UNA PROPUESTA

UNA PROPUESTA PARA LOS COMPAÑEROS PRESOS POLITICOS DE ARAUCA



Este documento va dirigido a los compañeros presos políticos que han sido privados de la libertad en las detenciones masivas del Departamento de Arauca, a todos ellos que resisten estoicamente las represalias de este régimen Uribista y su “seguridad democrática”

A todos sus familiares desplazados por la guerra que aspiran al derecho a su dignidad, su integridad y a vivir en paz; a los colegas defensores por su valiente defensa técnica, dedicación, claridad y consecuencia, quienes en desigual defensa han asumido los procesos hasta llegar a lo que hemos podido descubrir una verdadera telaraña jurídica.

Alos parlamentarios amigos en especial a la senadora GLORIA INES RAMIREZ, coordinadora de la Comisión accidental de Paz del Senado de la República, que han apoyado y denunciado estas horribles practicas de la Fiscalia y los organismos de inteligencia del Estado.

A la compañera LUZ PERLY CORDOBA, que desde el exilio sigue esta lucha y nos manda su gesto solidario para continuar bregando por la libertad de todos sus compañeros presos.

En el Departamento de Arauca se viene implementando una política sistemática de violación de los derechos humanos, democráticos y fundamentales de sus ciudadanos, en este Gobierno de Uribe Vélez ha sido una constante no solo por la Fiscalia, sino por los organismos de inteligencia y seguridad del Estado; sino también por la arbitraria y odiosa administración de justicia. La Judicializacion de la protesta social, ha conllevado a capturar ilegalmente en masa a dirigentes políticos populares, sindicales, y sociales y a simples campesinos y ciudadanos a la doble tenaza jurídica de la Fiscalia y los testigos ocultos, a los informes secretos, y testimonios de desertores, informantes y toda la calaña de la escoria de la sociedad, que fabrican grabaciones, violando el debido proceso, derecho de defensa, presunción de inocencia, derecho a la libertad entre otros.

La justicia Colombiana se ha venido convirtiendo en una justicia de represalias, de ajuste de cuentas, en una justicia por encargos, violatoria de un ordenamiento jurídico y democrático en contravia del espíritu de cambio y transformación. Por eso los presos políticos del Departamento de Arauca son perseguidos políticos, son amenazados de muerte, victimas de atentados criminales y desplazados por la guerra desatada en esa importante zona petrolífera y fronteriza con el hermano país de Venezuela.

Las pruebas que existen contra los presos políticos de Arauca, según el acervo probatorio son los desertores, informantes pagados por los organismos de seguridad del estado que NO acuden a ser interrogados por la defensa porque el CODA no logra ubicarlos a pesar de tener todos los datos de esos siniestros personales, con ello se demuestra que en absoluto no corresponden a la verdad y que son por lo tanto falsas denuncias con calumnias e injurias contra los presos políticos e incluso llegan al descaro de extorsionar a sus familiares.

A ellos los involucran en una supuesta colaboración con las FARC-EP o el ELN, pretende asimilar la actividad política de los presos con una conducta atentatoria contra la paz y el sosiego de la comunidad y de peligro para la “Seguridad Democrática”. En estos casos de detenciones masivas y arbitrarias la inteligencia ha pretendido mezclar la actividad política y de oposición con la insurgencia que existe no de ahora, sino de mucho tiempo atrás en la historia del Departamento de Arauca, aspecto totalmente diferente, por cuanto la actividad que ellos ejercen es publica y abierta dentro de los canales de la legitimidad de un Estado de Derecho y democrático como lo establece la Carta del 91.

La lógica de la Fiscalia es que identifica a todo activista popular como parte del “enemigo interno”, de la guerra que se libra en Colombia. Entonces, en esta perversa y viciosa lógica, parece suficiente el testimonio de alguien que diga ¡que vio! ¡Que estuvo! ¡Que fue acompañado! O ¡que hablo con algún subversivo! o algún informe de inteligencia, donde se diga que es un auxiliador o colaborador de la subversión.

Toda esta telaraña jurídica, de que hablara el maestro EDUARDO UMAÑA MENDOZA, en los sonados casos que defendió, son las que nos llevan a plantear la necesidad de dignificar la defensa de los presos políticos de Arauca, proponiendo un proceso de connivencia o una ruptura procesal colectiva, pues queda claro que estos procesos no son jurídicos, sino políticos, No hay duda que los presos políticos entenderán nuestra postura y asumirán este debate como una gran batalla por la verdad y la verdadera justicia exigiendo el cese de las detenciones masivas y arbitrarias y la persecución política contra los araucanos y levantando con mucha fuerza la libertad inmediata para todos.

Exigimos justicia verdadera, no a los juicios amañados, a los testigos, ocultos, los falsos testimonios, la violación de los derechos fundamentales de los detenidos, de respeto a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad, al secreto sumarial, a la practica de pruebas, a un juicio justo e imparcial, cese a la justicia de represalias contra la oposición, fin a la criminalizacion de la protesta social, de la judicializacion del conflicto social.

BRIGADA JURIDICA

E
s evidente que la tenaza política que viene desarrollando el Gobierno de Uribe Vélez, contra la población del Departamento de Arauca a través de su mal llamada “Política de Seguridad Democrática”, ha llevado a que las Fuerzas Militares y de inteligencia del Estado desarrollen múltiples detenciones masivas y arbitrarias a la población civil, judicializándolas como auxiliadores de los grupos guerrilleros.

Dirigentes campesinos, sindicales, estudiantes, defensores de derechos humanos e incluso funcionarios del mismo Estado como la Personera del Municipio de Arauquita y el ex Secretario de Educación Departamental, entre otros, se encuentran procesados según el Gobierno colombiano y los organismos de inteligencia militar del Estado, porque para ellos la lucha por los derechos humanos, por el bienestar integral y la vida digna para el pueblo Araucano es una acción que desestabiliza la seguridad del país.

En ese marco, es que el Comité Internacional de ASEFUAC se plantea la realización de la Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”, en la ciudad de Arauquita y Arauca, que inicialmente estaba para el 29 de febrero de 2008, pero por razones de orden público se llevó a cabo durante los días 25 y 26 de abril del presente año.

El Comité Internacional propone una reunión en la sede de Abogados Sin Fronteras –Francia (ASF), la cual se efectuó con la asistencia del delegado de la Decanatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, Dr. HERMES MONTAÑA, Secretario Académico de la misma y la Dra. JULIA VICTORIA como Coordinadora Administrativa de ASF. Todo esto dentro del marco del convenio suscrito entre las dos Asociaciones y recogiendo el espíritu de la pasada Asamblea General de Egresados de la Asociación realizada el 1º de febrero de 2008, que llamó a que su Junta Directiva jugara un papel mas protagónico en la parte académica y en la dignificación de la profesión del abogado.

Efectivamente, en la primera reunión con la Junta Directiva del presente año se llevó dicha iniciativa, es decir, que varias organizaciones defensoras de derechos humanos asumimos el compromiso de impulsar, organizar y desarrollar la mencionada brigada, entre ellas el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, a través del Compañero MARTIN SANDOVAL quien fue el que asumió la parte logística en el Departamento de Arauca. Fueron ellos quienes conocían de primera mano la grave situación en que se encontraban privadas de la libertad mas de ciento cincuenta personas y sus familias atravesando por un verdadero calvario jurídico; junto al Comité de Conciliación y Paz de Arauquita, el Padre JOSÉ CUTA miembro de la iglesia católica y otras entidades promovieron una “ayacada” (bazar popular de esa región) para recolectar fondos con el objeto de cubrir los gastos de viáticos, hotel y alimentación, entre otros, de los brigadistas.

Paralelamente, la coordinación del Comité Internacional radicó el 31 de marzo de 2008 un oficio de ASEFUAC a la Dra. GLORIA INES RAMIREZ, Presidenta de la Comisión Accidental de Paz del Senado de la República, en la cual solicitábamos que informara a las autoridades del Departamento (Gobernador, Defensor del Pueblo, Alcalde, Personero y Director de la Cárcel) sobre la realización de la mencionada Brigada y para garantizar la integridad física de los mismos.

Abogados Sin Fronteras –Francia, aportó un importante material para la capacitación de los brigadistas, herramienta indispensable para la realización de este tipo de actividades. Fue así como, se implementó toda la infraestructura para llevar a cabo la PRIMERA BRIGADA JURIDICA “EDUARDO UMAÑA MENDOZA” de ASEFUAC en el Departamento de Arauca.

El primer día, 25 de abril del presente año se llevó a cabo una gran Asamblea Popular en la ciudad de Arauquita donde se constituyó la Asociación de Familiares de Detenidos de ese Departamento, a la cual se le aportó el borrador de los estatutos. En las horas de la mañana se efectuó la atención al público en el colegio JUAN JACOBO ROUSSEAU, el cual estaba previamente condicionado con los computadores y demás elementos para atender a los usuarios que con antelación se habían inscrito para la Brigada y tenían su correspondiente ficha.

Allí, se atendió a una cantidad aproximada de cien ciudadanos de los cuales tenemos los respectivos registros para su seguimiento; como se dijo al comienzo de este balance, la mayoría de los casos tienen que ver con asuntos penales sobre detenciones masivas y arbitrarias. En las horas de la tarde, se realizaron sendas visitas por parte de los brigadistas a personas que se les ha concedido el beneficio de la detención domiciliaria, entre ellos el de la Doctora MERCY TATIANA BLANCO Personera del Municipio de Arauquita que injustamente está siendo procesada por el punible de rebelión como casi todos los otros casos.

En las horas de la noche, por iniciativa del Dr. ARLES BENITEZ, miembro activo de ASEFUAC y brigadista, se coordinó una comida y presentación cultural de bailes típicos de la región en la casa de la ex Parlamentaria y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, compañera ELSA ROJAS, la cual confirmó una vez más la calidez humana y el espíritu solidario del pueblo araucano.

El día 26 de abril, muy de madrugada salimos rumbo a la capital del Departamento, la ciudad de Arauca, a cumplir con la segunda fase de la Brigada en la cárcel de esa municipalidad. El vehiculo en el que nos transportábamos no solamente llevaba a los brigadistas, también llevaba bultos de solidaridad para los internos enviados por un grupo de colombianos que viven en Ginebra (Suiza) y quienes desde esas lejanas tierras de Europa se unieron junto con LUZ PERLY CORDOBA refugiada política que hace parte de la voceria internacional de la Asociación Campesina de Arauca –ACA, miembros del SUB COMITE COLOMBIA-GINEBRA y un abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, actualmente fuera del país, quienes realizaron un evento en esa ciudad y recogieron fondos los cuales enviaron a Colombia con el propósito de adquirir elementos de aseo para los compañeros injustamente encarcelados; todos ellos, hacen denuncia del régimen Uribista y solidaridad con la resistencia del pueblo colombiano

En ese mismo sentido, el Dr. OSCAR PENAGOS egresado activo y brigadista promovió en su organización sindical SINTRATELEFONOS, un aporte económico que sirvió para adquirir elementos de solidaridad a los compañeros y compañeras detenidos.

Destacamos también, la labor de la Dra. OLGA SILVA, miembro de la Corporación Jurídica Humanidad Vigente, quien con su incansable compromiso hacia la población araucana, contribuyó al éxito de esta Brigada Jurídica.

Igualmente, resaltamos la participación de brigadistas de las Universidades Pedagógica Nacional, Nacional de Colombia y del Colegio Mayor de Cundinamarca.

Hay que destacar que la Brigada contó con gran simpatía y comunicados de solidaridad de las mencionadas ONGs de Derechos Humanos, esto dio garantía para la seguridad e integridad de los brigadistas. Ya en la cárcel, contamos con el valioso apoyo del Director del establecimiento carcelario, la encargada de la oficina jurídica Dra. JOHANA ROJAS y con el valioso aporte del Comité de Derechos Humanos de los compañeros detenidos, a quienes previamente se les había sugerido elaborar un documento sobre su situación, el cual nos permitimos anexar a este balance ya que recoge de una manera clara y precisa la situación de las capturas masivas, su fecha, radicado, delito y ciudadanos que se encuentran incursos en las mismas.

Este material está siendo difundido a nivel nacional e internacional ante varias entidades y ONGs de Derechos Humanos; hay también, otros documentos que por su importancia incluimos aquí, como es el caso del licenciado LUIS ERNESTO GOYENECHE GOYENECHE, quien ocupó el cargo de Secretario de Educación Departamental.

Muchos de los casos que se encuentran en los registros de atención que préstamos los brigadistas, en verdad sorprenden la conciencia jurídica de los abogados. Esperamos que con un debido seguimiento jurídico estos procesos prosperen y muchas personas recuperen su libertad, su dignidad y sean indemnizados por los perjuicios materiales y morales que el Estado les ha causado.

Finalmente, la Brigada se planteó tres objetivos fundamentales que son:

1. Solicitar al Defensor del Pueblo, Dr. VOLMAR PEREZ que dentro de sus competencias y atribuciones que le establece la Constitución y la Ley, estudie este balance con sus anexos para que expida una RESOLUCION DEFENSORIAL sobre la situación de las detenciones masivas en el Departamento de Arauca.
2. Dar a conocer a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos esta grave situación humanitaria y proponer que se realicen visitas in situ a ese Departamento, para que conozcan de primera mano los graves atropellos que se están cometiendo contra la población civil.
3. Realizar junto con la Senadora GLORIA INES RAMIREZ como Presidenta de la Comisión Accidental de Paz del Senado de la República, otros Parlamentarios y algunos Abogados, una AUDIENCIA PÚBLICA sobre estos graves hechos y estudiar con los internos un proceso de connivencia y/o de ruptura procesal colectiva, es decir, que ante estas atrocidades los compañeros y compañeras detenidos arbitrariamente, tengan la posibilidad de que junto con sus abogados defensores derroten el aparato de represión judicial, convirtiendo los estrados judiciales en escenarios de denuncia y confrontación; o en un tablado teatral, donde fiscales, jueces y procuradores se develarán como simples actores sociales puestos en escena para juzgar a quienes terminarán siendo no sus acusados sino sus acusadores.

La estrategia de defensa judicial de ruptura en los juicios políticos, como su nombre lo indica, es aquella en la que los presos y perseguidos políticos rompen con toda la posibilidad de que el Estado los investigue y juzgue con sus normas, por considerar que éstas no son producto de políticas soberanas, que no son legítimas y que en cambio, son un instrumento de dominación que aseguran la permanencia del estado de desigualdad y de injusticia imperantes.

Este es el balance que presentamos a ASEFUAC, Abogados Sin Fronteras –Francia (ASF), Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Asociación Campesina de Arauca (ACA), Vocería Internacional Sub Comité Colombia –Ginebra (Suiza), a la Corporación “Humanidad Vigente”, a las personas privadas de la libertad, a sus familiares y desde luego a los brigadistas a quienes agradecemos su valioso aporte como profesionales del Derecho y que estuvieron prestos para llevar a feliz término esta Primera Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”, la cual pensamos realizar en otras cárceles del país en lo que queda de este año.

Bogotá D.C., Mayo 6 de 2008




ULDARICO FLOREZ PEÑA
Coordinador Comité Internacional
ASEFUAC



c.c. Defensoría del Pueblo, PGN, FGN, Delegados de las Naciones Unidas, CPDH, ASF, Corporación Jurídica “Humanidad Vigente”, ACA, Vocería Internacional Sub Comité Colombia –Ginebra (Suiza), Decanatura de Derecho UNIAUTONOMA, SINTRATELEFONOS, Comisión de Paz del Senado y otros.

CENTRO DE CONCILIACION

EL GOBIERNO INTENTA UNA VEZ MÁS RESTRINGIR ELDERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Presentó proyecto de reforma constitucional al Congreso

César A. Luque F.
22/07/09

Por medio de la ley 30 de 1986 se llevó al ordenamiento jurídico colombiano la prohibición y sanción penal a la fabricación, tráfico, porte, comercialización y en general cualquier actividad que tuviera que ver con las drogas estupefacientes, entiéndase, marihuana, cocaína, heroína, etc., dentro del marco de anterior Constitución, centralista, conservadora, clerical, presidencialista de 1886, que contenía una escasa gama de derechos civiles, visión que se mantuvo hasta 1991 cuando fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente para que nos diera una nueva Carta Política, en la que se estableció en su artículo 16, como derecho fundamental, el desarrollo de la libre personalidad, el que tendría un importante desenvolvimiento en los años posteriores.

Con la existencia del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, ante la Corte Constitucional un ciudadano presentó demanda de inexequibilidad contra la ley 30, la que fue resuelta con base en este derecho declarando inconstitucional la penalización del porte de la dosis personal de droga estupefaciente, de marihuana hasta 20 gramos y de un gramo de cocaína, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, bajo el entendido de que ese derecho fundamental encarna la posibilidad de que cualquier persona decida su conducta por sí misma, sin ingerencia de los de los demás, ni siquiera del Estado, siempre y cuando su conducta no afecte a los demás.

Ese derecho es el reconocimiento de la autonomía personal, partiendo de que todas las personas son dignas y por tanto tienen la posibilidad de elegir el rumbo de su vida, no pudiendo el Estado inmiscuirse en su conducta mientras no entre en conflicto con la de otros, por sólo interesar a una persona. Decidir por ella seria arrebatarle su condición ética, reduciéndola a una cosa. Sin importar que no nos guste la conducta de una persona debemos respetar sus decisiones, respeto que se extiende al Estado.

En el caso del consumo de estupefacientes, quien consume su dosis personal, se afecta es a él, en su salud, su entorno social y familiar o aún en el plano económico. En esa decisión el Estado no debe inmiscuirse, al que apenas le está permitido adelantar, como es su obligación, políticas públicas educativas que evite que las personas caigan en el consumo de drogas. Ese derecho por ejemplo, le impide al que consuma estupefacientes inducir a otras personas a consumir, cuando estas sean menores de edad, lo que está penalizado con prisión, con lo cual el Estado a través de quienes lo representan, Policía y autoridades judiciales puede y debe intervenir, lo que en la realidad no hace.

En la sentencia C – 221 de 1994 la Corte Constitucional con ponencia del maestro Gaviria, dijo al respecto:

“Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, sobre el sentido de su existencia. Si la persona resuelve, por ejemplo, dedicar su vida a la gratificación hedonista, no injerir en esa decisión mientras esa forma de vida, en concreto, no en abstracto, no se traduzca en daño para otro. Podemos no compartir ese ideal de vida, puede no compartirlo el gobernante, pero eso no lo hace ilegítimo. Son las consecuencias que se siguen de asumir la libertad como principio rector dentro de una sociedad que, por ese camino, se propone alcanzar la justicia.

Reconocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad, pero fijándole como límites el capricho del legislador, es un truco ilusorio para negar lo que se afirma. Equivale a esto: "Usted es libre para elegir, pero sólo para elegir lo bueno y qué es lo bueno, se lo dice el Estado".

Y no se diga que todo lo que el legislador hace lo hace en función del interés común, porque, al revés, el interés común resulta de observar rigurosamente las pautas básicas que se han establecido para la prosecución de una sociedad justa. En otros términos: que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras, es parte vital del interés común en una sociedad personalista, como la que ha pretendido configurar la Carta Política que hoy nos rige.

Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales.
(…)
Cabe entonces preguntar: ¿qué puede hacer el Estado, si encuentra indeseable el consumo de narcóticos y estupefacientes y juzga deseable evitarlo, sin vulnerar la libertad de las personas? Cree la Corte que la única vía adecuada y compatible con los principios que el propio Estado se ha comprometido a respetar y a promover, consiste en brindar al conglomerado que constituye su pueblo, las posibilidades de educarse. ¿Conduce dicha vía a la finalidad indicada?. No necesariamente, ni es de eso de lo que se trata en primer término. Se trata de que cada persona elija su forma de vida responsablemente, y para lograr ese objetivo, es preciso remover el obstáculo mayor y definitivo: la ignorancia. Sin compartir completamente la doctrina socrática de que el único mal que aqueja a los hombres es la ignorancia, porque cuando conocemos la verdad conocemos el bien y cuando conocemos el bien no podemos menos que seguirlo, sí es preciso admitir que el conocimiento es un presupuesto esencial de la elección libre y si la elección, cualquiera que ella sea, tiene esa connotación, no hay alternativa distinta a respetarla, siempre que satisfaga las condiciones que a través de esta sentencia varias veces se han indicado, a saber: que no resulte atentatoria de la órbita de la libertad de los demás y que, por ende, si se juzga dañina, sólo afecte a quien libremente la toma.

Poco sirven las prédicas hueras contra el vicio. Tratándose de seres pensantes (y la educación ayuda a serlo) lo único digno y eficaz consiste en mostrar de modo honesto y riguroso la conexión causal existente entre los distintos modos de vida y sus inevitables consecuencias, sin manipular las conciencias. Porque del mismo modo que hay quienes se proclaman personeros de una cosmovisión, pero la contradicen en la práctica por ignorar las implicaciones que hay en ella, hay quienes optan por una forma de vida, ciegos a sus efectos.
(…)
Si, en una hipótesis meramente teórica -que la Corte no propicia ni juzga deseable- una sociedad de hombres educados y libres resuelve vivir narcotizada, nada ético hay que oponer a esa decisión. Pero si dichos supuestos se dan, es altamente probable que tal cosa no ocurra. La educación tiene por destinatario, idéntico sujeto que el derecho: el hombre libre. Los shocks eléctricos, los cortes quirúrgicos y los tratamientos químicos no educan, inducen conductas irresistibles y, en esa medida, niegan brutalmente la condición moral del hombre, que es lo único que nos distingue de los animales.

No puede, pues, un Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, escamotear su obligación irrenunciable de educar, y sustituir a ella la represión como forma de controlar el consumo de sustancias que se juzgan nocivas para la persona individualmente considerada y, eventualmente, para la comunidad a la que necesariamente se halla integrada.”

Este derecho quizá sea el que más le cuesta respetar a los gobiernos autoritarios y totalitarios, como el nuestro, el que ha presentado ante el Congreso un proyecto de reforma del artículo 16 de la Constitución Política, evadiendo con un discurso confuso que el problema del consumo de drogas psicotrópicas, es un problema de falta de educación, pero sobre todo de salud pública, siendo que el consumidor no es un delincuente, sino un enfermo.

Contrariando las tendencias mundiales que sostienen que se debe empezar a pensar seriamente en la legalización del tráfico de sustancias psicotrópicas, Uribe Vélez piensa lo contrario, desconociendo lo evidente, que la guerra contra las drogas es un fracaso. No es sino ver el ejemplo del whisky, que prohibido sostenía una gran mafia, pero legalizado hoy significa status para quienes lo consumen, siendo su consumo fuente de impuestos, con los que paradójicamente se financia la educación nacional. En Colombia para que los niños y jóvenes se eduquen se requiere que los mayores se dediquen al vicio en sus diferentes formas, trago, cerveza, cigarrillo, juegos en los casinos, loterías, chance, etc.

Ahora el Congreso tiene la palabra. Si aprueba la retardataria reforma presentada por el gobierno (8 debates), abrirá las puertas para que nos restrinjan a todos nuestros derechos, hoy el consumo de drogas, mañana, consumir papas fritas, vestirse de una forma que al gobernante le guste, a que nos peinemos como al gobernante le guste, a utilizar una prenda que el gobernante use, a leer lo que les guste a los dueños del poder, etc. Así de grave es el atentado que contra el libre desarrollo de la personalidad se da por el gobierno de Uribe Vélez, atentado contra la libertad de todos, incluso los que no consumimos drogas estupefacientes. El 26 de marzo se realiza una marcha a favor de la libertad de todo tipo, allí deberíamos estar todos.

Nota 1: No olvidemos apagar nuestros aparatos electrodomésticos y luces el próximo sábado 28 de marzo entre las 8:30 y 9:30 p.m. en una jornada de concienciación sobre el problema del calentamiento global.

Nota 2: La falta de agua potable mata un niño en el mundo cada 20 segundos, mientras millones de afortunados la desperdician a diario.

IMPUNIDAD TOTAL

El informe de la Unión Europea dice que el 97% de los delitos cometidos en Colombia quedan en la absoluta impunidad.

CÉSAR A. LUQUE F.
08/04/09

Acaba de aparecer un informe de la Unión Europea sobre el estado de la justicia penal colombiana, documento en el que se evidencia que la impunidad hoy asciende al 97%, nivel que antes de entrar en vigencia el sistema penal, mal llamado, acusatorio, era uno igual de vergonzoso, pero inferior, del 95%, lo que demuestra el fracaso total del sistema penal colombiano, sin que aquellos que la dirigen siquiera se sonrojen, como el fiscal de “bolsillo” del Ejecutivo, Mario Iguarán Arana que termina este año su periodo, abriéndose la posibilidad de que sea elegido uno peor a él; el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, hermano del detenido Director de Fiscalías de Medellín por sus nexos con la banda paramilitar-narcotraficante de “Don Mario”, Guillermo León Valencia Cossio y el Consejo Superior de la Judicatura, lleno de magistrados de escasa altura jurídica, pero de altas calidades de manzanillos y politiqueros, tipo Ovidio Claros, Alfredo Escobar, Angelino Lizcano, etc.

El 1º de enero de 2005 entró en vigencia un sistema penal denominado por sus promotores, acusatorio, modelo impuesto por el gobierno de los EE.UU. para permitir que el país se pudiera sentar a la “mesa de negociación” del TLC, ya aprobado por el Congreso colombiano, pendiente para entrar en vigencia para acabar la economía nacional de la aprobación del Congreso del país del norte. Ese modelo de justicia que se adoptó, que se caracteriza por adelantar los procesos en forma oral, ante jueces vestidos de toga, donde la defensa debe costearse los elementos probatorios para salir adelante, y que la Fiscalía debe presentar ante un Juez las pruebas en busca de condenas, sin contar con verdaderos fiscales investigadores, ni investigadores, modelo complementado por la presencia de la Defensoría del Pueblo, que a través de la Defensoría Pública, hoy un foco de clientelismo político, debe suministrar defensor a quienes no tienen como pagar uno, hoy es un fiasco.

La promesa al reformar la Constitución Política para que se pudiera implementar este modelo penal fue la eliminación de la impunidad, pero los resultados contradicen lo que sostenía el entonces Fiscal General, Luis Camilo Osorio Isaza, padrino de bautismo del entonces presidente, Andrés Pastrana Arango, junto al otro padrino del mandatario, el Ministro de Justicia y el Derecho, Romulo González. El fiscal Iguarán después de haber sido viceministro del Interior y Justicia de Fernando Londoño Hoyos le correspondió ponerlo en práctica, tarea que fue incapaz de cumplir. Hoy el sistema únicamente sirve para llevar a la cárcel a ladrones detenidos en flagrancia (cometiendo el delito), quienes además no poseen por lo general con que costearse un defensor, quedando su defensa en manos de un defensor público, que en la mayoría de las veces le aconsejan acogerse a cargos, antes sentencia anticipada, donde no existe mayor actividad judicial, mientras que aquellos delitos que deben ser investigados por la Policía Judicial de mentiras que tenemos, quedan en la absoluta impunidad, ya que sin investigadores ni fiscales preparados, escasas veces pueden llevar al autor o participe de un delito ante un Juez para ser procesado y cuando lo hacen, sin el manejo adecuado de las pruebas, los jueces se ven en la imperiosa necesidad de desechar las acusaciones.

Una de las causas de que muchos fiscales no puedan sostener una acusación ante un Juez es su incapacidad profesional, la que quedó evidenciada en los resultados del concurso que se adelantó para proveer más de 18.000 cargos en la Fiscalía, ya que ese número de funcionarios estaban en interinidad, donde más del 70% de los fiscales perdió el examen de conocimientos, garantizando su salida de la institución, camino que fue evitado por una modificación que hizo el Congreso el año pasado a la Constitución Política por Acto Legislativo (reforma a la constitución), que por obra y gracia de esa norma, incorporó a la carrera judicial a esos fiscales faltos de conocimiento jurídico, lo que garantiza la mediocridad de esa institución, con el aplauso de los altos dignatarios de la justicia y el gobierno nacional.

En definitiva el 3% donde no hay impunidad se da en aquellos delitos en que sus autores son detenidos en flagrancia, que en su inmensa mayoría recae en personas de escasos recursos económicos. En los demás procesos campea la impunidad, impunidad en donde no entran los casos de los congresistas detenidos y condenados, donde el actor principal, por tener fuero, ha sido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya que si hubiera sido por la Fiscalía General no habría ninguno en la cárcel. No es sino ver el caso de Mario Uribe, el primo del presidente.

Los resultados del estudio aparecidos el pasado domingo en El Tiempo, son los siguientes, entre el 1º de enero de 2005 y mayo de 2008:

Casos conocidos por el sistema judicial

1´408.101
Casos sin trámite
612.671
Casos en trámite
252.261
Casos terminados por las partes

267.170
Casos terminados anticipadamente

231.605
Sentencias condenatorias
51.059
Sentencias absolutorias
1.291
Casos traslados por competencia

7.740

Nota destacada: Que el Alcalde de Bogotá haya prohibido que en los hospitales distritales se contraten Cooperativas de Trabajo Asociado, forma de esclavitud moderna.

Nota critica: La ciudadanía bogotana debería movilizarse contra la decisión del Alcalde de vender o privatizar, bajo el camuflaje de la búsqueda de un “socio estratégico” a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), patrimonio de los bogotanos, contrariando su promesa electoral de no venderla.

PARA NO OLVIDAR

DE LOS PESOS Y LOS CONTRA PESOS

Teoría de Montesquieu, hoy desconocida en el manejo del Estado colombiano

César A. Luque F.
16/04/09

En el mundo medieval europeo los gobernantes, reyes y monarcas ejercían el poder bajo la teoría de las dos espadas que fue planteada por San Agustín. Ella significaba que el monarca gobernaba teniendo dos espadas, una en cada mano. Una representaba el poder divino y otra el poder terrenal, adquiriendo así una condición casi divina, que le permitía hacer y deshacer, sin control alguno, ese era el modelo absolutista de gobierno que se mantuvo hasta la Revolución Francesa (1789), la que sirvió para erradicarlo, imponiendo un sistema de división del poder, que implicaba unos pesos y contrapesos que impiden el ejercicio absoluto del poder, el que siendo absoluto se corrompe absolutamente.

El primero en hablar de esa división del poder del Estado en tres poderes fue Aristóteles en la Grecia antigua, en su obra La Política, pensamiento que fue olvidado por mucho tiempo, siendo rescatado en el siglo XVIII, el de la Ilustración, por Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689 – 1755), uno de los pensadores de la revolución, en su obra El espíritu de las leyes publicada en 1748, quien desarrolló dicha teoría de forma más amplia, en los siguiente términos:

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el judicial de los que dependen del derecho civil.”
(…)
“Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.”
(…)
“Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares”.

La separación del poder del Estado en Legislativo, representado por el Congreso, donde se hacen las leyes y puede reformar la constitución, el Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República para ejecutar las políticas públicas, darle dirección al Estado y el Judicial, que poseen las altas Cortes, especialmente la Corte Constitucional y la Corte Suprema para hacer cumplir las leyes vigentes, fue consagrada en nuestro medio en la Constitución Política de Colombia de 1991, aunque la primera que la contuvo fue la Constitución de la República de Cundinamarca de 1811, redactada por Antonio Nariño, estableciendo que cada rama del poder público además de cumplir sus funciones, propias de cada una, están para controlar a las otras.

El legislativo tiene la potestad de hacer control político a través de los debates al Ejecutivo, además de poder investigar a sus altos dignatarios por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la que desgraciadamente nunca ha funcionado, mientras que el Judicial puede a su vez procesar a los congresistas por conductas indebidas, como en el tema de la parapolítica, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los ha enviado a la cárcel y el Consejo de Estado les puede seguir procesos de perdida de investidura, que de prosperar significan la muerte política del afectado. Esa separación implica que ninguna rama del poder público debe inmiscuirse en las decisiones de otra, pero menos en la elección de sus dignatarios, ya que eso tiende a concentrar el poder, cosa que en Colombia se viene perdiendo.

Ese mediano equilibrio consagrado en la Constitución se rompió cuando fue aprobada la reelección presidencial en el 2004, que se dio en el 2006, cuando el Presidente poniendo todo el poder del Estado a su favor logró su segunda elección y hoy pretende la tercera, donde más que nunca podrá a su servicio todo el establecimiento colombiano.

El actual Presidente logró las mayorías en el Congreso, no por sus propuestas políticas, que es válido en cualquier democracia, sino por la negociación burocrática entre congresistas y el Ejecutivo, tipo entrega a familiares de embajadas, consulados, ministerios, etc. No es sino ver el caso del senador Antonio Guerra de la Espriella a quien se le dio el Ministerio de Comunicaciones representado por su hermana la ministra, María del Rosario Guerra de la Espriella, para poner un solo ejemplo. Igualmente presentó una terna para Fiscal General, de la que salió elegido su ex viceministro de justicia, Mario Germán Iguarán Arana, el que ha demostrado para quien trabaja, mientras a los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio por la “yidispolítica” se niega a resolverles su situación, al Personero de Bogotá en apenas unos días ha anunciado lo llevara a responder ante un juez de garantías. Que poca imparcialidad en el manejo político de los casos.

El Presidente hoy maneja los órganos independientes del Estado, la Comisión Nacional de Televisión a la que le ordenó bajar el precio por la concesión de los canales RCN y Caracol televisión, precisamente los que usa para su propaganda diaria. Unas por otras. Maneja la Junta Directiva del Banco de la República lo que el permite darle dirección a la política económica, cuando está debía ser dirigida por el emisor, economía que no estaba blindada, como lo pregonaba a diario el Ministro de Hacienda.

Tiene un Procurador General de la Nación de “bolsillo”, o como ahora le dicen, Absolverdor General, que absolvió a los ministros de la yidispolítica, concluyendo que en el cohecho, solamente es culpable quien recibe, no el que da, violando todas la teorías jurídicas sobre responsabilidad penal y disciplinaria, quien ni siquiera se ruboriza pidiendo condena para otro de los que recibió dadivas del gobierno, Teodolindo Avendaño. ¡Que coherencia!.

El Contralor General de la República también es de las entrañas del gobierno, es el hijo del ex presidente Julio César Turbay Ayala, uno de los mentores del presidente, quien además cuenta con programas como Familias en Acción, con el que en lugar de impulsar el desarrollo de empleo, en general de riqueza, lo usa para convertir en limosneros al mayor número de colombianos, para que dependan de él, y tengan que apoyarlo electoralmente. En ese programa a unas dos millones de familias se les “regala” mensualmente $50.000 por hijo menor de siete años, $15.000 si está en primaria y $30.000 si está en el bachillerato, aseguran así nada más unos cuatro millones de votos, ya que esas personas no tienen claro que ese dinero proviene del Estado, de nuestros impuestos, sino que piensan se lo da el presidente Uribe. Así que garantías podrán tener los demás candidatos a la presidencia. Ninguno.

Hoy se hace imperioso reformar la Constitución para restablecer los pesos y contrapesos, pero eso, solamente se podrá hacer cuando las mayorías en el Congreso sean de partidos políticos contrarios al modelo uribista de gobierno. Sin el cambio de la actual relación de fuerzas políticas al interior del Legislativo, nada se podrá hacer y los derechos de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, de los homosexuales, de los indígenas, de los estudiantes, de los afrodescendientes, etc. seguirán siendo limitados. Los colombianos tienen la palabra en marzo de 2010 en las elecciones al Congreso, después de vencer el referendo con el que se busca aprobar la nueva reelección presidencial, no votándolo, como lo hicimos en el del 2003. Debemos votar masivamente en las elecciones para integrar el Congreso por candidatos progresistas que representen nuestros intereses y no los de las multinacionales, los terratenientes, los grandes comerciantes, los industriales, los grupos paramilitares o guerrilleros y en general aquellos que desconocen y no les importan los derechos del pueblo colombiano, ese al que pertenece usted y yo.

COMPAÑEROS

Los invito a consultar la página web www.magangueonline.com donde continuamente se publican mis artículos. Esta página pertenece a un grupo de personas de ese municipio interesadas en difundir información sobre su municipio, Magangue (Bolívar) y en general del país.

Ese tipo de experimentos son importantes y se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país. Estos medios locales se vienen convirtiendo en alternativas para enfrentar a los grandes medios de comunicación influenciados por lo general por intereses de sus propietarios, los que pagan la publicidad en ellos, el gobierno de turno, etc.

El que no anuncia, no es leído, así que consulten ya la página.


EXITOS

CÉSAR A. LUQUE F.