“Creo en el diálogo como una
salida política al actual conflicto armado y social. El éxito del proceso de
paz que se adelanta en este momento dependerá no sólo de los compromisos asumidos
por las partes, sino también de la necesaria participación e impulso de
amplios sectores de la sociedad colombiana”.
Luego
del inicio de los diálogos entre el Gobierno y las FARC, Miguel Ángel
Beltrán, profesor de la Universidad Nacional que permaneció dos años en la
Cárcel Modelo, acusado de pertenecer a ese grupo guerrilero, habla sobre su
proceso judicial, el conflicto armado y el proceso de negociación.
Por: Juan David Ortiz Franco
Juanda2107@hotmail.com
Se
hacía pasar por ‘Jaime Cienfuegos’, su nombre es Miguel Ángel Beltrán
Villegas, profesor de sociología dedicado al terrorismo”. Esas fueron las
palabras de Álvaro Uribe Vélez, entonces presidente de Colombia, durante un
Consejo Comunitario de Gobierno en Leticia, el 23 de mayo de 2009.
Un día
antes la DIJIN presentaba como miembro de las FARC a un hombre que llegaba deportado
desde México; llevaba un tapabocas, un chaleco antibalas y una mochila.
Miguel Ángel Beltrán tenía entonces 46 años, era profesor de la Universidad
Nacional de Colombia y, de la estancia postdoctoral que cursaba en la Universidad
Nacional Autónoma de México, pasó a estar recluido en una cárcel acusado de los
delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado.
Desde
el pabellón de Alta Seguridad de la Cárcel Nacional Modelo escribió una carta
a sus padres donde resume sus posturas y deja ver al hombre detrás de las ideas:
“Mis queridos viejos, pueden sentirse
felices de que su hijo esté hoy sentado en el estrado de los acusados no por
asesino y corrupto, sino por defender los ideales de justicia y libertad que
ustedes me inculcaron de niño y que llevo en mi corazón como el más preciado
tesoro que me ha regalado la vida. Por eso, si este tribunal que hoy me juzga
me llegase a condenar, asumiré con firmeza y dignidad su fallo, porque me
anima la convicción de miles de hombres y mujeres que soñamos con otra
Colombia posible”.
Pasadas
las 6:30 de la tarde del martes 7 de junio de 2011, luego de dos años de reclusión,
Miguel Ángel Beltrán salió de la Cárcel Modelo. En el grupo que lo esperaba
estaban algunos de sus compañeros y estudiantes de la Universidad Nacional. Unos
días antes, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo absolvió
de los cargos que se le imputaban y ordenó su libertad.
En el momento de su captura,
¿qué representaba para el Gobierno colombiano hacer pública la imagen de un
profesor universitario vinculado con las FARC?
Es importante aclarar que no se
trató de una “captura”, sino de un secuestro que se realizó de manera
bilateral entre Colombia y México, violando no sólo mis derechos fundamentales
sino tratados internacionales, pues en ese momento me encontraba de manera
legal en la ciudad de México, desarrollando una estancia posdoctoral por
invitación del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad
Nacional Autónoma de México y amparado por la figura de una comisión de
estudios que me otorgó la Universidad Nacional de Colombia. El propósito del
Gobierno en ese momento, era demostrar que las universidades públicas estaban
siendo infiltradas por la guerrilla y de esta manera, tratar de deslegitimar
las expresiones de oposición crítica a su política de seguridad democrática,
haciéndolas ver como aliadas con el “terrorismo”.
Hay algo sobre su proceso de lo
que muy poco se conoce. Tiene que ver con la forma en que evolucionaba su
defensa antes de que la Corte Suprema de Justicia declarara la nulidad de las
pruebas encontradas en los computadores de ‘Raúl Reyes’. ¿Qué ocurría con su
proceso en ese momento?
Mi proceso judicial se
encontraba en su fase final. Esto quiere decir que mi libertad no fue
producto de esa acertada decisión de la Corte, sino de la valoración que hizo
la juez de las “pruebas” presentadas durante los más de dos años en que se prolongó
el juicio, tal como quedó claro en el fallo absolutorio. Entre muchas otras
inconsistencias se decía, por ejemplo, que como parte de la Comisión
Internacional de las FARC, me había reunido con integrantes de esta
organización en Cuba, cuando jamás he viajado a este país como pudo
corroborarse a través de mis registros migratorios. Pero no sólo eso, hubo
también testimonios como el de un ciudadano mexicano, pagado por el DAS, que
realizó seguimientos durante mi estancia en México y cuyo informe concluía
que yo no tenía ningún nexo con las FARC. Aunque la juez se negó a admitir
esta prueba por la imposibilidad de esta persona de hacer presencia física en
el juicio, era claro que se trató de un montaje judicial en mi contra.
¿Cómo avanza su proceso disciplinario
en la Procuraduría?
El proceso disciplinario
iniciado por el actual procurador Alejandro Ordoñez sigue su camino
utilizando precisamente las mismas pruebas que ya fueron superadas en el
proceso judicial. Además de ello, la Procuraduría no brinda las garantías de
objetividad y autonomía requeridas, pues a lo largo del juicio, la
representante del Ministerio Público demostró su clara parcialidad en mi
contra. Actualmente, la Procuraduría, en una abierta violación a la libertad
de pensamiento y de cátedra, ha pedido a las directivas de la Universidad
Nacional que informen sobre mi participación en conferencias, cursos,
seminarios nacionales e internacionales, así como sobre mis artículos y
ponencias publicadas o no.
¿Cuáles son sus condiciones de
seguridad en este momento?
Son delicadas. Ha habido
hostigamientos, seguimientos, hurtos en mi lugar de residencia e incluso he
sido informado de un plan para asesinarme. La situación llegó a un punto
crítico y, pese a mi decisión de continuar con mis clases e investigaciones
en la Universidad, tuve que abandonar el país, y a la fecha, el Estado
colombiano no ha podido brindarme las condiciones de seguridad para retornar.
¿Qué cambió en su vida de
profesor universitario luego de ese proceso?
El contacto con mis
estudiantes, mis colegas y, en general, con la dinámica universitaria para mí
es fundamental. Desafortunadamente, ésta se ha visto sensiblemente afectada
por mi imposibilidad de retornar a la Universidad, lo que me ha obligado a
desarrollar mi actividad académica en otros espacios universitarios.
¿Existe en la universidad
colombiana un ambiente propicio para la opinión?
Mi percepción es que los
espacios de expresión en las universidades se han restringido notablemente.
Por un lado, como consecuencia de los factores asociados con la agudización del
conflicto armado y social (claro ejemplo de ello es el asesinato del sociólogo
Alfredo Correa, por sus comprometidas investigaciones sobre desplazamiento
forzado y, más recientemente, el
exilio académico del profesor Renán Vega, Premio Libertador al Pensamiento
Crítico, quien tuvo que abandonar el país por amenazas contra su vida); pero por
otro lado, también, debido al control que sobre ella ejerce una burocracia
tecno académica, de corte autoritario, que pretende transformar la
universidad obedeciendo a esquemas que no responden a las necesidades de
nuestra sociedad; donde la agenda académica e investigativa está determinada,
cada vez más, por las lógicas del mercado; donde la obtención de puntos
salariares se impone sobre la producción de conocimiento y donde la actividad gremial y sindical es
sistemáticamente perseguida y estigmatizada.
¿Cuál podría ser el propósito
de adelantar una persecución en contra de la academia y las universidades?
La universidad ha sido un
espacio para el conocimiento independiente y para el ejercicio del
pensamiento crítico, eso no es funcional para una visión hegemónica de
sociedad, basada en la explotación y la inequidad social y que impone el
mercado como principio rector.
¿Cuáles cree que son los
principales problemas de la universidad colombiana?
Son muy variados, y considero
que las movilizaciones universitarias de estos últimos años los han puesto
claramente sobre el tapete. Para empezar, están las dificultades de hacer
investigación en medio de un conflicto
interno que sacude al país y que han convertido el campus universitario en
escenario de guerra: la creciente militarización de sus predios y las
agresiones y amenazas contra los miembros de la comunidad universitaria son expresiones
de este fenómeno. Está, también, el tema financiero en un país donde la inversión
para la guerra crece día a día, mientras el presupuesto para la educación
superior, en el mejor de los casos, se mantiene constante cuando no se
recorta. A estos problemas se suman los de
una universidad cada vez más
encerrada en sí misma, que ha perdido su responsabilidad social para ponerse
al servicio de las élites y que busca homogeneizar el conocimiento, antes que
reconocer la diversidad cultural e incorporar otros saberes populares y
ancestrales. Las propuestas de reforma a la educación superior, de la mano con
las políticas neoliberales, solo han contribuido a agudizar estos problemas,
tratando de hacer una universidad “más competitiva” que asume la educación y
la investigación como una mercancía.
Luego de su absolución, ¿qué
opinión le merece el aparato judicial colombiano?
Si bien en el proceso que se me
adelantó triunfó la justicia al ser absuelto de los delitos de rebelión y
terrorismo, tras permanecer más de dos años privado de mi libertad, la
opinión que me llevo es que estamos ante un aparato altamente politizado, donde
permanentemente se violan las garantías procesales de los sindicados, se favorece
a quienes tienen poder político y económico, y se estimula la
autoincriminación del acusado.
¿Para qué sirve la discusión
sobre el concepto de terrorismo?
El “terrorismo” como concepto
ha perdido las connotaciones socio-históricas que tuvo en sus inicios,
durante la segunda mitad del siglo XIX. Actualmente, y tras los ataques a las
Torres Gemelas y al Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos hizo de él
un instrumento de persecución contra todos aquellos que disienten de las
políticas imperiales y se oponen al pensamiento hegemónico. Política que fue
seguida por otras naciones del mundo. En Colombia, ha servido para
estigmatizar a la oposición política y social, desviando la responsabilidad
del Estado y sus élites en la inequidad estructural.
¿Qué representan en la
actualidad organizaciones insurgentes como las FARC y el ELN?
Son expresiones de resistencia
política y social que han encontrado en la lucha armada el camino para hacer
valer sus derechos políticos, económicos y sociales, ante la sistemática violación
de los mismos por parte del Estado, y frente a un régimen político que ha impedido
su participación en el juego democrático.
¿Hay terrorismo en Colombia?
Si de algún terrorismo se puede
hablar en el país, es de un “terrorismo de Estado”, que ha recurrido a la utilización
sistemática de la violencia, bien sea a través de sus aparatos represivos o
sus grupos ilegales como los paramilitares, para perseguir y eliminar la
oposición política y social. El exterminio perpetrado contra la Unión Patriótica,
que en el lapso de 15 años segó la vida de más de 3 mil militantes, es una prueba
fehaciente de esta política que ha mantenido a la población colombiana en un estado
de permanente terror.
Entonces, para usted, en el
caso colombiano, ¿el término terrorismo es válido exclusivamente para
referirse a algunas actuaciones del Estado? ¿Los efectos que tienen origen en
las acciones de la insurgencia son “daños colaterales”?
La discusión sobre el concepto
de “terrorismo” nos remite al accionar de los populistas
rusos que, en la segunda mitad
del siglo XIX, lo asumieron como arma política para enfrentar el
autoritarismo del régimen zarista. En este sentido histórico y sociológico,
la guerrilla colombiana, por su concepción política e ideológica, no puede
calificarse como una organización terrorista. Ahora bien, si se entiende por “terrorismo”
el hecho de que algunas de sus acciones afecten a la población civil o la infraestructura
económica, yo diría que las insurgencia armada comete acciones que, desde
este punto de vista, podrían ser calificadas de “terroristas”, pero que
además de no obedecer a una política sistemática, ocurren en el contexto de
un conflicto armado y social que se ha prolongado y escalonado en estas
cuatro décadas. Diferente es la responsabilidad de un Estado que, teniendo el
monopolio de las armas, utiliza la violencia de manera recurrente para
amedrentar a la población y conseguir su obediencia. En este caso, estamos
hablando claramente de un “terrorismo de Estado”, con rasgos similares a los
que vivieron en su momento los países del Cono Sur bajo las dictaduras
militares. Los mal llamados “falsos positivos”, que no son casos aislados,
así como el estímulo y promoción de los grupos paramilitares, constituyen una
expresión de esta política.
¿Es legítima la lucha armada en
la actualidad?
Aunque los escenarios
internacionales han variado sustancialmente, en relación con los
contextos que en su momento
hicieron posible pensar en la lucha armada como una vía para desarrollar las
transformación políticas y sociales de los pueblos, hay que tener en cuenta que,
a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, en Colombia las
guerrillas no surgen como una decisión de un grupo de hombres que, estimulados
por la triunfante Revolución Cubana, ven en la lucha armada revolucionaria la
vía para acceder al poder, sino como respuesta a un conjunto de situaciones objetivas:
políticas, económicas y sociales, que permiten entender sus orígenes
históricos. Ahora bien, en la medida en que a lo largo de estas últimas
cuatro décadas estas condiciones de exclusión política y económica se han
mantenido y el “terrorismo de Estado” sigue siendo una constante, la lucha
armada en Colombia mantiene su legitimidad. El hecho de que el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos haya abierto una mesa de negociación con la
insurgencia armada, en la que se pacta una agenda política, es de una u otra
forma un reconocimiento de que las condiciones que la han alimentado siguen
vigentes.
Si esas condiciones objetivas
se mantienen, ¿se podría decir que Colombia es el mismo país de hace 40 años?
Eso no supone admitir que el
país es el mismo de hace 40 años. Fenómenos como la urbanización, la
expansión de la economía del narcotráfico que ha penetrado todos los poros de
la sociedad colombiana, así como la implementación de las políticas neoliberales
con sus nocivas consecuencias sociales, le ha dado al país otra fisonomía y,
por lo mismo, ha puesto en el escenario nuevas expresiones de organización
social. La misma insurgencia ha sufrido profundas transformaciones: las FARC
que pactó la tregua bajo el gobierno del expresidente Betancur no es la misma
que abrió los diálogos en la mesa de negociación de Oslo. Se observan cambios
en su discurso y una apertura hacia otros sectores sociales. Sin embargo, hay
elementos estructurales que se mantienen, no por casualidad uno de los
primeros puntos de la agenda tiene que ver con el tema agrario que, lejos de
resolverse en estos 40 años, se ha agudizado por el desplazamiento y el
despojo del que ha sido objeto la población campesina por parte de los grupos
paramilitares y los ejércitos privados del narcotráfico. Del mismo modo, y
pese a los cambios que significó la Constitución de 1991, las garantías para la
oposición política y social siguen siendo un objetivo por alcanzar en un país
donde ocurren el 60% de los asesinatos a sindicalistas del mundo y donde, en
el último lustro, han sido investigados por sus vínculos con los grupos
paramilitares más de 200 congresistas de la República, para no hablar de los
más de 3 mil militantes de la Unión Patriótica asesinados, crímenes que en su
mayor parte se mantienen en la impunidad.
¿Cree en el proceso de paz que
inician las FARC y el Gobierno Nacional?
Creo en el diálogo como una
salida política al actual conflicto armado y social. El éxito del proceso de
paz que se adelanta en este momento dependerá no sólo de los compromisos
asumidos por las partes, sino también de la necesaria participación e impulso
de amplios sectores de la sociedad colombiana, del amplio espectro de
organizaciones sociales y políticas que puedan hacer realidad los profundos
cambios económicos y sociales que requiere Colombia para poner fin a esta
guerra que desangra al país.
Aunque ya se encuentran
definidos, ¿cuáles cree que deberían ser los puntos básicos de discusión en
el marco de ese proceso de negociación?
Considero que los cinco puntos
que están contemplados en la agenda que se definió previamente son básicos
para iniciar cualquier proceso de diálogo en el país. Es cierto que a
diferencia de los diálogos que se llevaron a cabo en Tlaxcala y,
posteriormente, en El Caguán, el tema económico no aparece enunciado de
manera explícita. Es innegable que cuando se aborden los temas específicos de
la agenda pactada, como el problema agrario, por ejemplo, necesariamente
tendrá que plantearse una discusión sobre el modelo económico dominante.
En este proceso, es claro que
hay inamovibles de parte y parte. ¿Cuáles son los inamovibles que usted
pondría sobre la mesa?
A mi juicio el único inamovible
sobre la mesa debe ser la superación definitiva del conflicto armado y
social.
La Ley de Víctimas y la de
Restitución de Tierras han representado, por lo menos, unos pasos en otra
dirección por parte de Juan Manuel Santos. ¿Las considera suficientes?
La Ley de Víctimas y la de
Restitución de Tierras constituyen un paso importante en el reconocimiento
del conflicto interno que se desconoció durante el gobierno del expresidente
Uribe. Sin embargo, son muchas sus limitaciones en términos no solo de la
cobertura y las trabas burocráticas a la aplicación de las mismas, sino de la
ausencia de garantías para la vida de los reclamantes. Una verdadera Ley de
Víctimas y de Restitución de Tierras
pasa por el combate frontal a los grupos paramilitares y las organizaciones
criminales que han sido responsables del despojo de más de 6 millones de
hectáreas a los campesinos.
Fuente: Revista Virtual DELAURBE No. 61. Periodismo universitario para la
Ciudad. Palabras Propias. Págs.18-19.
Facultad de Comunicaciones
Universidad de Antioquia., Octubre de 2012. Año 13.
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