DERECHOS HUMANOS -CARTA-

VARIAS ONG INTERNACIONALES ADVIERTEN A OBAMA SOBRE VIOLACION A DD.HH,
POR EL REGIMEN DERECHISTA DE URIBE VELEZ
“Esperamos que usted también tendrá la oportunidad de expresar al Presidente Uribe la importancia de actuar en conformidad con base democrática y los principios de derechos humanos, incluido el respeto de la separación de poderes y por el papel de la sociedad civil”.
Estimado Presidente Obama:
Me dirijo a usted para ofrecer algunas observaciones acerca de los derechos humanos en Colombia a la espera de su reunión con el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el 29 de junio.
Nuestra organización ha seguido de cerca en Colombia los derechos humanos y situación humanitaria desde hace décadas. Tenemos serias preocupaciones acerca de la administración de Uribe en el historial y compromiso con los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley. Lamentablemente, durante años, la administración Bush en los Estados Unidos ofreció apoyo casi incondicional al gobierno colombiano, haciendo la vista gorda a muchas inquietantes políticas y acciones de la administración de Uribe.
Presidente Uribe es probable que busquen una continuación de las políticas de Bush, incluso mediante la rápida ratificación de Estados Unidos y Colombia de Libre Comercio (TLC), y la continuación de altos niveles de ayuda militar de EE.UU. Le instamos a que mantenga la posición que estableció durante la campaña presidencial, dejando en claro que-independientemente de la proximidad de la relación Colombia-Estados Unidos-su apoyo a la administración de la ZLC se encenderá si Colombia los trabajadores puedan ejercer sus derechos de libre el temor de que serán asesinados. Le pedimos también para dejar claro que los Estados Unidos hagan cumplir las condiciones de los derechos humanos en la ayuda militar, y que el futuro depende de la asistencia militar en el gobierno colombiano, y especialmente de los militares, el respeto de los derechos de los civiles.
Esperamos que usted también tendrá la oportunidad de expresar al Presidente Uribe la importancia de actuar en conformidad con base democrática y los principios de derechos humanos, incluido el respeto de la separación de poderes y por el papel de la sociedad civil. A continuación, ofrecemos algunos antecedentes sobre Colombia de la situación de los derechos humanos, y describir algunos de los más graves problemas de derechos humanos esperamos que plantear con el Presidente Uribe.
Panorama de los Derechos Humanos en Colombia
Colombia ha sido por décadas inmersa en un brutal conflicto armado interno, la participación de las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares, escuadrones de la muerte (antes conocidos como las Autodefensas Unidas de Colombia, o el AUC), y las fuerzas armadas colombianas. La guerrilla y los paramilitares se encuentran en los EE.UU. entre la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Los paramilitares han sido durante años muy involucrada en el tráfico de drogas. Todos los grupos armados cometen abusos contra la población civil. Como resultado, más de 3 millones de colombianos (de una población de alrededor de 40 millones) se han visto obligados a huir de sus hogares. Colombia tiene la segunda mayor población de personas internamente desplazadas en el mundo después de Sudán. Miles de personas han sido asesinadas, "desaparecidos" a la fuerza, secuestrados, violados y torturados.
Normalmente, la administración Bush justificó su apoyo casi incondicional al gobierno de Colombia por creer en algunas de las principales caídas en los indicadores de violencia en los últimos años. La tasa de secuestros, homicidios y masacres, de hecho, bajaron significativamente en comparación con los picos que alcanzó alrededor de 2002, lo que es un acontecimiento positivo.
En la parte del cambio refleja el hecho de que las fuerzas armadas colombianas empujado a las Farc fuera de las grandes ciudades y fuera de las carreteras, espacios donde fueron muy visibles el secuestro de civiles y otros abusos.
Sin embargo, los números también cambiaron ya que, después de una sangrienta campaña de expansión marcada por frecuentes matanzas de civiles, ejecutadas por las mafias paramilitares (que históricamente han colaborado estrechamente con los oficiales superiores y unidades de los militares colombianos) y el mercado de las drogas consolidaron su control sobre grandes franjas del país. Después de haber tomado el control, más tarde los paramilitares lo han mantenido principalmente a través de amenazas y asesinatos selectivos. Los paramilitares también se infiltraron en gran medida en el sistema político, elecciones fraudulentas y la compra o la amenaza de candidatos para garantizar un enorme grado de influencia en el nivel local, regional, y el gobierno nacionale. Hoy en día, más de 70 miembros del Congreso de Colombia se encuentran bajo investigación penal o han sido condenados por presunta colaboración con los paramilitares. Casi todos estos congresistas son miembros de la coalición del Presidente Uribe en el Congreso y la administración de Uribe ha tomado medidas para socavar y desacreditar a los jueces que han tomado la delantera en el inicio de las investigaciones por parte de la Corte Suprema.
Mientras tanto, otros indicadores de abuso se han mantenido constantes o han formado ya tendencias. La tasa de presuntas ejecuciones de civiles por el ejército se ha disparado en los últimos años. Las Farc han seguido utilizando niños soldados y cometen asesinatos en las zonas más remotas, y ha incrementado su uso de las minas antipersonales. Después de caer durante años, los asesinatos de sindicalistas pasó el año pasado el promedio. Y la tasa de desplazamiento interno es ahora cerca del pico más alto que fue en el 2002, con 380.000 personas recientemente desplazadas cada mes en 2008, según estadísticas fiables recopilados por CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), la principal organización no gubernamental de seguimiento del desplazamiento en Colombia.
Vigilancia ilegal y los ataques a los críticos y el Tribunal Supremo
En febrero de 2009, la principal revista noticiosa de Colombia, Semana, informó de que el servicio de inteligencia colombiano (Departamento Administrativo de Seguridad, conocido como DAS), que responde directamente al Presidente Uribe, desde hace años participa en una amplia política de ilegales escuchas telefónicas, intercepción de correo electrónico, y la vigilancia de los críticos de la administración de Uribe. El presidente Uribe ha negado toda participación en ordenar la vigilancia ilegal, y ha sugerido que la vigilancia también a estado dirigida a los miembros de su gobierno y la oposición por igual. Pero los primeros resultados de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación muestran que dichas interceptaciones ilegales se centraron casi exclusivamente en las principales dirigentes políticos de la oposición, como el ex Presidente César Gaviria y el candidato presidencial Rafael Pardo, a magistrados de la Corte Suprema que investigan la infiltración de paramilitares de las mafias en el Congreso de Colombia, los periodistas independientes, los sindicatos y las ONG de derechos humanos.
Esta vigilancia es ilegal y ha estado funcionando de conformidad con un patrón más amplio de ataques verbales y la intimidación de los críticos por el Presidente Uribe y altos funcionarios de la administración. El presidente Uribe ha hecho acusaciones infundadas contra los críticos legítimos, a menudo vincula la labor de derechos humanos, el periodismo, o la actividad sindical con las Farc, para desacreditar y poner en peligro a los ciudadanos objeto de sus ataques.
Por ejemplo, en febrero de 2009, Uribe habló de “El bloque intelectual de las Farc", que habla de los derechos humanos "hacer [de Colombia] soldados y policías más tímida" y que viaja a Europa y los Estados Unidos expresando su oposición al TLC. Uribe hizo este comentario público sólo una semana antes de que varios distinguidos colombianos, incluyendo a un ex juez, viajaran a los Estados Unidos para testificar ante el Congreso de los EE.UU. sobre la violencia contra los sindicalistas, un tema clave en los EE.UU. y el debate sobre el TLC.
Tanto Human Rights Watch y Amnistía Internacional publicó en octubre de 2008 presentaron los informes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Después de sus informes fueron puestos en circulación, el Presidente Uribe acusó a Amnistía Internacional de "ceguera", "fanatismo" y "dogmatismo". Asimismo, acusó públicamente a José Miguel Vivanco, director de la Américas de Human Rights Watch, de ser un "defensor" y un "cómplice" de las Farc.
En los últimos años, Uribe ha dicho que los sindicalistas son "un grupo de delincuentes vestidos de sindicalistas." Él tiene su país en contra de la propia Corte Suprema, que ha dirigido investigaciones pioneras de la infiltración paramilitar en el gobierno colombiano ("las investigaciones de la parapolitica"), acusando a sus miembros como representantes del "terrorismo". Ha afirmado que los políticos de la oposición son " terroristas en trajes de negocios." Y ha acusado al juez de la Corte Suprema Iván Velásquez, quien está a cargo de la coordinación de las investigaciones de la "parapolitica", de ofrecer beneficios ilegales o inadecuadas a paramilitares encarcelados por declarar contra Uribe (una investigación por el Fiscal General de la República encontró que, de hecho, Velásquez fue víctima de un encuadre entre los paramilitares y otros). Después, el año pasado, la revista Semana reveló que los altos asesores de Uribe celebraron una reunión en el Palacio Presidencial con otro jefe paramilitar supuestamente para discutir las pruebas contra Velásquez (que también resultó ser falso).
En un país como Colombia, donde los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y jueces a menudo han sido asesinados por su trabajo, este tipo de acusaciones procedentes del Presidente puede poner a la persona contra quien se dirigen en situación de riesgo. En términos más generales, tales declaraciones crean un ambiente de intimidación que puede enfriar el debate público y la crítica a las políticas del gobierno. Y que plantean serias dudas sobre la administración de Uribe en el respeto del pluralismo democrático.
Le instamos a que transmita al Presidente Uribe, la grave preocupación de los Estados Unidos por la vigilancia ilegal de su servicio de inteligencia, así como por sus repetidos ataques verbales a sus críticos y los que tratan de investigar la influencia paramilitar en el gobierno.
Ejército de matanzas de civiles
En los últimos años se ha producido un importante aumento en el número de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Documentada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchas organizaciones de derechos humanos y, más recientemente, las Naciones Unidas Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales, miembros del ejército, bajo la presión de mostrar resultados, han tomado civiles de sus hogares o lugares de trabajo, para asesinarlos, vestidos como combatientes muertos en acción para aumentar en su organismo las cuentas de subversivos “muertos en combate”.
Las presuntas ejecuciones se han venido produciendo en todo el país y afectan a múltiples brigadas del ejército. El Fiscal General de la Nación informó que se está investigando más de 1.000 casos de más de 1.700 víctimas en los últimos años.
El Presidente Uribe durante años negó públicamente la existencia de este problema, y acusó a los grupos de derechos humanos informar de estos asesinatos y de ser auxiliadores de la guerrilla en una campaña para desacreditar a los militares. Después de un escándalo de grandes medios de comunicación en septiembre de 2008 sobre las ejecuciones de varios jóvenes de Soacha, un barrio de bajos ingresos de Bogotá, Uribe despidió 27 miembros de las fuerzas militares, entre ellos tres generales. Se han producido varios despidos más desde entonces. Pero el presidente Uribe sigue afirmando que estos son sólo unos pocos casos aislados, haciendo hincapié en que sólo hay "22 casos" y la carga de que hay cientos de "falsas acusaciones".
El comandante del Ejército Mario Montoya, que había sido objeto de denuncias que lo unen a los abusos y los paramilitares, renunció en noviembre de 2008 justo después de que el escándalo de Soacha estallara. Uribe lo nombró como embajador en la República Dominicana. Montoya fue sustituido por su protegido, el general Oscar González Peña, al mando del 4 º Brigada del Ejército, cuando tenía uno de los peores registros de ejecuciones extrajudiciales en el país.
El Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales visitó Colombia en junio. En los resultados preliminares, señaló que "[e] l número de casos, su extensión geográfica y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que esos asesinatos se llevaron a cabo de forma más o menos sistemática de elementos importantes dentro de los militares. Señaló que el sistema de justicia militar colombiana contribuye a agravar el problema de obstrucción de la transferencia de casos de derechos humanos a la justicia ordinaria. Su informe final se ocupará de estas y otras cuestiones, incluidos los posibles incentivos a los miembros de las fuerzas militares que contribuyen a los asesinatos.
Las ejecuciones, que el Relator Especial calificó de "a sangre fría, el asesinato premeditado de civiles inocentes con fines de lucro", se destacan como una de las más graves prácticas abusivas por parte de agentes del Estado que hemos documentado en América Latina en los últimos años. La frecuencia de las ejecuciones y el fracaso del presidente Uribe en reconocer la gravedad y el alcance del problema, o para instituir las medidas adecuadas para evitarlo, debe plantear preguntas acerca de los fines para los que la ayuda militar de EE.UU. está siendo utilizada, y la eficacia de la continuación de ayuda. Le instamos a usted para expresar esta preocupación al presidente Uribe, y él a la prensa a que adopte de inmediato, medidas significativas para poner fin a esta práctica.
En curso la violencia antisindical y la Impunidad
Colombia tiene la mayor tasa de asesinatos de sindicalistas en el mundo. Más de 2.700 sindicalistas, según se informa, han sido asesinados desde 1986, según datos recogidos por la Escuela Nacional de Trabajo (Escuela Nacional Sindical o ENS), la más prominente organización de derechos laborales de Colombia. Después de golpear a un pico en el decenio de 1990, la tasa de homicidios se redujo durante varios años, pero recientemente ha aumentado de nuevo, a 49 asesinatos en 2008, de 39 en 2007, según la ENS (para el gobierno colombiano las estadísticas son sistemáticamente inferiores en general, pues sus números excluyen a los miembros de los sindicatos de profesores). Los asesinatos han continuado durante este año: la ENS han registrado 20 asesinatos de sindicalistas en 2009 a partir de mediados de junio.
La impunidad de los asesinatos es la norma.
En marzo de 2009, el Fiscal general de Colombia informó de que desde el año 2000, ha habido 184 condenas por la violencia antisindical. Este número refleja un gran aumento de las condenas a partir de 2007, cuando quedó claro que la impunidad en estos casos es un obstáculo a la ratificación del TLC, y la Fiscalía General estableció un grupo especializado de fiscales para reabrir muchos de los casos sin investigar. Sin embargo, el 96 por ciento de los asesinatos siguen sin resolverse. Incluso al ritmo actual de las condenas, se necesitarían 37 años para llegar a los fiscales a través de la acumulación.
En términos más generales, como Human Rights Watch, explicó en detalle en el testimonio ante el Congreso de los EE.UU. a principios de este año, hay buenas razones para dudar de la seriedad del compromiso de reducir la impunidad en el largo plazo. [1] Por ejemplo, los fiscales especializados tienen a su cargo sólo la investigación de un pequeño subconjunto de la totalidad de los casos, y no tienen un plan claro para revisar el resto de los casos. Además, muchas de las convicciones que ya se han obtenido la participación de paramilitares que están participando en lo que se conoce como el proceso de la Ley de Justicia y Paz. En virtud de ese proceso, a cambio de penas reducidas drásticamente de cinco a ocho años para todos sus crímenes, los paramilitares supuestamente desmovilizados, aceptan la responsabilidad de diversos delitos, incluyendo asesinatos de sindicatos. Pero en general no explican las circunstancias que rodearon los crímenes. Como resultado de ello, las condenas hacen poco para aclarar la verdad sobre los asesinatos, o para promover la rendición de cuentas. Y una vez que el proceso de Justicia y Paz avance, lo más probable es la convicción de que la tasa se reducirá de nuevo.
Algunos de los homicidios son atribuibles a los militares, la guerrilla o la delincuencia común, pero con mucho, la mayor parte son atribuibles a los paramilitares, que tienen generalmente estigmatizados como colaboradores de la guerrilla a los sindicalistas. Como se explica más adelante, los paramilitares siguen activos y las mafias siguen planteando una amenaza a los sindicalistas, que siguen sin poder ejercer plenamente sus derechos por el temor a ser amenazados o asesinados.
Le instamos a dejar claro al Presidente Uribe que para que el TLC pueda seguir adelante, Colombia debe mostrar en tal sentido concretos y sostenidos cambios en este patrón de la violencia y la impunidad.
Nuevos grupos paramilitares
La administración de Uribe afirma que los grupos paramilitares se han desmovilizado. Pero, como se documenta en varias publicaciones de Human Rights Watch, el proceso de desmovilización implementado por la administración de Uribe está seriamente viciado. En sus secuelas, las principales partes de los grupos paramilitares se mantuvieron activas y muchos han reaparecido como nuevos grupos, a menudo dirigidos por el niveles medios de los comandantes paramilitares. Los actuales grupos operan de manera similar como los antiguos grupos paramilitares, con la participación de las amenazas, los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado de civiles.
El aumento de la actividad y los conflictos entre estos grupos explica el aumento de varios indicadores de la violencia en el último par de años, incluido el importante aumento de los desplazamientos forzados a nivel nacional. Por ejemplo, después de caer desde hace años, la violencia en la ciudad de Medellín se ha disparado, con saltos de 771 asesinatos en 2007 a 1.044 en 2008, un incremento del 35%, debido en gran parte a las actividades de nuevos grupos. El ex jefe de la oficina del Fiscal General en Medellín, que también es el hermano del ministro del Interior de Uribe, ha sido objeto de investigación por presuntos vínculos con estos grupos.
La fuerza de los nuevos grupos se debe directamente al fracaso del proceso de desmovilización, que nunca se dirigió a la cuestión clave de cómo identificar y enjuiciar a las fuentes de apoyo de los grupos paramilitares, sus financiadores y colaboradores en el ejército y el sistema político . Por el contrario, cuando algunas instituciones de la justicia en Colombia, incluyendo, en particular, la Corte Suprema de Colombia-han tratado de investigar los nexos entre políticos y paramilitares, el Presidente Uribe ha atacado públicamente.
Le instamos a dejar claro al presidente Uribe que Estados Unidos considera a estos nuevos grupos como una grave amenaza a la seguridad, los derechos humanos y la democracia en Colombia, que debe ser enfrentada sólo con tanta decisión como las Farc. Le pedimos también hacer hincapié en que las instituciones de justicia tienen un papel fundamental que desempeñar para asegurar el desmantelamiento de estas mafias, y que es fundamental que sean respetadas.
Muchas gracias por su atención a estos graves problemas. Esperamos trabajar con usted en la configuración de una eficaz política de EE.UU. y de principios hacia Colombia.
Atentamente,
Kenneth Roth, Director Ejecutivo
[1] Testimonio de María McFarland Sánchez-Moreno, del examen de audición en los Derechos de los Trabajadores y la violencia contra dirigentes sindicales en Colombia, Estados Unidos Cámara de Representantes,
Comisión de Educación y Trabajo, 12 de febrero de 2009.