o contra cualquier fuerza opositora
son enteramente válidas al contar con la aprobación de la gran mayoría, o que el
mandatario, debido a su alto perfil, entiende como ningún otro los deseos de la
población. Cada acción o hecho significativo contra la insurgencia debe capitalizarse
asimilándolos como el triunfo de la sociedad y consecuencialmente con las notables
capacidades del presidente que la protege. Cualquier adversidad, cuestionamiento
o escándalo deben canalizarse en la ruta de señalar como responsables a los niveles
inferiores, intermedios o incluso a las fuerzas opositoras, pero en lo posible deben
excluir al “elegido”, en otras palabras “El rey es bueno pero la corte es mala.” Se trata
de mostrar que aunque el Gobierno pueda incurrir en violaciones y en crímenes
protuberantes, que cuestionan la autoridad o legalidad del régimen, la sociedad
cuenta con un presidente intachable que garantiza la legitimidad y transparencia de
las instituciones manteniéndolas incólumes. Este personaje simboliza el orden, la
pulcritud y la integridad del Estado y en la medida en que esa imagen se mantenga
intacta ante la opinión pública, se mantiene la credibilidad y la confianza en que el
sistema funciona y que incluso puede funcionar mejor si se garantiza su continuidad
en el poder. El terror o la violencia contra el pueblo son males menores o males
necesarios, toda vez que el pueblo lo ha escogido y elegido para conquistar el orden
y en esta misión cada quien debe colocar su cuota de sacrificio.
6.1.3. El componente económico.
Ya hemos señalado en otro aparte de este documento, el papel que juega el Estado
como órgano de dominación y como defensor de los intereses económicos de las
clases que están al frente de su dirección y la manera como habitualmente se asimila
la seguridad del Estado con la seguridad de la sociedad.
El Estado debe garantizar ante todo la seguridad y el funcionamiento del sistema,
así como las condiciones que hacen posible llevar a cabo el proyecto económico,
político y social del bloque de poder, condicionado también por los planes y proyectos
transnacionales. El componente económico que se aborda en este documento
se refiere, en particular, a los recursos que el Estado destina para proveer dicha
seguridad y estabilidad. Los recursos son tanto más necesarios, cuanto más se halle
53
en riesgo su estabilidad o existencia. Pero el esfuerzo para obtenerlos y el monto que
puede alcanzar, siendo indispensables, no deben fomentar desequilibrios o atentar
contra el ordenamiento económico. Caballero Argáez lo expresa con claridad en los
siguientes términos:
1) “Colombia enfrenta la más compleja situación de seguridad interna en el Hemisferio
Occidental…. Está en juego la supervivencia misma del orden democrático por lo
cual es fundamental que la sociedad colombiana no escatime recursos, esfuerzos y
compromiso en la lucha por recuperar la seguridad interna del país.”
2) “La recuperación de la seguridad interna tiene que emprenderse sin atentar contra
la estabilidad macroeconómica de Colombia. La salud de la economía constituye,
en sí misma, un elemento y una prioridad de la estrategia de seguridad nacional.
Cualquier crisis de estabilidad y de gobernabilidad puede ser aprovechada por la
insurgencia para avanzar en su propósito estratégico de toma del poder. Es más,
uno de los objetivos de la subversión es, precisamente, promover la desestabilización
económica, el descontento social y la crisis política.” 50
Este enfoque sobre la necesidad de incrementar los gastos en seguridad, que fija
la relación entre éstos y la estabilidad económica, es en términos generales el que ha
prevalecido en las altas esferas del poder. Sin embargo hay que decir, acudiendo a la
experiencia internacional de otros conflictos, que cuando el sistema de dominación
está en franco peligro el dilema entre seguridad y estabilidad económica termina
resolviéndose a favor del primero, puesto que, en última instancia, la confrontación
de clases se convierte en el principal factor de desestabilización económica, política
y social.
Al analizar las condiciones a las que se enfrentaba el Gobierno de Pastrana, es útil
recordar que la intensificación y las proporciones que cobraba el conflicto, ligados
a la crisis económica a finales de los 90s, ponían de manifiesto una situación de
pérdida de gobernabilidad y de severas críticas a la política de paz por parte de
sectores del poder. Las medidas que toma se dirigen a recomponer el desplome
de la inversión, la productividad y el crecimiento para estabilizar la economía, y a
obtener recursos destinados a la seguridad. Si bien la respuesta armada de carácter
global para enfrentar la insurgencia contaba con la intervención militar y el apoyo
económico de los Estados Unidos, fue claro desde un principio que la mayor parte
de sus costos correrían por cuenta del Estado colombiano. Debido a ello y a sortear
el manejo de la crisis, el Gobierno se aboca a firmar un “acuerdo extendido” con
el Fondo Monetario Internacional entre 1999-2002, que le aseguraba acceder
a préstamos por cuantía de 2.200 millones de dólares. A cambio, el paquete de
ajuste diseñado por el Fondo obligaba al Estado colombiano a emprender reformas
estructurales que ahondaban en la aplicación de la política neoliberal traducidas
en la mayor entrega de la soberanía y riqueza nacional al capital internacional. El
Gobierno de Álvaro Uribe decide mantener el programa con el FMI, firmando un
50. Caballero Argaéz, Carlos. La Estrategia de Seguridad Democrática y la economía colombiana:
Un Ensayo Sobre la Macroeconomía de la Seguridad. En El tiempo, Bogotá: (Junio 19 de 2002).
Lecturas Dominicales.
La política de Seguridad Democrática
54
acuerdo stand by, que se extendería hasta el 2006 para obtener un primer préstamo
de contingencia de 2.200 millones de dólares y luego otro de 600 millones de
dólares.
Los programas de ajuste estructural que impone el FMI, resultado de los acuerdos
orientados a “sanear” el comportamiento económico de un país constituyen, a la
vez, una garantía segura para que la banca multilateral y privada decida conceder
nuevos préstamos al país en cuestión, como en efecto ocurrió en el caso colombiano.
Producto de ello, la deuda pública pasó de 36.461 millones de dólares en 1998
a 51.499 en el 2002, y en el período comprendido entre 2003 y 2006 la deuda se
incrementó de 57.632 millones de dólares a 85.640.51 En lo referente al pago de la
deuda como componente del presupuesto nacional, el servicio de la deuda pasó de
8.349.549 millones de pesos en 1998 a 22.509.458 en el 2002, y de 25.000.244
en el 2003, a 35.363.630 en el 2006.52
Sin detenernos a analizar en qué consistieron cada uno de los paquetes de ajuste
estructural impuestos por el FMI y sus efectos sobre la soberanía nacional,53 y
las condiciones de vida de la población, cabe decir que el esquema de ajuste en
materia fiscal se reduce a incrementar los ingresos públicos, feriando las empresas
del Estado al gran capital privado local o externo, estableciendo nuevos impuestos,
incrementando la tasa de los ya existentes, o ampliando la base de tributación de
los mismos. En lo que respecta a los egresos, el esquema elimina subsidios, recorta
gastos y recompone la distribución del presupuesto para encausar la mayor parte
de los recursos hacia el fortalecimiento de asignaciones consideradas prioritarias.
Debido a la profundización del conflicto, las asignaciones del presupuesto se
centraron en atender el servicio de la deuda y a incrementar el presupuesto destinado
al gasto militar, sacrificando o recortando sustancialmente las partidas dedicadas a
la inversión social, esto es a salud, educación y vivienda.
Por la vía del ajuste presupuestal, del endeudamiento y del fortalecimiento de
los ingresos, que incluyen el nuevo impuesto de guerra,54 el Gobierno obtendría
los recursos para financiar lo que lleva de ejecutado el Plan Colombia y los gastos
relacionados con la Seguridad Democrática. Veamos grosso modo las cifras del plan
para hacernos a una idea de los compromisos y gastos en que ha incurrido el Estado:
El Plan Colombia tuvo en la Fase I, 2000-2006, un presupuesto inicial estimado
en 7.500 millones de dólares financiados con 3.500 millones por parte de Estados
51. Contraloría General de la República. Saldo de deuda pública bruta colombiana. Base de datos
Contraloría General y contralorías departamentales, distritales y municipales. www.contraloriagen.
gov.co/.../02 _Saldo _Deuda_Publica_Bruta_Colombiana_1990-2006.xls
52. Contraloría General de la República. CDEFP, Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales. www.
contraloriagen.gov.co/.../06_Servicio_Deuda_Publica.xls
53. El acuerdo con el FMI incluye entre otras medidas una restructuración al sector financiero, un
severo ajuste fiscal acompañado de una reforma tributaria que amplíe la base del impuesto de renta
y del IVA, una reforma laboral y pensional y continuar el proceso de privatización de empresas
del Estado.
54. El Gobierno de Álvaro Uribe mediante decreto 1949 del 29 de Agosto de 2002, crea el impuesto
55
Unidos, 250 de Europa y 3.750 con recursos de Colombia, pero su ejecución final
realmente ascendió a 13.181 millones dólares55. La Fase II está prevista para el
período 2007-2013, su costo asciende a 43.836 millones de dólares y será financiado
así: aportes de Estados Unidos 3.600, de la Unión Europea y Asia 9.000 y 31.236
de Colombia56.
El gasto militar, que ha tenido un crecimiento nunca antes visto, no está dirigido
a atender únicamente el Plan Colombia, sino también al conjunto de la Seguridad
Democrática. En relación con el Producto Interno Bruto el gasto pasó de representar
el 2.8% en promedio entre 1990-98 para situarse en 4,7% entre 1998 y el 2008. Este
notable crecimiento corresponde en rigor a las cifras que arrojan los presupuestos
de las fuerzas armadas y de policía durante los períodos anotados. Conviene aclarar,
que estas cifras oficiales no reflejan la verdadera dimensión del gasto militar, al no
incluir en ellas el presupuesto de otras entidades del orden descentralizado adscritas
al Ministerio de Defensa57, o los aportes que, en razón de las exigencias de control
público, realizan gobernaciones y alcaldías, por no mencionar los del Ministerio
del Interior o los de entidades que, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el
DAS, entre otras, tienen una relación directa con el papel que desempeñan la fuerza
pública, haciendo salvedad de que sus funciones no están dirigidas exclusivamente
a enfrentar el conflicto. Tampoco se contabiliza dentro del gasto militar la ayuda
proporcionada por Gobiernos extranjeros al Plan Colombia y a los programas
adelantados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social -.
Como se ha insistido, la concepción de guerra integral contra la insurgencia
involucra no solo a la fuerza pública, sino que compromete la acción y el presupuesto
de las demás ramas del Estado, de entidades y programas que, mimetizados en
la “acción social”, giran o están en función de dicha estrategia. Esta situación,
dificulta la medición y la dimensión del gasto comprometido en la guerra, el cual
sobrepasa considerablemente el estrictamente cuantificado en las cifras militares.
de guerra del 1.2% sobre empresas y personas naturales con patrimonios líquidos superiores a $
169.5 millones de pesos.
55.GOMEZ M, Sergio. US$ 43.836 Millones vale Fase 2 del Plan Colombia. En El Tiempo. Bogotá,
(Febrero 1 de 2007).
56. Plan Colombia II. En Revista Semana, Política exterior, Bogotá. No 1292, (Febrero 3 de 2007)
57. “El Ministerio de Defensa Nacional consolidó a sus empresas como el Grupo Social y Empresarial de la
Defensa – GSED, con el propósito de que contribuyan de manera decidida y medible a conquistar la
seguridad y la paz en Colombia en el marco de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática…
El Grupo está conformado por las 18 empresas al servicio del sector de defensa: Apoyo logístico:
Agencia logística de la fuerzas armadas, Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, Industria Militar,
Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A, Corporación de Ciencia y Tecnología para
el desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial. Bienestar: Caja Promotora de Vivienda Militar,
Instituto Casa Fiscales del Ejército, Universidad Militar Nueva Granada, Club Militar, Hotel
Tequendama, Circulo de Suboficiales FF.MM., Hospital Militar Central, Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Corporación Gustavo Matamoros D´Costa.
Apoyo a la seguridad: Defensa Civil Colombiana, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
Servicio Aéreo Territorios Nacionales SATENA. El GSED, es uno de los más importantes del país. Frente
a las 100 empresas más grandes de Colombia /, ocupa el 11º lugar en cuanto a ingresos operacionales
obtenidos a 31 de diciembre de 2006, con $2.7 billones de pesos; el 15º lugar en cuanto a activos, con
un valor de $4.6 billones de pesos y el puesto 23 en cuanto a su patrimonio, el cual asciende a $1.2 billo-
La política de Seguridad Democrática
56
6.1.4. El componente militar.
La misión fundamental de la fuerza pública a lo largo de nuestra historia ha
consistido en defender el Estado, preservar los intereses de las clases que se hallan
al frente de él, garantizándoles plenos poderes para controlar la población y el
territorio. Concordante con esta misión, es deber de la fuerza pública hacerle frente
a las amenazas reales o potenciales a que atentan contra el Estado. La capacidad
de contrarrestar o anular dichas amenazas está dada por el tamaño y la calidad de
los recursos de que dispone, traducidos en fuerza y efectividad. El ámbito de la
capacidad castrense abarca un sinnúmero de operaciones militares de combate,
como de aquellas caracterizadas por la ausencia del enfrentamiento armado directo,
pero que igualmente persiguen derrotar al adversario.
“La Capacidad Militar es el conjunto de diversos factores (personal, sistemas de
armas, infraestructura y medios de apoyo logístico) asentados sobre la base de principios
doctrinales y procedimientos operativos, que pretenden conseguir un determinado efecto
militar a nivel estratégico, operacional o táctico, en cumplimiento de las misiones
asignadas”58
El resultado de las acciones emprendidas por la fuerza pública respecto al
cumplimiento de su misión, indica qué tan eficiente y eficaz es su desempeño al
utilizar los medios y recursos disponibles, para desempeñar su papel de guardián
del orden establecido y qué tan adecuados son éstos, para que pueda imponer la
voluntad y los intereses que representa, sobre las amenazas que se le interponen.
El avance de las fuerzas insurgentes y la agudización de las contradicciones sociales,
hicieron evidente escalar los niveles del conflicto. Fue necesario incrementar y
fortalecer la capacidad del componente militar, alimentándolo con mayores recursos
y mejor tecnología, pero, principalmente, actualizando su doctrina para ponerla a
tono con los cambios ocasionados en el modo de operar de la insurgencia, con los
nuevos avances adquiridos por otros países en la guerra irregular y con los diferentes
cambios en el contexto latinoamericano y mundial.
La doctrina militar, es “el cuerpo conceptual y metodológico que debe orientar la
acción militar y responder a la pregunta de cómo combatir”.59 Pero el cómo hacerlo
depende de identificar con claridad al oponente, sus características, el modo en
que actúa y, de otra parte, de precisar la capacidad de que dispone el Estado y
particularmente la fuerza militar para enfrentarlo.
Los cambios en la doctrina militar, llevaron a reformas en la estrategia y tácticas de
combate, situación que tuvo como efecto, reorganizar la estructura de las fuerzas
nes. El presupuesto para el 2007 ascendió a $7.1 billones, equivalente al 39% del presupuesto total del
sector Defensa.” Grupo Social empresarial de la Defensa. ¿Qué es el GSED? http://www.gsed.gov.co
58. MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA. Ciclo 2005-2008. Madrid: 2005, Pág. 4.
59. RANGEL, Alfredo. Guerra Insurgente. Conflictos en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia.
Bogotá: Intermedio Editores, 2001, Pág. 431.
57
armadas para que operaran conforme al nuevo enfoque, y consecuencialmente a
modificar la visión sobre los medios y recursos necesarios para preparar y conducir
la lucha armada (u otras formas de lucha) en pos de defender al régimen contra
las amenazas internas y externas. Para ello era indispensable además, dotarlas de
infraestructura necesaria, de mayor pie de fuerza, de mejores equipos y material de
guerra y de tecnologías apropiadas.
La nueva doctrina se orienta hacia:
1) “un enfoque conjunto que permita maximizar la efectividad de las operaciones
militares, para que cada comandante cuente con todos los medios necesarios para
adelantar operaciones efectivas […] coordinar la acción del Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea de manera eficiente y ágil, de tal manera que se empleen plenamente los
medios disponibles y las capacidades propias de cada Fuerza en función de la misión
asignada.”60
2) Extender y fortalecer la relación entre la fuerza pública y la población civil
por medio de operaciones cívico-militares, buscando en todo momento ganar
legitimidad, credibilidad y confianza entre los ciudadanos. “Al elevar los principios
de la acción integral al nivel de doctrina operacional, se busca establecer la
obligatoriedad de incluirlos en el diseño y ejecución de cada una de las operaciones
que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desarrollen en sus respectivos teatros
de operación.”61
Como se verá más adelante la Doctrina de Acción Integral es el enfoque teóricopráctico
que guía la política de Seguridad Democrática, el cual se funda en articular
y combinar el uso de la fuerza pública con la acción social del Estado para responder
a la amenaza insurgente.
Los cambios que se introducen a la doctrina militar tienen como propósito
incrementar el poder de combate, disponer, de manera más efectiva, la distribución
y el uso de la fuerza, proveyéndolas de mayor movilidad y de un sistema ágil de
concentración de las tropas, así como de integrar y coordinar la acción de fuerzas
armadas, de la policía y de sus tropas especializadas. El efecto de estos cambios se
concretó en operaciones ofensivas para recobrar y mantener la iniciativa, restringir la
libertad de acción de la guerrilla, cercar y presionar a ésta en zonas bajo su control e
influencia, mediante operativos prolongados, de mayor dimensión y profundidad,
acompañados de acciones de control cívico-militar dirigidas a la población.
La adecuación y el fortalecimiento del componente militar, atrás señalado, hace
parte del diseño concebido de antemano para estructurar y articular una respuesta
antisubversiva de amplia cobertura y alcance, siendo el Plan Colombia eje principal
de dicha respuesta. El proceso de reformas y modernización de las fuerzas armadas
60. Moreno Moreno , David René. Operaciones Conjuntas, factor clave en la gerencia estratégica
de las Fuerzas Militares. Bogotá. 14 de Agosto de 2008.
61. Departamento de Planeaci ón Nacional . DIRECCIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD.
Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social (2007-2013).
Elementos de la Doctrina de Acción Integral (DAI) Anexo 2.
La política de Seguridad Democrática
58
serviría al plan de reestructuración de la Seguridad Nacional y de manera particular
a los objetivos fijados en el plan Colombia.
Desde sus comienzos el plan fue pensado en dos fases: La Fase I conocida como
Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado, (2002-2006)
tiene como objetivos: la recuperación del control territorial y el fortalecimiento del
Estado. La Fase II (2007-2013)62 denominada Estrategia para el Fortalecimiento
de la Democracia y el Desarrollo Social, define como objetivos: consolidar los
logros obtenidos, y extender la autoridad efectiva del Estado y el nuevo modelo de
justicia a todo el territorio nacional, con el fin último de proteger a la población e
impulsar su bienestar.
Como parte de la puesta en marcha del Plan, y de la consecución de sus objetivos,
el Estado aplica los recursos obtenidos mediante el ajuste económico y el impuesto
de guerra, para proveer a la fuerza pública de los medios e inversiones necesarias.
• En cuanto al recurso humano aumenta el pie de fuerza, prioriza la
profesionalización de las tropas, incrementa y crea fuerzas especializadas, añade
mayores esfuerzos a la formación, instrucción y adiestramiento de sus integrantes
junto a sus mandos en la nueva doctrina operacional. Es oportuno referir aquí
la presencia y el aumento descarado de asesores y contratistas privados de origen
gringo, francés, ingles e israelí, verdaderos mercenarios, que desempeñan labores
no solo de tipo “administrativa” sino también operativa en el terreno mismo de
la confrontación.
• Referente a los medios de operación, los recursos se utilizan en la dotación de
nuevo armamento y materiales, equipos de transporte y artillado, adquisición
de equipo técnico para la vigilancia, reconocimiento, inteligencia y detección de
objetivos por medio de plataformas terrestres, aéreas y de aeronaves no tripuladas;
sistemas de comunicación en tiempo real y vía satélite, de interceptación,
identificación y control de emisiones de energía electromagnética, de calor y de
metal.
• Las inversiones en infraestructura se emplean en construir nuevas edificaciones
y mejorar las ya existentes, atendiendo a los requerimientos de batallones,
brigadas, comandos conjuntos y cuerpo de policía, como instalaciones dedicadas
al mantenimiento, reparación y abastecimiento.
Conviene señalar que las doctrinas militares de las potencias imperialistas se
basan, y dependen cada vez más del uso de la tecnología. Estados Unidos aplica los
últimos avances científicos y tecnológicos alcanzados en las diferentes disciplinas
del conocimiento para desarrollar su industria armamentista mejorando y haciendo
más efectivas sus estrategias y tácticas de guerra. Bajo la dirección de las tropas del
Comando Sur, Estados Unidos conduce las acciones del Plan Colombia y, bajo su
62. En Revista Semana. Plan Colombia II. Bogotá, (Febrero 3 de 2007).
59
mando y asesoría, impone el tipo de doctrina militar y, en consecuencia, la clase de
tecnología a emplear. No en vano, el acuerdo de “cooperación” del Plan Colombia
estipula que los sistemas de alta tecnología, así como los equipos y armamentos
destinados al plan, deben ser adquiridos con empresas norteamericanas o contar
con su previo consentimiento.
Los inmensos recursos destinados al Plan Colombia, las reformas a la doctrina
militar y la restructuración administrativa y operacional de la fuerza pública han
conllevado a un significativo fortalecimiento del componente militar en función de
consolidar la política de Seguridad Democrática.
6.1.5. El Proyecto paramilitar
El paramilitarismo es un componente estratégico de la Doctrina de Seguridad
Nacional en la lucha del Estado por garantizar el control de la sociedad y enfrentar
la amenaza insurgente. Su papel cobra mayor fuerza cuanto más cuerpo toma y se
agudiza la lucha de clases. Las estructuras ilegales de carácter paramilitar son una
extensión de la función coercitiva del Estado y complementan sus insuficiencias
ante la falta de capacidad para imponer el orden o resolver vacíos de poder en el
marco de su legalidad.
El proyecto paramilitar integra la política de terror y exterminio desatada por
las clases en el poder contra el pueblo, una verdadera política estatal, por lo que
no es una rueda suelta en su estrategia de dominación. Desde el momento en
que comienza a ponerse en práctica, fuerzas armadas y Gobierno han negado sus
vínculos con él; ello obedece, entre muchas otras razones, a que estos grupos armados
tienen como función realizar crímenes selectivos o masacres indiscriminadas, en
suma, acciones de terror contra la población que le ahorran a las fuerzas represivas
del Estado realizar el trabajo todavía más sucio del que ejecutan y disminuyen su
grado de exposición, “protegiendo” de mancha la legitimidad del poder estatal.
Estas organizaciones han sido concebidas, organizadas y amparadas directamente
por el Pentágono y las clases dominantes, las cuales, hipócritamente las muestran
como un fenómeno ajeno a ellas, producido como respuesta espontánea de sectores
de la sociedad frente al avance y los “desmanes” de las fuerzas revolucionarias y
guerrilleras.
La conformación de grupos u organizaciones de naturaleza paramilitar está ligada
a la concepción de guerra del imperialismo, de armar y reclutar a la población,
ante la necesidad de estructurar redes de inteligencia, militares y de control social,
que apoyen las acciones contrainsurgentes de la fuerza pública, concediéndoles
la prerrogativa de actuar sin restricciones y en el ámbito de la más completa
impunidad. Nicaragua, Salvador y Perú son para nosotros las experiencias más
cercanas y recientes, aunque no las únicas. Diferentes agencias norteamericanas
como la CIA y la DEA participaron con el ejército norteamericano y el cartel de
La política de Seguridad Democrática
60
Medellín, en un plan de acciones encubiertas destinadas a organizar y financiar
la Contra nicaragüense, buscando el fracaso de la revolución. Armas y pertrechos
traídos de EE.UU., fueron entregados a la Contra a cambio del ingreso de droga
al territorio gringo. Este mismo sistema se utilizó en el conflicto salvadoreño para
darle vida y efectividad al proyecto de la Unión Guerrera Blanca, en la organización
de las Paramilicias. En el Perú, el Estado organizó y armó comunidades indígenas
y campesinas en autodefensas denominadas Rondas Campesinas cuyo fin era
enfrentar las fuerzas de Sendero Luminoso.
En Colombia, los primeros grupos paramilitares, como grupos de civiles armados
al servicio de terratenientes y a la acción violenta del Estado, se remonta a la década
de los 30s del siglo anterior, en respuesta al ascenso de las luchas campesinas por
la tierra y al influjo de las ideas socialistas en nuestro país. Pero es en los años
60s cuando se incorporan formalmente a la estrategia de guerra contrainsurgente.
Los manuales elaborados por los Estados Unidos y Francia, que servían de guía
al ejército colombiano en la lucha antisubversiva, eran explícitos al señalar la
necesidad de armar a la población civil en grupos de autodefensa o paramilitares.
Las fuerzas armadas los definen como: “una organización de tipo militar que se hace
con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para
desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área y para operar en
coordinación con tropas de acciones de combate”63
La Misión de Fuerzas Especiales del Ejército Estadounidense, enviada a Colombia
en febrero de 1962 y encabezada por el general William P. Yarbourough, entre
sus recomendaciones señala: “Debe crearse ya mismo un equipo en dicho país, para
seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en
operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a
desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el
sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para
presionar los cambios que sabemos van a ser necesarios para poner en acción funciones
de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que se necesite, impulsar
sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra conocidos partidarios del
comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto”.64
En el año de 1965, mediante el Decreto 3398, bajo la presidencia de Guillermo
León Valencia, el Estado autoriza a los comandantes militares a entregar armas
de uso privativo de las fuerzas militares a civiles en tiempos de paz o de guerra y,
tres años más tarde con la ley 48, se dan facultades al Gobierno para conformar
patrullas civiles. Es desde los propios batallones del ejército como se da curso a su
implementación apoyándolos con armas, munición, inteligencia y entrenamiento.
Cabe advertir que durante los años 80s el proyecto paramilitar cobra mayor
63. Comando General de las Fuerzas Militares. Manual de combate 1969, pg. 317: Reglamento de
Combate de Contraguerrillas – EJC J-10, Disposición # 005 del 9 de abril de 1969 citado en
Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. Paramilitarismo de Estado en Colombia
1988 – 2003. En Noche y Niebla. Caso Típico 4: Deudas con la humanidad. (Abril 2008).
64. Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina. Suplemento Informe de la visita a Colombia
1962. General William Pelham Yarborough.
61
desarrollo, pero es hasta finales de la década de los 90s cuando adquiere proyección
nacional, auspiciado, como lo venía siendo, con dineros del narcotráfico y con la
asesoría directa de gringos, ingleses e israelíes. A partir de ese momento se hacen
frecuentes los patrullajes conjuntos o coordinados con las fuerzas armadas del
Estado como una manera de contrarrestar la capacidad operativa y de cobertura
de la insurgencia y se acentúa la campaña de exterminio contra líderes populares,
sindicalistas, dirigentes políticos y fuerzas de izquierda.
El 25 de mayo de 1989 la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional
el Decreto 3398 en lo atinente a los artículos que conceden la facultad de armar
y organizar a civiles en grupos de autodefensa, pero luego, durante el Gobierno
de Cesar Gaviria, el decreto 356 de 1994 le da vida jurídica a las Asociaciones
Convivir65, las cuales, paulatinamente se convierten, como era su propósito, en la
mampara legal bajo la cual actuarían los grupos paramilitares. El Estado de nuevo
armó y alentó la proliferación de las Convivir por todo el país con el argumento de
propiciar la cooperación ciudadana con la fuerza pública; en algunas regiones éstas
eran dirigidas por reconocidos paramilitares que cumplieron la misión de intimidar,
chantajear y asesinar a pobladores bajo el pretexto de ser considerados simpatizantes
de la guerrilla con la anuencia y complicidad de las autoridades.
El proyecto paramilitar, como parte de la estrategia de guerra de las clases
dominantes, está dirigido a liquidar el tejido social y la base popular de las fuerzas
insurgentes, con sus apoyos, a destrozar las organizaciones de masas y políticas
que se levantan en lucha contra el régimen, a reprimir la inconformidad social.
Pero el paramilitarismo cumple con un papel adicional, no menos perverso, que
consiste en ser instrumento de fuerza que acelera los procesos de acumulación
y expansión de la tierra y el capital. Los asesinatos selectivos, las desapariciones
forzadas y masacres adelantadas por los paramilitares contra la población, fueron
y continúan siendo los métodos rutinarios para sembrar el terror, en zonas objeto
de recuperación territorial o claves para la implementación de mega proyectos
agroindustriales o de infraestructura energética o vial. Numerosas comunidades han
sido víctimas de la limpieza física y el desalojo. Las tierras y los bienes abandonados
por el desplazamiento forzado, entraron a engrosar las extensas propiedades de
terratenientes, empresarios y de comandantes “paras”, y en muchas de las regiones la
población desterrada fue sustituida por nuevos habitantes vinculados a la propuesta
paramilitar o afectos a las políticas del Estado. Fruto de esta escalada de violencia,
se calcula en 6 millones de hectáreas, el número de tierras arrebatadas a campesinos,
comunidades indígenas y afrodescendientes en los últimos veinte años y se estima
que ascienden a 4 millones sus víctimas.66
Pese a contar con el apoyo abierto o encubierto de terratenientes, empresarios,
multinacionales y de controlar en algunos municipios dineros del Estado, el
65. “Fernando Botero, en el Gobierno del Presidente Samper, saca el decreto de creación de las ‘Convivir’.
Yo, como gobernador electo de Antioquia, lo apoyé. Creo que se crearon en ese Gobierno 600, 700 ‘Convivir’,
yo me hice responsable de 69, 70 en Antioquia y las defendí y las asimilo a lo que hoy tenemos.
Hoy tenemos tres millones de cooperantes con la fuerza pública en todo el país.” Álvaro Uribe entrevista
concedida a La W radio. Diciembre 4 de 2006.
66. CINEP. Especial Ley de Victimas: En Colombia, ¿Cuál es el camino de la reconciliación? (Junio
28 de 2009)
La política de Seguridad Democrática
62
paramilitarismo tiene como principal fuente de financiamiento el narcotráfico,
obteniendo de allí sus ingentes recursos. La estrecha relación de las “autodefensas“
con el negocio de la droga ha llevado a pensar que estas nacen subordinadas al
narcotráfico o que éste en el curso de su desenvolvimiento les cambia de rumbo.
Pero de antemano las clases dominantes eran conscientes de que un proyecto, de
las dimensiones como el que se proponían adelantar, exigiría cuantiosos recursos
y que el sector privado no estaba en condiciones de sostenerlo ni de evidenciar sus
nexos; éste supuso la financiación mediante la droga y una relación, en términos de
su dirección, reservada a las instancias más encumbradas del poder. Desde dichos
niveles y bajo su mando, el paramilitarismo sirvió como un instrumento de fuerza
que enlazaba y cohesionaba orgánicamente intereses de sectores terratenientes,
empresariales, políticos, narcotraficantes y autoridades del orden local, regional
y nacional, apuntalando el proceso de fascistización de la sociedad y el Estado.
Durante el desarrollo de este proceso, complejo y turbulento por lo demás, las
relaciones paras-clases dirigentes no estuvieron, como no lo están, exentas de tropiezos
y contradicciones, pero estas clases siempre contaron con el poder material, jurídico
y político del Estado o de la embajada gringa, para zanjar diferencias, presionar
decisiones y mantener control sobre su rumbo.
El proceso de desmovilización que emprendió el Gobierno Uribe, no apuntaba a
desmontar el paramilitarismo, sino a poner en marcha acuerdos fijados previamente
con ese mismo Gobierno para reestructurar el proyecto, manteniendo intacto sus
fines y la actividad del grueso de las fuerzas más leales y experimentadas. Estas
fueron sustituidas en la fase de “desmovilización”, entre otros engaños, por jóvenes
desempleados o marginados, luego de un intenso trabajo de reclutamiento en
pueblos y ciudades, al amparo de promesas salariales y de beneficios a los que se
harían acreedores por parte del Estado una vez entregaran parte de las armas.
El acuerdo contemplaba licenciar a sus principales comandantes, para darle paso a
una nueva cúpula, no sin antes negociar lo que reclamaban como propio los “héroes”
salientes: de una parte, someterse a penas irrisorias que ocultaran la impunidad de
sus crímenes, en un acto de justicia simulada que esquivara la intervención de la
Corte Penal Internacional y, por otra, contar con las condiciones suficientes para
disfrutar de sus ensangrentadas fortunas. El acuerdo además perseguía legalizar y
mantener el proyecto bajo una línea de orientación y mayor control. El incremento
del pie de fuerza y la recuperación del territorio por parte del Estado, liberaría
buen número de efectivos para desplazarlos a nuevas áreas de operaciones o
fortalecer otras consideradas prioritarias. Parte de las fuerzas reinsertadas debían
reforzar la seguridad de las cabeceras municipales, de los territorios recuperados y
de centros urbanos ejerciendo labores de inteligencia, control de la población y de
aniquilamiento selectivo.
El fallo de la Corte Constitucional,67 que obliga a declarar la verdad y la reparación
de las víctimas, los escándalos que dejaron sin sombra de duda los vínculos entre
67. Corte Constitucional. Sentencia C-370/06, Magistrados ponentes: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa,
dieciocho (18) de mayo de de dos mil seis (2006).
63
Estado y paramilitares y la corriente de opinión levantada a raíz de los hechos de
impunidad por los crímenes y masacres, entre otras razones, propicia el traslado
en extradición de 14 de los más destacados comandantes “paras”. La extradición
fue la salida del Gobierno de Uribe y de la embajada gringa, tendiente a asegurar
la protección y legitimidad del establecimiento, ante eventuales declaraciones
de los comandantes que podían resultar fuertemente comprometedoras. Con
ello se daba paso al enredo de no poder concretar el plan inicial de impunidad
absoluta, conservando el Gobierno norteamericano el control sobre el grueso de la
información y de los secretos de un proyecto del cual han sido sus directos artífices
en confabulación con la oligarquía colombiana.
Truncado el proceso de verdad y reparación y dejado a medio camino los
acuerdos, el proyecto paramilitar continúa en sus cauces y aparece con distintos
nombres distractores. Toda la propaganda desatada por el Estado hoy se centra
en darle credibilidad al falso proceso de desmovilización y se dirige a señalar la
proliferación del paramilitarismo como un fenómeno de bandas emergentes, sin
relación alguna con las viejas estructuras o con el Estado, y sin ninguna función
política o militar en la guerra antisubversiva, declarándolos como simples grupos
delincuenciales protectores del narcotráfico.
Es un hecho patente que dicho proyecto se mantiene intacto en sus objetivos
y está lejos de concluir. Su presencia en campos y ciudades y en zonas objeto
de recuperación, mantenimiento y consolidación territorial por parte del Estado
cobra mayor importancia y sigue siendo un componente sustancial de la política de
Seguridad Democrática; como hermanos siameses al servicio del poder dominante,
paramilitares y militares coexisten y persiguen objetivos comunes, aunque ante
la opinión pública se muestren independientes. Creer que el Gobierno de Uribe
desmanteló el paramilitarismo es sueño de ilusos. Su derrota, como proyecto de
guerra solo será posible una vez el pueblo suprima de lleno el infame poder que
les dio vida.
6.2. La unidad de esfuerzo y guerra integral.
La Unidad de Esfuerzo o Unidad de Mando es uno de los principios que fundamenta
la doctrina militar norteamericana y se emplea en este punto para significar la
capacidad de concentrar el foco de atención de la opinión pública en torno a un
único objetivo político, de manera que reúna y canalice el mayor número de
fuerzas posibles para alcanzarlo; en este proceso, el Gobierno es el ente articulador
y la unidad de mando; el objetivo político, para el caso que nos ocupa, es derrotar
la insurgencia y garantizar el control social.
Para que la unidad de esfuerzo tome forma es indispensable que el objetivo sea
creíble y cuente con la suficiente motivación para que genere respaldo. Por lo tanto,
el Estado ha de recurrir a todos los medios a su alcance posicionándolo en la
La Doctrina de Acción Integral
64
dimensión de una necesidad sentida, constante y aguda, como un problema que
afecta por igual a cada una de las personas, en tanto representa una amenaza a los
más preciados intereses de la sociedad.
Por eso, la nueva concepción de guerra conviene en señalar, que una solución
efectiva contra la guerrilla procede de no restringir la responsabilidad de este papel
al trabajo de las fuerzas militares, policiales o de seguridad del Estado; en ella deben
intervenir activamente el Gobierno y las demás ramas del poder público, así como
el sector privado y la sociedad en general. La unidad de esfuerzo es el principio guía
mediante el cual se cohesiona y compromete bajo un mismo propósito a partidos
políticos, iglesia, gremios económicos, medios de comunicación e instituciones
privadas, conformando junto a sectores de la sociedad un frente común de lucha.
En un conflicto de carácter irregular como el que vive Colombia, la guerra
se desarrolla en diferentes dimensiones: militar, política, ideológica, social y
económica y transcurre circunscrita no sólo al ámbito de la Nación sino también
condicionada a la influencia del contexto internacional, de modo que el enfoque
busca abarcar todas y cada una de estas situaciones, diseñando una estrategia integral
y unificada, que sume esfuerzos, restándole margen de maniobra al adversario,
evitando al mismo tiempo la posibilidad de que se fortalezca en cualquiera de
ellas. Si consideramos la guerra como una interacción de fuerzas beligerantes sujeta
a cambios constantes y a la influencia de muchos factores tanto internos como
externos, el enfoque estratégico integral le asigna especial importancia a evaluar,
global y permanentemente, la dinámica de los acontecimientos, buscando en todo
momento reconocer y definir los centros de gravedad68 motivos de ataque.
El eje aglutinante, en torno del cual debe girar la unidad de esfuerzo de sus
integrantes, consiste en señalar a la insurgencia revolucionaria como la causa
determinante y el principal promotor de los males e injusticias que padece el
país. Es necesario entonces, sentarla en el banquillo de los acusados y someterla
al escarnio público, al desprestigio moral y político, negarle toda posibilidad de
opinión y de defensa. Desde la óptica del establecimiento, en la opinión pública
no debe caber la menor duda de que la guerrilla es el principal enemigo de la
sociedad y cualquier acción que emprenda el Estado para conseguir su derrota está
plenamente justificada y es legítima. El fin justifica los medios.
6.3. La integración y sus mecanismos
Dirigir e implementar una estrategia, como la anteriormente descrita, supone el
manejo de varios elementos y de una visión de conjunto que, por obvias razones,
escapa a la perspectiva de los militares y a su limitada competencia en el acontecer
de los asuntos públicos. La estrategia por lo tanto debe contar con el liderazgo
68.”Los Centros de Gravedad hacen referencia al eje de todo el poder y movimiento de una fuerza, a ese
punto donde el enemigo es muy vulnerable y el punto donde un ataque tendrá la mejor oportunidad de
ser decisivo.”. Echevarría, Antulio. En Air & Space Power Journal. “Enlazando” el Concepto de
Centro de Gravedad, (Marzo 5 de 2004).
65
del poder civil y con un único mando responsable que goce de una amplitud de
mira. Un mando de respeto, al cual los niveles jerárquicos acepten y en función de
cuyas determinaciones actúen. La toma de decisiones estratégicas en la guerra debe
partir entonces de un organismo institucional compuesto por civiles y militares
que coordine la dirección y disponga de la autoridad suficiente para implementar
los elementos particulares de la política y el plan en cabeza del presidente; en tal
sentido, “el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional” es la instancia encargada de
orientar al presidente en la determinación de prioridades y responsabilidades para
la fuerza pública y todas las entidades del Gobierno, teniendo en cuenta que la
política es una sola y se ejecutará de manera permanente, aunque no con la misma
intensidad, en todo el territorio nacional.
Así lo tienen establecido: “A nivel regional, las autoridades integrarán consejos
de seguridad, que tendrán un comité asesor compuesto por académicos, empresarios y
miembros de la sociedad civil para estudiar políticas públicas de seguridad, aportar
conocimientos e implementar soluciones. A nivel local, consejos distritales y municipales
de seguridad, en coordinación con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional,
supervisarán la implementación de las políticas en las áreas de su jurisdicción”69
Un elemento importante para destacar es el de los órganos de inteligencia que se
estructuran y coordinan de acuerdo al interés y a las prioridades de información,
en materia de seguridad nacional. Como una manera de centralizar su labor se
crea La Junta de Inteligencia Conjunta adscrita al Ministerio de Defensa es “[…] el
órgano donde se coordinará la inteligencia estatal y estará integrado por los directores
de los organismos de inteligencia del Estado. Tendrá la responsabilidad de producir
análisis consolidados de inteligencia estratégica, para que el Presidente de la República
y el Ministro de Defensa tengan la información necesaria para la toma de decisiones;
de traducir en requerimientos de inteligencia las políticas de seguridad del Gobierno;
y de coordinar la distribución de tareas, promoviendo la especialización y evitando así
la duplicidad de esfuerzos […] La Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el DAS, y
la Fiscalía Nacional trabajarán de manera coordinada en la recolección e intercambio
de inteligencia.”70 Asimismo, se crean las Juntas de Inteligencia Regionales que
replicarán en los departamentos las funciones de la Junta de Inteligencia Conjunta.
En el ciclo de avanzar e integrar las acciones de inteligencia, la fuerza pública da el
primer paso, involucrando progresivamente las diferentes instancias del Estado en
su conjunto y simultáneamente a sectores de la sociedad. La red de informantes es
una muestra de cómo se viene implementando dicha estrategia, ligada a un amplio
sistema de jugosas recompensas económicas.
Para desarrollar la política de seguridad a otros niveles se dispuso la creación
de “[…] estructuras de apoyo interinstitucionales para coordinar y complementar las
acciones de las entidades del Estado a nivel regional y local, facilitando así el trabajo de
69. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
Política de Defensa y Seguridad Democrática. Bogotá: 2003, pág. 34.
70. Ibid.
La Doctrina de Acción Integral
66
las autoridades judiciales…. sustentadas en una filosofía de trabajo en equipo y no en
una relación jerárquica entre la fuerza pública, los organismos de investigación y control
del Estado y las autoridades judiciales.”71
El vínculo entre el Estado y la comunidad se establece mediante una extensa red
que estimula y ampara el apoyo fiel de los ciudadanos a las políticas de seguridad,
defensa y convivencia ciudadana, basada en la colaboración estrecha con la fuerza
pública. Dicha red está integrada entre otras por: Juntas de Acción Comunal, redes
de seguridad, frentes locales de seguridad, frentes de seguridad empresarial, redes
de apoyo, redes de policías cívicos, servicios comunitarios de vigilancia y seguridad
y organizaciones de defensa civil. Las empresas de vigilancia privadas, bajo la tutela
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (adscrita al Ministerio de
Defensa) también integran tal tejido.
Desde el momento en que inició el Gobierno de Álvaro Uribe, la labor de coordinar
las acciones sociales del Estado con la fuerza pública estuvo a cargo del Ministerio
de Defensa, sin embargo, el enfoque de la doctrina se refuerza en el 2003 cuando
esta función la asume el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), 72
creado bajo la dirección de la Presidencia de la República, la asesoría del Comando
Sur del Ejército Norteamericano y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.
El CCAI como mecanismo de integración, entró a jugar un papel de primer orden,
entre otras razones, debido al número de ministerios y entidades del sector público
y privado que lo componen, y a la función que cumple en articular las capacidades
y recursos del Estado con la acción del ejército en operaciones de carácter militar
y de control social en su lucha contra la insurgencia.
71. Ibid.
72. González Pérez, Ángela Cristina. Control Territorial y gobernabilidad en zonas afectadas por la
presencia de grupos armados ilegales en Colombia. Julio de 2007.
67
La Doctrina de Acción Integral
La interconexión de los componentes de la política de Seguridad Democrática, la
manera como ella integra las autoridades armadas, el Estado y la participación de
sectores de la sociedad en una unidad de esfuerzo, así como de los instrumentos que
emplea para articularlos y hacerlos operables, conforman el cuerpo de la estrategia
de guerra de las clases dominantes, su estructura y funcionamiento. Teniendo esto
en mente, veamos en qué consiste la Doctrina de Acción Integral cuyos postulados,
tal como son expuestos por el Estado, simplifican al máximo la concepción que
guía la Seguridad Democrática y ocultan su verdadera dimensión:
“Simultáneamente a la profundización del proceso de fortalecimiento y legitimidad de
la fuerza pública, es preciso desarrollar herramientas y mecanismos que le permitan al
Estado hacer uso combinado e integral de su fuerza legítima y de la acción social, en su
objetivo de ir consolidando, progresivamente, el control del territorio nacional.
Con este fin, se ha concebido la Doctrina de Acción Integral como el conjunto de
principios que deben orientar la acción coordinada de la fuerza legítima y la
acción social del Estado. En este sentido, se entiende la consolidación del control
territorial como el escenario en el que se ejerce plenamente la autoridad del Estado y se
permite el libre funcionamiento de todas sus instituciones y agencias.” 73
Los principios que guían la Doctrina de Acción Integral, o por lo menos los hechos
públicos,74 enfatizan,
La Doctrina de Acción Integral
73. COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD. Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social,
(2007-2013). Bogotá: Febrero de 2007. Anexo2, pág. 87.
74. “1. La protección de la población y la satisfacción de sus necesidades básicas es la primera y más importante
responsabilidad. 2. La unidad de esfuerzo y la coordinación interagencial, particularmente entre
unidades militares y agencias civiles, es la clave para la consolidación del control territorial. 3. Existe
total interdependencia entre todas las acciones militares y sociales. El fracaso de una impide el éxito de
las demás. 4. El esfuerzo militar es secundario al esfuerzo político y social. 5. El rol del esfuerzo militar
es el de proteger a la población, identificar sus necesidades y garantizar la libertad y seguridad suficiente
para permitir el trabajo de las instituciones de acción social con la población. 6. La acción social es la
que en definitiva creará las condiciones de estabilidad para la consolidación del control territorial. 7.
Cuando sea necesario las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adelantarán tareas civiles y sociales en
procura de satisfacer necesidades básicas mínimas de la población. 8. Lo local es lo estratégico. Esfuerzos
7
68
1) En el esfuerzo que la fuerza pública debe realizar para obtener legitimidad y
apoyo de la población en todas las acciones que adelanta.
2) En la interdependencia que guardan las acciones militares y sociales.
3) En atender las necesidades básicas de la población a través del uso combinado
de la fuerza legítima, la política social, las acciones de las demás instituciones del
Estado y de la sociedad civil.
La combinación de acciones militares y sociales, principio rector en que se sustenta
la Doctrina de Acción Integral, es una estrategia generalmente utilizada en los
conflictos de baja intensidad dirigida a “conquistar las mentes y los corazones” de
la población. Se trata de separar y aislar del apoyo social a las fuerzas políticas de
izquierda y a la insurgencia revolucionaria, mediante acciones sociales, psicológicas,
políticas y económicas dirigidas a la comunidad, en función de complementar
y/o facilitar la ejecución de operaciones militares de desgaste y aniquilamiento.
En Colombia su aplicación se remonta al Plan LASO (Latin American Security
Operation ) 1960-1965, diseñado por el Pentágono contra la resistencia armada
campesina que tomaba fuerza en varias zonas del país y que posteriormente daría
nacimiento a las FARC-EP en 1966.
La estrategia de “conquistar las mentes y los corazones” tiene básicamente dos
expresiones o modalidades: la primera consiste en las acciones cívico-militares
propiamente dichas, adelantadas directamente por la fuerza pública y, la segunda,
en donde ésta mimetiza más sus acciones actuando con el apoyo y coordinación de
las autoridades civiles y las agencias y programas del Estado. Estas dos expresiones
parten de considerar los momentos a que están sujetas las zonas objeto de
recuperación, dentro del ciclo de control territorial: control de zona, sostenimiento
y consolidación. “El grado de control territorial difiere de una zona a otra dependiendo
de las particularidades de los diferentes teatros de operaciones, la fase de consolidación
del control territorial no se implementará de manera uniforme y simultánea en todo
el territorio nacional. Habrá una priorización de zonas donde el grado de control
territorial por parte de la fuerza pública permita el desarrollo de las labores de los
componentes de la acción social del Estado.”75
En la primera expresión, las acciones cívico-militares están reglamentadas por
cuatro fases, aunque debe aclararse, su aplicación no necesariamente tiene el estricto
orden en que se presentan. Ellas son:
y resultados en lo local tienen un efecto estratégico. 9. Este es un esfuerzo de mediano y largo plazo. Es necesario
ser perseverantes y reconocer que no hay salidas rápidas ni soluciones contundentes.” COLOMBIA,
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD. Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social, (2007-2013).
Bogotá: Febrero de 2007. Anexo2.
75. Departamento de Planeación Nacional. DIRECCIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD. Estrategia
de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social (2007-2013). Bogotá: febrero 2007,
pág. 87.
69
• “Acercamiento a la población civil para romper las barreras “ficticias” entre ésta y
el estamento castrense mediante brigadas de salud, recreación, construcción de vías,
servicios de peluquería y zapatería, y “obsequios” de alimentos y ropa…
• Identificación del apoyo político y sustento económico del enemigo, que en nuestro
caso son los movimientos populares, entre ellos, los grupos insurgentes. Realizada esta
identificación se corta el apoyo político mediante el hostigamiento a la población
civil, la tortura, la desaparición y el asesinato, también se elimina el apoyo
económico, confiscando los bienes de la “subversión no armada”, el arrasamiento de
sementeras, el robo de animales domésticos, el control a las remesas, el bloqueo de las
vías obstaculizando las entradas y salidas a la zona, además de la carnetización de la
población, el monopolio en la prestación de cualquier servicio[…]
• Ubicar geográfica y espacialmente al enemigo […]
• Ataque al enemigo, para lo cual se valen de categorías como la operación rastrillo,
operativo envolvente, y los bombardeos indiscriminados donde lo característico
es arrasar con todo aquello que tenga vida, sea humana, vegetal o animal; tales
acciones son llevadas a cabo, en no pocas ocasiones, por efectivos bajo los efectos de
sustancias psicotrópicas. Para la puesta en marcha de esta cuarta etapa usualmente
ya han eliminado o desterrado a líderes populares, reventado el tejido social de las
organizaciones civiles haciéndolo amparados en normas legales de reciente creación
por el legislativo, entre las cuales destacan la asignación de funciones de jueces a
miembros de la fuerza pública y el establecimiento de los “teatros de operaciones”.76
De igual forma se desarrollan actividades encubiertas, obligando o comprometiendo
a las comunidades a participar en programas de recreación, tales como: payasos
policías, niños soldados, policías por un día etc.
La segunda expresión tiene mayor relevancia que la primera, si se tiene en cuenta
el nivel de coordinación e integración de los programas y entidades que intervienen
en ella, así como la dimensión de los recursos estatales y de “ayuda” internacional
canalizados para tal fin. Por otro lado, esta expresión se aplica en el escenario en
el cual se pasa del objetivo inicial del control territorial por la fuerza pública al de
consolidación social del territorio mediante la acción integral del Estado.
Aunque el Gobierno sostiene que Colombia se encuentra en la etapa de consolidación
de la Seguridad Democrática, puesto que ya logró el control del Estado sobre la
mayor parte del territorio nacional, los hechos indican lo contrario, una muestra
de tal afirmación son las acciones cívico-militares adelantadas actualmente por
el ejército que tienen mayor cobertura y aplicación, que aquellas en donde se
involucra su acción integrándolas con los programas e instituciones del Estado77.
76. Velásquez Rivera, Édgar de Jesús. Historia de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En Revista
Convergencia, año 9 No 27 (Enero-Abril 2002), Universidad Autónoma del estado de México,
Facultad de Ciencias políticas y Administración Pública, pág. 11-39.
77. Álvaro Uribe pretende diferenciar el régimen fascista que encarna, de las dictaduras militares
instauradas en América Latina y el Caribe en los años 70s, cuando desde el punto de vista de su
La Doctrina de Acción Integral
70
En el año 2005, como respuesta a las nuevas exigencias que plantea el conflicto,
el Gobierno fusionó la Red de Solidaridad Social con la Agencia Colombiana de
Cooperación Internacional en la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, Acción Social ACCI. Bajo la competencia de esta nueva
entidad figura el Fondo de Inversión para la Paz, FIP, a través del cual se financia el
componente social del Plan Colombia.78 La ACCI se ha convertido en un poderoso
instrumento para aplicar la Doctrina de Acción Integral. Los enormes recursos
nacionales e internacionales que canaliza, más los asignados por el plan al FIP, le
han permitido a la ACCI estructurar cerca de 20 programas sociales de diversa
índole, muchos de ellos de cobertura nacional que dependen directamente de la
Presidencia de la República y que son parte del complemento social a las acciones
militares contrainsurgentes. No obstante perseguir este objetivo, los recursos y
programas de Acción Social, son herramientas fundamentales en la realización de
los Consejos Comunitarios como parte de aplicar la estrategia de la Autoridad
Ejecutiva Singular. En una actitud todavía más perversa, Uribe distribuye los
recursos de Acción Social presentándolos como actos benevolentes derivados
de su irrevocable compromiso por erradicar la pobreza y de brindarle mayores
oportunidades a la población víctima de la violencia.
Pero sin duda el principal organismo que engloba y enlaza la relación de la fuerza
pública con los demás entes estatales y privados comprometidos en las acciones de
tipo social lo constituye el Centro de Coordinación de Acción Integral, CCAI;79 por la
composición y número de quienes lo integran, el CCAI grafica la red de vínculos y
la unidad de esfuerzo que la doctrina de Acción Integral promueve y que pretende
alcanzar el Estado a otros niveles. Cabe destacar el protagonismo que juega en todo
contenido representan lo mismo y cuando ambas son expresiones de la doctrina de Seguridad Nacional.
Veamos: “Le propusimos al país una Política de Seguridad Democrática para hacer la diferencia
con los procesos dictatoriales de seguridad que se habían vivido en algunos países de América Latina
durante la época de la doctrina de la seguridad nacional. Allá se suprimía el disenso, se imponía la ley
marcial, se imponía la censura de prensa, se expatriaba el pluralismo. Aquí hemos buscado adelantar
este proceso de seguridad con todos los valores democráticos, con la profundización de las libertades en sus
posibilidades efectivas, que son mucho más importantes que la simple declaración retórica.” Palabras de
Álvaro Uribe Vélez pronunciadas en la inauguración del V Congreso Internacional sobre Víctimas
del Terrorismo realizado en Medellín Colombia, el 29 y 30 de mayo de 2009.
78. El FIP adelanta programas tales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Empleo en Acción,
Familias Guardabosques, Proyectos Productivos, El grupo Móvil de Erradicación, Vías para la Paz,
Obras para la Paz y Proyectos Especiales. La RSS Programa de Atención a la Población Desplazada,
Programa Paz y Desarrollo y Laboratorios de Paz, Gestión Habitat y Vivienda, Programa
Generación de Ingreso, Red de Seguridad Alimentaria RESA, Programa de Atención a Víctimas de
la Violencia, Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, El Programa Presidencial
Contra Cultivos Ilícitos –PCI. Minicadenas Productivas y Sociales, Gestión Comunitaria,
Infraestructura.
79. Integrantes permanentes del CCAI: Acción Social, Ministerio de Defensa, Comando General de
las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Ministerios: del Interior y de Justicia, de Protección Social,
de Educación, de Agricultura, Incoder, ICBF, Coldeportes, SENA, Fiscalía General de la Nación
y Registraduría Nacional del Estado Civil. Enlaces: demás Ministerios, DNP, Banco Agrario, Alto
Comisionado para la Paz, Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Dansocial,
Fedecajas, DAS, USAID y sucursal de Oxy Colombia, con el apoyo de la Embajada de Estados
Unidos y el Comando Sur. Presidencia de la República de Colombia. CCAI (Centro de Coordinación
de Acción Integral). Documento formato Powerpoint, sin fecha, citado por Bettina Reis,
op. cit.
71
este proceso el poder de la embajada norteamericana, la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y el propio Comando Sur.
Entre las regiones destacadas prioritarias por el CCAI para el desarrollo de la
cooperación civil-militar se encuentran: Sur de Bolívar, Sierra Nevada, Córdoba,
Medio y Bajo Atrato (Apartadó), Norte del Cauca, Tumaco, Catatumbo, Arauca,
Zona Sur (Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo). Según el Ministerio de Defensa
el CCAI en el 2007 estaba presente en 58 municipios del país; si para 2002 la
fuerza pública no ejercía autoridad en 158 municipios, no es difícil prever el largo y
tortuoso camino que todavía le queda por recorrer al Estado, en todos y cada uno de
ellos. La meta de recuperar e “incorporar” áreas del territorio nacional al conjunto
de la organización social, le ha significado al Gobierno un esfuerzo económico,
político y militar incalculable, que desborda el límite de sus previsiones más
reales. En efecto, los inmensos recaudos del impuesto para preservar la Seguridad
Democrática de 2002 y del patrimonio80 de 2006 resultaron insuficientes al punto
que el Gobierno tramita en el Congreso un nuevo gravamen que subvencione los
costos de la llamada Seguridad Democrática, para el período 2011- 2014.
Los objetivos de la política de Consolidación de la Seguridad Democrática son claros
y, como atrás se dijo, se definen como el afianzamiento territorial y fortalecimiento
de la presencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional, los cuales se
alcanzarán aplicando la estrategia de consolidación territorial y el desarrollo de la
Doctrina de Acción Integral.
La estrategia de consolidación sobreviene una vez cumplida las fases de recuperación
y sostenimiento territorial. Se entiende que para este momento la fuerza pública ya
ha recuperado las cabeceras municipales y que las autoridades civiles gozan de la
protección suficiente para ejercer su papel. Por lo tanto, en ellas y a partir de ellas
se debe extender a la periferia “la presencia integral de la institucionalidad estatal,
el fortalecimiento de la gobernabilidad local y la participación efectiva de la sociedad
civil”81. Según el ex ministro Santos la consolidación es la “presencia permanente e
irreversible de fuerza pública y total acción de las agencias del Estado.”82
En cuanto a desarrollar la Doctrina de Acción Integral, ésta es esencial para la
consolidación territorial: “la coordinación interagencial y, en especial, la coordinación
civil-militar constituyen el eje fundamental del que depende el éxito o el fracaso de esta
estrategia.” 83
80. El impuesto sobre el patrimonio fue creado con la Ley No. 1111 de Diciembre 27 de 2006, para
una período de cuatro años, gravando con un 1.2% anual a los capitales superiores a 3000 mil
millones de pesos.
81. Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia. Política de Consolidación de la Seguridad
Democrática. 2007, pág. 33.
82. Palabras del Ministro de Defensa Nacional. Cartagena del Chairá (Caquetá), 19 de diciembre
de 2007.
83. Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia. Política de Consolidación de la Seguridad
Democrática. 2007, pág. 36.
La Doctrina de Acción Integral
72
En la coordinación de las acciones cívico-militares dirigidas a la población,
los militares deben hacerse a la confianza de la población, ganar su simpatía.
Concordantes con este principio y objetivo, las reformas estructurales que adelantan
las fuerzas armadas desde el 2006 contemplan mejorar los procesos de instrucción y
capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y elevar
los supuestos “estándares éticos y profesionales” de sus integrantes para desarrollar
sus capacidades humanas y el respeto a la población. No obstante, modificar la
conducta de las fuerzas armadas hacia la comunidad, significa cambiar la forma
más no el contenido de sus acciones, enmascarar ni más ni menos la esencia de
una institución ejemplo de violencia y de terror contra el pueblo. Sin duda, la
nueva fase del conflicto social y armado y por ende de la Seguridad Democrática,
conmina al Estado a ejercer un mayor control de la población, a buscar credibilidad
y legitimidad en sus instituciones y políticas, cambiando y refinando sus métodos
de engaño. En el caso de la fuerza pública “poniendo al tigre a cuidar sus presas”,
según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sólo entre el
1 de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008 se habría dado un total de 1.686
desapariciones forzadas, jóvenes de barrios populares y campesinos ejecutados por la
fuerza pública, vestidos y presentados como guerrilleros dados de baja en combate,
crímenes de Estado amablemente denominados falsos positivos. A juzgar por estas
cifras, las reformas estructurales emprendidas por el ejército, tendientes a promover
el respeto de los derechos humanos y de la ley siguen cosechando frutos, que no
son cosa diferente al crimen y al terror estatal, amparados en la cínica demagogia
del régimen sobre los derechos humanos.
Buscar y ganar legitimidad con la población es el centro de gravedad de la fuerza
pública, es una exigencia para asegurar el éxito de las acciones contrainsurgentes
basadas en el uso de la fuerza y la acción social del Estado, núcleo de la aplicación
de la Doctrina de Acción Integral.
Sin embargo, continuas prácticas como las ejecuciones extra judiciales, mal
llamadas “falsos positivos”, las desapariciones forzosas, las torturas, las violaciones
sexuales y otro sin fin de conductas aberrantes desplegadas por miembros de las
fuerza militares y de policía, ponen en evidencia que no son, como se pretende
justificar, prácticas aisladas, sino que obedecen a una concepción bien arraigada de
utilizar el terror como método de guerra.
73
La Seguridad hemisférica
La visión estratégica de dominación global de los Estados Unidos ubica
históricamente al continente americano como el espacio vital sobre el que afirma
y apalanca su posición de potencia hegemónica en la rivalidad que sostiene con
otros bloques de poder a escala mundial, y como el anillo de protección primaria
a su integridad como Nación. De manera que el continente americano ocupa
un lugar destacado en su política exterior y de seguridad nacional, siendo la
estabilidad económica y política del hemisferio y su control prioridades básicas en
la preservación de sus intereses.
En lo corrido del presente siglo, el contexto latinoamericano ha presentando un
fenómeno de cambios, caracterizados por un nuevo despertar de la lucha de masas
y por el reacomodo de las fuerzas políticas y de Gobierno en distintos países. Este
proceso se inscribe en la dinámica de cambios operados en las relaciones de poder
en el plano internacional y en los intereses económicos y políticos imperialistas que
confluyen en el continente. Se destaca en este proceso, el ascenso de Gobiernos
con un visible contenido popular y/o antiimperialista, con variedad de posturas
ideológicas y políticas que pugnan por concretar un tipo de sociedad y unas
nuevas formas de integración regional diferentes, o por lo menos distintas a las
tradicionalmente impuestas por Estados Unidos. En este abanico de expresiones
políticas se encuentran Gobiernos que asumen posiciones claramente consecuentes,
como aquellos que participan desde una posición tímida y ambivalente o que
simplemente actúan con la óptica tradicional, adelantando pequeñas reformas.
Por otra parte, están los Gobiernos abiertamente incondicionales del imperialismo
norteamericano que obran como puntas de lanza de su política.
Este nuevo contexto, significativo por sus oportunidades y por los intereses
que están en juego, es adverso a los Estados Unidos, pues muestra la pérdida de
Seguridad hemisférica
8
74
su influencia, evidenciando al mismo tiempo los obstáculos que enfrenta en la
ejecución de sus planes estratégicos en el continente. Estados Unidos no goza como
en el pasado, del control ni del mismo margen de maniobra para llevarlos a cabo;
sin embargo, la valoración de estas dificultades evidentes no debe llevar a pensar
que han dejado de ser, como en efecto lo son, la fuerza dominante en la región.
A nivel de las relaciones de poder con las clases dominantes locales, del tamaño de
sus inversiones y de la presencia política y militar que conserva en el continente,
los Estado Unidos continúan sosteniendo las riendas, aún teniendo en cuenta el
papel que vienen jugando otros bloques económicos y los efectos que esto conlleva
en la balanza de fuerzas.
Para Estados Unidos el aspecto fundamental en la presente coyuntura consiste en
garantizar la estabilidad y su preponderancia en la región. De allí que su política
busque fortalecer cada vez más su relación con los bloques de poder interno de los
países subordinados, neutralizar o acercar Gobiernos aparentemente de izquierda
pero leales con la sociedad de libre mercado y aislar o desestabilizar Gobiernos
que están o puedan poner en serio peligro sus intereses. Más aún, el fondo de su
política se dirige a impedir que dentro del ascenso de las izquierdas latinoamericanas
cobren mayor fuerza movimientos y organizaciones que se plantean, además de las
reformas, un cambio radical de las estructuras sociales y de las relaciones con el
imperio.
Visto en su conjunto, el proyecto de Estados Unidos en el plano de seguridad para
Latinoamérica consiste en revivir el concepto de defensa y seguridad hemisférica
inspirado en la filosofía de reciprocidad mutua, ante una eventual agresión militar de
potencias externas o de fuerzas o Gobiernos de la región que perturben la estabilidad
democrática, la libertad de comercio y la libre inversión, pilares que forman parte
del “estilo de vida americano”. Una seguridad colectiva en donde los socios menores
se hallen subordinados a su doctrina y al tamaño de su capacidad militar, pero que
también observe los acuerdos establecidos con otras potencias aliadas en términos
de esferas de influencia y garantice la estabilidad del orden mundial. Como parte de
los pasos que viene adelantando en esta dirección, ha reactivado La Cuarta Flota,
utiliza y establece nuevas bases en Colombia y reestructura los planes y funciones
que desempeña el Comando Sur. De manera que no existe, desde la perspectiva de
lo que ha sido su Doctrina de Seguridad Nacional y de lo hechos recientes, nada
distinto que lleve a concluir que después de Bush nos encontramos ante un nuevo
concepto de seguridad hemisférica, por el contrario, si se analiza la estrategia y las
metas del Comando Sur fijadas para la región y concebidas desde el 2007 con una
proyección a 10 años84, se puede observar que, muy a pesar de los contratiempos,
en líneas generales la doctrina se mantiene inalterada. Conviene aclarar que el
Comando Sur es el principal instrumento militar que emplea Estados Unidos
para adelantar su estrategia de seguridad en el hemisferio.
84. Comando Sur de los Estados Unidos, USSOUTHCOM. Estrategia del Comando 2016 del
Comando Sur de los Estados Unidos. Amistad y Cooperación por las Américas. Marzo de 2007.
75
La estrategia del Comando contempla programas de entrenamiento en el campo
de “la seguridad interna” de las naciones, incremento en el número de bases militares
de apoyo a su cooperación85, promoción de iniciativas de batallones conjuntos
compuestos por varios países para realizar operaciones de estabilización, apoyo en
la adaptación de “estrategias de seguridad nacional”, y en el mejoramiento de la
definición del rol del Departamento de Defensa en los procesos de estabilidad y
desarrollo político y socioeconómico de los países de la región.
El Comando busca como una de sus metas, controlar los aspectos claves de
la seguridad de cada país, ampliando las relaciones enteramente militares para
extenderlas al marco del control social, con el fin de tener mayor injerencia en
los asuntos internos de cada nación. De allí que haga hincapié en cambiar su
condición actual para transformarse en un Comando Conjunto Interagencial. Con
este nuevo carácter globaliza su cobertura, mejorando internamente el esfuerzo
y la coordinación con otras agencias estatales y organizaciones gringas presentes
en la región, y externamente facilitando su papel de “cooperación” con las fuerzas
armadas nativas, Gobiernos u organizaciones no gubernamentales y privadas. La
nueva dimensión del Comando coincide con la misión de enfrentar amenazas tan
amplias como la pobreza y la desigualdad, la corrupción, terrorismo y delitos,
donde la lucha “contra” la droga es apenas uno de ellos, pero cobijando todas las
anteriores amenazas con la doctrina de Acción Integral.
Por otra parte, el carácter interagencial y conjunto del Comando guía sus acciones
con base en la cooperación cívico-militar. Un estrategia que disimula y le imprime
a lo social un contenido militar, que subordina lo social a los objetivos militares,
que se apoya en las acciones de tipo social para controlar y someter la población,
y que conjuga lo civil y militar en una variedad de formas y facetas para hacer
más efectivo, pero menos visible, sus propósitos de intervención y conquista. No
es extraño entonces que haga presencia en acciones humanitarias, de apoyo y
reconstrucción de países víctimas de desastres naturales, de asistencia y conexión
con la agencias de cooperación internacional que como USAID86 adelanta los
programas del componente social del Plan Colombia. Tampoco es extraño que en
Bolivia promueva proyectos separatistas en regiones como Santa Cruz, Beni, Pando
y Tarija, ricas en recursos naturales, que apoye organizaciones de diferente índole
en Venezuela, Ecuador y Nicaragua o que auspicie golpes de Estado como el de
Honduras.
Seguridad hemisférica
85. En Centroamérica cuenta con cuatro bases militares: Soto Cano, Honduras; Panamá (base aérea
y terrestre); Comalapa, El Salvador; Liberia, Costa Rica. En el Caribe Reina Beatriz, en la isla de
Aruba; Hato, en la isla de Curazao; Vieques, Puerto Rico y Guantánamo, Cuba. También existen
bases en Jamaica y desde luego en Puerto Rico. Sistema Andino: Manta (base aérea) Ecuador; Iquitos,
Santa Lucía, Nanay, Perú; Tres Esquinas (base aérea), Larandia, Puerto Leguizamó, Leticia,
Colombia; Chaparé, Bolivia. Cono Sur: Mariscal Estigarribia, Paraguay (base aérea).
86. Son reveladoras las crónicas que hace Martha Gellhrom en su libro “El rostro de la guerra” sobre
las acciones que adelantaba USAID en apoyo a las políticas contrainsurgentes del estado norteamericano
en Vietnam. Mediante el programa “Brazos abiertos” USAID atendió, en coordinación
con el Gobierno de Vietnam de Sur, la población desplazada y propició la deserción de tropas
del Vietcong. Estas últimas eran sometidas a un proceso de readoctrinamiento que contemplaba
interrogatorios sobre las estructuras y la forma de operar de las guerrillas, requisito indispensable
para que los desertores recibieran las “ayudas”, y se les reconociera el “derecho” a incorporarse a
la vida civil.
76
El papel que juega y que está llamado a desempeñar el Comando Sur en
la seguridad hemisférica es determinante para el desarrollo de los planes de
dominación de Estados Unidos. En el caso de la política de Seguridad Democrática
y del Plan Colombia su presencia y la de la embajada norteamericana es tan
“invisible” y al mismo tiempo tan evidente que no existe ningún tipo de acción
importante en materia de seguridad y de justicia que no esté sujeta a su aprobación
o consentimiento. Las tropas gringas amparadas en los acuerdos de asesoría y
colaboración para combatir la droga y el “terrorismo”, en realidad se hicieron
al mando y a la autoridad del ejército colombiano, el cual sin vergüenza, funge
de patriótico y exitoso. Sobra aclarar, llegado a este punto, de donde procede la
“original” Doctrina de Acción Integral que aplica el ejército colombiano en su
lucha contrainsurgente.
La política exterior de Estados Unidos para América Latina se sustenta en
promover y defender su sistema democrático, inculcando que la libertad de comercio
e inversión y el respeto por los derechos humanos son las fuentes de desarrollo y de
progreso. Por otra parte, recalca la necesidad de sostener la estabilidad y seguridad
producto de un equilibrio de poder favorable a la prevalencia de sus intereses.
Conforme a lo anterior, los movimientos de Estados Unidos se dirigen a mantener
un acuerdo que privilegie la defensa y el respeto a la democracia capitalista como
aspecto clave que unifique el marco y las reglas de juego dentro de las cuales
deben exprezarse tanto las fuerzas políticas de izquierda como de derecha en el
continente. Al tiempo que propicia y desarrolla dicha política, acerca y estimula la
labor que emprenden liderazgos de centro izquierda como puntos de confluencia,
en contrapeso a otros que ellos definen como totalitarios, radicales y contrarios a la
estabilidad regional.
En el escenario hemisférico, donde Estados Unidos brega para recomponer
y aventajar sus fuerzas, se hallan tres países que son el centro de su atención:
Venezuela, Brasil, y Colombia.
Exceptuando a Cuba, Venezuela representa para los gringos el factor más
desestabilizador de la región. La posición política asumida por el Gobierno de
Chávez y los cambios introducidos respecto a la nacionalización y a las reformas
económicas y sociales a favor de los sectores populares definen su carácter
revolucionario. Los nexos con los países del Oriente Medio a través de la OPEP, la
concreción de la Alianza Bolivariana para América Latina y El Caribe, ALBA,87 en
rechazo a las políticas neoliberales, y las relaciones militares con Rusia, son, entre
otros aspectos, lo que caracteriza a Venezuela con un liderazgo que se distancia de
la orbita de dominación gringa y que confronta cada vez más la supremacía del
imperialismo en el continente.
87. Integran el ALBA: Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Dominica, Venezuela, Ecuador, Antigua
y Barbuda, San Vicente y las Granadinas.
77
Brasil, por su parte, es la mayor economía de Latinoamérica y como tal se ha fijado
metas económicas, políticas y militares ambiciosas que traspasan los contornos
meramente hemisféricos. Brasil hace parte del grupo de los 20 países más poderosos
del mundo y junto con Alemania, Japón e India conforman el G-4, unión por
medio de la cual sus integrantes persiguen ampliar el Consejo de Seguridad de la
ONU y ocupar en él sendos asientos con poder de veto. Esta aspiración que es
prioridad de su política externa, se conecta con el ascenso de su economía y con una
visión multipolar del orden mundial en donde pugna por mayor protagonismo.
Su participación en el BRIC88 (Brasil, Rusia, India, y China) por ejemplo, marcha
en esa dirección, al diversificar sus opciones externas de comercio y en hacer más
activa sus relaciones políticas con otros actores en el panorama internacional. Los
países del BRIC representan el 21% de la economía mundial y son importantes
productores y consumidores de energéticos. Los recientes yacimientos de petróleo
descubiertos en las costas de Brasil y la producción de biocombustibles lo afirman en
esta alianza. No obstante, cabe advertir, que las inmensas y aceleradas inversiones en
el campo destinadas a la producción de agrocombustibles y a los grandes proyectos
agropecuarios, han profundizado ostensiblemente las desigualdades sociales y la
pobreza de las masas. Brasil, pese a su desarrollo capitalista, mantiene incólume
el problema de la tierra, concentrada en manos de los grandes terratenientes y las
multinacionales.
En la región, Brasil viene consolidando su liderazgo. Sus más recientes iniciativas,
la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, y el Consejo de Defensa
Suramericano CDS, fueron acogidas con un creciente respaldo por los países del
área, aunque vistas con reserva por Estados Unidos. La posición de centro izquierda
del Gobierno de Lula, le ha permitido a Brasil ubicarse como un eje de atracción y de
confluencia entre Gobiernos de izquierda y derecha. Para el imperialismo la política
de Lula es conveniente en varios aspectos: por un lado, es punto equidistante entre
“extremos” de izquierda y derecha, lo cual la constituye en un factor de conciliación
y estabilidad, por otro, Lula encarna para el imperialismo, el prototipo admisible de
lo que debe ser la izquierda latinoamericana, una fuerza opositora pero leal con las
políticas de expansión e inversión capitalistas, y un liderazgo moderado que obra de
contrapeso al de Chávez que consideran radical y desafiante.
Sin embargo, la posición de Lula entraña aspectos que preocupan a Estados
Unidos en materia de seguridad hemisférica, no solo porque UNASUR y el CDS
lo excluyen de participación directa, sino también por la suscripción de acuerdos
militares que acentúan la presencia de sus rivales europeos en la región. El Estado
brasilero firmó con Francia, en diciembre del año pasado, una alianza estratégica
para fortalecer sus fuerzas armadas y contempla la idea de crear en Brasil una
poderosa industria bélica de exportación con tecnología de última generación.
En los dos últimos años Brasil ha incrementado y modernizado sustancialmente
88. El BRIC como grupo geoeconómico realiza su primera cumbre en Yekaterinburg, Rusia, en
Junio de 2009. Entre sus objetivos de corto plazo contempla: eliminar el dólar como divisa de intercambio
en las transacciones comerciales que establezcan a su interior, fortalecer sus respectivas
monedas y reducir la inversión de sus reservas en bonos estadounidenses.
Seguridad hemisférica
78
su capacidad militar adelantando compras con Francia, Italia, Alemania, Estados
Unidos e Israel, fortalecimiento que no está dirigido a proteger exclusivamente su
seguridad y defensa interna, sino que levanta la vista al continente.
Por su ubicación geoestratégica y por la posición política que abandera, Colombia
se ha convertido en pieza clave en la región dentro de la estrategia de Estados
Unidos y es considerada hoy en día su principal aliado, por no decir subordinado.
Debido a su incondicionalidad, Colombia asume el encargo gringo de ejercer
como una fuerza de amenaza y disuasión que se contrapone al proyecto político
de Venezuela, Ecuador y Bolivia en el marco de la región Andina y a la alianza que
éstos sostienen con otros países de Centroamérica y el Caribe reflejado en el ALBA.
A lo largo de la última década y mediante el apoyo y la asesoría del pentágono,
Colombia ha incrementado y fortalecido la capacidad de sus fuerzas armadas en
términos de su seguridad interna y externa. Con el Plan Colombia y la Iniciativa
Regional Andina, Estados Unidos ha reforzado la capacidad militar de las fuerzas
armadas colombianas al tiempo que ha incrementado la presencia de sus tropas
en el país. La decisión adoptada por el presidente Rafael Correa de desmantelar
la base militar de Manta, ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente de
no permitir “el establecimiento de bases militares ni de instalaciones extranjeras con
propósitos militares”, tras el bombardeo de tropas colombianas y estadounidenses
a un campamento de las FARC-EP en territorio ecuatoriano, contrasta con la
actitud sumisa del Gobierno de Uribe quien ha dado vía libre para que los gringos
de Manta se instalen en el país e incrementen su presencia.
Las funciones que adelantarán las unidades norteamericanas desde tres bases de la
Fuerza Aérea, dos de la Armada Nacional y dos del Ejército contemplan operaciones
antidroga, “lucha antiterrorista” y acciones de despliegue trasnacionales89. Afianzar
el dominio sobre Colombia tiene que ver con proyectar su capacidad militar
hacia otros países del continente, pero también y, especialmente, con el intento de
consumar el conflicto social y armado interno, que por sus características sigue
desempeñando un factor desestabilizador y constituye un ejemplo de resistencia y
un camino de dignidad revolucionaria a seguir por otras fuerzas en el continente.
Desde la óptica de la mayoría de países latinoamericanos, Colombia es vista
como el Israel latinoamericano, como una fuerza de agresión y factor de guerra,
que amenaza la estabilidad del hemisferio y es contraria a cualquier proceso de
integración regional independiente, pero también su Gobierno se identifica como
89. Se trata de minimizar la importancia que encierran las bases gringas en Colombia, al decir de ellas
que no representan ningún peligro, puesto que son simples “Localidades Expedicionarias”. Los
Estados Unidos, en éste como en otros temas, acostumbran distraer u ocultar la realidad de sus
intereses empleando un lenguaje disfrazado o resbaloso que esquiva denominar las cosas por su
verdadero nombre o definirlas por su esencia. Las denominadas “Localidades Expedicionarias” es
el mismo nombre que llevan las bases gringas instaladas en Irak, por medio de las cuales Estados
Unidos sostiene una larga guerra de ocupación, justificada con la protección de un régimen títere
que les entrega a manos llenas los recursos de un país inmensamente rico en petróleo y gas. La instalación
de las “Localidades Expedicionarias” en Irak apuntaló la presencia militar norteamericana
en el Oriente Medio que ya era prominente.
79
la destilación del servilismo, combinada con corrupción y con un cínico terrorismo
de Estado. Un régimen fascista sustentado en la doctrina de Seguridad Nacional
gringa o lo que es lo mismo en la política de Seguridad Democrática.
El juego de intereses y de contradicciones que presenta el actual panorama
latinoamericano se engloba en el reordenamiento de las fuerzas de poder a escala
mundial y en la profundidad y extensión de la crisis económica que padece
el sistema imperialista. Los forcejeos entre Estados Unidos y los demás países y
bloques imperialistas en la región, así como las posturas que vienen adoptando las
clases reaccionarias en cada país, están directamente relacionados con los anteriores
hechos. Así mismo y de forma especial están ligados con la amenaza que representa
el levantamiento y la organización de millones de desposeídos en el continente que,
de manera espontánea y consciente están confrontando los efectos de un sistema
de explotación y dominación que en todas las esferas de la vida social, económica y
política, evidencia cada día y con mayor fuerza la necesidad de cambios estructurales
y la necesidad de una nueva sociedad esencialmente diferente de la actual.
Seguridad hemisférica
80
Reflexiones finales
Resumamos la doctrina de Seguridad Nacional y su actual expresión en Colombia
como política de Seguridad Democrática.
• Desde el momento en que fue concebida por Estados Unidos la doctrina de
Seguridad Nacional hasta hoy, han transcurrido cerca de seis décadas, podría
pensarse, debido a ello, que ha caído en desuso y que las fuerzas revolucionarias
e insurgentes se encuentran enfrentadas al poder de un adversario que cambió de
lleno su concepción de guerra y parte de un enfoque sustancialmente distinto
del pasado, para salirle al paso a la rebeldía popular y a la lucha de las masas por
el socialismo. Sin duda, las circunstancias que forjaron la doctrina vistas a la luz
de las condiciones actuales son diferentes, y mal podría afirmarse, sin caer en un
desatino, que los ingredientes de su versión original se mantienen en su totalidad o
completamente inalterados. En el curso de estos años, la doctrina sufrió un proceso
de evolución y de cambios que la adaptaron a las nuevas circunstancias de la lucha
de clases y a la particular configuración de fuerzas que caracterizan el mundo de hoy.
Conservando su espíritu inicial, la doctrina se ha enriquecido con la incorporación
de nuevas experiencias de guerra y de recientes y variadas tecnologías, dando lugar
a que las acciones de tipo militar, económico, político y psicosocial que le son
propias, avancen en profundidad, coordinación e integralidad.
En Colombia, La política de Seguridad Democrática que adopta como “original”
el Gobierno de Uribe Vélez, no es otra cosa que la continuación y versión actualizada
de la doctrina de Seguridad Nacional aplicada en Colombia desde mediados
de los años 40s para enfrentar el enemigo interno. Además, Estados Unidos ha
convertido la Seguridad Democrática, bajo su asesoría y apoyo financiero, en un
poderoso instrumento de dominación mediante el cual invaden y subordinan,
como nunca antes, los aspectos esenciales de la vida económica, política y social
de los colombianos. Así por ejemplo, el orden público, la justicia y el manejo de
las relaciones internacionales están supeditados a las conveniencias y a los deseos
de la Casa Blanca. Claramente el proceso de cambio de la Doctrina de Seguridad
81
Nacional corresponde a un proceso de aprehensión de la dinámica de las guerras
populares y de liberación nacional a lo largo y ancho del mundo y en este sentido se
puede deducir que el proceso evolutivo de la Doctrina de Seguridad en Colombia
obedece a las experiencias internacionales estudiadas por la reacción, pero también
de la dinámica de la guerra revolucionaria emprendida por el pueblo en Colombia.
Al amparo de la Seguridad, el gran capital internacional, los latifundistas, los
grandes grupos económicos internos, el narcotráfico y los paramilitares han hecho
su agosto. Es a esta minoría a la que ha servido la Seguridad Democrática y no a la
inmensa mayoría que constituye el pueblo. La violencia desatada desde el Estado y
extendida por campos y ciudades ha sido el motor de su rápido enriquecimiento, el
principal factor que ha beneficiado sin par la concentración de tierras y capitales. La
lucha contra lo que las élites internacionales llaman “terrorismo” es sólo el pretexto
para imponer su terrorismo, y la protección de la población el argumento con el
que amparan su barbarie. Tras el delirante objetivo de enfrentar a los “violentos” y
con la desenfrenada angustia por salvar y legitimar sus instituciones, la sociedad
está siendo sometida a un régimen de terror y miseria, a una dictadura fascista
que arrasa con los más elementales derechos y libertades, al tiempo que entrega la
riqueza nacional y el trabajo de millones de colombianos al gran capital interno y
externo.
Contrario a la propaganda que a diario se difunde, el terrorismo no es el arma
de los débiles sino un instrumento de guerra en manos de los poderosos. La lucha
contra el “terrorismo”, abanderada por la burguesía internacional, es en realidad
la lucha del imperialismo y la reacción por someter y avasallar la resistencia de
los pueblos. De allí que los componentes que integran la Seguridad Democrática,
recuperación del territorio, guerra psicológica, fortalecimiento económico, militar
y proyecto paramilitar conforman un todo interconectado y centralizado, y está
dirigido a doblegar las aspiraciones de las masas por un mejor futuro, a liquidar
sus organizaciones y dirigentes y a aplastar su resistencia y rebeldía. La paz de los
potentados, que es a lo que apunta la Seguridad Democrática, no es más que la
violencia contra los desposeídos.
• La Doctrina de Acción Integral, núcleo de la Seguridad Democrática, se basa en la
acción coordinada de la fuerza pública y la acción social del Estado para derrotar las
amenazas que atentan contra su seguridad, incorporando en este objetivo al mayor
número de la población. La doctrina es una concepción de guerra contrainsurgente
y de control de la sociedad que disfraza el papel militar del ejército con las acciones
sociales del Estado o de organizaciones de carácter privado puestas a su servicio.
Por medio de ellas, la fuerza pública penetra las comunidades buscando ganar su
confianza para destruir las organizaciones populares, aislar o aniquilar a las fuerzas
revolucionarias y someter a la población a las políticas del Gobierno. La doctrina de
Acción Integral en Colombia, es una réplica de la nueva modalidad de cooperación
cívico-militar impulsada por el Comando Sur del ejército norteamericano en el
hemisferio occidental.
Reflexiones finales
82
El Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI, creado y dirigido bajo
el asesoramiento de la embajada gringa y el Comando Sur, es el organismo
encargado de adelantar a nivel nacional la coordinación entre la fuerza pública
y los ministerios, entidades gubernamentales y programas sociales del Estado.
Como parte integrante del CCAI, la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, conocida como Acción Social, canaliza la “ayuda”
extranjera y administra los recursos del componente social del Plan Colombia.
En la implementación de la Doctrina de Acción Integral, fuerza pública y Acción
Social mantienen una relación de mutua dependencia.
• La crisis en que se debate actualmente el sistema imperialista tuvo como epicentro
el colapso financiero norteamericano. El impacto de su onda expansiva no deja de
sacudir las economías del mundo, y de provocar efectos devastadores en cada una
de ellas. El proceso permanente de expansión e integración del capital ha hecho del
mundo un lugar más interdependiente y globalizado. Debido a ello, la crisis actual
adquiere connotaciones mayores, toda vez que interconecta los vasos comunicantes
desarrollados por el capitalismo para extenderse al conjunto del sistema financiero
internacional, de la producción y el comercio.
La crisis es ruina, miseria y desempleo, es sufrimiento para millones de personas.
En el curso de su desarrollo, un sinnúmero de pequeños y medianos capitales son
arrojados a la quiebra, mientras que una minoría de poderosas empresas al borde de la
muerte goza de operaciones de salvamento emprendidas desde el Estado con recursos
públicos. En medio de la bancarrota económica, la crisis produce simultáneamente
una fuerte concentración de la riqueza. Los grandes grupos y países monopolistas
con mayor capacidad para mantenerse a flote, absorben el capital y ocupan el sitio
de sus fracasados rivales erigiéndose como robustos competidores en la contienda
por obtener ganancias. Pero la crisis cuyo peso recae en los hombros de las masas
y que cobija las estructuras del sistema imperialista, agudiza sus contradicciones
básicas y engendra luchas. En los países capitalistas acentúa la contradicción entre el
proletariado y la burguesía, exacerba la contradicción de las grandes asociaciones y
países monopolistas por un nuevo reparto del mundo y recrudece la confrontación
entre los pueblos y naciones dependientes contra el imperialismo por una completa
autonomía y democracia.
Desde esta perspectiva, si bien la crisis conduce a un mayor sufrimiento y miseria
de las masas, también genera oportunidades importantes para el avance de sus
luchas y brinda condiciones favorables que pueden y deben ser aprovechadas por
las fuerzas revolucionarias, en Latinoamérica y el mundo, con el fin de ampliar su
influencia y acelerar los preparativos hacia la toma del poder político.
Ante los riesgos y las amenazas que entraña la crisis, el imperialismo y las clases
reaccionarias están tomando medidas de diferente índole en procura de atenuar
sus repercusiones y de amortiguar los efectos que ella trae a la preservación y
funcionamiento de su sistema. Como parte de éstas medidas vienen reforzando sus
83
políticas de seguridad y defensa e incrementando su poder militar, conscientes de que
las salidas a la crisis no partirán de sacrificar sus intereses sino de descargar el peso de
la misma en el proletariado y los pueblos del mundo. Las acciones de control social
y el fortalecimiento de sus instrumentos de represión y de dominio, que marchan
paralelas a las medidas de orden monetario y fiscal, apuntan en consecuencia a
confrontar los eventuales estallidos de protesta y de rebeldía popular y el avance de
las fuerzas revolucionarias e insurgentes en los distintos países.
• Los cambios que se vienen produciendo en América Latina y el Caribe representan
para los Estados Unidos un retroceso a su poder hegemónico y una pérdida de
espacios que obstaculizan la imposición de su política, esto es el resultado del
despertar de un vigoroso movimiento democrático y revolucionario en la región
y producto de la rivalidad entre las grandes potencias económicas y políticas que
hacen presencia en el continente. Pese a las dificultades que encara, Estados Unidos
continúa ejerciendo el papel preponderante en el hemisferio y se halla empeñado
en recobrar la influencia perdida. La estrategia que emplea para ello consiste en
confrontar, aislar o desestabilizar Gobiernos que son contrarios a su política, en
apoyar y alentar Gobiernos aparentemente de izquierda o de centro izquierda y en
consolidar alianzas con aquellos que le son incondicionales. En el desarrollo de esta
estrategia, Estados Unidos maniobra por recomponer sus arraigadas relaciones con
los bloques de poder interno o con sectores dominantes dentro de ellos, al tiempo
que fortalece su presencia militar en la región.
El renovado ascenso de los movimientos populares en América Latina es tal vez
el aspecto más alentador y la crisis el más sobresaliente de la actual coyuntura.
Siendo importante los cambios que los primeros han generado, entre los cuales
cabe mencionar el avance y el fortalecimiento de la revolución bolivariana, no todos
los procesos cuentan con el mismo grado de respaldo ni cualificación. Algunos de
ellos son producto de frágiles o de temporales alianzas electorales, donde confluyen
fuerzas de diferente índole ideológica que, por su vaguedad o identidad con el viejo
orden, limitan el alcance de los objetivos que se proponen y reducen el horizonte de
la lucha al simple marco de reformas. Reivindicar una completa autodeterminación
de los pueblos, una reforma agraria que rompa consecuentemente con el monopolio
de la tierra y que introduzca un desarrollo de las fuerzas productivas acorde con
las necesidades nacionales, exige un esfuerzo todavía mayor de las fuerzas de
izquierda revolucionarias que apunte a la toma del poder político por parte de los
trabajadores. En el curso de las batallas que están por venir, el nivel de conciencia
y organización de las masas populares son el elemento central para desplegar su
fortaleza y desarrollo, y la violencia revolucionaria, el factor decisivo que ha de
concretar las transformaciones sociales.
• La campaña ideológica desencadenada por la reacción internacional con
el derrumbe de la Unión Soviética y del bloque liderado por ella, tuvo ondas
repercusiones en la lucha de los trabajadores y del movimiento revolucionario a
Reflexiones finales
84
nivel internacional. El centro de sus ataques consistió en declarar la muerte del
comunismo como concepción y método científico para conocer y cambiar el mundo
y como sistema económico y social superior al capitalismo. Diferentes corrientes
políticas, entre las cuales cabe destacar la socialdemocracia y el reformismo como
variantes ideológicas de la burguesía, dieron rienda suelta a sus viejos postulados de
condena a la necesidad de la revolución, propugnando por el tránsito pacífico a su
idea de socialismo y a la conciliación de clases. Estas tesis han hecho carrera dentro
del movimiento obrero y las fuerzas políticas de izquierda. De ellas se desprende
que la humanidad está condenada a vivir en el capitalismo y que el futuro de los
trabajadores se limita a luchar por corregir las “imperfecciones” de un sistema
basado en la explotación y la miseria. Con todo y eso la dinámica del desarrollo
social no se estanca en el capitalismo, por el contrario ella dará fruto a un sistema
económico y social superior y mucho más avanzado. El socialismo no es una utopía
producto de mentes románticas, él nace como resultado de la necesidad histórica y
como consecuencia del desarrollo de la lucha de clases, en ese sentido el socialismo
científico es la elaboración más avanzada surgida en el seno de la clase obrera y su
desarrollo y consolidación constituyen el más claro camino para la emancipación
de todos los oprimidos.
En la confrontación entre explotados y explotadores, la clase obrera y los
trabajadores representan la fuerza de lo nuevo, ellos son los portadores del futuro, de
su lado están la energía y vitalidad de los cambios sociales. Mientras los explotadores
se aferran al viejo orden acudiendo para su defensa a los más despreciables métodos,
al inmenso poder de sus recursos y a las tecnologías de punta, la creatividad y
conciencia de las masas siempre han encontrado las formas de organización y lucha,
los medios, y los caminos para resistir y confrontarlos hasta llevarlos a la derrota.
Producto de la relación que se establece entre las fuerzas contendientes, de sus
fortalezas y debilidades, de los medios a su disposición, surgen las estrategias y las
tácticas y la forma peculiar como cada cual combate y opera. En la lógica de la guerra
cada ejército lucha a su manera con el fin de preservar sus fuerzas y destruir las del
enemigo. A una táctica se antepondrá otra y ésta como respuesta dará origen a una
nueva, así ocurre con las armas y con el uso de las tecnologías, así se desenvuelve
la lucha de clases. Más que los instrumentos y las cosas, el factor decisivo en una
guerra del pueblo lo constituyen las masas. De su actividad consciente dependen
las tácticas y las estrategias, el empleo de las armas, los planes y las acciones, pero
sobre todo las razones que le dan contenido a sus ideales y a los objetivos que
persiguen en la lucha. La fortaleza del ejército del pueblo reside precisamente en
que sus ideales y fines concuerdan con los intereses de las masas y, todavía más, los
representan y materializan.
Los ejércitos encarnan los valores y los ideales de la sociedad por la que luchan.
Los ideales que sostienen la política de Seguridad Democrática y que guían el papel
de las fuerzas armadas, consisten en defender la estabilidad de una democracia,
de unas instituciones y de un Estado que representa los intereses de las clases
dominantes y del gran capital internacional. Los valores del ejército, expresan
85
la descomposición de un régimen corrupto, tramposo y asesino que, como los
anteriores, ha erigido su imperio de explotación y dominación a expensas de
condenar a la miseria y la humillación a la gran mayoría del pueblo colombiano.
El terror, la violencia, el desalojo, las masacres y los crímenes de Estado, prácticas
habituales en el funcionamiento de la fuerza pública, definen su carácter y el
de unas clases dirigentes que acuden a los más abominables métodos con tal de
garantizar la defensa y preservación de su sistema.
• Los cambios estructurales para alcanzar y construir la Nueva Colombia no serán
posibles, a menos que los trabajadores conquisten el poder político y rehagan a
partir de su visión e intereses una sociedad completamente distinta de la actual. Sin
el poder y sin la destrucción de las decadentes instituciones del Estado los amplios
sectores populares no podrán desempeñar el papel que les corresponde, como
fuerza motriz de las transformaciones sociales y cualquier cambio alcanzado por
positivo que sea no tendrá futuro. Llevar a cabo esta empresa liberadora significa
que los sectores avanzados de la clase obrera y el pueblo se empeñen, cada vez
más, en organizarlas, de tal suerte que adquieran conciencia de sus intereses y se
movilicen por conquistarlos. Habilitar su fuerza, desplegar su iniciativa, y fortalecer
su decisión de lucha son parte del trabajo ideológico y político necesario dirigido
a forjar las condiciones indispensables para confrontar y derrotar la estrategia de
opresión de las clases dominantes.
Reflexiones finales
86
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BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
La visión estratégica de dominación global de los
Estados Unidos ubica históricamente al continente
americano como el espacio vital sobre el que
afirma y apalanca su posición de potencia hegemónica
en la rivalidad que sostiene con otros bloques
de poder a escala mundial y como anillo de
protección primaria a su integridad como nación.
De manera que el continente americano ocupa
un lugar destacado en su política exterior y de seguridad
nacional, siendo la estabilidad política y
económica del hemisferio y su control prioridades
básicas en la preservación de sus intereses.
El presente documento analiza la doctrina de Seguridad
Nacional adoptada por Estados Unidos
en el continente una vez finaliza la segunda guerra
mundial, así como su implementación y evolución
en Colombia.