¿Y AHORA QUÉ HACER FRENTE A LA ACREDITACIÓN?

El pasado 5 de noviembre del 2010, el Consejo Nacional de Acreditación, mediante oficio No. 002231, informo al Doctor JUAN CARLOS VERGARA SILVA, Rector de la FUAC, que en sesión del Consejo de los días 28 y 29 de octubre de 2010, luego de estudiar el informe de autoevaluación con fines de acreditación del programa de DERECHO, una vez oídas las partes y ponderadas las fortalezas y debilidades del programa hace una serie de recomendaciones para que alcance mayores niveles y puede ser presentado de nuevo al proceso de acreditación. -NO ACREDITO EL PROGRAMA DE DERECHO-
En marzo del 2008 hicimos una serie de observaciones que fueron profusamente difundidas a todas las autoridades de la Universidad sin ser escuchados, por ejemplo, frente a la observación de fortalecer la investigación para que los grupos alcancen una mayor visibilidad nacional e internacional; plantemos:
“Como lo hemos venido sosteniendo, la misión fundamental de la Universidad Autónoma de Colombia en los albores del siglo XXI, no puede ser otra que la de constituirse en el laboratorio para construir la paz en Colombia. A sus egresados les corresponde como tarea prioritaria la reconstrucción del proyecto político educativo así como la renovación de nuestro compromiso con la institución”.
Y agregamos:
“La pretendida solución de los problemas en docencia, investigación y proyección social mediante la expedición de resoluciones y acuerdos de carácter formal, sin atender a las necesidades del contexto social, ni tener en cuenta la participación real de los actores, profesores, estudiantes y egresados, ha conducido a un distanciamiento entre la universidad que con el esfuerzo mancomunado de todos los estamentos desarrolló el concepto de autonomía universitaria, en donde las políticas y planes institucionales fueran diseñados por el debate y la decisión del colectivo universitario”.

Con ello se quería decir que el problema de la enseñanza aprendizaje pasaba por crear condiciones para que nuestros egresados tuvieran un mayor impacto social. Generar propuestas que evitaran la deserción estudiantil la cual discutimos seriamente con el Señor Presidente de la FUAC.
Presentamos iniciativas hacia dar a conocer internacionalmente en programa con otras comunidades académicas, las cuales a pesar de ser valoradas por el Presidente, fueron frustradas y atacadas desde diferentes flancos llevando a que los egresados que hacíamos ese trabajo se nos marginara.
Presentamos proyectos que le permitieran a la Fuac la producción intelectual, pero estos proyectos fueron “excluidos” después de haber avanzado a través de varios entes de la Universidad sin explicación alguna.
En cuanto a lo de Bienestar Universitario se presentaron iniciativas a través de la representante de los egresados y todo lo contrario también se ataco tal iniciativa lo cual llevo al marginamiento de dicho programa.
Finalmente desarrollamos todo un programa hacia el consultorio jurídico y centro de conciliación, pero también fueron frustrados por el burocratismo y prácticamente todas las iniciativas quedaron en el vacio y nos llevo a una encrucijada frente a la acreditación, fuimos enérgicos frente a la pretensión de algunas autoridades de la Fuac, que creyeron que llevando al Señor URIBE VELEZ, en varias ocasiones a nuestra Alma Mater, así se iba a acreditar el programa.
Hoy hacemos un cordial llamado autocritico a todo todos los estamentos para que no desfallezcamos y que retomemos el camino verdadero a la acreditación, eso quiere decir, las orientaciones generales, consolidar una cultura de la evaluación de calidad, cuando la autoevaluación se realiza con fines de acreditación deben seguirse los criterios y características definidos por el C.N.A.
Debe la Fuac propiciar la participación democrática y amplia de toda la comunidad académica, para garantizar que el programa cumple con los más altos requisitos de calidad y realiza sus propósitos y objetivos.
Finalmente creemos que para una nueva solicitud de acreditación se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por la C.N.A. en especial, esos factores se expresan en la misión, estudiantes, profesores, proceso académico, bienestar universitario, organización y gestión, egresados entre otros. En este último aspecto habíamos dicho y ratificamos

“La tendencia de las políticas educativas en la Universidad Autónoma, pasan hoy por que los egresados tengan un programa mínimo que recoja las aspiraciones fundamentales reivindicaciones orientadas hacia la democratización de la universidad, el cogobierno (participación delos egresados en todos los estamentos de la Universidad), y por la financiación fundacional bajo sus principios que le dieron vida”.

En conclusión nos comprometemos con presentar una nueva propuesta para la acreditación del programa de derecho de alta calidad que se expresa en lo ya dicho:
“Los egresados queremos una universidad que se comprometa con el cambio social, una universidad que dada su vocación histórica y sus principios fundacionales contribuya a redimir a los sectores populares que no tienen acceso a otras universidades, construyendo un nuevo tipo de hombre y egresado portador de la racionalidad crítica y creadora que use los saberes como herramienta para el desarrollo del pensamiento y no como depositario de informaciones; un egresado con una visión política enmarcada dentro de una sólida identidad con nuestro proceso histórico nacional y conscientes del complejo cultural universal en que se encuentra, y de esta manera contribuya a formar profesionales para una verdadera democracia”.


Noviembre 30 de 2010.

R/ del P. JAVIER GIRALDO AL EX MINISTRO DIEGO PALACIO

Respuesta del P. Javier Giraldo al ex ministro Diego Palacio


Bogotá, septiembre 27 de 2010


Doctor
DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ciudad


De toda consideración.

Aunque no recibí directamente la carta que usted publicó por diversos medios hace unos días, dirigida a mi persona, varios amigos me han hecho llegar el texto y otros me sugirieron buscarlo en el diario El Colombiano en su edición del 16 de septiembre.

El eje de su escrito es una crítica a la carta que yo le dirigí al Padre John Dear, jesuita estadounidense muy comprometido en actividades en favor de la paz y la justicia, y en la cual yo le expresaba mi extrañeza por el hecho de que la Universidad de Georgetown, centro educativo de nuestra congregación religiosa en Washington, hubiera invitado a dictar conferencias sobre liderazgo al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien, a mi juicio, desarrolló una política sustentada en principios, comportamientos, estrategias y directrices incompatibles con fundamentos éticos universales. Si bien el Padre John Dear no está vinculado a la Universidad de Georgetown, acudí a él como más conocido y amigo, para que transmitiera mis inquietudes a los superiores de la Compañía en los Estados Unidos y a las directivas de la Universidad. Puesto que el hecho era público y escandalizó a muchos millares de personas, no sólo en Colombia sino en muchos otros países, era necesario hacer públicos, también, los cuestionamientos.

Usted se siente aludido, aunque no lo menciono por su nombre, en el párrafo referente a los mecanismos corruptos que rodearon la re-elección presidencial en 2006. Allí defiende su inocencia y afirma que “en algunos casos se ha politizado la justicia y, simultáneamente, se ha judicializado la política”. Yo diría que no sólo en algunos casos; esta es una práctica sistemática que yo he denunciado multitud de veces. Lo invito a leer mi derecho de petición a las altas cortes del 19 de enero de 2009, documento de 180 páginas en el cual demostré minuciosamente la podredumbre de la justicia en Urabá y solicité de manera apremiante que se declarara un “estado de cosas inconstitucional en Urabá”. Y si quiere ahondar más en esa podredumbre, lo invito a leer mi libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil”, en el cual puede documentar en lo más concreto de lo concreto, y de manera abundante, la “politización de la justicia y la judicialización de la política” que usted parece descubrir en su propio caso, pero me sorprende enormemente que un ex Ministro que hizo parte durante 8 años de un gobierno que politizó la justicia y judicializó la política en grado escandaloso, sólo descubra dicha perversión cuando lo toca personalmente.

Dejando de lado, Doctor Palacio, los intentos del ex Presidente Uribe por cooptar todos los órganos del aparato judicial y disciplinario, con miras inocultables a neutralizar las decisiones que lo afectaban a él y a su gobierno, llegando a tildar de “terroristas” o “politiqueros” a los funcionarios que no se le sometían, así fueran magistrados de altas cortes, lo que más envileció la administración de justicia fue que ésta, sobre todo en la periferia, fue controlada y ejercida por el poder ejecutivo a través de brigadas militares, distritos de policía y organismos de seguridad del resorte de la Presidencia, con la estrategia del montaje judicial puesto al servicio de intereses inconfesables. Todo revela, Doctor Palacio, que usted ignora los millares de millares de tragedias y sufrimientos que esta política llevó a humildes hogares de campesinos, de trabajadores urbanos, de indígenas, de gentes comprometidas en organizaciones y movimientos sociales estigmatizados y de militantes de la oposición política. En ese modelo de “justicia” adulterada y envilecida, el poder ejecutivo impuso el sistema probatorio del sólo testimonio, manipulado éste mediante el chantaje, la tortura, la amenaza y sobre todo el soborno, apoyándose en la política de recompensas que degeneró en la más perversa compra de conciencias, la cual afectó destructivamente el patrimonio moral del país y generalizó el principio del “todo vale”, característica inconfundible del gobierno que terminó y que lo colocó en los antípodas de la ética.

Lamento, Doctor Palacio, que usted sólo perciba la politización de la justicia y la judicialización de la política en “algunos casos” y no en las estrategias políticas del gobierno en el cual usted participó durante 8 años. Nunca es tarde, sin embargo, para tomar conciencia de las realidades en que estamos sumergidos y que a veces nos enceguecen e inmovilizan. Lo invito de nuevo a leer mi libro “Fusil o Toga, Toga y Fusil” para que vea cómo funciona esa “justicia” envilecida en los meandros concretos de la cotidianidad que afecta a las masas humildes de este país.

En la parte final de su carta usted me coloca entre quienes, en lugar de buscar justicia, buscan venganza, a la vez que se muestra contrariado por mi apelación a los principios éticos, los cuales, según usted, no pueden ser reivindicados exclusivamente por quienes “ya condenaron al presidente Uribe”. Supongo que insinúa que existe una ética acorde con los comportamientos, directrices y principios que inspiraron dicho gobierno, la cual yo quisiera ver explicitada en beneficio de un sano debate. Finalmente usted califica mis denuncias y apelaciones a la ética como posiciones que “no reflejan un sentimiento ni un comportamiento cristiano” sino una posición ideológica; un “odio profundo y resentimiento infinito”.

Me he preguntado qué lo pudo llevar, Doctor Palacio, a calificar mi escrito como inspirado en deseos de venganza y en sentimientos de odio. ¿Quizás un deseo de deslegitimar mi clamor por la ética de nuestras instituciones religiosas, no discutiendo la veracidad e inmoralidad de los hechos concretos y de las políticas denunciadas, sino eludiendo el debate y tratando de estigmatizar gratuitamente a la persona denunciante? ¿Quizás un deseo de callar al denunciante dándole un golpe bajo, donde más le duela, que son sus principios éticos y religiosos que riñen con la venganza y con el odio? ¿Quizás la carencia de argumentos para desmontar realidades que son inocultables y de público dominio, recurriendo entonces a la descalificación de quien las censura?

Aunque frecuento reuniones de víctimas demasiado heridas por las atrocidades que las han destruido y que no ocultan sentimientos de venganza, he procurado siempre, no sólo en cumplimiento de deberes religiosos sino por profunda convicción, transformar los deseos de venganza en deseos de justicia, poniendo el énfasis en la búsqueda de caminos que garanticen la no repetición de los horrores y en la corrección de las conductas que han llevado al exterminio de tantas vidas y a la destrucción de tantas comunidades y formas de supervivencia. Esto es muy diferente de la venganza en la cual se alimenta el deseo de someter a sufrimientos equivalentes a los victimarios. Puedo decir que la inmensa mayoría de las víctimas con las cuales comparto reflexiones y sentimientos, están muy lejos del odio y la venganza, la cual buscaría reproducir el sufrimiento en los responsables de las atrocidades. Al contrario, suelo escuchar permanentemente de boca de padres, madres, esposas, hijos y hermanos de las víctimas, una frase que se ha vuelto proverbial en nuestro pueblo pobre y sufrido: “eso no se lo deseo ni al más sádico de los victimarios” (refiriéndose a lo que a ellos les han hecho).

Usted, Doctor Palacio, afirma en las últimas líneas de su carta, que se debería pedir justicia, y una “justicia pronta, imparcial y objetiva”. ¿Acaso no es eso lo que hemos buscado por muchas décadas sin éxito alguno? ¿Ignora usted, acaso, la impunidad que afecta a millones de crímenes de lesa humanidad, e ignora también los mecanismos sistémicos de impunidad, registrados, documentados y analizados por tantos organismos nacionales e internacionales?

Ante su inconformismo frente a mis denuncias y frente al clamor para que no se ofrezcan cátedras a quienes han regido aparatos tan corruptos y criminales, no puedo entender qué es lo que usted propone. ¿Sugiere, acaso, que nos callemos y dejemos que las estrategias y comportamientos que han destruido a tanta gente sigan vigentes sin oposición alguna, y aún más, se conviertan en modelos de exportación? ¿A ese silencio; a ese conformismo; a ese ajuste, lo llamaría usted un comportamiento “ético” y “cristiano”?

Pero lo que encuentro más difícil de entender en su discurso es la coherencia entre palabras y hechos. Usted aboga por posiciones y discursos ajenos a la venganza y al odio y en eso estoy en total acuerdo con usted. Pero, si esa es su posición y esas son sus convicciones, ¿cómo pudo permanecer usted ocho años como integrante del gobierno del ex Presidente Uribe, si unos de sus rasgos más destacados y característicos fueron justamente el odio y la venganza?

Nadie ignora que el Doctor Uribe fue víctima de las FARC, pues según lo han difundido todos los medios masivos, su padre fue asesinado por dicho grupo insurgente. Llegado a regir los destinos del país, hizo de su afán de venganza el eje de su política de seguridad, descartando todo entendimiento o diálogo en torno a los objetivos políticos y sociales de la insurgencia y absolutizando la guerra a muerte que llevara a su exterminio. El lenguaje que utilizó para ello hirió permanentemente la sensibilidad de enormes capas sociales, y los imaginarios militares, siempre envueltos en la emotividad del odio más acendrado, inundaron los medios masivos. Su obsesión patológica por la “seguridad”, interpretada a la medida de sus odios, llevó a crear un ambiente nacional de desconfianza y de prejuicio generalizado entre los ciudadanos; a presumir prácticamente un “enemigo” potencial detrás de cada compatriota; a poblar de costosos aparatos de seguridad e inteligencia todos los despachos públicos y privados, hasta acostumbrarnos a que si uno no se somete a que lo consideren un delincuente o un terrorista mientras no pruebe lo contrario, no puede ingresar a ninguna oficina. El país se tuvo que acostumbrar a escuchar que su Presidente incitara a matar por todas las emisoras y cadenas televisivas, y a que lo hiciera con lenguajes crudos e impúdicos que hacían inocultable un afán de venganza radical, así como a los espectáculos macabros de cadáveres destrozados y ensangrentados, sobre los cuales el gobierno hacía festejos interminables de condecoraciones, alabanzas y ascensos, mientras los medios mercantilizaban la barbarie sin pudor.

Pero los círculos del odio y la venganza no terminaron en los grupos insurgentes. Usted, Doctor Palacio, como acompañante del Jefe del Estado en dos períodos consecutivos y co-autor activo o pasivo de todas sus políticas y decisiones, sabe de sobra que ese odio cobijó con creces a los movimientos sociales; a los grupos de oposición; a quienes denunciaban cualquier atrocidad y a quienes no compartían su modelo de sociedad centrada en el poder de las empresas transnacionales y en las políticas globalizadoras de los Estados Unidos. Odió particularmente a los movimientos y organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos, en quienes veía obstáculos para implementar sus métodos de exterminio. Usted lo sabe de sobra pero es necesario recordarlo aquí: la única forma de darle apariencia legal a esas descargas de odio contra líderes sociales o humanitarios, era inventándoles nexos con la insurgencia, para que el aparato de justicia y/o el militar-paramilitar actuaran contra ellos y ellas, con miras a neutralizarlos o exterminarlos. Es dentro de esta estrategia donde el poder ejecutivo usurpa las funciones del poder judicial o lo coopta, y así se multiplican por doquier procesos con captura y años de prisión en los que los militares detienen sin orden judicial alguna; construyen “pruebas” pagando a desmovilizados avezados en el crimen para que rindan falsos testimonios; mezclan la amenaza y el chantaje con el soborno para lograr aceptación de cargos y sentencias anticipadas, luego de convencer a sus víctimas de que no tienen otra escapatoria, mientras los funcionarios judiciales se limitan a refrendar los montajes militares, pisoteando todos los principios del debido proceso, de los códigos internos y del derecho internacional. Es, quizás, superfluo, recordarle todos estos mecanismos a quien participó en el más elevado círculo del poder político por ocho años, y que de seguro conoció mucho más a fondo estas estrategias en su misma fuente. No dudo que usted participó en la discusión de la Directiva Ministerial Permanente No. 29, del 17 de noviembre de 2005, en la cual se tasa en sumas diferenciadas de dinero el exterminio de vidas humanas, pues si no la hubiese aprobado o hubiese estado en desacuerdo con ella, era lógico esperar su renuncia, la que nunca se produjo.

¿Cree usted, Doctor Palacio, que la actitud del ex Presidente Uribe frente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no se fundó en sentimientos profundos de odio? ¿Cómo explica usted que jamás hubiese tomado medida alguna para proteger a esa población de las continuas masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, bombardeos indiscriminados, abusos sexuales, saqueos, pillajes, robos de animales de carga, de ganado, incineración de viviendas, destrucción de cultivos, amenazas de muerte, anuncios persistentes de exterminio y otras muchas atrocidades, todas perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado, puesto que los paramilitares se movilizan conjuntamente con las tropas, coordinan sus movimientos y hasta cocinan juntos el almuerzo a la vista de todas sus víctimas? A pesar de que el Doctor Uribe fue informado con detalle y oportunamente de cada crimen, ¿por qué cree usted que eludió durante los ocho años en que usted lo acompañó, toda acción de control y protección, como se lo ordenan preceptos específicos de la Constitución Nacional? Aún más, ¿por qué cree usted que el Doctor Uribe profirió cinco calumnias contra la Comunidad de Paz, difundidas por todos los medios masivos de información, y no quiso retractarse a pesar de que se le demostró que su actuación violaba lo preceptuado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-1191/04?

Quizás argumente usted, Doctor Palacio, como lo han hecho varios de sus camaradas, que al ex Presidente Uribe no se le puede hacer responsable de muchas cosas lamentables que ocurrieron durante su gobierno y en las cuales él no habría tenido el poder decisorio. Sin embargo, todos los procedimientos y estrategias que mencioné en mi carta al P. John Dear, constituyeron elementos articulados de políticas conscientemente diseñadas, múltiples veces denunciadas pero tozudamente mantenidas activa o pasivamente, en contravía de los preceptos constitucionales que hacen del jefe del Estado el garante supremo de los derechos constitucionales. Hoy día la justicia universal, saliéndole al paso a la elusión de responsabilidades en numerosos genocidios de la historia, ha definido más rigurosamente la responsabilidad de mando, identificando el rol de quien dirige un aparato criminal sin dar una sola orden concreta de cometer un crimen, pero sabiendo que la máquina que dirige y controla, a través de sus múltiples mecanismos propios, los ejecuta al por mayor. En realidad, el orden jurídico acatado por tribunales internacionales, establece que a una persona natural se le imputan los resultados de una acción como si fuera suya, aunque no la haya ejecutado materialmente, cuando el deber de evitar ese resultado era jurídicamente exigible. La Constitución colombiana no deja dudas al respecto.

Ciertamente, Doctor Palacio, me queda muy difícil comprender que usted recomiende actitudes ajenas al odio y a la venganza, luego de haber participado en las más altas instancias de un gobierno que pasó a la historia como prototipo del odio y la venganza convertidos en poder. Y peor aún, que me acuse a mí de abrigar sentimientos de odio o de venganza por expresar mi desacuerdo con que ese modelo sea exportable a través de ingenuos programas académicos encubridores. Usted bien sabe que mis palabras fueron un sonido en el desierto, pues el Doctor Uribe dictó de todas maneras sus conferencias en Georgetown, donde se impusieron finalmente las razones del poder. Estoy acostumbrado a clamar en el desierto, en un mundo y una sociedad que asimila cada vez más el “todo vale”, pues se le ha inoculado tal miedo a pensar y a ser diferente de lo que afirma y permite el poder, que se ha rutinizado la pasividad y el ajuste al “statu quo”, así éste sea el más atroz.

Atentamente,


Javier Giraldo Moreno, S. J.

BIVOKONBIVIENDO-DERECHOS HUMANOS-

DESPEDIDA GRADO 11 IED KENNEDY

PROYECTO BIVOKONBIVIENDO
Un espacio para la reflexión y la Construcción Colectiva de un Nuevo Ser, de un Mejor Hacer




APRECIADOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE GRADO 11

CORDIALMENTE LES INVITAMOS A COMPARTIR LA REUNIÓN DE CIERRE DE ACTIVIDADES
DE NUESTRO PROYECTO.

LUGAR: SEDE HÉROES - AULA MÚLTIPLE
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
HORA: 8:30 AM


UNA ETAPA QUE CULMINA

LES HEMOS VISTO CRECER FÍSICA Y ESPIRITUALMENTE,
CON ORGULLO HEMOS CAMINADO A SU LADO,
APRENDIDO DE SU ALEGRIA Y CONTAGIADO DE SU OPTIMISMO.

SON MUCHOS LOS MOMENTOS COMPARTIDOS,
NUMEROSAS LAS ANECDOTAS QUE DIBUJAN SONRISAS Y CAUSAN NOSTALGIA,
PERO ANTE TODO, NOS COMPLACE SABER QUE HAN HECHO HISTORIA,
QUE NOS HAN DEJADO HUELLAS IMBORRABLES, QUE HAN MARCADO SENDEROS
PARA SEGUIR SIN EQUIVOCAR EL RUMBO.

SU EJEMPLO DE TESÓN Y PERSEVERANCIA ES DIGNO DE IMITAR.
LA FORTALEZA DE UN PROYECTO QUE CRECIÓ CON CADA UNO, CON CADA UNA,
HOY SON LA RECOMPENSA Y NOS INVITAN A TOMAR SUS BANDERAS,
A SEGUIR EN LA LUCHA PARA CONTINUAR LA OBRA QUE NOS HAN HEREDADO.

RECUERDEN QUE SOLO ES UN HASTA LUEGO.
LES LLEVAMOS EN EL CORAZÓN
Y ESPERAMOS SEGUIR CONTANDO CON SU ALIENTO, SUS IDEAS Y TODA SU ENERGÍA.

¡GRACIAS¡


COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS
COLEGIO KENNEDY IED
BOGOTÁ D.C., 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

PROMOCION AUTOMATICA

A LA MAESTRA DIDIMA RICO CHAVARRO

A la maestra Dídima Rico Chavarro.
Gloria Cuartas,
Defensora de Derechos Humanos, investigadora externa de la Universidad y ante todo tu amiga.



“No debemos olvidar, empero, que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles.”
Rosa Luxemburgo
Querida Didima, escribo esta nota después de leer tu carta que haces pública como respuesta a una sistemática campaña de daño que muy pocos han centrado contra la Universidad Autónoma.

Universidad, recinto del saber y de la solidaridad, recinto de la acogida y la compañía. Universidad que ha sabido de formación para la vida, de educadores que han centrado su formación en valores para saber vivir en tiempos de crisis. Esta Universidad que presenta un amplio grupo de docentes y egresados, otros asesinados crimenes de Estado que pretendieron silenciarlos pero su palabra y su ética vive en la Universidad, y otros, están haciendo día a día con su trabajo y honestidad huella para que estudiantes mujeres y hombres jóvenes y mayores sientan que vivir tiene sentido y no tengan miedo en la dificultad.

Leí también cartas “anónimas” que por el estilo dejan la huella de amargura y rabia que delatan a sus autores, entre ellos los que ya no hacen parte de la Universidad, que llegaron con otro proyecto y salieron con una recompensa efímera. Otros que están con miedo de asumir la realidad, porque la imagen de universidad que ellos se imaginaban, se fue diluyendo, se disminuyen con la gente que crea, con la gente que ven día a día recreando el espíritu académico, hablando de la posibilidad de líneas de investigación y pedagogías educativos y haciendo del aula universitaria y de la vida misma un lugar de cariño, acogida en épocas de tanta oscuridad.



Emerge en esta realidad tu presencia, tu trabajo, tu constancia, la capacidad de sumar, de respetar la diferencia, de vivirla…de reconocer la urgencia de cambios y la decisión inequívoca de arriesgarte a buscar unir la diversidad porque crees en los principios que han fundado la idea de la Universidad…Soy testiga de tu compromiso sin medir el tiempo invertido con y por la Universidad, mantener en unión con otros su vigencia histórica, aun en medio de la presión y el ejercicio indebido de la fuerza de quienes la quieren ver en decadencia y tu reiniciando permanentemente ideas nuevas porque sabes que la “ vida es una inmensa disonancia” tal vez esa frase de Frederic Chopin nos está recordando que aceptar la condición humana y saber reconocerla es el mejor bálsamo para el desencanto y encontrar en tiempos de crisis , de eclipse moral, la grandeza de vivir como tú lo haces con dignidad. Gracias por dejarme caminar contigo construyendo día a día el valor de la esperanza.



Gracias a la Autónoma por acogerme como investigadora y a personas como tú que permiten volver a creer en la vida, cuando la tristeza y la muerte que vi, que invadió mi corazón y me mostro uno de los rostros de la guerra y, contigo y con nuestras amigas, con otros, en fin mucha gente tomamos la decisión de seguir trabajando y viviendo porque tenemos derecho a la paz con justicia.

CARTA SOBRE BIENESTAR UNIVERSITARIO FUAC

Bogotá D. C., noviembre 24 de 2010


Doctor

GELASIO CARDONA SERNA
Presidente
Universidad Autónoma de Colombia
E. S. D.



Respetado Doctor CARDONA.

REF: Su oficio P-2010/888


En atención al oficio de la referencia dirigido a la Doctora MARÍA HELENA LEDESMA SÁNCHEZ, Directora Bienestar Universitario, donde le solicita se de a conocer los correctivos que se han tomado en la dependencia de Bienestar Universitario, respecto de las recomendaciones presentadas en la Auditoría Académica realizada por MGI Páez y Asociados, en las que se advierte que:




No obstante, observamos que ninguno de los dos representantes de los estudiantes, ni el representante de los egresados, que este artículo estipula como miembros del Comité, están asistiendo a las reuniones. Las invitaciones a las reuniones se envían a los respectivos representantes, sin embargo estos no acuden.



Me permito manifestarle lo siguiente:




1º.- Considerando la importancia de fomentar y desarrollar entre los egresados una serie de actividades de carácter cultural y artístico, deportivo y de bienestar físico, presente mi nombre a consideración de los egresados de la Facultad de derecho para integrar el Comité de Bienestar Universitario, con un programa que correspondía al marco de una democracia participativa y al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en la búsqueda del fomento y práctica cotidiana de la responsabilidad, solidaridad, tolerancia, participación y autonomía, valores necesarios para lograr una mejor sociedad, considerando que en nuestra Universidad cada uno de los miembros de la comunidad (estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo, fundadores y egresados) deben reconocerse como un formador en formación que cada día se comprometa más con su desarrollo personal y que afirme su pertenencia a la Institución y que en este contexto el Bienestar Universitario apuntara al desarrollo humano de cada uno de los miembros de la comunidad, al mejoramiento de la calidad de vida de cada persona, del grupo institucional como un todo y por lo tanto de la educación superior en Colombia.



Para afianzar la labor del Comité de Bienestar Universitario y la coherencia de los egresados, obtuve con mi propuesta el mayor número de votos que cualquier elección históricamente haya registrada en la Universidad; para que sea gobernada y administrada preferencialmente por personas de su propio seno, para que su orientación no solo sea hacia la conservación y transmisión de conocimiento, sino también hacia la investigación científica, con el fin de conseguir que sus profesionales egresados estén capacitados para aplicar sus conocimientos a la solución de los grandes problemas nacionales.



Con apoyo en los principios de FORMACIÓN INTEGRAL, TRANSVERSALIDAD y CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD, intente buscar desde el Comité de Bienestar Universitario que los programas de Bienestar cubrieran la totalidad de la comunidad que conforma la Institución ( Egresados, estudiantes, docentes – investigadores y personal administrativo), teniendo en cuenta la diversidad de condiciones de cada persona en particular sus funciones dentro de la Institución, jornada, metodología y tiempo de dedicación, su edad, situación socioeconómica, necesidades, aspiraciones individuales, así como sus intereses, aficiones y habilidades y estaba dispuesta a luchar por que en la distribución presupuestal se tuviera presente el criterio de equidad y no desatender ninguna de las áreas del Bienestar Universitario, y en especial buscaba que dentro del presupuesto asignado a Bienestar Universitario, se determinara oficialmente una partida para adelantar los diferentes programas destinados a los egresados y la participación de empresas e instituciones financieras en el apoyo de los programas destinados al estamento de los Egresados.



Considere en mi programa que presente a mi electores, que sin una oferta de amplia, diversa y atractiva para obtener el mayor número posible de oportunidades y alternativas para los egresados era imposible sacar adelante las siguientes políticas: 1º.- Acercamiento de todos los egresados con la Institución y su consolidación en una sola Asociación Nacional. 2º.- Participación de los Egresados en las actividades artísticas y deportivas de la Universidad. 3º.- Apoyar las acciones que procuraran mejorar las condiciones socioeconómicas a partir de los esfuerzos individuales de los egresados. 4º- A traer los egresados a la Universidad por medio de la vinculación como asesores de proyectos de grado. 5º.- Vinculación a las actividades de extensión, conferencias, seminarios, diplomados y ferias empresariales. 6º.- Vinculación como docentes previa capacitación pedagógica a través del I.S.P. 7º.-Impulsar a través de la Asociación de Egresados planes de salud. 8º.- Estimular la creación de grupo de trabajo asociado. 9º.- Reconocimiento de egresados distinguidos e influyentes en la vidanacional. 10º.- Priorización para que los egresados continúen realizando estudios de posgrados y educación continuada. 11º.- Oportunidades laborales (mercado de trabajo). 12º.- Buscar los beneficios como descuentos especiales para los egresados puedan vincularse nuevamente a la Universidad como se esta haciendo con el 10% de descuento para los diferentes posgrados que ofrece la Institución. 13º.- Otorgarles a los egresados mayores beneficios en los diferentes servicios que presta la Universidad tales como: Biblioteca, internet, salud y en el programa universitario de investigaciones.


Con el fin de estructurar y cumplir con el programa consideraba necesario adoptar las siguientes estrategias e instrumentos a) Utilización de los diferentes medios para localizar a todos los egresados de la Universidad como son: Convocatorias, prensa, comunicación telefónica, radial, correo electrónico y otros. b) Como una estrategia para el acercamiento con los egresados se comprometí con ellos a mejorar la bolsa de empleos que viene operando desde hace dos años. c) Apoyar los planes y programas que presenten la Asociación Nacional de Egresados Autónomos. d) Apoyar y participar activamente en los encuentros de los egresados.



2º.- Toda la ilusión de sacar adelante mi programa se vino abajo, cuando organice un “ACTO DE HOMENAJE A LA MUJER EGRESADA AUTONOMA” en el auditorio Los Fundadores y el Comité de Bienestar Universitario, me dio la espalda.




3º.- En las pocas reuniones a la que fui invitada y participe, sentí y tuve la certeza de que mi presencia en el Comité era una figura decorativa y que mis opiniones no solamente no eran escuchas sino que no tenían acogida; las decisiones aprobadas en las sesiones del Comité eran derogadas – conciente o inconcientemente - POR USTED SEÑOR PRESIDENTE, pues en las sesiones participaban personas que no tenían la envestidura de miembros del Comité y con la ayuda especialmente de la Doctora ALEXANDRA CORENA quien manipulaba las decisiones tomadas y la debilidad administrativa de la Doctora MARÍA HELENA LEDESMA SÁNCHEZ, era inútil cumplir con el compromiso adquirido con mis electores e inocuo seguir asistiendo a las reuniones.




4º.- El representante de los egresados en el Comité no se debe a notas ni a empleos, sino al cumplimiento de lo propuesto a los egresados, razón por la cual puede actuar aparentemente con más autonomía, pero los intereses ocultos y la manipulación de personas parasitarias en la Universidad lo impiden Señor Presidente.




5º.- Invite a la Universidad a participar en varios eventos, especialmente en el municipio de Soacha – Cundinamarca, donde considere necesario la presencia institucional; asistieron casi todas las Universidades de Bogotá y la Autónoma, obvio, brillo por su ausencia.




6º.- En el escenario apropiado solicitare disculpas a los egresados que creyeron en mi propuesta, ya que si bien en Comité se aprobó como instrumento para la ubicación de los egresados el Correo Electrónico (el cual es nuestro principal medio de localización), la Doctora ALEXANDRA CORENA, obstruyo e impidió CON SU COLABORACIÓN SEÑOR PRESIDENTE, sacar adelante el Área de Promoción Socioeconómica de los egresados.



Por los anteriores argumentos, que obviamente pueden ser probados, considero señor Presidente que es inoficioso asistir a las reuniones, hasta que haya un compromiso de parte suya de respeto por los integrantes y decisiones del Comité; asistiré cuando Usted despoje a los parientes de los fundadores de las funciones que se arrogan y que nos corresponden a quienes fuimos elegidos por la comunidad universitaria.





Cordialmente,





MARIA ELINA PLAZAS LOPEZ

Calle 13 No. 7-80, Oficina 631

Teléfonos 342 04 70 – 311 514 37 38

Email – mareli3963@hotmail.com



CC: Rectoría

Vicerrectoria Académica
Bienestar Universitario

COMUNICADO DE PRENSA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Norma acusada

LEY 1312 DE 2009

(julio 9)

Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad

ARTÍCULO 2º. El artículo 324 de la Ley 906 de 2004, quedará así:


Artículo 324. Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:

[…]



17. Al desmovilizado de un grupo armado organizado al margen de la ley que en los términos de la normatividad vigente haya manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad, siempre que no haya sido postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005 y no cursen en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización con excepción de la pertenencia a la organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones.


Para los efectos de este numeral. el fiscal presentará la solicitud para la celebración de audiencias individuales o colectivas para la aplicación del principio de oportunidad.


Extiéndase esta causal a situaciones ocurridas a partir de la vigencia del Acto Legislativo No. 3 de 2002.


Para la aplicación de esta causal. el desmovilizado deberá firmar una declaración bajo la gravedad de juramento en la Que afirme no haber cometido un delito diferente a los establecidos en esta causal. so pena de perder el beneficio dispuesto en este artículo de conformidad con el Código Penal.


Parágrafo 1°. En los casos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones previstas en el capítulo segundo del título XIII del Código Penal, terrorismo, financiación de terrorismo, y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, solo se podrá aplicar el principio de oportunidad, cuando se den las causales cuarta o quinta del presente artículo, siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de organizaciones delictivas.


Parágrafo 2°. La aplicación del principio de oportunidad en los casos de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo límite máximo exceda de seis (6) años de prisión será proferida por el Fiscal General de la Nación o por quien el delegue de manera especial para el efecto.



Parágrafo 3°. No se podrá aplicar el principio de oportunidad en investigaciones o acusaciones por hechos constitutivos de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, ni cuando tratándose de conductas dolosas la víctima sea un menor de dieciocho (18) años.


Parágrafo 4º. No se aplicará el principio de oportunidad al investigado, acusado o enjuiciado vinculado al proceso penal por haber accedido o permanecido en su carao, curul o denominación pública con el apoyo o colaboración de grupos al mamen de la levo del narcotráfico.







2. Problema jurídico planteado

En el presente caso, le correspondió a la Corte resolver: (i) si la forma en que el legislador reguló la causal de aplicación del principio de oportunidad en el numeral 17 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, vulnera el principio de legalidad, según lo prescribe el artículo 250 de la Constitución, por los términos ambiguos y oscuros del precepto; (ii) si al haberse previsto la aplicación del principio de oportunidad para el concierto para delinquir agravado, habría desconocido el artículo 93 de la Constitución, por contrariar normatividad internacional, como quiera que se estaría aplicando dicha figura procesal para un crimen de lesa humanidad; (iii) si la causal de aplicación del principio de oportunidad acusada desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, derivados de una interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 12, 93 y 229 superiores en consonancia con los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.; (iv) si en la norma se incurrió en una omisión legislativa relativa porque habría una exclusión injustificada del concepto de “graves violaciones de derechos humanos, permitiendo con esto la aplicación del principio de oportunidad de estas conductas.



3. Decisión

Primero.- Declarar INEXEQUIBLE el numeral 17 del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, en el entendido de que también comprende las graves violaciones a los derechos humanos.

4. Fundamentos de la decisión

En primer lugar, la Corte Constitucional determinó que el numeral 17 del artículo 2º de la ley 1312 de 2009, no configuraba un instrumento que inserte el principio de oportunidad que busca aplicarse al desmovilizado de un grupo armado al margen de la ley, en el marco de la denominada justicia transicional. En realidad, se trataba de una reforma legislativa a una institución jurídico-procesal como es el principio de oportunidad, el cual forma parte de la política criminal ordinaria del Estado. Con esta modificación, se pretendía resolver un problema de contenido político, por medio de una institución jurídica constitucional que se rige por el principio de legalidad (art. 250 C.P.).

A juicio de la Corte, no es posible la aplicación del principio de oportunidad a la desmovilización masiva de miembros de grupos armados al margen de la ley, a la luz de los criterios de ponderación que se establecieron, en la sentencia C-370 de 2006 para los procesos de justicia y paz, toda vez que se trata de regulaciones con finalidades distintas. En efecto, en la denominada Ley de Justicia y Paz, había sometido a la justicia, bajo determinadas condiciones de verdad y reparación y se preveía la imposición de penas alternativas, con la posibilidad de aplicar las ordinarias, si se incumplían los compromisos asumidos. Por el contrario, la Ley 1312 de 2009 sin establecer elementos de justicia, verdad y reparación a las víctimas, autoriza a la Fiscalía y a la Rama Judicial a renunciar a su obligación de investigar y juzgar a los desmovilizados por crímenes respecto de los cuales existe un imperativo internacional de investigar y juzgar, y en donde la impunidad resulta inadmisible.

En este sentido, el precepto acusado no se inscribe dentro de un acuerdo político de reconciliación que conlleve cierta flexibilización de los principios que dominan el ejercicio de la función judicial, lo cual permite un modelo de justicia transicional. En esencia, se trata de una adición al proceso que se aplica para impartir justicia ordinaria, que de manera injustificada introduce un trato privilegiado a un grupo de destinatarios de la acción penal. Advirtió que aún en situaciones de justicia transicional, la comunidad internacional ha admitido la importancia de alcanzar objetivos sociales de paz, pero ha hecho énfasis en que estas circunstancias de transición no pueden conducir a un relajamiento de las obligaciones internacionales de los Estados en el compromiso universal de respeto a la dignidad y a los derechos humanos. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha admitido que la justicia transicional es una forma especial de administración de justicia para situaciones de tránsito a la paz, pero no ha cedido en su exigencia de que las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas y los autores de las mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban en todo caso, algún tipo de sanción.

Para la Corte, como quiera que los fines de una justicia transicional son específicos y muy distantes de aquellos que persigue la administración de justicia ordinaria, resulta arbitrario introducir dentro del modelo de justicia orientado a desarrollar la política criminal del Estado, un elemento que excluye a ciertos sujetos del ámbito de la justicia y justificar tal exclusión con un discurso de justicia hacia la paz.

En segundo lugar, la Corte estableció que la disposición legal demandada no respetaba los límites constitucionales para la aplicación del principio de oportunidad. En su concepto, configura una causal que desborda la filosofía, los propósitos y el alcance del principio de oportunidad previsto en el artículo 250 de la Constitución Política, como una manera excepcional de renunciar, interrumpir o suspender la acción penal, dentro de un modelo de justicia ordinaria, regido por el principio de legalidad. Recordó que si bien el legislador goza de una amplia potestad legislativa para regular la aplicación del principio de oportunidad, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que debe respetar ciertos límites constitucionales al momento de configurar las causales que permiten su aplicación, los cuales han sido precisados en la sentencia C-095/07, a saber: (i) la vigencia de un orden justo; (ii) la dignidad humana, en cuanto debe respetar los compromisos internacionales en materia de acceso a la justicia para la protección de los derechos humanos y la reparación a las víctimas de graves violaciones; (iii) el principio de legalidad, con base en el cual está vedado establecer causales ambiguas o vagas, que le impide conocer con certeza al ciudadano en qué casos y bajo qué condiciones, el órgano investigador puede acudir ante el juez de control de garantías a pedir su aplicación.

La Corte encontró que la causal establecida en el numeral 17 del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, vulnera el postulado del orden justo que el Estado debe promover, habida cuenta que establece una renuncia unilateral a investigar, sin que de otro lado se introduzca requisitos que satisfagan las exigencias de justicia, de verdad o de reparación. Esta laxitud en la regulación, vulnera la dignidad y los derechos de las víctimas protegidos por diversos instrumentos internacionales que obligan al Estado colombiano a investigar y juzgar en materia de graves violaciones de derechos humanos. Así mismo, la Ley 1312 de 2009 introduce una causal vaga y ambigua para la aplicación excepcional del principio de oportunidad, violatoria del postulado de legalidad que lo rige. A lo anterior se agrega que el principio de oportunidad, como instrumento de la política criminal ordinaria del Estado, parte del deber de la persecución penal. Por ello, la renuncia a ese deber de persecución debe estar fundada en criterios de: (i) insignificancia; (ii) interés de la víctima; (iii) formas alternativas de satisfacción de intereses colectivos y (iv) colaboración con la justicia. A ninguno de estos criterios, responde la causal que se cuestiona.

Observó que en la causal acusada se presenta ambigüedad en cuanto a los destinatarios y en relación con las condiciones para su aplicación, puesta de manifiesto en los diferentes conceptos expuestos por los intervinientes en el proceso de constitucionalidad. Para algunos, serían los autores del delito de concierto para delinquir simple (art. 340, inciso primero, Ley 906 de 2004); para otros, cobijaría únicamente a los autores del concierto para delinquir agravado del inciso segundo del artículo 340 ibídem y para otros se aplicaría a todos los autores del concierto para delinquir, que como se sabe, contempla tres modalidades. También se aduce que podría cobijar a todos los miembros de grupos armados al margen de la ley, como las guerrillas. De otro lado, la ambigüedad se extiende a las condiciones requeridas para ser beneficiario de la aplicación del principio de oportunidad, pues se deja totalmente librado al criterio del aplicador determinar cuándo los destinatarios de la norma hacen una “manifestación con actos inequívocos del propósito de reintegrarse a la sociedad”. De esta manera, el legislador incumplió su deber de establecer requisitos claros, ciertos e inequívocos, que guiaran la labor del órgano investigativo. Se trata además de un requisito que desconoce flagrantemente la exigencia de verdad y de justicia para las víctimas.

La Corte dejó en claro que corresponde al legislador establecer la política criminal para los procesos de justicia y paz, siempre que se desarrolle conforme a los imperativos constitucionales y del orden internacional de los derechos humanos, entre ellos, la búsqueda de la verdad, justicia y reparación.

El escenario de impunidad que la norma propicia respecto de posibles perpetradores de violaciones de derechos humanos, vulnera el artículo 1° de la Constitución que promueve un orden justo; el artículo 93 de la Carta en la medida que se quebrantan las normas de los tratados internacionales sobre derechos humanos que obligan al Estado colombiano a investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos, en particular los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Con este proceder se vulnera así mismo el derecho de las víctimas a acceder a la justicia (Art.229 C.P.) y todos los demás derechos que un orden justo (Art. 1°) debe garantizarles. Con la incorporación en la ley procesal penal de una causal para la aplicación del principio de oportunidad que resulta ambigua e imprecisa, se vulnera el artículo 29 de la Constitución en concordancia con el 250 ibídem.

En cuanto al cargo formulado respecto del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, la Corte señaló que la omisión en la que incurrió el legislador al momento de regular los límites a la aplicación del principio de oportunidad , en el sentido de no incluir las graves violaciones a los derechos humanos, configura un desconocimiento de diversos compromisos internacionales, señalados por los demandantes al igual que del artículo 2º de la Constitución. En consecuencia, la Corte declaró exequible el citado parágrafo, en el entendido de que la imposibilidad de aplicar el principio de oportunidad también comprende las graves violaciones a los derechos humanos.

En ese orden, la Corte consideró que prosperan dos de los cargos de inconstitucionalidad formulados en esta oportunidad y en consecuencia, procedió a retirar del ordenamiento jurídico, mediante la declaración de inexequibilidad, el numeral 17 del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, por contrariar los principios, derechos y valores constitucionales invocados por los demandantes y se condicionó la exequibilidad del parágrafo 3º, en los términos señalados previamente.

5. Salvamentos de voto

Los magistrados Juan Carlos Henao Pérez, Humberto Antonio Sierra Porto, Mauricio González Cuervo y Jorge Pretelt Chaljud salvaron el voto a la decisión de declarar inconstitucional el inciso primero del numeral 17 y el parágrafo 3° del articulo 2 de la Ley 1312 de 2009. En su opinión la decisión ajustada a la Constitución era la de declarar exequible con ciertos condicionamientos que permitieran precisar el alcance de la expresión “haya manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad” y garantizar en mayor medida los derechos de las victimas. En su opinión las razones esgrimidas por la mayoría para justificar la declaratoria de inexequibilidad del enunciado normativo objeto de estudio no son atendibles por varias razones, dentro de las que se destacan las siguientes:

a) A diferencia de lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y finalmente acogido en la sentencia de la cual nos apartamos, consideramos que el delito de concierto para delinquir agravado, objeto de la aplicación del principio de oportunidad para los desmovilizados, no es un delito de lesa humanidad. La evolución de la categoría crimen de lesa humanidad en el derecho penal internacional, la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional de Ruanda y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ha sido consistente en el sentido de considerar como delito de lesa humanidad únicamente el concierto para delinquir con fines de genocidio, y esta hipótesis estaba descartada en el numeral 17 del art. 2 de la Ley 1312 de 2009. Por lo tanto, el argumento de que es inconstitucional aplicar el principio de oportunidad al concierto para delinquir agravado porque este es delito de lesa humanidad no tiene fundamento ni en la Constitución ni en las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Además, aun si en gracia de discusión se aceptara que el concierto para delinquir fuera, que no lo es, delito de lesa humanidad, eso no implicaría la inconstitucionalidad de la disposición acusada, pues cabe recordar que el artículo 53 del Estatuto de Roma le otorga facultades similares al Fiscal para decidir sobre el inicio de una investigación.

b) Adoptar la postura que el delito de concurso para delinquir agravado no es un delito de lesa humanidad, como se propuso en la ponencia que no fue aprobada, en nada afectaba las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia hasta la fecha, pues se trata de un delito autónomo y su aplicación es independiente de otros tipos penales que han sido imputados a quienes hasta la fecha han sido juzgados por esta última Corporación. En otras palabras, la decisión que hubiere adoptado la Corte Constitucional en la presente oportunidad no hubiere tenido efectos respecto de los casos que ya han sido juzgados por la Corte Suprema de Justicia; en este sentido los temores de la mayoría eran infundados.

c) Los precedentes sentados por la Corte Suprema de Justicia no son vinculantes en la interpretación del ordenamiento jurídico que realiza la Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad de la ley. Como bien ha señalado la jurisprudencia constitucional la doctrina viviente, es decir, la interpretación que han hecho la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sólo sirve para ilustrar el alcance de las disposiciones legales cuando se ajusta a la Constitución, y eso precisamente no ocurría en esta oportunidad.

d) Prever la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados de los grupos armados ilegales no desconoce la Constitución y hace parte de un proceso de justicia transicional en la que se debe comprender la Ley 975 de 2005 y la ley 1312 de 2009, que es demandada en esta ocasión. Es errado y contraevidente señalar que el principio de oportunidad no es un instrumento apto para ser utilizado en un proceso de paz. Toda la argumentación contenida en la sentencia C-370 de 2006 que constituye precedente vinculante para esta misma Corte, consideró como acorde a la Constitución utilizar figuras e instituciones judiciales propias de procesos penales e incluso la reducción punitiva. Este argumento llevado al absurdo supone que existen figuras jurídicas propias de justicia transicional y otras que no.

e) La disposición acusada reunía todos los elementos señalados por la jurisprudencia constitucional que deben ser considerados cuando se trata de regular legalmente el principio de oportunidad (por ejemplo en la sentencia C-095 de 2007). En efecto, (1) la norma perseguía el propósito de racionalizar la utilización del aparato estatal en la persecución penal (el numero de desmovilizados lo atestigua); (2) el propósito de asegurar un orden justo, proporcionaba espacios para que se respetaran los derechos de las victimas; y (3) se trataba de una norma que no desconocía el principio de legalidad en tanto que las causales o supuestos para aplicar el principio de oportunidad eran claras y precisas.

f) La expresión “quien haya manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad”, proporcionaba un margen de discrecionalidad al Fiscal en la aplicación del principio de oportunidad, pero no puede considerarse que tenga un carácter vago o ambiguo que ocasione su inconstitucionalidad. Para llegar a esta conclusión bastaba con la simple lectura sistemática de la ley 1312 de 2009, que en el articulo 4 señalaba doce condiciones que impedían cualquier aplicación arbitraria, dentro de un periodo de prueba de tres años para cumplir con las mismas so pena de perder el beneficio.

g) Las argumentaciones acogidas por la mayoría de la Sala Plena, al margen de trascendentales consecuencias en materia de confianza legitima (art. 1 CP), conducen a negar la lógica de las decisiones políticas y judiciales expresadas en la sentencia C-370 de 2006, en tanto que conduce a paradojas insalvables:

(i) No se les puede aplicar a los desmovilizados el indulto en los términos previstos en la Ley 782 de 2002 y el Decreto 128 de 2003 porque según la jurisprudencia de la Corte Suprema (sentencia del 11 de julio de 2007. Rad. 26.945) los crímenes cometidos por los grupos paramilitares o de autodefensa, no pueden ser calificados como delitos políticos, son delitos comunes y por ende, resulta improcedente las concesiones de amnistías o indultos. Pero tampoco se les puede aplicar el principio de oportunidad dentro de los procesos que adelanta la Fiscalía porque este principio es un instrumento que está previsto para la delincuencia y los delitos comunes, no para procesos de paz o de regularización.

(ii) El resultado de impedir que los desmovilizados, los miembros rasos de grupos armados ilegales no puedan ser beneficiarios del indulto, ni del principio de oportunidad, supone que existe un trato favorable para los cabecillas de estos grupos (a los cuales solo se les puede imponer como pena máxima 8 años por el delito de concierto para delinquir y otros delitos incluso de lesa humanidad), en cambio a los subalternos, se les debe imponer como mínimo 8 años y hasta 18 solo por el delito de concierto para delinquir (art. 340 Código penal).

No obstante nuestra profunda discrepancia con la sentencia adoptada por la Corte, reconocemos que en los fundamentos de la decisión adoptada se podrían encontrar elementos que permitan encontrar una salida jurídica eficaz a la compleja responsabilidad del Estado y la sociedad colombiana en el proceso de normalización de los grupos armados al margen de la ley.







JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

Vicepresidente

ACREDOTACION

RECOMENDACIONES PARA LA ACREDITACION -FUAC-

HORA DE LA LIBERTAD!

ARAUCA: EL MACHIN QUE CONVIERTE LA SANGRE EN PETROLEO

ARAUCA: EL MACHIN QUE CONVIERTE LA SANGRE EN PETROLEO

Por: Centauro Tameño.

" El destino del ejército es guarnecer la frontera. ¡Dios nos preserve que vuelva sus armas contra los ciudadanos! "
(Simón Bolívar, 25 de mayo de 1826)

Luego de superada la morbosa espuma mediática de los medios estatales de comunicación colombianos, acerca de los CRIMENES DE LESA HUMANIDAD del que fueran victimas los niños tameños a manos de militares del Ejército de Colombia, es importante poner sobre el tapete algunos aspectos relacionados con estos imperdonables hechos de sangre y horror que se suman a la larga cadena de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad convertidos en una política permanente de Estado contra los ciudadanos humildes de la patria.

Arauca – Colombia – Sur América, posee entre sus desdichas, la desgracia terrible de tener bajo su suelo el MALDITO PETROLEO, cada gota del mortal líquido extraído por las multinacionales norteamericanas es pagada con la sangre y vida de los humildes moradores de esta región colombiana. El MACHÍN GRINGO (maquina de extraer petróleo) en Arauca funciona así: Mediante un incansable balanceo entre la avaricia y la muerte, acciona una bomba extractora en el fondo del corazón de los araucanos que succiona su sangre convertida en petróleo hacia la superficie. Para garantizar un resultado óptimo de la operación, la maquinaria es aceitada básicamente con dos lubricantes; el terror militar a cargo de las fuerzas militares y paramilitares estatales y la corrupción local y nacional que garantizan la patente de corzo necesaria para establecer la impunidad como norma permanente.

Ayer, bajo el manto criminal de la “Seguridad democrática” y hoy bajo el lema de la “Seguridad Ciudadana” el asunto es el mismo; Arauca es un departamento “rico” pero con el 90% de su población sumida en la pobreza.

Arauca esta militarizado hasta con militares norteamericanos, pero las fuerzas militares y de policía solo tienen ojos, oídos, manos y corazón para proteger los intereses de las transnacionales petroleras, los politiqueros corruptos del departamento y uno que otro terrateniente de la región, mientras los araucanos de a pie caen asesinados sin que nadie diga o haga nada.

Es en este contexto es donde ocurre la violación y asesinato de los niños tameños a manos de miembros de “Glorioso” ejercito de Colombia, claro esta, estos crímenes no son los únicos cometidos en la región y mucho menos en territorio colombiano.

Los crímenes de lesa humanidad contra los niños tameños.

Según el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) con pleno vigor en Colombia, se denomina Crimen de lesa humanidad “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; …
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;…”
i) Desaparición forzada de personas (secuestro).

Los hechos:



En Colombia, América del Sur, departamento de Arauca, municipio de Tame, en la vereda Temblador, sector de Flor Amarillo, vivían junto a su padre José Álvaro Torres en un humilde ranchito los niños Jimmy Ferney (9 años), Jefferson Giovani (6 años) y Jenny Narveiz Torres Jaimes (14 años).

El día Jueves 14 de Octubre de 2010, como de costumbre su padre José Álvaro Torres quien es un campesino que trabaja como labriego salio a trabajar a una finca cercana a las 4:00 AM, dejando a los niños menores al cuidado de su hermanita mayor la niña Jenny Narveiz dado que la madre Luz Amparo Jaimes no vivía con ellos.

En horas del mediodía, don José retornó a la casa en busca de una herramienta de trabajo que le faltaba y ya los niños estaban dispuestos para dirigirse a la escuela Caño Martín donde estudiaban distante a una hora de su casa.
Al anochecer, el padre volvió a su hogar buscó a los niños y no los encontró, preocupado al día siguiente salió en su búsqueda recorriendo la vereda pero nadie le dio razón de los niños dirigiéndose posteriormente al municipio de Tame a poner la denuncia.
Moradores de la región iniciaron la búsqueda y ya a finales de la noche del día 15 se encontraron con la fosa común donde los criminales habían botado los niños luego de asesinarlos para ocultar las sobras de su macabro festín.

El día sábado 16 entrada la noche la Cruz Roja Colombiana exhumó los cadáveres de los tres niños. Según las actas de necropsia indican que la niña fue violada (Abusada sexualmente) y asesinada. Murió por un "shock hiperbólico" producido por una serie de lesiones en cuello y tórax, causadas por arma corto punzante (Machete). Los niños Jimmy Ferney y Jefferson Giovani, sufrieron traumas "de un arma corto contundente (sic) en cráneo, tórax y abdomen", según estableció el dictamen de medicina legal de Arauca.

Ante la inocultable gravedad de estos CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD cometidos contra los niños Torres Jaimes, el valor de su padre don José Alvaro torres, la solidaridad y denuncia de los vecinos, se desplegó por parte de la fiscalia un operativo que vino a confirmar lo que ya todo el mundo sabia; la irrefutable responsabilidad intelectual y material por acción u omisión de oficiales, sub oficiales y soldados adscritos a la OCTAVA DIVISON, DECIMA OCTAVA BRIGADA, BRIGADA MOVIL No 5, BATALLON No 42 DE CONTRAGUERRILAS “ HEROES DE MAJAGUAL”, COMPAÑIA “BUITRES” del “glorioso” Ejercito de Colombia en el aleve crimen contra de los niños de Tame – Arauca.

Aunque la confesión “espontánea” del asesino subteniente Raúl Muñoz Linares, intenta desviar la investigación radicando toda la responsabilidad en este solo sujeto, se sabe por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que el crimen no fue perpetrado por una sola persona y que hay mas militares que participaron en el hecho. Por su responsabilidad fueron destituidos: El teniente coronel GERMÁN BELALCÁZAR ARCINIEGAS, el teniente coronel JAMES EDINSON PINEDA PARRA, el mayor JAMES ALBERTO GRANADOS, el hasta hoy asesino confeso subteniente RAÚL MUÑOZ LINARES, el sargento viceprimero LUIS GIOVANNI TORRIJOS MEDINA, el cabo primero JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ BONILLA y el cabo segundo RÓBINSON JAVIER CASTRO, además la fiscalia investiga a 60 militares en relación con estos hechos todos, adscritos a la BRIGADA MÓVIL NO. 5 del Ejercito.



Hoja de vida y prontuario del criminal Subteniente Raúl Muñoz Linares.



Nombre: Raúl Muñoz Linares
Nacionalidad: Colombiano
Cedula de ciudadanía No: 93’235.121 de Ibagué Tolima
Fecha y lugar de nacimiento: 12 de Agosto de 1984 Ibagué Tolima
Edad: 26 años
Padres: Jaime Muñoz – Rosalba Linares.
Estado Civil: Unión Libre.
Profesión: Oficial del Ejercito Nacional de Colombia.

El oficial del Ejercito de Colombia subteniente Raúl Muñoz Linares (Alias Tito), nació en Ibagué y estudio el bachillerato en Escuela Normal Nacional Integrada Fabio Lozano Torrijos de Falan (Tolima), posteriormente presto servicio militar en el Batallón Patriotas de Honda, en el 2005 inició su carrera como oficial en la Escuela de cadetes del Ejercito José Maria Cordoba, en 2008, Muñoz Linares se graduó como subteniente. Estuvo en Florencia, Caquetá, y luego realizo el curso de lancero en la base de Tolemaida.

Muñoz llegó a Arauca el 10 de agosto de 2010, procedente del departamento de Caquetá y fue destinado como comandante de la PATRULLA BUITRES, del Batallón de contraguerrillas No 42 Héroes de majagual adscrito a la Brigada Móvil 5.

El primer crimen de lesa humanidad cometido por MUÑOZ LINARES en Arauca, fungiendo como subteniente del Ejercito se remonta al día 2 de octubre de 2010, en la vereda Caño Limón(Municipio de Tame), exactamente a las 12:19, ese día, el sádico asesino se ausento de su guarnición militar con el pretexto de hacer "una necesidad" y regreso dos horas después con el uniforme mojado, fusil y machete en mano, le ordenó al peluquero de la unidad que le cortara el cabello hasta quedar rasurado.

Al día siguiente, una campesina de la zona se acerco a los militares para denunciar que su hija de 14 años había sido violada por un militar, ante la falta de atención por parte de los oficiales al mando del destacamento, la señora tuvo que recurrir a la fiscalia para denunciar el hecho.
Con sus ojos llenos de lágrimas narro como: “Su hijita de 14 años había sido sacada a empujones por un militar que tenía una pañoleta y que se metió a la casa aprovechando que no había ningún adulto. El hombre intimidó a los otros niños de la casa y se llevó a la menor hasta un matorral cercano, junto a unas charcas. Allí se quitó la pañoleta con que se cubría la cara y con esta vendó a la niña. Luego, la obligó a desnudarse y abusó de ella. "Después de que él hizo lo que quiso conmigo, me dijo 'báñese con esa agua'; le dije que no porque esa agua estaba sucia, y agarró el fusil con señas de golpearme. Entonces, le hice caso", le dijo la menor a la Fiscalía”. Este hecho solo vino a tener relevancia mediática luego del escándalo por el asesinato de los niños Torres Jaimes.

El jueves 14 de octubre de 2010, siguiendo el mismo modus operandi el criminal subteniente Raúl Muñoz Linares, según testimonio rendido por otro militar de la misma unidad se estableció: "Ese jueves, desde mi cambuche, vi salir al teniente Muñoz con un fusil y un machete como a las 12 del día. Se fue solo, pero no salió por el lado del centinela sino por el lado de mi cambuche, que era el último del campamento. Luego, recibí turno de guardia y a las 3:30 p.m. lo vi entrar: llegó con el machete y el fusil, venía todo lavado del cuello para abajo, como cuando uno se mete a una piscina".

El resultado de la macabra visita a la casita de los niños tameños: SECUESTRO Y DESAPARICIÓN FORZADA, VIOLACIÓN Y ASESINATO de la niña JENNY NARVEIZ TORRES JAIMES (14 AÑOS), así como el SECUESTRO, DESAPARICIÓN FORZADA Y POSTERIOR ASESINATO de los hermanitos de la niña, lo menores JIMMY FERNEY (9 AÑOS), JEFFERSON GIOVANI (6 AÑOS), por parte militares de la compañía “Buitres” a la cabeza del oficial del Ejercito subteniente Raúl Muñoz Linares.

Otros crímenes de lesa humanidad contra niños en Arauca.

Según denuncia hecha DARÍO TULIBILA miembro del Consejo Regional Indígena de Arauca (CRIA) “los días 27 y 28 de abril de 2003 soldados de una patrulla del Ejército de Colombia ingresaron a los caseríos y comunidades indígenas en Flor Amarillo (Tame) portando brazaletes que decían “AUC” (Autodefensas Unidas de Colombia), sin embargo los supuestos paramilitares fueron identificados por los habitantes como soldados del ejército nacional. Entre los cuales se identifico a: ALFONSO RÍOS MONTERREY, LISANDRO CAMARGO ACEVEDO, DIEGO MUÑOZ USQUIANA y otros entre las filas castrenses”.

En el texto del comunicado se informa que “En la Comunidad Parero fueron asesinados cuatro indígenas y VIOLADAS CUATRO NIÑAS DE 11, 12, 15 Y 16 AÑOS. Señalando que esta última víctima tenia 16 años y ESTABA EMBARAZADA.

Así narro el consejero indígena los hechos: “Sí, ellos agarraron a la niña OMAIRA FERNÁNDEZ DE 16 AÑOS con un cuchillo, la abrieron, SACARON VIVO EL NIÑO (de 6 meses) y después DESPEDAZARON EL FETO y ahí los echaron al río. Le faltaban tres meses para tener el niño, y es triste para nosotros. Las tres otras niñas que fueron violadas, están vivas… bueno, no sabemos si están vivas, porque después de que las soltaron, no sabemos dónde se encuentran.”

El 29 de septiembre de 2004 el soldado JORGE BASTIDAS ALVEAR cuando se hallaba adelantando labores de centinela en la vereda de “Santo Domingo”, (municipio de Tame) se ausentó de su puesto y se fue detrás de tres hermanitos menores de edad, entre ellos una niña quien fue violada por el militar. El Violador condujo a los niños por un camino solitario donde violo a la niña.
El día 7 de Abril de 2010 aproximadamente a las 6 de la mañana cuando un niña de 13 años de edad se dirigía de su casa, en el barrio Flor de Mi Llano, hasta el colegio Gustavo Villa cercano a la sede de la Brigada 18 de Arauca capital, fue violada por dos sujetos, entre ellos el soldado “profesional” DUBERNEY PAVA HENAO, adscrito de la Brigada 18 del Ejercito. La estudiante fue trasladada al hospital San Vicente donde el director Facundo Castillo, informo que: "La menor sufrió muchos golpes que la llevaron a la pérdida de la conciencia y se encuentran en estudios médicos para evaluar su conducta".
La directora del colegio Gustavo Villa, Estela Galíndez, consternada por el hecho explico lo sucedido: "Yo hablé con la niña en el hospital y me contó que ella se había ido a pie para el colegio cuando a pocos metros de las instalaciones de la Brigada 18 fue abordada por un hombre quien de inmediato la agredió y la lanzó hacia la orilla de la carretera, donde fue golpeada brutalmente y abusada por este sujeto que la violó",
Unas pocas naranjitas podridas del costal hediondo de las fuerzas militares?

Según reza el Artículo 217 letra muerta la Constitución política colombiana: “… Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional…”, sin embargo de vieja data la legitimidad de las Fuerzas militares Colombianas y no por razones ajenas a su procederes esta bastante desvirtuada y reclama un cambio radical en sus estructuras organizativas, ideologías y políticas.

Nada hay de cierto en las vociferantes declaraciones de la rancia y alta oficialidad castrense que se reclaman patrióticas y soberanas, afectadas según ellos por deleznables comportamientos individuales de mandos medios y soldados, hechos aislados y extraños a las políticas institucionales y que “empañan” el buen nombre y las loables tareas del ente militar.

De todas las fuerzas militares de los países latinoamericanos formadas bajo el ala putrefacta del águila imperialista norteamericana, amamantadas en las técnicas de la tortura, el asesinato político, el secuestro y desaparición forzada y la combinación de todas las formas de terror estatal de la Escuela de las americas, las colombianas hoy son las únicas que conservan esa férrea formación asesina, antipatriótica, militarista y antidemocrática.

Quien que haya leído o vivido algunos gloriosos capítulos de nuestra historia reciente y mas concretamente de las fuerzas militares y de policía colombianas, no recuerda que por allá en los años 40 de anterior siglo soldados y chulavitas (Léase policías), corrían por campos y veredas de la geografía nacional, violando mujeres y niñ@s, asesinando y descuartizando personas, lanzando los niños recién nacidos por los aires y ensartándolos en la bayonetas?
Que hay de aquel famoso “Estatuto de seguridad” cuando cientos de hombres fueron torturados y mujeres violadas en las caballerizas de la escuela de caballería del Ejercito de la ciudad de Usaquén en Bogota?

Cuanto hace de aquellos funestos días cuando un insigne coronel del Ejército de Colombia, revolver en mano y bajo el lema “Defendiendo la democracia maestro” dirigía sus tanques de guerra y se tomaba a sangre y fuego el Palacio de justicia, incinerando lo más selecto del poder judicial colombiano y posteriormente despareciendo y asesinando a los sobrevivientes, por aquello de que los muertos no hablan.

Más recientemente, encontramos vinculados activamente a centenares de miembros de las fuerzas militares y de policía que van desde Generales, oficiales, suboficiales, soldados y agentes trabajando mancomunadamente, dirigiendo, operando conjuntamente o apoyando logística, militar y económicamente a las bandas de asesinos narcoparamilitares estatales. (No les dice nada las masacres de Mapiripan, Segovia, San José de Apartado, Trujillo entre muchas otras?).

Tampoco están muy lejanos los días en que en las guarniciones militares se recompensaba a los soldados con un “pollo asado” y dos días de permiso por entregar “Bajas en combate”. Apenas hace un año ante la exigencia de resultados por parte del gobierno a las fuerzas militares que dirigiera el entonces ministro de la defensa hoy presidente de la Republica JUAN MANUEL SANTOS, se subastaban y compraban a $500.000, ciudadanos humildes y jóvenes desempleados para luego asesinarlos, disfrazarlos de guerrilleros y presentarlos como muertos en combate para engordar los bolsillos de estos traficantes de la muerte y el dolor que se hacen llamar “héroes” de la patria.

En todos estos crímenes de Estado, de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones al derecho internacional humanitario (DIH), violación a las normas del derecho penal internacional, violaciones a las normas y tratados de los derechos humanos, tienen un alto grado de responsabilidad directa o indirecta por acción u omisión, el Estado colombiano, el gobierno nacional, las fuerzas militares y de policía y como tal en su momento deberán responder ante las instancias penales internacionales.

Pese a las leyes de impunidad promovidas por el gobierno con la complicidad del “honorable” congreso de la Republica que han maniatado la aplicación de una verdadera justicia en el país, la jurisdicción penal internacional establece que estos crímenes NO PRESCRIBEN.

Ante la farsa procesal y punitiva que se aplica hoy en Colombia a los criminales militares y narcoparamilitares, a los políticos y empresarios vinculados con estas bandas asesinas y que han hecho de las cárceles y penas aplicadas verdaderas vacaciones y clubes de recreo, los tribunales internacionales tendrán que sentar en el banquillo de los acusados a todos aquellos que tienen una responsabilidad directa o indirecta como autores intelectuales y/o materiales de estos crímenes.

¡! NO SÉ POR QUÉ PIENSAS TÚ, SOLDADO, QUE TE ODIO YO ¡!

SALUDO A DAVID RABELO

Ginebra Suiza Noviembre 19 de 2010

Compañeros, compañeras, amigos y amigas:
Acto de solidaridad por la libertad de compañero David Ravelo Crespo.



“Lo terrible
lo terrible de verdad
es que te venza el miedo
lo terrible es que no entiendas
que el precio de la libertad
no es nada
al lado de la opresión.”
(Oscar Fuentes)
En mi condición de Vocero Internacional de la Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA” quiero aprovechar este espacio para enviar un abrazo de solidaridad fraternal a nuestro compañero, luchador y dirigente social DAVID RABELO CRESPO, encarcelado de manera injusta por los esbirros del actual régimen oligárquico de Colombia.

El caso de David Ravelo, se constituye en un nuevo atentado a la libertad de expresión, de organización y de lucha democrática en Colombia, por cuenta de todos aquellos intolerables que se empeñan vanamente en acallar la inacallable voz de un pueblo que reclama una paz con justicia social y económica para nuestra atormentada patria colombiana.

La situación de nuestro compañero nos lleva necesariamente a recordar a los miles de mujeres y hombres encarcelados arbitrariamente en las mazmorras de este régimen totalitarista, antipatriótico y antidemocrático colombiano, por cuanta de una justicia instrumentalizada al servicio de la guerra, ciega y sorda con su pueblo pero benévola y complaciente con quienes de verdad son los responsables de las desgracias del pueblo colombiano.

Invito a todos aquellos que se identifiquen con las justeza de la lucha de nuestro pueblo a acompañar de manera permanente, activa y decidida la lucha por la libertad Ravelo y todas y todos los presos políticos Colombianos.

Va mi abrazo calido para David y todos aquellos hombres y mujeres presos políticos, prisioneros de guerra, presos de conciencia, que hoy pagan con su libertad y tranquilidad el precio de luchar al lado de nuestro pueblo por su libertad definitiva.


Fraternalmente.

Rommel Preciado.
Voceria Internacional Bjeum.

DENUNCIA PENAL CONTRA VICEPRESIDENTE

La compleja trama del proceso contra 'Pacho' Santos y José Obdulio Octubre de 2010-10-16


El vicepresidente Francisco Santos (izquierda) y el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria (derecha) están demandados por tres sindicatos colombianos por el delito de calumnia.
JUSTICIA¿Asistir a un seminario de izquierda es apología al terrorismo?, pero ¿qué hacían los nombres de unos sindicatos en una declaración que aprueba todas las formas de lucha? Estos son los argumentos del caso por "calumnia" contra el ex vicepresidente y el ex asesor.
Jueves 14 Octubre 2010
Quien “impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses de prisión”. De esta manera el Código Penal Colombiano describe el delito que se conoce como calumnia. Según la Ley, la sanción que acarrea se puede pagar por fuera de la cárcel por ser una pena menor.

Por la posible comisión de ese delito, el ex vicepresidente Francisco Santos y el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria deberán responder ante la justicia, luego de que esta semana se conoció la noticia de que el Juez 25 Penal de Bogotá, con Funciones de Control de Garantías, aceptó una imputación de cargos formulada por la Fiscalía. A la diligencia no asistieron ni Gaviria ni Santos, sino que enviaron a sus apoderados.
El apoderado de Gaviria arguyó que el ex asesor presidencial no acudió a la diligencia porque “siente algo de temor”, y el apoderado de Santos porque, en criterio del ex vicepresidente, la pretensión de quienes exigen su presencia en la audiencia es “exhibirme ante los medios de comunicación como culpable”.

Los representantes de los sindicatos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali), el Sindicato de Trabajadores de Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (Sintrateléfonos) fueron los que pusieron en aprietos a los ex funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe. ¿La razón? Tanto Santos como Gaviria dieron declaraciones en las que relacionaron estos sindicatos con “el terrorismo”.

El origen del entuerto

La historia comenzó el 9 de julio del 2007, cuando integrantes de los sindicatos colombianos asistieron al XI Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina, en Quito, Ecuador. El seminario es un encuentro de organizaciones de izquierda de todo el mundo, en el cual participan, desde hace 14 años, representantes de partidos comunistas y de movimientos sindicales y populares.

La invitación al seminario, según Jorge Iván Vélez, presidente de Simtraemcali, la recibió por cuenta del Centro de Estudios Sociales, Migración, Arte, Cultura y Desarrollo Popular (CEMAPE). El encuentro se celebró en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Ecuador.

Vélez asistió, junto con el vicepresidente del sindicato, Albert Quintero, entre otras personas. “El objetivo nuestro era aprovechar la presencia de varios sindicatos del mundo para hacer cabildeo, pues estábamos en el proceso de escisión de las empresas municipales de Cali”, dijo Vélez a Semana.com.

Según el sindicalista, el día 11 de julio, es decir, dos días antes de que terminara el seminario, él y Quintero se devolvieron para Colombia.

El 19 de julio del 2007, el entonces vicepresidente, Francisco Santos, hizo una rueda de prensa en la que ante varios medios de comunicación pidió que los delegados de los sindicatos explicaran si habían firmado una declaración en la que apoyaban la lucha armada.

“Que expliquen al país si el apoyo y la firma de un documento de encuentro de organizaciones de izquierda en Quito, Ecuador, que se realizó entre el 9 y el 13 de julio, acto donde estuvieron presentes las FARC y el ELN y donde se apoya la lucha armada, representa el pensamiento de estos sindicatos”, pidió Santos.

En una entrevista con Yamid Amat en CM&, el vicepresidente dijo: “Eso aquí en Colombia no pasa, es una apología del terrorismo”.

La noticia fue titulada en la página de la Presidencia así: “Tres sindicatos firman declaración que apoya el terrorismo en Colombia”.

“Firmar un apoyo a la lucha armada, al terrorismo, le hace mucho daño al sindicalismo democrático de Colombia… Son estos señores -los que firmaron esto- quienes son culpables de poner en riesgo el sindicalismo”, agregó Santos en su denuncia.

El reclamo del entonces vicepresidente se refería una declaración que firmaron las organizaciones participantes en el seminario. La declaración decía:

“Nos apoyamos en todas las formas de lucha que permitan la acumulación de fuerzas para la revolución, que golpeen al enemigo y acerquen el triunfo de nuestros objetivos, entendiendo que sólo el uso de la violencia organizada de las masas permitirá dar los golpes definitivos para derrotar la dominación burguesa - imperialista y conquistar el poder”.

Lea la declaración aquí:

Y, efectivamente, dentro de las organizaciones participantes aparecen los nombres del “Frente Internacional Ejército de Liberación Nacional” y “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP”.

La declaración está publicada en varios blogs de partidos de izquierda como el del Movimiento Popular Democrático y en el del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador. Sin embargo, en algunos no aparecen los nombres de los sindicatos en la lista de participantes.

El entonces presidente Uribe dijo, dos días después: “No puede ser que nos frustren la aprobación del TLC acusándonos de no proteger a los sindicalistas, y que simultáneamente vayan algunos a Quito a firmar una declaración política de apología del terrorismo.”

Lea la declaraciónaquí:

Vélez aseguró que en ningún momento él ni los demás sindicalistas que viajaron con él firmaron ningún documento. “Nosotros, incluso, viajamos antes de que acabara el seminario, como consta en los tiquetes de los vuelos de avión”, dijo.

En una columna de El Tiempo titulada “Todo pecado empieza siendo pensamiento”, José Obdulio Gaviria escribió: “¿Por qué van ciertos colombianos a aquelarres como los de Quito? ¿Será que se les cae un diente y el ratón Miguelito les pone los pasajes debajo de la almohada? ¡No! Van porque pertenecen a la cofradía universal del terrorismo, interactúan con sus colegas del mundo”.

Por expresiones como estas fue que los sindicalistas decidieron emprender acciones legales contra Gaviria y Santos, quienes son investigados por la justicia ordinaria.

Quintero cree que las declaraciones de los dignatarios tenían el propósito de desprestigiar la actividad sindical, en un momento en que las violaciones a los derechos humanos eran tenidas en cuenta por Estados Unidos para no aprobar el TLC.

Vélez, por su parte, considera que las pruebas indican que los funcionarios se equivocaron con sus apreciaciones y “nunca podrán demostrar lo que dijeron”.

El seminario sí expidió el documento en el que aparecieron los nombres de los sindicatos. Sin embargo, Vélez contó a Semana.com que él pidió a los organizadores del encuentro en Quito que retiraran los nombres de los sindicatos porque ellos no habían suscrito ninguna declaración y que tampoco sabían que en el encuentro participarían las FARC ni el ELN. Esta es la razón por la que en algunos blogs no aparecen los nombres de Sintraemcali, Sintraunicol y Sintrateléfonos.

Las amenazas

Tras las denuncias de los funcionarios del Gobierno, los sindicalistas arguyen que recibieron amenazas. En un correo con fecha del 9 de agosto remitido por un grupo denominado “Águilas Negras” a las asociaciones sindicales, dice que “los que fueron a Quito, las juntas directivas de Sintraemcali, Sintrateléfonos y Sintraunicol, Fecode Anthoc y la Uneb y todos los guerrilleros que están apertrechados, son declarados objetivo militar y tienen 30 días para abandonar el país”.

Vea el facsímil del correo aquí.

Según Quintero, “algunos compañeros ya se fueron. Pero nosotros decidimos quedarnos para seguir denunciando las injusticias contra los empleados, y los intentos de privatización”.

“Si ante todo el país dicen que apoyamos la guerrilla, ¿por qué no nos dan la cara? Si argumenta temor, ¡cuánto más nosotros que no tenemos protección del Estado!”, reclamó Vélez.

Por esta razón, el Observatorio Internacional de Abogados decidió acompañar el proceso y recordarle a la comunidad internacional, a través de diversos contactos con embajadas, pero también al Estado colombiano, que tiene la responsabilidad en torno a su seguridad”, según indicó el francés Emmanuel Molina esta semana.

Las aclaraciones del seminario

Una de las inquietudes que surgieron en el momento de la publicación de la declaración del seminario fue por qué las FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL) aparecen en la declaración, al lado de organizaciones legales.

El 24 de julio del 2007, Ciro Guzmán Aldaz, director nacional del Movimiento Popular Democrático (partido de Ecuador), en una comunicación dirigida a los sindicatos aclaró que los nombres de las organizaciones que aparecen en la declaración son de las que presentaron ponencias, y los sindicatos nunca lo hicieron.

Agrega: que "delegados de las FARC y el ELN nunca fueron acreditados al seminario”, sino que las ponencias fueron leídas por ecuatorianos; y que la declaración “no fue suscrita por ninguna organización de Colombia, porque dos de ellas, Sintrateléfonos y Sintraemcali, se retiraron dos días antes” (del encuentro).

Ver documento aquí.

Las respuestas de Santos y Gaviria

Santos dijo al diario El Tiempo que el proceso que lleva la justicia en su contra por calumnia “está lleno de aberraciones”. Mencionó que una de ellas fue el relevo de la fiscal Ángela María Buitrago. "El otro fiscal, sin revisar el proceso, realiza la imputación de cargos", dijo. Y, en su criterio, la fiscal Buitrago "prevaricó", pues primero debió resolver una petición de archivo del caso y luego sí la imputación.

Por su parte, el ex asesor presidencial Gaviria respondió con una columna publicada en el mismo diario cuyo título es “Retractación”, que parece más una ratificación de lo que ya había escrito.

“Meses atrás (julio, 2007), los "comunistas revolucionarios" celebraron, también en Quito, su XIV Congreso. Las FARC fueron vedettes. En la declaración final hubo alto elogio y ofrecimiento de solidaridad con "los insurgentes". Entre las organizaciones adherentes aparecen seis clandestinas y dos sindicatos legales provenientes de Colombia. Sólo se escandalizó y puso grito en el cielo el vicepresidente. Yo, columnista, opiné a favor de su denuncia”, escribe Gaviria, quien después, en tono mordaz, dice que se retracta y que niega lo ocurrido:

“Me aconsejan retractarme de lo dicho porque con ello me zafaré del yugo infamante. ¡Bien! Procedo: digo que los que fueron al Congreso revolucionario no fueron. ¡Ok!, digo que los que adhirieron a la declaración no adhirieron. ¡Sí!, cuando se leyó la ponencia de las Farc, los colombianos presentes se taparon los oídos, y cuando sintieron aplausos, sacaron pitos. ¡Ajá!, nunca en Ecuador hubo reunión alguna de terroristas de las Farc con cómplices, auxiliadores y prosélitos. Niego que, revisadas las páginas web de las organizaciones firmantes de la declaración, una por una, haya una sola mención exaltadora del terrorismo, ni siquiera de las abundantes acciones y crímenes de las Farc (en 'Gayones Unión Proletaria', los tontarrones no han retirado a los sindicatos firmantes del 2007. ¡Pilas!)”.

Por esta columna los demandantes preparan una nueva demanda, pues consideran que la actividad sindical sigue siendo estigmatizada y perseguida. Sin embargo, ahora lo harán ante instancias internacionales.

Estos son los argumentos que la justicia deberá tener en cuenta para resolver el caso y los que se vienen.



XI Seminario Internacional
Concluyó una importante cita internacionalista

publicado el: 18 de julio de 2007

En la ciudad de Quito, del 9 al 13 de julio, se desarrolló el XI Seminario Internacional “Problemas de la Revolución en América Latina”; en esta ocasión se trató el tema: “La izquierda en América Latina: Problemas y Perspectivas”.
En este evento, organizado por nuestro Partido conjuntamente con el MPD, se realizó un importante debate internacionalista, con organizaciones y partidos de izquierda de diez países de América, así: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú, República Dominicana, Venezuela y Ecuador, país anfitrión. Todos presentaron sus ponencias acerca de los avances del pensamiento y accionar de la izquierda en América Latina.
Unificó a todas las organizaciones los anhelos de derrocar al capitalismo, de caminar aceleradamente a la instauración del socialismo científico, como única garantía para establecer una nueva sociedad, más justa, más humana.
Como parte de la agenda se realizaron dos mesas redondas, la una sobre “La lucha de los trabajadores y los pueblos en contra del imperialismo y las oligarquías” y la otra versó sobre “Los medios de comunicación alternativos y los procesos de cambio”.
Durante el proceso de debates se dio a conocer avances de la lucha social en cada uno de los países asistentes, intercambiando experiencias importantes en el combate sostenido contra el imperialismo y las burguesías de cada uno de los países latinoamericanos.
La Unión de Artistas Populares del Ecuador realizó un Recital Poético Musical en homenaje a los delegados internacionales y nacionales, recordando versos y canciones de autores latinoamericanos y especialmente del poeta revolucionario, Rafael Larrea.
Este XI Seminario Internacional culminó con éxito, aprobando la Declaración Final -ver página 6- y Acuerdos particulares que citamos a continuación:
Declaración Final
Hace seis años -octubre de 2001- caían los primeros misiles sobre Kabul que marcaban el inicio de una nueva guerra desatada por el imperialismo norteamericano en contra de los pueblos del mundo, esta vez a pretexto de “combatir al terrorismo internacional”. Luego llegó el turno de Iraq, y la amenaza se extendió a Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba. Lo que el imperialismo pensaba sería un paseo por Medio Oriente, se convirtió en pesadilla; el ejército de ocupación se encuentra empantanado y golpeado por la resistencia iraquí que cuenta con la solidaridad y el aliento de los pueblos del mundo.
La maquinaria militar estadounidense despertó un movimiento popular en todo el planeta, que al tiempo de condenar el intervencionismo militar y levantar la solidaridad con los pueblos agredidos, dejó en claro que la reanimación del movimiento de masas cubría los cinco continentes y cuestionaba también las estructuras mismas del sistema imperante.
La crisis del imperialismo es enorme y se expresa en las dificultades para la recuperación de su economía; en los problemas que tiene para ejercer el control y dominio a los pueblos y países dependientes y en las enconadas pugnas y disputas interimperialistas por el control de los mercados, de los recursos naturales estratégicos y por un nuevo reparto del mundo. Los Estados Unidos cumplen el papel de gendarme del planeta, es verdad, pero no es menos cierto que existen otros países y bloques imperialistas que pugnan por avanzar en posiciones, abrir mercados para sus capitales y ampliar sus zonas de influencia, aunque en determinados momentos coincidan o se vean forzados a marchar tras los planes político-militares del imperialismo estadounidense.
La crisis del sistema capitalista-imperialista es incuestionable y la lucha de los trabajadores y los pueblos en contra de sus efectos nocivos está presente en todas las latitudes. Particularmente en América Latina, apoyándose en las más diversas formas de lucha, los pueblos han enfrentado, y en algunas ocasiones derrotado, a las políticas de ajuste y a los planes regionales del imperialismo estadounidense, como la intención de anclar nuestras economías a la estadounidense a través de Tratados de Libre Comercio o del fracasado ALCA. La política neoliberal ha sido arrinconada con la acción de las masas en ciudades y campos; las burguesías proimperialistas nativas han sufrido duros reveses y golpes políticos, que le han significado la pérdida de espacios.
En esta región se está produciendo un cambio en la correlación de fuerzas entre las clases sociales y sus fuerzas políticas, y su principal elemento tiene que ver con el desarrollo y ampliación de una corriente democrática, progresista y de izquierda, caracterizada por su amplitud y diversidad, dentro de la cual la izquierda revolucionaria tiene presencia y representa una opción. Esta corriente se ha ido configurando en medio de los combates de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos originarios, de los pobladores de barrios y zonas rurales, de hombres y mujeres de las clases trabajadoras, levantados en contra de la explotación y en pro del cambio social. Se manifiesta en los cortes de rutas, en los paros regionales y nacionales, en las tomas de tierras, en las movilizaciones por la salida de transnacionales que explotan nuestros recursos y por la expulsión de las tropas norteamericanas de las bases instaladas en varios puntos del continente; en el enfrentamiento al terrorismo de Estado y sus represivas leyes “antiterroristas”, en las reivindicaciones de carácter nacional formuladas por los pueblos indígenas, en el enfrentamiento a los planes militares del gobierno de George Bush y sus aliados, y de muchas formas más. A su vez, ha sido la base para el triunfo electoral y el sostenimiento de gobiernos progresistas y democráticos como el de Hugo Chávez, en Venezuela, Evo Morales, en Bolivia, y, Rafael Correa en Ecuador.
La perspectiva y certeza del cambio social se afirma en la conciencia de los trabajadores y los pueblos, animándolos a la acción política y a continuar sus combates. Esta nueva realidad genera mejores condiciones para la acción de las organizaciones y partidos de izquierda revolucionaria, para acercar a las masas a la lucha por la revolución y el socialismo. De hecho, en este nuevo escenario también actúan fuerzas y organizaciones con planteamientos que, aparentando radicalidad o interés de subvertir el orden burgués, no dejan de ser funcionales al sistema capitalista, pues, no van más allá de la búsqueda de espacios para compartir el poder con una u otra facción burguesa o la sola ampliación de la democracia.
El objetivo estratégico de los partidos y organizaciones de izquierda revolucionaria no es atenuar el sufrimiento de los trabajadores y menos recomponer el sistema capitalista; luchamos para poner fin a la explotación asalariada, propósito alcanzable a condición de tomar el poder, destruir el viejo estado capitalista y construir la sociedad de los trabajadores: el socialismo. No hay otra alternativa para resolver los grandes problemas de la humanidad.
Por supuesto, ello es posible si nuestras organizaciones y partidos actúan ajustados a posiciones y principios revolucionarios, manteniendo consecuencia con nuestro programa y políticas revolucionarias; si logramos alcanzar y mantener hegemonía en el movimiento de masas, imprimiendo un contenido estratégico revolucionario a su acción y lucha.
Luchamos por la revolución y el socialismo; destacamos que por su contenido la revolución tiene una connotación mundial, mas, por su forma tiene implicaciones nacionales. Actuamos en condiciones particulares en cada uno de nuestros países, por lo que debemos dar respuesta -con propuestas y acciones- a los problemas que en ellos se presentan. Nos apoyamos en todas las formas de lucha que permitan la acumulación de fuerzas para la revolución, que golpeen al enemigo y acerquen el triunfo de nuestros objetivos, entendiendo que solo el uso de la violencia organizada de las masas permitirá dar los golpes definitivos para derrotar la dominación burguesa - imperialista y conquistar el poder.
Es evidente que durante los últimos años se han producido significativos cambios en el mundo y en el mismo sistema capitalista-imperialista, sin embargo, éstos no han eliminado el papel histórico que le corresponde cumplir a la clase obrera como la fuerza fundamental y dirigente del proceso revolucionario, que conducida y dirigida por su instrumento político, el partido revolucionario del proletariado, actúa por atraer al resto de clases trabajadoras, a los campesinos, a la lucha por la conquista del poder.
Trascendente es el papel jugado en estos años por la juventud, su masiva y combativa incorporación a las luchas populares, su disposición a levantar las banderas de la transformación social, por eso las organizaciones políticas tenemos la obligación de trabajar con ella para su desarrollo ideológico-político, para el fortalecimiento de sus organizaciones de masas y políticas y la promoción de cuadros desde sus filas. En ella está la reserva de la revolución, a futuro; hoy son un fuerza de primera importancia.
En el campo de la acción revolucionaria y de la lucha democrática y progresista actuamos diversas organizaciones con propuestas políticas y programáticas coincidentes en muchos aspectos; asumimos la necesidad de trabajar por la unidad de acción para fortalecer la lucha de masas y golpear más fuerte a los enemigos de la revolución.
Este llamado responde a una política de principios y lo invocamos también en el plano internacional. Las circunstancias por las que atraviesa el mundo, el desarrollo del movimiento popular y de las organizaciones políticas progresistas, de izquierda, revolucionarias y marxista leninistas exigen de nosotros una acción internacionalista más activa. En cada uno de nuestros países trabajamos por configurar un movimiento revolucionario de masas que alimente un similar movimiento en el plano internacional que enarbole las banderas del antiimperialismo y el anticapitalismo. Ratificamos la necesidad de trabajar por dar forma a un Frente Antiimperialista Mundial que se exprese -y de hecho así está ocurriendo ya- en la acción, en la movilización de los trabajadores y los pueblos.
Desde esta tribuna internacionalista, las organizaciones participantes en este Seminario, expresamos nuestra solidaridad con todos los pueblos del mundo que luchan por conquistar su liberación social y nacional y por sus reivindicaciones particulares y sus derechos políticos; con los procesos democráticos que se desenvuelven en Venezuela, Bolivia y Ecuador; con la lucha de los movimientos insurgentes en Colombia, Filipinas, Nepal; con los migrantes que luchan por sus derechos en las entrañas del monstruo imperialista; con los revolucionarios y dirigentes populares encarcelados, para quienes exigimos su libertad; resaltamos la resistencia del pueblo cubano al bloqueo estadounidense y su acción por defender su revolución; estamos con la resistencia que levanta el pueblo iraquí por expulsar a los invasores de su territorio y con el heroico combate del pueblo palestino en contra del sionismo israelí.
Tenemos el compromiso con los trabajadores y los pueblos de perseverar en la lucha; tenemos la confianza de salir victoriosos en esta batalla, porque poseemos la razón histórica y contamos con la fuerza de los pueblos.
Quito, 13 de julio 2007
Partido Comunista Revolucionario (Argentina)
Partido Comunista Revolucionario (Brasil)
Movimiento Constituyente Popular (Colombia)
Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista)
Partido Comunista de Colombia - Maoista (PCC-M)
Poder y Unidad Popular (Colombia - Seccional Nariño)
Ejército Popular de Liberación (Colombia)
Frente Internacional Ejército de Liberación Nacional (Colombia)
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Chile)
Grupo Ray O’light (Estados Unidos)
Frente Popular Revolucionario (México)
Partido Comunista de México (marxista leninista)
Frente Democrático Popular del Perú
Partido Proletario del Perú
Partido Comunista Peruano Marxista Leninista
Movimiento de Izquierda Revolucionario (Perú)
Partido Comunista del Perú Patria Roja
Partido Comunista del Trabajo (República Dominicana)
Movimiento Independencia Unidad y Cambio (República Dominicana)
Gayones Voz Proletaria (Venezuela)
Utopía (Venezuela)
Plataforma Socialista (Venezuela)
Movimiento Popular Democrático (Ecuador)
Juventud Revolucionaria del Ecuador
Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador
Confederación de Mujeres por el Cambio (Ecuador)
Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
Unión General de Trabajadores del Ecuador
Frente Popular (Ecuador)
Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Ecuador)
NOTA ACLARATORIA
A nombre de las organizaciones responsables del XI Seminario Internacional, debemos indicar que la lista adjunta recoge los nombres de las organizaciones, partidos y movimientos que han participado en el citado evento, a través de la presentación de ponencias, acreditación de delegados o envío de mensajes y no expresa específicamente la suscripción, firma o aceptación de la Declaración Final, por obvias razones. Por ejemplo, el Movimiento Constituyente Popular, no suscribió la Declaración, al igual que el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Las FARC o el ELN, organizaciones insurgentes de Colombia, enviaron una ponencia respectivamente, que fue leída en la Sesión correspondiente, pero ningún delegado ha tenido participación alguna, ni por interpuesta persona.
Esta aclaración la hacemos en atención a los señalamientos del gobierno colombiano que para distraer la atención sobre las graves denuncias realizadas en su contra en el país del Norte, se vale de la reunión de este evento latinomericano para escandalizar, perseguir a los sindicalistas de su país y tratar de armar un incidente con el gobierno ecuatoriano.
La unidad de la izquierda latinoamericana, sin duda, romperá con estas provocaciones, consciente de que su avance es indetenible en la lucha por un nuevo porvenir para los pueblos de América.
Fraternalmente.
OSWALDO PALACIOS J.
Vocero Nacional del PCMLE.
Acuerdos y resoluciones
Acuerdo de Solidaridad y Apoyo a la lucha del pueblo de Iraq y los de Medio Oriente en contra del imperialismo yanqui y del sionismo israelí.
Acuerdo en Solidaridad y Exigencia de Libertad para los presos políticos revolucionarios y los prisioneros de guerra del imperialismo.
Solidaridad y Libertad para los Cinco patriotas detenidos en la >Florida EE UU por luchar en contra de las acciones terroristas anticubanas.
Exigencia de deportación a Venezuela del terrorista y agente de la CIA, Luis Posada Carriles.
Condena a las acciones conspirativas de los grandes medios de desinformación de Venezuela con respecto al cierre de la frecuencia del canal RCTV, por parte del gobierno de Chávez.
Acuerdo para la organización de actos de celebración del 90 aniversario de la Revolución Socialista de Octubre en Rusia,
Condena y exigencia de extradición al >Perú y sanciones para el ex dictador y genocida Alberto Fujimori.
Acuerdo para la organización de actos de conmemoración por los 40 años de la caída en combate del Comandante Che Guevara y sus compañeros.
Conmemoraciones para febrero por el 160 Aniversario del aparecimiento del Manifiesto Comunista.
PALABRAS DEL PRESIDENTE URIBE DURANTE CONSEJO COMUNAL EN BOGOTÁ
Bogotá, 21 jul (SNE). Las siguientes son las palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez al iniciar este sábado el consejo comunal de Gobierno, en la Universidad Militar en Bogotá, con asistencia de reservistas de las Fuerzas Militares y la Policía.
“Tenemos hoy el inmenso agrado de reunirnos en Consejo Comunitario con las organizaciones que representan a colombianos en uso de buen retiro de la Fuerza Pública.
Para mis compañeros de Gobierno, los Altos Mandos, el Ministro de Defensa y para mí, es una oportunidad de emoción de Patria podernos reunir con quienes han servido bien a Colombia, lealmente. Ellos quieren a Colombia todos los días y mantienen, en la llama del retiro, todo ese fervor por la carrera militar y policiva, en la que tanto contribuyeron con el bienestar de sus compatriotas.
CONDOLENCIA
En la mañana de hoy en Madrid murió Don Jesús Polanco, el presidente del grupo Prisa, el mayor accionista de Caracol Radio en Colombia y promotor de la Fundación Santillana, que desde hace 20 años dirige en nuestro país el señor ex presidente de la República, el doctor Belisario Betancur.
Desde este Consejo Comunitario, queremos enviar nuestro saludo de condolencia al ex presidente Belisario Betancur, a los integrantes de la Fundación Santillana, a todas las personas que dirigen o de una u otra forma están vinculadas a Caracol Radio.
Queremos hacer llegar nuestro saludo de condolencia al periódico El País, de Madrid, y muy especialmente a toda la familia de Don Jesús Polanco.
Quiso a Colombia, se vinculó a ella hace muchos años, era ejemplo de confianza en Colombia, de esa confianza en Colombia que venimos reclamando de propios y extraños. Los colombianos lo recordamos con gratitud y pedimos a Dios por su eterno descanso.
PLAN COLOMBIA
Compatriotas en uso de buen retiro de la Fuerza Pública: permítanme reiterar toda mi gratitud a ustedes, porque sirvieron bien cuando tenían el uniforme militar o policivo y portaban las Armas de la República, y han procedido con patriotismo en sus años de retiro.
Antes de escuchar al Ministro de Defensa y empezar a mirar los temas planteados para hoy, permítanme referir dos temas: expresé ayer que ahora que se negocia la nueva versión del Plan Colombia con los Estados Unidos, es importante disminuir los recursos de fumigación y aumentar recursos para la erradicación manual.
¿Por qué lo he dicho? Porque todos estos años nos han demostrado que si bien la fumigación es necesaria en algunas circunstancias, en algunas áreas, en los últimos tres años nuestra experiencia ha acreditado que es mucho más efectiva la erradicación manual.
Con la fumigación hemos observado que es más fácil recuperar las plantaciones. Con la erradicación manual no.
Con la fumigación es más posible que se comentan errores sobre cultivos lícitos. Con la erradicación manual no.
Cuando la fumigación comete errores, en lugar de conseguir la adhesión de los colombianos a la erradicación de la droga, provoca reclamos y provoca reacciones en contra de la erradicación de la droga. Hemos observado que la erradicación manual compromete mucho más de lleno a todas las comunidades para eliminar la droga.
Hay casos en los cuales es inevitable la fumigación. En un área con una considerable extensión, con un cultivo parejo de droga ilícita, hay que fumigar. En áreas donde plantan las minas antipersona, como nos ocurrió el año pasado en el parque La Macarena.
El 20 de enero del año pasado, fue testigo el doctor Juan Manuel Santos, cuando todavía no era Ministro de Defensa. Él nos acompañó a La Macarena. Empezamos el proceso de erradicación manual en el parque La Macarena, pero se sufrió mucho con las minas antipersona, con unas bombas plantadas allí bajo tierra, que uno no se alcanza a imaginar a qué horas lo hicieron o cómo lo hicieron.
Entre integrantes de la Fuerza Pública y compatriotas erradicadores, fueron asesinados más de 30. Eso nos obligó a culminar la eliminación de la droga en el parque La Macarena con fumigación.
La erradicación manual la hemos venido experimentando, especialmente en los últimos tres años. Colombia lo hacía marginalmente. Este Gobierno empezó a hacerlo masivamente.
En el año 2005, erradicamos manualmente 31.200 hectáreas, hectáreas más, hectáreas menos, con gran éxito.
El año pasado, sumada la erradicación de coca y la de amapola, erradicamos manualmente alrededor de 43 mil hectáreas, hectáreas más, hectáreas menos.
La meta este año es inicialmente erradicar manualmente 50 mil hectáreas. Y con un compromiso que ha contraído el Ministerio de Defensa, erradicar 20 mil. Tendríamos que erradicar en el año 70 mil.
Una tarea grande, sobre todo porque estamos a 21 de julio y en la erradicación manual debemos ir en 24 mil. Si vamos a llegar a 74 mil, hay que apretar las espuelas, apreciados compatriotas, pero con la ayuda de Dios lo logramos.
Cincuenta mil es el presupuesto asignado al trabajo que conjuntamente realizan Acción Social de la Presidencia y la Policía. Y me parece muy bien la decisión del Ministro y de los Altos Comandantes: que la Fuerza Pública autónomamente avance en la erradicación manual. Y se han fijado 20 mil hectáreas.
Esta semana tuve una experiencia grata en el Putumayo: primero, estamos avanzando mucho en política social allí. Imaginen ustedes que ya tenemos 20 mil Familias en Acción en el Putumayo.
Inicialmente teníamos 5.500 Familias Guardabosques y ahora otras 5.000.
Vamos para plena cobertura en Régimen Subsidiado de Salud, un gran avance del Sena, un gran avance de Bienestar Familiar.
Este Gobierno terminó una carretera, que dejaron muy adelantada los anteriores gobiernos: Pitalito – Mocoa.
¿Y qué hemos hecho nuevo? Hemos pavimentado Mocoa – Villagarzón. Está ya totalmente pavimentado ese trayecto. Estamos pavimentando y va muy adelantada la carretera entre Puerto Asís y Puerto Caicedo. Yo la revisé esta semana.
Y en el mes de noviembre, con la ayuda de Dios, abrimos la licitación (ya tenemos los recursos, porque Estados Unidos nos va a aportar la mitad) para pavimentar Villagarzón – Puerto Caicedo.
Así nos quedaría totalmente pavimentado Mocoa – Puerto Asís. Un logro extraordinario.
Todavía no me he querido comprometer porque no tenemos los recursos, pero la siguiente necesidad (ojalá este Gobierno la pueda empezar) es pavimentar Santana – La Hormiga – Puente Internacional de San Miguel. Porque eso permite que el tráfico comercial Colombia–Ecuador se realice por allí.
Prácticamente del Puente de San Miguel a Girardot no hay loma. Una pequeña loma, creo que no significante, señores generales, en el trayecto Mocoa – Pitalito. No significativa.
O sea que pensar el país que está cerca y hacer ese recorrido por carretera plana entre la frontera con Ecuador, en el Puente Internacional de San Miguel, y Girardot, y por supuesto para llegar hasta el Caribe colombiano, y que solamente quedaría la loma para subir de Girardot a Bogotá, donde le estamos construyendo la doble calzada, es un gran progreso.
Alguien me decía esta semana en el Putumayo (y antes de contarlo quiero rendir desde aquí un homenaje al Ejército acantonado en el Putumayo y a la Policía, porque no encontré sino buenos informes, y los encontré con toda la capacidad de combate), les dije: “Ustedes tienen la capacidad para entregarle al país esos bandidos grandes dentro de poco”.
Me decían: “Mire, Presidente, ha venido usted tantas veces al Putumayo que ya perdimos la cuenta. ¿Quién iba a pensar que el 18 de julio de 2007, el Presidente de la República pudiera estar en Puerto Caicedo? ¿Ustedes recuerdan qué era eso hace cuatro años?”.
¿Cuál fue mi respuesta? Les dije: “Miren, lo más importante es la actitud que encuentro en el Putumayo”. La gente muy optimista. Veo a la ciudadanía muy comprometida con la Fuerza Pública. Muy comprometida con el rescate de la seguridad. Eso es muy importante. Ese es el gran intangible. La actitud ciudadana: pasar de un escepticismo (donde no se creía en las instituciones, se tenía todo el temor a los delincuentes, no se atrevían a entregarle confianza a la Fuerza Pública), a la actitud de hoy: confianza, integración con la Fuerza Pública, optimismo de que vamos a derrotar a esos delincuentes.
Y encontré que allí este año se han erradicado manualmente 9.000 hectáreas.
Pero otra parte, por el Guamués, se está fumigando. Pero manualmente se han erradicado 9.000 hectáreas.
Nadie protesta por la erradicación manual. Todo el mundo contento. Incluso en esa zona de frontera ya se están acostumbrando a que no puede haber más droga. Allí se fumigaba y reaparecía la droga. Ahora ya se ven potreros por todas partes. Y eso es importante que lo esté verificando la Fuerza Pública.
Me parece que está haciendo un gran esfuerzo en erradicación manual la Policía con Acción Social, y empezando un gran esfuerzo el Ejército.
Vi algo importante. Lo estoy explicando hoy porque ese discurso de ayer era muy largo y no me atrevía a introducirle todos estos detalles, porque habría sido mucho más largo. Esta semana vi algo bien importante allá del Ejército: están trabajando la coca ya arbustiva.
La coca ya con unos tallos viejos, gruesos y leñosos, la están trabajando con guadaña. Entonces adelante va el personal del Ejército con guadaña, y enseguida la toconea.
¿Qué es el toconeo en la agricultura? Yo lo he manejado en la agricultura con unas malezas arbustivas, especialmente la salvia y el salvión. Uno la corta antes con la rula, ahora con la guadaña. Y donde queda la herida, le pone un poquito de matamalezas, que puede ser tordón. Y no hay volatilidad del veneno, y produce un fenómeno de trasloque. Baja por el tallo y va a la raíz y mata la mata, desde que sean casi simultáneas la cortada y la untura, para que la untura encuentre fresco el corte y no haya tenido tiempo de cicatrizar. Mientras esté fresco el corte, que absorbe por esa humedad de la cortada recién efectuada, se absorbe el tordón y se produce ese fenómeno de trasloque.
Y eso está dando muy buenos resultados.
Entonces por eso creemos que hay que hacer un gran esfuerzo en este tema de erradicación manual. El Ministro y la señora embajadora Carolina Barco, en el proceso de conversación con el Gobierno de Estados Unidos y su Congreso para la nueva orientación del Plan Colombia, van a pedir esto.
Porque debo decir lo siguiente: estos tres años de gran avance en erradicación manual, eso se ha financiado básicamente con presupuesto colombiano. Hasta donde conozco, la erradicación manual (y me corregirá el Ministro) no fue incluida inicialmente en el Plan Colombia.
Aquí me confirman el Ministro y el General Naranjo que eso no fue incluido, que hubo incluso oposición. Eso se vino a incluir masivamente en el año 2005 por este Gobierno, con los resultados que ya les dije en 2005 y 2006, y con lo que se proyecta para este año.
El otro punto que se le va a pedir al Gobierno de Estados Unidos es que se incluya en el Plan Colombia el programa de Familias Guardabosques. No fue incluido. Es un programa de este Gobierno. Ha dado muy buenos resultados.
Tenemos 50 mil Familias Guardabosques. Son familias que estaban vinculadas a la droga. Se ha hecho el acuerdo con esas familias: que se desvinculen de la droga, que mantengan unas áreas libres de droga y que supervisen la recuperación del bosque. El Gobierno les paga un dinero, pero los pagos se condicionan a que muestren que han cumplido con mantener el área libre de droga. Y quien tiene que certificar que están cumpliendo es Naciones Unidas. Y Naciones Unidas ha hecho un gran balance del programa Familias Guardabosques en Colombia.
Vamos a pedir que podamos utilizar recursos del Plan Colombia para Familias Guardabosques. Hasta hoy no lo hemos podido hacer. Familias Guardabosques ha sido financiado básicamente con recursos del presupuesto de Colombia.
Eso sí, vamos a hacer una cosa: en esos municipios donde está llegando masivamente Familias en Acción (porque el país va a tener ahora en agosto millón y medio de Familias en Acción, eso es un gran logro social), vamos a pedir que las Familias en Acción se encarguen de hacer un gran esfuerzo, una gran pedagogía, de hacer un gran requerimiento para que en esos municipios no haya droga.
Y municipios donde haya droga, pues tendremos que suspender Familias en Acción, hasta que se supere la droga en esos municipios.
Celebro que vinculemos más Fuerza Pública a la eliminación de la droga a través de la erradicación, y que vinculemos programas sociales como Familias en Acción a la eliminación de la droga.
La verdad es que para terminar con los grupos terroristas en Colombia, lo primero que hay que hacer es terminarles con la fuente de financiación, que es la droga.
Y si nosotros no nos aplicamos, con toda la determinación y la eficacia, a terminarles con la fuente de financiación, pues nuestros esfuerzos para acabar con esos grupos seguirán siendo esfuerzos muy grandes, que en algunas ocasiones no producen los resultados esperados.
Confío que si cumplimos en este 2007 con 70 mil hectáreas de erradicación manual y nos preparamos para que el año entrante sean más de 100 mil, el país tiene que mostrar unas cifras contundentes en la eliminación de droga.
Y confío que al advertirles a millón y medio de Familias en Acción en Colombia que recibirán sus pagos para la educación y la nutrición de sus hijos, para lo cual el Estado a través del programa les da un subsidio, siempre y cuando en su región, en su municipio, en su área, no haya droga, confío que esto nos va a ayudar mucho a quitar esa droga, que es el alimento del terrorismo y el factor de destrucción de la selva.
Uno encuentra muchas razones para Familias Guardabosques. Una de ellas es la razón ambiental: Colombia tiene todavía el 51 por ciento del territorio en selva. Algo muy importante. Ese es un pulmón de la humanidad. El peor negocio para la humanidad y para el país es destruir la selva. En nuestra última Ley Forestal se define que Colombia no podrá sustituir por nada un milímetro cuadrado de selva, que se impide cambiarle el uso a la selva.
¿Quién es el gran enemigo de la selva? La droga. Putumayo hace 20 años era una selva pareja y espesa. Hoy es una combinación entre bolitas de monte y apertura, entre fogoncitos de monte y potrero. ¿Por qué? Por la droga.
La necesidad de preservar la selva en esta época del calentamiento global, nos ilustra sobre lo adecuado, sobre lo correcto del programa Familias Guardabosques, que queremos incluir en el Plan Colombia.
COLOMBIA HA SUPERADO EL PARAMILITARISMO
Ayer dije, apreciados compatriotas, al instalar el Congreso, que Colombia ha desmontado el paramilitarismo y ha debilitado la guerrilla. Hay paramilitares desmovilizados, paramilitares en la cárcel, más o menos unos tres mil han reincidido, y hay una minoría que no quiso someterse a la ley.
¿Por qué digo que no hay paramilitarismo? Porque el paramilitarismo surge de dos hechos. La palabra se adopta para llamar así a organizaciones delictivas dedicadas a combatir la guerrilla. Hoy no hay organizaciones delictivas para el combate de la guerrilla. Hoy solamente la Fuerza Pública combate a la guerrilla.
Y se hablaba de paramilitarismo porque había elementos, individuos aislados de la Fuerza Pública, nunca la institución, individuos aislados de la Fuerza Pública en colusión con grupos privados armados ilegales para combatir la guerrilla. Eso está superado.
¿Qué ha ocurrido con los paramilitares que no se quisieron someter a la ley, y qué ha ocurrido con aquellos que son reincidentes? Ellos no están combatiendo la guerrilla. Están dedicados al narcotráfico y perseguidos severamente por la Fuerza Pública.
Por la circunstancia de que hoy en Colombia se ha recuperado aquello que nunca debimos perder: el principio de que es la Fuerza Pública la única que puede perseguir a los delincuentes, combatir a los delincuentes…
Por la circunstancia de que hoy hay guerrilla y grupos criminales que extorsionan, secuestran, negocian con droga, pero no hay grupos de justicia privada combatiendo la guerrilla…
Por la circunstancia de que el profesionalismo, la transparencia de nuestra Fuerza Pública, todos los días es mayor…
Por la circunstancia de que en el país (y lo recorro con todo entusiasmo) no se escuchan ya sindicaciones a un elemento o a otro de la Fuerza Pública de estar en colusión delictiva con grupos de criminales, cómo se les acusaba: que fulano de tal de la Fuerza Pública es omisivo frente a tal paramilitar…
Por la circunstancia de la superación de estos fenómenos, le dije ayer al Congreso de la República: ¡Colombia ha superado el paramilitarismo!
Y hay que repetirlo, señores Comandantes, señores Ministros, en todas partes.
Cuando llegue esta noche a la ciudad de Nueva York y empiecen las reuniones allá y mañana en Nueva Jersey y en Nueva York, en las celebraciones del 20 de Julio con los compatriotas, vamos a repetirlo, y a repetirlo en todas partes.
Porque ese es un esfuerzo muy grande de Colombia. ¿En qué parte del país hay hoy organizaciones privadas combatiendo la guerrilla, organizaciones privadas ilegales? En ninguna parte. Díganme una parte.
Otra cosa es que muchas veces se asocian guerrilla y puros narcotraficantes o compiten por el botín de la droga.
Pero el país de hace cinco años, donde los colombianos estábamos sometidos a guerrilla y/o mal llamados paramilitares, es un país bastante diferente al del hoy, donde se ha avanzado mucho en la recuperación de la legalidad, de la institucionalidad.
DECLARACIÓN EN QUITO
No quiero referirme en extenso a la declaración de apoyo a terroristas que en Quito firmaron organizaciones políticas latinoamericanas y algunas organizaciones sindicales de Colombia.
A mí me parece que es grave que se haga una reunión política y se produzca una declaración para apoyar el terrorismo. ¿Entonces cuál es la realidad del espíritu democrático? Democracia de fachada y terrorismo de verdad. Democracia de discurso y terrorismo de acción.
Eso además de ser una afrenta a la democracia, a nuestro país, es una hipocresía, es una farsa.
Y ojo, ojo. Porque eso fue lo que en Colombia lograron las guerrillas y eso fue lo que desató esa atroz persecución contra líderes sindicales.
Era yo estudiante de la universidad pública y las guerrillas combinaron las diferentes formas de lucha. Asesinaban y penetraban el movimiento obrero, secuestraban y penetraban sectores de la política. Decían: no, es que es válido combinar todas las formas de lucha.
Y por un Estado omisivo, que no le prestó la atención necesaria a combatirlos a tiempo, la reacción fue la reacción paramilitar. Surgieron los paramilitares, se igualaron en atrocidad a las guerrillas y el país vio eso que hemos sufrido: paramilitares asesinaban a líderes sindicales acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla. Y la guerrilla asesinaba a líderes sindicales acusándolos de ser colaboradores del paramilitarismo.
Esta semana cuando el Vicepresidente de la República, en buena hora y con gran valor, ha enfrentado esa declaración de Quito, pasó por mí mente ese triste recuerdo de la historia no lejana del país. Porque se nos acusa en sectores de la comunidad internacional de que no hay protección a los líderes sindicales y de que hay impunidad. Justamente el Gobierno que ha empezado a protegerlos. Aquí asesinaban 256 al año. Este año han asesinado a seis afiliados a las organizaciones sindicales y a doce maestros en todo el país. Quisiéramos que no fuera un solo caso, pero estamos en esa lucha.
Asesinaron A un líder sindicar del Inpec. La justicia ha dicho que no tenía relación con la actividad sindical.
El 3 de mayo hubo un enfrenamiento del Ejército con las Farc en Sucre. Una de las personas dadas de baja, que llevaba un fusil, resultó ser afiliado a una organización sindical.
Cuidado. Así como no se puede estar en la política y en el paramilitarismo o en la guerrilla, tampoco se puede estar en el sindicalismo y en la guerrilla o en el paramilitarismo al mismo tiempo.
O estamos en lo lícito o estamos en lo ilícito. Pero no puede ser que aparezcan como afiliados a organizaciones sindicales, y simultáneamente estén en grupos armados al margen de la ley.
El tercero fue un sindicalista en la ciudad de Valledupar. Los asesinos están a buen recaudo de la justicia y han confesado. Todo indica, por la confesión de ellos (y esto no son hipótesis del Gobierno, son informaciones de la Fiscalía), que el asesinato fue por razones diferentes al ejercicio sindical.
El quinto caso es el de un sindicalista de la Dirección de Transportes y Tránsito de Zarzal, Valle. Hasta ahora la justicia ha dicho que no tiene relación con la actividad sindical.
El sexto caso lo desconozco. Me voy a informar en el día de hoy. Fui someramente informado por la Vicepresidencia de la República antes de anoche, para poder preparar las palabras que dirigí ayer en la instalación del Congreso.
En el caso de los profesores, eso se ha dado básicamente en la ruralidad colombiana. Hay unos en el Cauca asesinados por las Farc. Y tenemos un agravante: es el enfrentamiento entre las Farc y el Eln.
Las Farc en Arauca asesinan a un profesor acusándolo de ser colaborador del Eln y viene la venganza: el Eln asesina a otro acusándolo de ser colaborador de las Farc.
Pero sea lo que fuere, la decisión del Gobierno ha sido protegerlos, en una nación que tiene que eliminar el asesinato. Y lo hemos hecho desde el primer día de gobierno, apreciados compatriotas. No hemos llegado a cero, pero las cifras indican que nuestros esfuerzos no han sido esfuerzos estériles.
A mí lo que me parece preocupante es que mientras el Gobierno hace estos esfuerzos para proteger a los sindicatos, haya algunos sindicatos, excepciones por cierto, que firmen en Quito una declaración política de apoyo a los terroristas.
Eso es lo que no tiene sentido. Qué tal que mientras un sector del Congreso de los Estados Unidos, desinformado, desconociendo que este es el Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo y que ha protegido eficazmente a los sindicatos, dice que todavía no pueden considerar la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Colombia porque aquí se asesina a sindicatos, qué tal que mientras eso ocurre en Washington, en Quito haya sindicatos firmando una declaración política en favor del terrorismo. Eso no puede ser.
Y lo digo con la autoridad moral de que hoy hay seis mil personas individualmente protegidas en Colombia. De ellas, 1.500 son líderes sindicales. Eso nos cuesta 76 mil millones este año.
Lo digo con la autoridad moral de que este Gobierno no ha necesitado presión internacional para proteger a los sindicalistas.
Antes de ser yo elegido Presidente, en el punto 27 de los 100 puntos del Manifiesto Democrático, plataforma política de mi campaña de 2002, escribí a los colombianos que de ser elegido, nuestra política de seguridad sería democrática, que protegería por igual a los empresarios contra el secuestro y a los sindicalistas contra el asesinato. Y ahí está escrito en el punto 27 del Manifiesto Democrático, anterior a mí elección en 2002.
Hago este reclamo con esa autoridad moral. Hago este reclamo con la autoridad moral de que desde que empezó este Gobierno, el Vicepresidente de la República, la Ministra de Defensa del inicio del Gobierno, los Ministros de Defensa y el mismo Presidente, cada vez que ha habido el asesinato de un sindicalista, hemos tomado eso como una afrenta en contra del honor de nuestro Gobierno, hemos ofrecido recompensa, hemos movilizado el interés de la Fuerza Pública para poder capturar a los sicarios, para que se esclarezca la autoría intelectual.
No ha habido un día de Gobierno en el cual no hayamos prestado toda la atención a la protección de los sindicalistas y a la superación de la impunidad.
Introdujimos el Sistema Penal Acusatorio. Reformamos los Códigos. Solamente el año pasado nos costó 70 millones de dólares adicionales para la Fiscalía el apoyo al Sistema Penal Acusatorio. Acabamos de aprobar otra ley contra la impunidad, que debe ayudarle mucho a la Policía: la 1142. Además acabamos de aprobar unas facultades en el Plan Nacional de Desarrollo para fortalecer más la Fiscalía.
Llevamos creo que 48 sentencias, las primeras que se producen en Colombia, que han condenado a 78 personas por ser criminales contra sindicatos.
Con la autoridad moral de estos esfuerzos, con la autoridad moral de reconocer que todavía no podemos estar satisfechos porque todavía hay asesinatos, reclamo: ¿por qué mientras no se dice la verdad en Washington y en Europa, por qué mientras allá no se tiene la honradez con Colombia de reconocer lo que ha hecho este Gobierno para proteger a los líderes sindicales, por qué mientras se acude a Washington y a Europa con el discurso farsante de decir que al Gobierno no le pueden aprobar el TLC (que no es para el Gobierno sino para el empleo de los colombianos), desconociendo los esfuerzos de este Gobierno, por qué algunos se van a Quito a firmar una declaración política de apoyo a los grupos terroristas?
Este Gobierno ha sido muy claro en la expresión de sus convicciones. A este Gobierno se le critica fácil porque se le conoce fácil. A este Gobierno se le critica fácil porque mantiene las cartas sobre la mesa.
No puede ser que nos frustren la aprobación del TLC acusándonos de no proteger a los sindicalistas, y que simultáneamente vayan algunos a Quito a firmar una declaración política de apología del terrorismo.
Agradezco infinitamente que nos podamos reunir hoy. Vamos a mirar los temas que ustedes han planteado. Después de cada intervención sobre esos temas específicos, damos la palabra.
Vamos a mirar los temas de la carrera del nivel ejecutivo de la Policía, la carrera administrativa especial para el personal civil del sector Defensa, la justicia penal militar, el sistema de salud de la Fuerza Pública, los clubes de oficiales y suboficiales, los aspectos salariales, el fondo de pensiones, el tema de los colegios militares y de Policía, de la Universidad Militar, cooperativas y vivienda militar.
Y entonces al repetir un saludo muy afectuoso a ustedes, mis apreciados compatriotas de las reservas de nuestra Fuerza Pública, ofrezco la palabra al ministro de la Defensa, al doctor Juan Manuel Santos”.