UNA PROPUESTA PARA LOS COMPAÑEROS PRESOS POLITICOS DE ARAUCA
Este documento va dirigido a los compañeros presos políticos que han sido privados de la libertad en las detenciones masivas del Departamento de Arauca, a todos ellos que resisten estoicamente las represalias de este régimen Uribista y su “seguridad democrática”
A todos sus familiares desplazados por la guerra que aspiran al derecho a su dignidad, su integridad y a vivir en paz; a los colegas defensores por su valiente defensa técnica, dedicación, claridad y consecuencia, quienes en desigual defensa han asumido los procesos hasta llegar a lo que hemos podido descubrir una verdadera telaraña jurídica.
Alos parlamentarios amigos en especial a la senadora GLORIA INES RAMIREZ, coordinadora de la Comisión accidental de Paz del Senado de la República, que han apoyado y denunciado estas horribles practicas de la Fiscalia y los organismos de inteligencia del Estado.
A la compañera LUZ PERLY CORDOBA, que desde el exilio sigue esta lucha y nos manda su gesto solidario para continuar bregando por la libertad de todos sus compañeros presos.
En el Departamento de Arauca se viene implementando una política sistemática de violación de los derechos humanos, democráticos y fundamentales de sus ciudadanos, en este Gobierno de Uribe Vélez ha sido una constante no solo por la Fiscalia, sino por los organismos de inteligencia y seguridad del Estado; sino también por la arbitraria y odiosa administración de justicia. La Judicializacion de la protesta social, ha conllevado a capturar ilegalmente en masa a dirigentes políticos populares, sindicales, y sociales y a simples campesinos y ciudadanos a la doble tenaza jurídica de la Fiscalia y los testigos ocultos, a los informes secretos, y testimonios de desertores, informantes y toda la calaña de la escoria de la sociedad, que fabrican grabaciones, violando el debido proceso, derecho de defensa, presunción de inocencia, derecho a la libertad entre otros.
La justicia Colombiana se ha venido convirtiendo en una justicia de represalias, de ajuste de cuentas, en una justicia por encargos, violatoria de un ordenamiento jurídico y democrático en contravia del espíritu de cambio y transformación. Por eso los presos políticos del Departamento de Arauca son perseguidos políticos, son amenazados de muerte, victimas de atentados criminales y desplazados por la guerra desatada en esa importante zona petrolífera y fronteriza con el hermano país de Venezuela.
Las pruebas que existen contra los presos políticos de Arauca, según el acervo probatorio son los desertores, informantes pagados por los organismos de seguridad del estado que NO acuden a ser interrogados por la defensa porque el CODA no logra ubicarlos a pesar de tener todos los datos de esos siniestros personales, con ello se demuestra que en absoluto no corresponden a la verdad y que son por lo tanto falsas denuncias con calumnias e injurias contra los presos políticos e incluso llegan al descaro de extorsionar a sus familiares.
A ellos los involucran en una supuesta colaboración con las FARC-EP o el ELN, pretende asimilar la actividad política de los presos con una conducta atentatoria contra la paz y el sosiego de la comunidad y de peligro para la “Seguridad Democrática”. En estos casos de detenciones masivas y arbitrarias la inteligencia ha pretendido mezclar la actividad política y de oposición con la insurgencia que existe no de ahora, sino de mucho tiempo atrás en la historia del Departamento de Arauca, aspecto totalmente diferente, por cuanto la actividad que ellos ejercen es publica y abierta dentro de los canales de la legitimidad de un Estado de Derecho y democrático como lo establece la Carta del 91.
La lógica de la Fiscalia es que identifica a todo activista popular como parte del “enemigo interno”, de la guerra que se libra en Colombia. Entonces, en esta perversa y viciosa lógica, parece suficiente el testimonio de alguien que diga ¡que vio! ¡Que estuvo! ¡Que fue acompañado! O ¡que hablo con algún subversivo! o algún informe de inteligencia, donde se diga que es un auxiliador o colaborador de la subversión.
Toda esta telaraña jurídica, de que hablara el maestro EDUARDO UMAÑA MENDOZA, en los sonados casos que defendió, son las que nos llevan a plantear la necesidad de dignificar la defensa de los presos políticos de Arauca, proponiendo un proceso de connivencia o una ruptura procesal colectiva, pues queda claro que estos procesos no son jurídicos, sino políticos, No hay duda que los presos políticos entenderán nuestra postura y asumirán este debate como una gran batalla por la verdad y la verdadera justicia exigiendo el cese de las detenciones masivas y arbitrarias y la persecución política contra los araucanos y levantando con mucha fuerza la libertad inmediata para todos.
Exigimos justicia verdadera, no a los juicios amañados, a los testigos, ocultos, los falsos testimonios, la violación de los derechos fundamentales de los detenidos, de respeto a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad, al secreto sumarial, a la practica de pruebas, a un juicio justo e imparcial, cese a la justicia de represalias contra la oposición, fin a la criminalizacion de la protesta social, de la judicializacion del conflicto social.
Este documento va dirigido a los compañeros presos políticos que han sido privados de la libertad en las detenciones masivas del Departamento de Arauca, a todos ellos que resisten estoicamente las represalias de este régimen Uribista y su “seguridad democrática”
A todos sus familiares desplazados por la guerra que aspiran al derecho a su dignidad, su integridad y a vivir en paz; a los colegas defensores por su valiente defensa técnica, dedicación, claridad y consecuencia, quienes en desigual defensa han asumido los procesos hasta llegar a lo que hemos podido descubrir una verdadera telaraña jurídica.
Alos parlamentarios amigos en especial a la senadora GLORIA INES RAMIREZ, coordinadora de la Comisión accidental de Paz del Senado de la República, que han apoyado y denunciado estas horribles practicas de la Fiscalia y los organismos de inteligencia del Estado.
A la compañera LUZ PERLY CORDOBA, que desde el exilio sigue esta lucha y nos manda su gesto solidario para continuar bregando por la libertad de todos sus compañeros presos.
En el Departamento de Arauca se viene implementando una política sistemática de violación de los derechos humanos, democráticos y fundamentales de sus ciudadanos, en este Gobierno de Uribe Vélez ha sido una constante no solo por la Fiscalia, sino por los organismos de inteligencia y seguridad del Estado; sino también por la arbitraria y odiosa administración de justicia. La Judicializacion de la protesta social, ha conllevado a capturar ilegalmente en masa a dirigentes políticos populares, sindicales, y sociales y a simples campesinos y ciudadanos a la doble tenaza jurídica de la Fiscalia y los testigos ocultos, a los informes secretos, y testimonios de desertores, informantes y toda la calaña de la escoria de la sociedad, que fabrican grabaciones, violando el debido proceso, derecho de defensa, presunción de inocencia, derecho a la libertad entre otros.
La justicia Colombiana se ha venido convirtiendo en una justicia de represalias, de ajuste de cuentas, en una justicia por encargos, violatoria de un ordenamiento jurídico y democrático en contravia del espíritu de cambio y transformación. Por eso los presos políticos del Departamento de Arauca son perseguidos políticos, son amenazados de muerte, victimas de atentados criminales y desplazados por la guerra desatada en esa importante zona petrolífera y fronteriza con el hermano país de Venezuela.
Las pruebas que existen contra los presos políticos de Arauca, según el acervo probatorio son los desertores, informantes pagados por los organismos de seguridad del estado que NO acuden a ser interrogados por la defensa porque el CODA no logra ubicarlos a pesar de tener todos los datos de esos siniestros personales, con ello se demuestra que en absoluto no corresponden a la verdad y que son por lo tanto falsas denuncias con calumnias e injurias contra los presos políticos e incluso llegan al descaro de extorsionar a sus familiares.
A ellos los involucran en una supuesta colaboración con las FARC-EP o el ELN, pretende asimilar la actividad política de los presos con una conducta atentatoria contra la paz y el sosiego de la comunidad y de peligro para la “Seguridad Democrática”. En estos casos de detenciones masivas y arbitrarias la inteligencia ha pretendido mezclar la actividad política y de oposición con la insurgencia que existe no de ahora, sino de mucho tiempo atrás en la historia del Departamento de Arauca, aspecto totalmente diferente, por cuanto la actividad que ellos ejercen es publica y abierta dentro de los canales de la legitimidad de un Estado de Derecho y democrático como lo establece la Carta del 91.
La lógica de la Fiscalia es que identifica a todo activista popular como parte del “enemigo interno”, de la guerra que se libra en Colombia. Entonces, en esta perversa y viciosa lógica, parece suficiente el testimonio de alguien que diga ¡que vio! ¡Que estuvo! ¡Que fue acompañado! O ¡que hablo con algún subversivo! o algún informe de inteligencia, donde se diga que es un auxiliador o colaborador de la subversión.
Toda esta telaraña jurídica, de que hablara el maestro EDUARDO UMAÑA MENDOZA, en los sonados casos que defendió, son las que nos llevan a plantear la necesidad de dignificar la defensa de los presos políticos de Arauca, proponiendo un proceso de connivencia o una ruptura procesal colectiva, pues queda claro que estos procesos no son jurídicos, sino políticos, No hay duda que los presos políticos entenderán nuestra postura y asumirán este debate como una gran batalla por la verdad y la verdadera justicia exigiendo el cese de las detenciones masivas y arbitrarias y la persecución política contra los araucanos y levantando con mucha fuerza la libertad inmediata para todos.
Exigimos justicia verdadera, no a los juicios amañados, a los testigos, ocultos, los falsos testimonios, la violación de los derechos fundamentales de los detenidos, de respeto a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad, al secreto sumarial, a la practica de pruebas, a un juicio justo e imparcial, cese a la justicia de represalias contra la oposición, fin a la criminalizacion de la protesta social, de la judicializacion del conflicto social.
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