DESAPARICIONES FORZADAS EN SOACHA
UNA ESTRATEGIA DE GUERRA


E
n vista de que la desaparición forzada en la municipalidad de Soacha y en general en Colombia, es una de las mayores manifestaciones de crisis humanitaria de nuestro territorio nacional y que involucra a un número elevado de violaciones de Derechos humanos e infracciones al D.I.H. a cientos de jóvenes, dirigentes sindicales, líderes sociales, entre otros, la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y el Observatorio de Derechos Humanos Ivan David Ortíz Presenta a ustedes y a toda la comunidad la siguiente ponencia sobre desaparición forzada en la municipalidad de Soacha

Primeramente debemos conocer a fondo el concepto de desaparición forzada a nivel general de acuerdo a las normas, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional: Desaparición forzada o también, desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad,[] siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o también, particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos (DD.DD.).

El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los jóvenes que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen.

Soacha, ciudad ubicada en el territorio muisca, hereda su nombre de esta comunidad. Es un topónimo originado en la lengua muiscubun (lengua de los chibchas) que se divide en 2 palabras: (soa)=Sué, que significa "Sol" y (cha) = varón.
El municipio cuenta con más de 300 barrios, Soacha es la cabecera provincial, además cuenta con muchas veredas y barrios marginales como Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre. A su vez, se encuentra dividida en seis comunas, a saber: Comuna 1 (Compartir), Comuna 2 (Centro), Comuna 3 (Despensa), Comuna 4 (Cazucá), Comuna 5 (San Mateo) y Comuna 6 (San Humberto), donde día a día surgen nuevas urbanizaciones que modifican el panorama municipal, pues el municipio es receptor de familias en condición de desplazamiento, que al urbanizarse pasan de su condición de campesinos a engrosar la incipiente clase obrera, jóvenes estudiantes, líderes sociales infortunadamente, hoy víctimas de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas paramilitares.
Los habitantes del Municipio de Soacha en Colombia, al igual que los nacionales de todas las regiones del país, son y siguen siendo victimas de la desaparición forzada, un fenómeno de guerra y muerte. En medio de la cortina de humo de la “parapolítica” , y del paramilitarismo queremos contarle a ustedes y al mundo, que hoy en Soacha, continúan las desapariciones forzadas de jóvenes, estudiantes, y lideres sociales, la persecución judicial a los habitantes de la región, las desapariciones forzadas y consolidación del proyecto paramilitar, llegando a presentar un autentico genocidio que no cesa y se recrudece cada vez mas contra este querido y sufrido municipio nuestro.

En el municipio de soacha, recién se conoció la atroz noticia, y ante las dudas que generó el hecho de que unos jóvenes hubiesen muerto en Santander poco tiempo después de haber dejado Cundinamarca, la insistente hipótesis oficial fue la del reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales. El propio presidente Uribe sostuvo que, si bien la Fiscalía no había establecido si la muerte de los jóvenes se dio efectivamente en un enfrentamiento, con seguridad fueron reclutados con fines criminales y “no salieron con el propósito de trabajar o recoger café”.

Ahora, cuando las investigaciones han avanzado y todo indica que estamos ante un caso de “falsos positivos”, la situación y el tono de las declaraciones oficiales han dado, por fortuna, un vuelco de 180 grados. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, advirtió que habrá “cero tolerancia con cualquier comportamiento (de la Fuerza Pública) que no esté ajustado al respeto por los derechos humanos”. Tiempo después de que se supiera de la destitución de los coroneles, el comandante del Ejército, general Mario Montoya, admitió que “existen serios indicios de presunta participación de miembros del Ejército Nacional en actos que comprometen seriamente el honor militar y la rectitud”.

Entre tanto, más de cien casos de desapariciones, en nueve regiones diferentes, han sido denunciados por los medios de comunicación. El modus operandi es siempre el mismo: reclutadores que ofrecen dinero, terceros que dan fe de haberlos visto rondando parques y casas, familias que reciben cuerpos y piden explicaciones, y jóvenes asesinados, en general marcados por la falta de oportunidades y la pobreza. Vale decir, según los casos que se han conocido, habitantes de la calle, drogadictos y enfermos mentales.

Si bien el discurso oficial se ha endurecido frente a tan flagrante violación de los derechos humanos, seguimos sin hacer una reflexión de fondo sobre el sentido de tan macabras acciones. El testimonio, dado a conocer por la revista Semana, de un soldado contraguerrilla del Batallón de Infantería Nº 31, que opera en Córdoba, quien presenció el asesinato de su propio hermano, a quien los altos mandos hicieron pasar por guerrillero muerto en combate para ganar unos días de vacaciones, es ilustrativo de hasta dónde hemos llegado. La vida misma del colombiano parece haber perdido sentido en medio de la rutinización de una guerra que se asegura vamos ganando, al tiempo que altos oficiales del Ejército son primero condecorados y después señalados de ser las manzanas podridas de la institución. Por lo demás, nadie se pregunta por las circunstancias sociales que mueven a que los jóvenes hayan sido enganchados en un grupo al margen de la ley.

Las nuevas denuncias acerca de los que podrían ser más casos de falsos positivos se conocen dos meses después de que el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, admitiera, durante la sexta rendición de cuentas sobre Derechos Humanos que se desarrolló en la Casa de Nariño en mayo pasado, que el asesinato de un estudiante de Montería de séptimo grado se sumaría a la larga lista de ejecuciones ilegales conocidas en todo el país.

A esta voz se han sumado en reiteradas ocasiones las de las llamadas Madres de Soacha, cuyos hijos habrían sido engañados y luego asesinados, quienes exigen celeridad en los procesos y no más demoras injustificadas.

Ante este sombrío panorama, La Brigada “Eduardo Umaña Mendoza” y el observatorio de Derechos Humanos Ivan David Ortíz, busca atender aspectos jurídicos y humanitarios con las víctimas de estos atropellos cuyos derechos se encuentran totalmente en estado de vulnerabilidad en la municipalidad de Soacha.

La guerra intestina que en el país suma más de cuatro décadas, se evidencia en el municipio de Soacha, con intensidad, ya que existe fuerte presencia de actores armados, el Estado colombiano, que actúa a través de su fuerza pública y organismos de inteligencia, al igual que mediante la acción del paramilitarismo, por una parte, y de la otra las organizaciones rebeldes, que se oponen y confrontan a las políticas de aquél, desconociendo la institucionalidad; en cuya lucha persisten en afectar gravemente en no pocas oportunidades a la población civil. Los últimos tiempos han estado signados por actuaciones que causaron desapariciones forzadas seguidas de muertes, desplazamientos, daños a los bienes, pérdidas económicas y ataques a proyectos comunitarios.

A la fecha continúan las desapariciones de los habitantes de Soacha, se ha convertido en estrategia de guerra, el asesinato de jóvenes estudiantes, lideres sociales, trabajadores de esta área municipal. Las desapariciones forzadas, ilegales y arbitrarias, las masacres colectivas y el asesinato selectivo principalmente de jóvenes estudiantes y lideres de la región han hecho que las comunidades se organicen y exijan garantías para el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, a la libertad de expresión, movilización y protesta pacifica.

Por otro lado, la implementación de la política de Seguridad Democrática ha ocasionado la vulneración masiva, sistemática y permanente del derecho a la libertad. La guerra contra el terrorismo declarada por actual gobierno ha provocado la generalización de las desapariciones forzadas de cientos de jóvenes que han sido vulnerados en su dignidad humana, catalogándolos de responsables de delitos asociados con la pertenencia a grupos guerrilleros, delincuencia común o a prácticas terroristas. En ningún caso, su desaparición o detención se ajustó a lo establecido en los instrumentos de derechos humanos ni a lo dispuesto en la Constitución y las leyes colombianas:.

Las organizaciones sociales de Soacha han desarrollado eventos y jornadas en defensa de la vida y los derechos humanos (contemplados en la constitución nacional y pactos internacionales de derechos humanos). En estos eventos se han permitido denunciar las violaciones de derechos humanos e infracciones al D.I.H. por parte de los actores armados del conflicto. En muchas ocasiones les ha tocado denunciar el accionar para- estatal y encubierto de la fuerza pública.

El municipio de Soacha ha sido sometido a la militarización de la vida cotidiana de las comunidades, las desapariciones forzadas de sus jóvenes y líderes sociales, las masacres y asesinatos o de gentes del común, la estigmatización, amenaza y el cercenamiento del derecho a la vida.

La desaparición forzada es una estrategia de Estado para sembrar el terror en la población, dejando el espacio abierto a los grupos paramilitares para desarrollar sus proyectos

Propuestas:

En vista de estas circunstancias, es necesario empezar desde ya, a trabajar en todos los espacios posibles para evitar las desapariciones forzadas, enfocado en la resistencia y defensa del territorio de Soacha .

Trabajar políticas serias frente a las desapariciones forzadas, dándose las garantías como ciudadanos y no el asistencialismo y mendicidad a que han llevado las políticas aplicadas hasta hoy.

Solicitudes:

El constante aumento del número de desapariciones en Soacha pone claramente de manifiesto que son insuficientes los esfuerzos realizados para evitar que se siga presentando este fenómeno y brindar protección contra este flagelo; en realidad esas violaciones no han hecho sino intensificarse y agravarse.

En ese sentido y en razón a lo anterior, solicitamos la solidaridad y exigencia al Estado de garantías para preservar la seguridad a los habitantes de Soacha y permanencia en su comunidad.

Exigimos un pronunciamiento ante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia, donde se conmine al Estado colombiano a poner fin a este flagelo y agresión contra la comunidad de Soacha.

No apoyar o aprobar ningún tipo de ayuda económica o técnica al actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto no cese la guerra contra los jóvenes, lideres sociales y de ciudadanos colombianos, en especial contra el pueblo de Soacha, sus organizaciones y su dirigencia social y popular.
Que se conformen comisiones de carácter nacional e internacional para que visiten el Municipio de Soacha, se entrevisten directamente con las comunidades y puedan constatar de primera fuente los atropellos y desmanes que se vienen cometiendo contra los habitantes del municipio.

Presionar al Gobierno Nacional para que se desmonte la política de seguridad democrática, se derogue el Estatuto Antiterrorista, y cese el hostigamiento y persecución a las comunidades.

Hay que mejorar más las medidas encaminadas a fortalecer la protección de los derechos humanos. En relación a las desapariciones forzadas en el Municipio de Soacha, La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y el Observatorio de Derechos Humanos Ivan David Ortíz de la Universidad Nacional sugiere que se refuerce la protección prestada en cuanto a:

1. Los derechos sobre el territorio de Soacha.
2. Las normas del derecho humanitario que prohíben la desaparición forzada
3. El derecho a la vida y la integridad física, con ello, buscamos poner de relieve las recomendaciones formuladas por anteriores misiones de derechos humanos en el país y la preocupación expresada.

La Brigada Jurídica Eduardo umaña Mendoza y el Observatorio de Derechos Humanos Ivan David Ortíz de la Universidad Nacional, urge al gobierno de Colombia a que tome medidas para prevenir, cuando sea posible, las desapariciones forzadas en la comunidad de Soacha especialmente donde dicho desplazamiento tiene como causa fundamental las acciones de agentes del Estado.

También destacamos la importancia de la creación y aplicación de un programa efectivo, dirigido a la protección y asistencia a los familiares que han sido víctimas de estas acciones delictivas donde se tomen medidas para prevenir, hasta donde sea posible, las desapariciones forzosas de los habitantes del Municipio de Soacha

El problema de la desaparición forzada en Soacha, se deriva fundamentalmente del conflicto armado que tiene lugar en general en nuestro país.

La anhelada paz puede demorar muchos años para cristalizarse. En atención a ello, es imperativo realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr que todos los actores armados respeten a la población civil. Por eso, es imprescindible que se imponga el acatamiento de las normas de los derechos humanos y del D.I.H.

En ese orden de ideas, corresponde al gobierno entrar en contacto con los actores del conflicto armado, con el fin de vincularlos al respeto del D.I.H. Y de logar que las desapariciones forzadas en Soacha y en todo nuestro territorio nacional deje de constituirse como una estrategia de guerra.




Septiembre 19 de 2009