viernes, 24 de junio de 2011
BIENVENIDO PROFE MIGUEL ANGEL A LA LIBERTAD
Miguel Ángel Beltrán quedó en libertad este martes
Foto de Miguel Ángel Beltrán Villegas, alias 'Jaime Cienfuegos', en el 2009.
Foto: CEET/ Rodrigo Sepúlveda
A su salida de la cárcel La Picota dijo que piensa retomar sus clases en la Universidad Nacional.
El martes, a las 6:30 de la tarde y en medio de gritos de libertad de estudiantes, compañeros y familiares salió de la cárcel La Picota el sociólogo Miguel Ángel Beltrán.
Después de dos años y 15 días de estar detenido, el profesor asegura que fue procesado con pruebas ilegales y que el señalamiento de ser el 'Jaime Cienfuegos' de las Farc se trató de un complot debido a su pensamiento crítico.
Beltrán dice que no volverá a México, donde fue capturado en mayo del 2009, sino que retomará las clases en la Universidad Nacional, que ayer en un comunicado señaló que espera que Beltrán se pueda reintegrar a la institución.
El pasado viernes, el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá absolvió a Beltrán, basado en el fallo de la Corte Suprema que consideró que los correos de los PC de 'Reyes' no son válidas.
Usted habla de un complot en el proceso. ¿De quién habla?
Estuvo detrás la política de seguridad democrática.
¿Por qué lo dice?
Hay una prueba que fue divulgada por medios de comunicación que señala que a mí me hicieron seguimientos o donde se informó que había un seguimiento por parte de los organismos del Estado. Lo peor de todo es que en ese informe se dijo que yo era inocente y que no tenía ninguna relación con las Farc, a pesar de todo fui tachado como un terrorista
¿Cree que como en su caso, los otros procesos basados en los PC de 'Raúl Reyes' tendrán la misma suerte que su caso?
No puedo tener certeza sobre los otros procesos, pero queda claro que detrás de esta supuesta 'farcpolítica' lo que hay es todo un montaje para tratar de justificar la represión del pensamiento crítico y de quienes pensamos diferente.
Quedó claramente demostrado que fui judicializado con la prueba que ha sido ilegal. Fui víctima de un 'falso positivo'. Se están judicializando a personas con documentos que todos sabemos que no son correos electrónicos. Se está persiguiendo la oposición política y el pensamiento crítico.
Su defensa ha dicho que va a demandar al Estado. ¿Lo va a hacer?
Yo por lo pronto quiero volver a la universidad de donde nunca debí salir, seguir con mis estudiantes, con mis colegas y seguir con mis investigaciones.
¿Tiene contemplado volver a México?
Al pueblo mexicano yo lo quiero mucho. El pueblo mexicano me ha dado mucho, no guardo ningún rencor. Pero me quiero quedar en Colombia porque mi espacio es la universidad pública, mi espacio es la Universidad Nacional. Allí me formé, allí crecí y allí me desarrollé intelectualmente y allí quiero aportar y quedarme.
¿Cuál fue el peor momento?
El peor momento fue cuando los medios de comunicación me trataron como un terrorista.
¿Qué le pide al Estado ahora en libertad?
Solicito protección para mi familia y para mí. No quiero que me suceda lo mismo que al colega sociólogo Alfredo Correa, que salió de la cárcel inocente y al mes fue asesinado.
REDACCIÓN JUSTICIA
Foto de Miguel Ángel Beltrán Villegas, alias 'Jaime Cienfuegos', en el 2009.
Foto: CEET/ Rodrigo Sepúlveda
A su salida de la cárcel La Picota dijo que piensa retomar sus clases en la Universidad Nacional.
El martes, a las 6:30 de la tarde y en medio de gritos de libertad de estudiantes, compañeros y familiares salió de la cárcel La Picota el sociólogo Miguel Ángel Beltrán.
Después de dos años y 15 días de estar detenido, el profesor asegura que fue procesado con pruebas ilegales y que el señalamiento de ser el 'Jaime Cienfuegos' de las Farc se trató de un complot debido a su pensamiento crítico.
Beltrán dice que no volverá a México, donde fue capturado en mayo del 2009, sino que retomará las clases en la Universidad Nacional, que ayer en un comunicado señaló que espera que Beltrán se pueda reintegrar a la institución.
El pasado viernes, el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá absolvió a Beltrán, basado en el fallo de la Corte Suprema que consideró que los correos de los PC de 'Reyes' no son válidas.
Usted habla de un complot en el proceso. ¿De quién habla?
Estuvo detrás la política de seguridad democrática.
¿Por qué lo dice?
Hay una prueba que fue divulgada por medios de comunicación que señala que a mí me hicieron seguimientos o donde se informó que había un seguimiento por parte de los organismos del Estado. Lo peor de todo es que en ese informe se dijo que yo era inocente y que no tenía ninguna relación con las Farc, a pesar de todo fui tachado como un terrorista
¿Cree que como en su caso, los otros procesos basados en los PC de 'Raúl Reyes' tendrán la misma suerte que su caso?
No puedo tener certeza sobre los otros procesos, pero queda claro que detrás de esta supuesta 'farcpolítica' lo que hay es todo un montaje para tratar de justificar la represión del pensamiento crítico y de quienes pensamos diferente.
Quedó claramente demostrado que fui judicializado con la prueba que ha sido ilegal. Fui víctima de un 'falso positivo'. Se están judicializando a personas con documentos que todos sabemos que no son correos electrónicos. Se está persiguiendo la oposición política y el pensamiento crítico.
Su defensa ha dicho que va a demandar al Estado. ¿Lo va a hacer?
Yo por lo pronto quiero volver a la universidad de donde nunca debí salir, seguir con mis estudiantes, con mis colegas y seguir con mis investigaciones.
¿Tiene contemplado volver a México?
Al pueblo mexicano yo lo quiero mucho. El pueblo mexicano me ha dado mucho, no guardo ningún rencor. Pero me quiero quedar en Colombia porque mi espacio es la universidad pública, mi espacio es la Universidad Nacional. Allí me formé, allí crecí y allí me desarrollé intelectualmente y allí quiero aportar y quedarme.
¿Cuál fue el peor momento?
El peor momento fue cuando los medios de comunicación me trataron como un terrorista.
¿Qué le pide al Estado ahora en libertad?
Solicito protección para mi familia y para mí. No quiero que me suceda lo mismo que al colega sociólogo Alfredo Correa, que salió de la cárcel inocente y al mes fue asesinado.
REDACCIÓN JUSTICIA
TENGO UNA SENSACION MUY DOLOROSA
Estuvo dos años preso y este martes en la noche recuperó su libertad. Miguel Ángel Beltrán, acusado de rebelión y concierto para delinquir, abandonó la cárcel La Picota días después de que la juez cuarta Especializada de Bogotá determinó que no había suficiente material probatorio para condenar a Beltrán, basada en una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal cualquier prueba proveniente de los computadores de ‘Reyes’
En un breve diálogo con Semana.com, el profesor aseguró: "Tengo una sensación muy dolorosa" al hacer referencia al tiempo en que estuvo detenido y durante el cual se le juzgó como miembro de las FARC y persona muy cercana ‘Raúl Reyes’. Dijo además que ahora lo que más anhela es regresar a la academia y reencontrase con sus familiares, alumnos y amigos. Es por eso que casi de forma inmediata, a su salida de la cárcel se dirigió a la Universidad Nacional en donde fue recibido por cientos de estudiantes, profesores y amigos, quienes le dieron la bienvenida a la libertad.
“Triunfó la verdad, el pensamiento crítico no es terrorismo. Fueron dos años duros”, dijo a la prensa, tras conocer el fallo, el pasado viernes.
Beltrán, graduado en licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, y en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, antes de ser detenido se encontraba en México con el ánimo de adelantar estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En mayo del 2009, Beltrán fue deportado desde México en una operación conjunta con las autoridades colombianas y capturado a su llegada al aeropuerto de Bogotá. La Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado su condena basados en supuestas comunicaciones del acusado con el abatido cabecilla de las FARC alias ‘Raúl Reyes’.
Según dijo en su momento el director de la Policía General, Óscar Naranjo, Beltrán era "muy cercano y asesor de 'Raúl Reyes'"
Testimonio a favor
Un ciudadano mexicano que colaboró con los organismos de inteligencia colombianos en su país declaró ante un organismo internacional que Beltrán no pertenece a las FARC.
Según reveló Noticias Uno, el testigo había afirmado recientemente ante la oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México que el colombiano Miguel Ángel Beltrán no es integrante del Frente Internacional de ese grupo guerrillero.
Pese a que eso fue lo que le informó en su momento al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuerpo de seguridad para el que trabajaba, al extranjero -cuyo nombre se mantiene en reserva– se le respondió que “Beltrán era uno de los mayores trofeos de los gobiernos de Colombia y México”.
El noticiero aseguró que el testigo se preparó en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá y trabajó, según su declaración, bajo las órdenes del excoordinador de operaciones del DAS Fabio Duarte Traslaviña, quien actualmente está detenido.
El mexicano afirmó en su declaración que le hizo seguimiento durante varias semanas a Beltrán, así como también a la exsenadora Piedad Córdoba. Según el noticiero, el testigo será tenido en cuenta en los juicios que adelantan por el escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS.
¿Quién es?
Beltrán es un hombre de 46 años. Académico, de bajo perfil, proviene de una familia humilde de Bogotá. Su padre es un policía jubilado, y su madre, ama de casa.
Se le conocía como un simpatizante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, pero no como activista ni vocero de estas organizaciones. Durante los años 90 estuvo en México estudiando una maestría en FLACSOo y un doctorado en la UNAM, donde al parecer frecuentaba a Marcos Calarcá, miembro de la Comisión Internacional de las FARC.
De hecho, en el año 2000 la inteligencia colombiana tomó una foto donde aparece Beltrán con Calarcá, Olga Marín y otro miembro de las FARC, en México. Sin embargo, en ese momento estaba en curso el proceso de paz del Caguán y en México había licencia para que los miembros de esta guerrilla se reunieran con diferentes personalidades.
En un breve diálogo con Semana.com, el profesor aseguró: "Tengo una sensación muy dolorosa" al hacer referencia al tiempo en que estuvo detenido y durante el cual se le juzgó como miembro de las FARC y persona muy cercana ‘Raúl Reyes’. Dijo además que ahora lo que más anhela es regresar a la academia y reencontrase con sus familiares, alumnos y amigos. Es por eso que casi de forma inmediata, a su salida de la cárcel se dirigió a la Universidad Nacional en donde fue recibido por cientos de estudiantes, profesores y amigos, quienes le dieron la bienvenida a la libertad.
“Triunfó la verdad, el pensamiento crítico no es terrorismo. Fueron dos años duros”, dijo a la prensa, tras conocer el fallo, el pasado viernes.
Beltrán, graduado en licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, y en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, antes de ser detenido se encontraba en México con el ánimo de adelantar estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En mayo del 2009, Beltrán fue deportado desde México en una operación conjunta con las autoridades colombianas y capturado a su llegada al aeropuerto de Bogotá. La Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado su condena basados en supuestas comunicaciones del acusado con el abatido cabecilla de las FARC alias ‘Raúl Reyes’.
Según dijo en su momento el director de la Policía General, Óscar Naranjo, Beltrán era "muy cercano y asesor de 'Raúl Reyes'"
Testimonio a favor
Un ciudadano mexicano que colaboró con los organismos de inteligencia colombianos en su país declaró ante un organismo internacional que Beltrán no pertenece a las FARC.
Según reveló Noticias Uno, el testigo había afirmado recientemente ante la oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México que el colombiano Miguel Ángel Beltrán no es integrante del Frente Internacional de ese grupo guerrillero.
Pese a que eso fue lo que le informó en su momento al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuerpo de seguridad para el que trabajaba, al extranjero -cuyo nombre se mantiene en reserva– se le respondió que “Beltrán era uno de los mayores trofeos de los gobiernos de Colombia y México”.
El noticiero aseguró que el testigo se preparó en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá y trabajó, según su declaración, bajo las órdenes del excoordinador de operaciones del DAS Fabio Duarte Traslaviña, quien actualmente está detenido.
El mexicano afirmó en su declaración que le hizo seguimiento durante varias semanas a Beltrán, así como también a la exsenadora Piedad Córdoba. Según el noticiero, el testigo será tenido en cuenta en los juicios que adelantan por el escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS.
¿Quién es?
Beltrán es un hombre de 46 años. Académico, de bajo perfil, proviene de una familia humilde de Bogotá. Su padre es un policía jubilado, y su madre, ama de casa.
Se le conocía como un simpatizante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, pero no como activista ni vocero de estas organizaciones. Durante los años 90 estuvo en México estudiando una maestría en FLACSOo y un doctorado en la UNAM, donde al parecer frecuentaba a Marcos Calarcá, miembro de la Comisión Internacional de las FARC.
De hecho, en el año 2000 la inteligencia colombiana tomó una foto donde aparece Beltrán con Calarcá, Olga Marín y otro miembro de las FARC, en México. Sin embargo, en ese momento estaba en curso el proceso de paz del Caguán y en México había licencia para que los miembros de esta guerrilla se reunieran con diferentes personalidades.
COLEGIO IED KENNEDY
INFORME VISITA DEL CIUDADANO NORTEAMERICANO
WILLIAM TRIMM AL COLEGIO IED KENNEDY-BOGOTA, D.C. SUR AMERICA.
Es un hecho evidente el que en nuestro país los niños, niñas y jóvenes son objeto de aberrantes vulneraciones de los más elementales derechos consagrados en nuestra constitución, en especial en su artículo 44 y la Convención Sobre los Derechos de los Niños aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.
A esta situación, que pareciera exclusiva de países tercermundistas, no escapan los ciudadanos norteamericanos que ven como en sus calles y escuelas jóvenes que en apariencia no tendrían ninguna preocupación, más allá de vivir el “sueño americano”, se enfrentan a múltiples formas de violencia que dejan a su paso muerte y desolación.
Es común escuchar como en las diferentes escuelas de este país, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, las enfermedades de transmisión sexual, la desintegración familiar, las masacres ocasionadas por jóvenes, el uso de armas de fuego, las golpizas xenofóbicas, las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y tantas otras formas de violencia, son frecuentes en el país mas desarrollado del mundo, en el defensor de los derechos civiles y políticos, en el policía del mundo, en el imperio.
En este marco, recibimos la visita del ciudadano norteamericano William Trimm, el pasado 14 de febrero de 2011, quien vino a realizar un intercambio de experiencias alrededor del trabajo de divulgación y defensa de los derechos humanos que desarrollamos con la población juvenil en el colegio.
Dentro de la agenda desarrollada se estableció la siguiente ruta:
1. Saludo de bienvenida por parte de los y las profesoras de nuestro colegio
2. Presentación por parte del Comité Permanente de Derechos Humanos del colegio de su proyecto BIVOKONVIVIENDO
3. Conversatorio en los diferentes cursos para intercambio de ideas con estudiantes y William Trimm
4. Reunión con los profesores responsables del proyecto para precisar y establecer posibles compromisos
5. Invitación a almorzar
Dentro de la presentación del proyecto BIVOKONVIVIENDO, se puso en evidencia los adelantos del trabajo que se ha venido realizando con los y las estudiantes del colegio, la participación de madres y padres de familia y el trabajo interdisciplinar al que nos hemos venido convocando los y las docentes de la institución.
Se hizo un recorrido video gráfico de cada uno de los siete foros que realizamos desde el año 2004, los cuales han tocado temas de relevante interés para la comunidad educativa y ha contado con la participación de destacados líderes sociales del país.
También se mostraron los avances en el proceso de formación y consolidación del COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS del colegio, el cual cuenta con 85 miembros activos, los cuales son los encargados de dinamizar el trabajo durante todo el año.
Se hizo la presentación de la Revista OCIO PARA PENSAR, órgano informativo del Comité Permanente, la cual ha servido como vehículo transmisor de la propuesta y que ha sido un espacio articulador y sistematizador de las actividades desarrolladas por los miembros del Comité.
Se puso de relieve el hecho de la participación de los miembros del Comité en diversas jornadas de capacitación con ONGs y entidades del Distrito, que han servido para cualificar el proceso de formación de los miembros del Comité.
La participación y presentación del proyecto en sendas ferias pedagógicas que convoca la Secretaría de Educación del Distrito, las cuales arrojaron como mención un reconocimiento económico que sirvió para la diagramación y edición del primer número de nuestra revista.
En la segunda parte de la actividad, los estudiantes de diferentes cursos del colegio tuvieron un intercambio más personal con William Trimm, el cual les contó el motivo de su visita y la experiencia de divulgar el trabajo con jóvenes de diferentes regiones del país
Los estudiantes se mostraron motivados al tener la posibilidad de conocer un poco más de la cultura de personas de su misma edad de un país como los Estados Unidos, se hizo énfasis en contar como los jóvenes de uno y otro país se enfrentan a la misma problemática y como son ellos mismos los encargados de debatir y buscar soluciones a su realidad.
Es importante resaltar la calidez y disposición por parte de Will Trimm, para que con su paciencia y calidez escuchara las diferentes inquietudes e irreverencias de los niños y niñas frente a la presencia de un “extranjero” y además norteamericano en nuestro colegio.
Realizamos una reunión de balance de la actividad entre William Trimm y los profesores y profesoras responsables del proyecto. En ella se plantearon las dificultades alrededor de buscar mecanismos de financiamiento y la posibilidad de poder intercambiar las experiencias con otros jóvenes en el país y en Estados Unidos.
Se planteo la posibilidad de que jóvenes de estados Unidos pudieran escribir artículos sobre su realidad para ser publicados en el segundo número de la revista.
Se queda a la espera que William pueda dar a conocer en su país el proyecto y que en una próxima vista pudiéramos materializar de mejor manera el trabajo en equipo.
Por último se hizo una modesta pero muy fraternal invitación a almorzar.
Agradecemos a los compañeros que nos permitieron ser tenidos en cuenta para dar a conocer nuestra experiencia en el trabajo por la Defensa de los Derechos Humanos que desde las aulas desarrollamos día a día los educadores y estudiantes de nuestro colegio.
También agradecemos a la profesora de inglés de nuestro colegio, LESLY CASTRO, lo cual nos permitió que de manera clara y fluida William Trimm se enterara de nuestros avances y expectativas en el desarrollo del proyecto.
Cordialmente, WLDARICO FLOREZ -PEÑA
OCTAVIO VASQUEZ
Brigadista Coordinador General
Docente de Ciencias Sociales
Colegio IED Kennedy
WILLIAM TRIMM AL COLEGIO IED KENNEDY-BOGOTA, D.C. SUR AMERICA.
Es un hecho evidente el que en nuestro país los niños, niñas y jóvenes son objeto de aberrantes vulneraciones de los más elementales derechos consagrados en nuestra constitución, en especial en su artículo 44 y la Convención Sobre los Derechos de los Niños aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.
A esta situación, que pareciera exclusiva de países tercermundistas, no escapan los ciudadanos norteamericanos que ven como en sus calles y escuelas jóvenes que en apariencia no tendrían ninguna preocupación, más allá de vivir el “sueño americano”, se enfrentan a múltiples formas de violencia que dejan a su paso muerte y desolación.
Es común escuchar como en las diferentes escuelas de este país, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, las enfermedades de transmisión sexual, la desintegración familiar, las masacres ocasionadas por jóvenes, el uso de armas de fuego, las golpizas xenofóbicas, las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y tantas otras formas de violencia, son frecuentes en el país mas desarrollado del mundo, en el defensor de los derechos civiles y políticos, en el policía del mundo, en el imperio.
En este marco, recibimos la visita del ciudadano norteamericano William Trimm, el pasado 14 de febrero de 2011, quien vino a realizar un intercambio de experiencias alrededor del trabajo de divulgación y defensa de los derechos humanos que desarrollamos con la población juvenil en el colegio.
Dentro de la agenda desarrollada se estableció la siguiente ruta:
1. Saludo de bienvenida por parte de los y las profesoras de nuestro colegio
2. Presentación por parte del Comité Permanente de Derechos Humanos del colegio de su proyecto BIVOKONVIVIENDO
3. Conversatorio en los diferentes cursos para intercambio de ideas con estudiantes y William Trimm
4. Reunión con los profesores responsables del proyecto para precisar y establecer posibles compromisos
5. Invitación a almorzar
Dentro de la presentación del proyecto BIVOKONVIVIENDO, se puso en evidencia los adelantos del trabajo que se ha venido realizando con los y las estudiantes del colegio, la participación de madres y padres de familia y el trabajo interdisciplinar al que nos hemos venido convocando los y las docentes de la institución.
Se hizo un recorrido video gráfico de cada uno de los siete foros que realizamos desde el año 2004, los cuales han tocado temas de relevante interés para la comunidad educativa y ha contado con la participación de destacados líderes sociales del país.
También se mostraron los avances en el proceso de formación y consolidación del COMITÉ PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS del colegio, el cual cuenta con 85 miembros activos, los cuales son los encargados de dinamizar el trabajo durante todo el año.
Se hizo la presentación de la Revista OCIO PARA PENSAR, órgano informativo del Comité Permanente, la cual ha servido como vehículo transmisor de la propuesta y que ha sido un espacio articulador y sistematizador de las actividades desarrolladas por los miembros del Comité.
Se puso de relieve el hecho de la participación de los miembros del Comité en diversas jornadas de capacitación con ONGs y entidades del Distrito, que han servido para cualificar el proceso de formación de los miembros del Comité.
La participación y presentación del proyecto en sendas ferias pedagógicas que convoca la Secretaría de Educación del Distrito, las cuales arrojaron como mención un reconocimiento económico que sirvió para la diagramación y edición del primer número de nuestra revista.
En la segunda parte de la actividad, los estudiantes de diferentes cursos del colegio tuvieron un intercambio más personal con William Trimm, el cual les contó el motivo de su visita y la experiencia de divulgar el trabajo con jóvenes de diferentes regiones del país
Los estudiantes se mostraron motivados al tener la posibilidad de conocer un poco más de la cultura de personas de su misma edad de un país como los Estados Unidos, se hizo énfasis en contar como los jóvenes de uno y otro país se enfrentan a la misma problemática y como son ellos mismos los encargados de debatir y buscar soluciones a su realidad.
Es importante resaltar la calidez y disposición por parte de Will Trimm, para que con su paciencia y calidez escuchara las diferentes inquietudes e irreverencias de los niños y niñas frente a la presencia de un “extranjero” y además norteamericano en nuestro colegio.
Realizamos una reunión de balance de la actividad entre William Trimm y los profesores y profesoras responsables del proyecto. En ella se plantearon las dificultades alrededor de buscar mecanismos de financiamiento y la posibilidad de poder intercambiar las experiencias con otros jóvenes en el país y en Estados Unidos.
Se planteo la posibilidad de que jóvenes de estados Unidos pudieran escribir artículos sobre su realidad para ser publicados en el segundo número de la revista.
Se queda a la espera que William pueda dar a conocer en su país el proyecto y que en una próxima vista pudiéramos materializar de mejor manera el trabajo en equipo.
Por último se hizo una modesta pero muy fraternal invitación a almorzar.
Agradecemos a los compañeros que nos permitieron ser tenidos en cuenta para dar a conocer nuestra experiencia en el trabajo por la Defensa de los Derechos Humanos que desde las aulas desarrollamos día a día los educadores y estudiantes de nuestro colegio.
También agradecemos a la profesora de inglés de nuestro colegio, LESLY CASTRO, lo cual nos permitió que de manera clara y fluida William Trimm se enterara de nuestros avances y expectativas en el desarrollo del proyecto.
Cordialmente, WLDARICO FLOREZ -PEÑA
OCTAVIO VASQUEZ
Brigadista Coordinador General
Docente de Ciencias Sociales
Colegio IED Kennedy
VISITA DE UN AMERICANO
INFORME VISITA WILL TRIM A LA CORPORACION AUTONOMA FORJAR-BOGOTA COLOMBIA FEBRERO 2011
El sábado y domingo 12 y 13 de febrero recibimos en la sede de la Corporación Autónoma Forjar la visita del ciudadano Norteamericano Will Trim, quien se manifestó interesado en conocer el trabajo de la corporación con niños. El primer día se le presento el espacio de trabajo de la corporación, su origen, naturaleza y trabajo especialmente la cultura, el arte y los derechos humanos de los niños y niñas de nuestra comunidad. En este espacio participaron Marisabel Rincón, líder comunal y miembro de la corporación, Raúl Navarro sociólogo e igualmente miembro de la corporación Autónoma Forjar, fundada en el año 2004. Se entablo una breve charla y se concreto una visita el domingo a las 10:00 a.m., con un grupo de niños y niñas con los que se ha trabajado proyectos de arte, cultura y derechos humanos.
El domingo se realizó la reunión de trabajo con la participación de 8 niños y niñas de la comunidad JUAN PABLO, JUAN DAVID, TANIA VALENTINA, CAROLINA, BRYAN, ESTEFANI, CARLOS, con la presencia de Carolina Navarro, Raúl Navarro, Marisabel Rincón, Will Trim.
En la visita se desarrollo un taller de presentación e integración desde el teatro, motivando la creatividad, el uso de otros lenguajes para la comunicación y el auto reconocimiento, propiciando así un compartir de experiencias frente a Will quien con otro idioma pudo entender a los niños y ellos a él. Esa es una de las grandes virtudes del arte, que es un lenguaje universal. Después de esta actividad se le presento a Will los diferentes proyectos y actividades que ha desarrollado la Corporación entre ellos ser una de las organizaciones que hacen parte del Carnaval Por la Vida de Britalia, la realización de la escuela de creación artística La María, El carnaval Viva La María, biblioteca Popular, talleres de teatro, danza y artes plásticas para niños y niñas, trabajo con jóvenes en derechos humanos y promoción de la educación popular en nuestra comunidad del Barrio La María de la Localidad de Kennedy de la Ciudad de Bogotá.
Agrademos el interés de Will por conocernos, por ayudar a los niños y niñas por preocuparse por nuestro país, de el se desprende un valioso carácter de servicio por los demás, de amistad y hermandad entre pueblos, nuestra organización aprecia su tiempo por conocernos y dar a conocer lo que somos.
Forjar es una organización que trabaja por el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de nuestro territorio esperanzados que serán ellos los dueños de un futuro lleno de oportunidades y la concreción de una sociedad equitativa y justa, luchamos por ese ideal, considerando que cada esfuerzo y cada tarea desarrollada es un paso de realización para esta meta, objetivo que como educadores nos hemos trazado en nuestras vidas con ese compromiso que esta basado en el amor a los otros, en esa búsqueda trascendental por el bienestar.
WLDARICOF LOREZ PEÑA
Coordinador General
Febrero 21 de 2011.
El sábado y domingo 12 y 13 de febrero recibimos en la sede de la Corporación Autónoma Forjar la visita del ciudadano Norteamericano Will Trim, quien se manifestó interesado en conocer el trabajo de la corporación con niños. El primer día se le presento el espacio de trabajo de la corporación, su origen, naturaleza y trabajo especialmente la cultura, el arte y los derechos humanos de los niños y niñas de nuestra comunidad. En este espacio participaron Marisabel Rincón, líder comunal y miembro de la corporación, Raúl Navarro sociólogo e igualmente miembro de la corporación Autónoma Forjar, fundada en el año 2004. Se entablo una breve charla y se concreto una visita el domingo a las 10:00 a.m., con un grupo de niños y niñas con los que se ha trabajado proyectos de arte, cultura y derechos humanos.
El domingo se realizó la reunión de trabajo con la participación de 8 niños y niñas de la comunidad JUAN PABLO, JUAN DAVID, TANIA VALENTINA, CAROLINA, BRYAN, ESTEFANI, CARLOS, con la presencia de Carolina Navarro, Raúl Navarro, Marisabel Rincón, Will Trim.
En la visita se desarrollo un taller de presentación e integración desde el teatro, motivando la creatividad, el uso de otros lenguajes para la comunicación y el auto reconocimiento, propiciando así un compartir de experiencias frente a Will quien con otro idioma pudo entender a los niños y ellos a él. Esa es una de las grandes virtudes del arte, que es un lenguaje universal. Después de esta actividad se le presento a Will los diferentes proyectos y actividades que ha desarrollado la Corporación entre ellos ser una de las organizaciones que hacen parte del Carnaval Por la Vida de Britalia, la realización de la escuela de creación artística La María, El carnaval Viva La María, biblioteca Popular, talleres de teatro, danza y artes plásticas para niños y niñas, trabajo con jóvenes en derechos humanos y promoción de la educación popular en nuestra comunidad del Barrio La María de la Localidad de Kennedy de la Ciudad de Bogotá.
Agrademos el interés de Will por conocernos, por ayudar a los niños y niñas por preocuparse por nuestro país, de el se desprende un valioso carácter de servicio por los demás, de amistad y hermandad entre pueblos, nuestra organización aprecia su tiempo por conocernos y dar a conocer lo que somos.
Forjar es una organización que trabaja por el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de nuestro territorio esperanzados que serán ellos los dueños de un futuro lleno de oportunidades y la concreción de una sociedad equitativa y justa, luchamos por ese ideal, considerando que cada esfuerzo y cada tarea desarrollada es un paso de realización para esta meta, objetivo que como educadores nos hemos trazado en nuestras vidas con ese compromiso que esta basado en el amor a los otros, en esa búsqueda trascendental por el bienestar.
WLDARICOF LOREZ PEÑA
Coordinador General
Febrero 21 de 2011.
OTRA VEZ A LA CÁRCEL
En Colombia, y particularmente en la región del Magdalena Medio, quienes tenemos el compromiso de liderar procesos sociales y políticos alternativos, hemos estado sometidos a la intemperancia del establecimiento. Para ello utilizan las fuerzas estatales y paraestatales, que cumplen la misión de criminalizar a quienes consideran el enemigo interno, utilizando la eliminación física, es decir el asesinato, y también la judicialización que conlleva el encarcelamiento.
El asesinato de líderes populares, sociales, sindicales, de derechos humanos o políticos de oposición, ha sido una práctica permanente, generalizada y sistemática. Por eso no es casual los miles y miles de asesinatos políticos en Colombia, y en especial en la región del Magdalena Medio. Centenares y centenares de crímenes irremisibles como los ocurridos en Barrancabermeja y estos dirigentes tenían todo un acumulado como los casos de Leonardo Posada, Ismael Jaime, Orlando Higuita, Manuel Gustavo Chacón, Francisco Burgos y tantos otros quienes ofrendaron sus vidas por la noble causa de la libertad, la paz y la democracia. Sencillamente fueron silenciados y se les impuso el manto de la impunidad.
La práctica perversa de los montajes judiciales es otra rama de la criminalización, que con falsos testigos y libretos preestablecidos encarcela a los dirigentes naturales de la comunidad, porque son considerados por el establecimiento y sus agentes una piedra en el zapato.
En el año 1993, fui víctima de un montaje judicial donde el Coronel Fabio García Chaves, del Batallón Nueva Granada, en un escrito de once renglones, me acusó de tener vínculos con la insurgencia y un teniente del batallón Calibio de Puerto Berrío me colocó una denuncia penal por la muerte de un soldado, donde la única “prueba” era el susodicho informe de inteligencia, que me acusaba de pertenecer a la insurgencia. También me acusaron por la muerte de un policía. Estas temerarias acusaciones fueron desmentidas; inclusive el comandante de la Policía de Barrancabermeja para la época manifestó que para esa fecha no habían asesinado a ningún policía, quedando evidenciada la falsedad de dichas acusaciones. Luego me impusieron a tres testigos sin rostro, a quienes indujeron para que me acusaran de hechos inverosímiles, como que la guerrilla me había financiado para estudiar en la Universidad y que el suscrito ordenaba la voladura de oleoductos para que Ecopetrol me asignara el contrato para el arreglo de estos oleoductos. Todas las acusaciones fueron desvirtuadas. Frente al tema de la Universidad, se demostró que laboré durante diez años como bibliotecario de la Universidad y como funcionario tenía derecho a estudiar becado, por cuanto la convención colectiva colectiva así lo establecía. Ecopetrol demostró que nunca he laborado ni como empleado y menos como contratista de esta empresa estatal.
El objetivo era mantenerme en la cárcel, y después de veintisiete meses de estar encarcelado, se comprobó que todo fue producto de un montaje judicial donde fui absuelto de todos los cargos y declarado inocente.
Como en la obra autobiográfica de Nehru de la India “Otra vez a la cárcel”, quien en diversas ocasiones fue encarcelado por liderar la causa de la libertad en su país.
De nuevo estoy encarcelado, producto de un montaje judicial fraguado desde la cárcel de Itagüí, por los criminales del paramilitarismo, los mismos que intentaron asesinarme en muchas ocasiones. No tengo la menor duda de la participación de los organismos del Estado, en especial aquél que está siendo investigado por practicar el fisgoneo o las chuzadas, están en convivencia con estos grupos paramilitares. Éstos, los paramilitares, amparados por los beneficio de la Ley de impunidad, la 975, el 17 de abril de 2008 el paramilitar alias el Panadero, me acusó de un asesinato ocurrido en Barrancabermeja, el 5 de abril de 1991. Este sujeto está condenado a cuarenta años de cárcel por las masacres que perpetró en Barrancabermeja y la Organización de Derechos Humanos CREDHOS de la cual hago parte denunció y además, hizo el acompañamiento a las víctimas. Este es un acto de retaliación contra el suscrito.
También me están cobrando la denuncia que hice por los diferentes medios de comunicación, la reunión que hizo Álvaro Uribe con varios paramilitares en Puerto Berrío y este hecho quedó registrado en un video.
Lo que está claro es que ni una sola de las acusaciones contra mí ha sido probada. Son muchas las contradicciones y las imprecisiones de los falsos testigos, pero el Fiscal del caso desconoció el debido proceso y el derecho a la defensa al desechar muchas pruebas; estoy seguro que el juicio, donde tendré la oportunidad de intervenir demostraré mi inocencia.
Llevo ocho meses tras las rejas injustamente, me están cobrando el trabajo denodado en la defensa de los derechos humanos, y como lo dije en alguna ocasión, buscan un empate moral entre las víctimas y los victimarios, para igualarnos a ellos y deslegitimar la justa causa de los derechos humanos y el libre ejercicio de la oposición política.
Ni las falsas acusaciones y menos el encierro lograrán cooptarme y menos someterme, mi moral sigue firme trabajando al interior del Penal en defensa de los derechos humanos de los internos.
Agradezco el apoyo solidario de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, religiosas, organizaciones internacionales y los pobladores y pobladoras del Magdalena Medio.
¡Adelante, la batalla por la libertad y dignidad de nuestro pueblo continua!
David Rabelo Crespo
En Colombia, y particularmente en la región del Magdalena Medio, quienes tenemos el compromiso de liderar procesos sociales y políticos alternativos, hemos estado sometidos a la intemperancia del establecimiento. Para ello utilizan las fuerzas estatales y paraestatales, que cumplen la misión de criminalizar a quienes consideran el enemigo interno, utilizando la eliminación física, es decir el asesinato, y también la judicialización que conlleva el encarcelamiento.
El asesinato de líderes populares, sociales, sindicales, de derechos humanos o políticos de oposición, ha sido una práctica permanente, generalizada y sistemática. Por eso no es casual los miles y miles de asesinatos políticos en Colombia, y en especial en la región del Magdalena Medio. Centenares y centenares de crímenes irremisibles como los ocurridos en Barrancabermeja y estos dirigentes tenían todo un acumulado como los casos de Leonardo Posada, Ismael Jaime, Orlando Higuita, Manuel Gustavo Chacón, Francisco Burgos y tantos otros quienes ofrendaron sus vidas por la noble causa de la libertad, la paz y la democracia. Sencillamente fueron silenciados y se les impuso el manto de la impunidad.
La práctica perversa de los montajes judiciales es otra rama de la criminalización, que con falsos testigos y libretos preestablecidos encarcela a los dirigentes naturales de la comunidad, porque son considerados por el establecimiento y sus agentes una piedra en el zapato.
En el año 1993, fui víctima de un montaje judicial donde el Coronel Fabio García Chaves, del Batallón Nueva Granada, en un escrito de once renglones, me acusó de tener vínculos con la insurgencia y un teniente del batallón Calibio de Puerto Berrío me colocó una denuncia penal por la muerte de un soldado, donde la única “prueba” era el susodicho informe de inteligencia, que me acusaba de pertenecer a la insurgencia. También me acusaron por la muerte de un policía. Estas temerarias acusaciones fueron desmentidas; inclusive el comandante de la Policía de Barrancabermeja para la época manifestó que para esa fecha no habían asesinado a ningún policía, quedando evidenciada la falsedad de dichas acusaciones. Luego me impusieron a tres testigos sin rostro, a quienes indujeron para que me acusaran de hechos inverosímiles, como que la guerrilla me había financiado para estudiar en la Universidad y que el suscrito ordenaba la voladura de oleoductos para que Ecopetrol me asignara el contrato para el arreglo de estos oleoductos. Todas las acusaciones fueron desvirtuadas. Frente al tema de la Universidad, se demostró que laboré durante diez años como bibliotecario de la Universidad y como funcionario tenía derecho a estudiar becado, por cuanto la convención colectiva colectiva así lo establecía. Ecopetrol demostró que nunca he laborado ni como empleado y menos como contratista de esta empresa estatal.
El objetivo era mantenerme en la cárcel, y después de veintisiete meses de estar encarcelado, se comprobó que todo fue producto de un montaje judicial donde fui absuelto de todos los cargos y declarado inocente.
Como en la obra autobiográfica de Nehru de la India “Otra vez a la cárcel”, quien en diversas ocasiones fue encarcelado por liderar la causa de la libertad en su país.
De nuevo estoy encarcelado, producto de un montaje judicial fraguado desde la cárcel de Itagüí, por los criminales del paramilitarismo, los mismos que intentaron asesinarme en muchas ocasiones. No tengo la menor duda de la participación de los organismos del Estado, en especial aquél que está siendo investigado por practicar el fisgoneo o las chuzadas, están en convivencia con estos grupos paramilitares. Éstos, los paramilitares, amparados por los beneficio de la Ley de impunidad, la 975, el 17 de abril de 2008 el paramilitar alias el Panadero, me acusó de un asesinato ocurrido en Barrancabermeja, el 5 de abril de 1991. Este sujeto está condenado a cuarenta años de cárcel por las masacres que perpetró en Barrancabermeja y la Organización de Derechos Humanos CREDHOS de la cual hago parte denunció y además, hizo el acompañamiento a las víctimas. Este es un acto de retaliación contra el suscrito.
También me están cobrando la denuncia que hice por los diferentes medios de comunicación, la reunión que hizo Álvaro Uribe con varios paramilitares en Puerto Berrío y este hecho quedó registrado en un video.
Lo que está claro es que ni una sola de las acusaciones contra mí ha sido probada. Son muchas las contradicciones y las imprecisiones de los falsos testigos, pero el Fiscal del caso desconoció el debido proceso y el derecho a la defensa al desechar muchas pruebas; estoy seguro que el juicio, donde tendré la oportunidad de intervenir demostraré mi inocencia.
Llevo ocho meses tras las rejas injustamente, me están cobrando el trabajo denodado en la defensa de los derechos humanos, y como lo dije en alguna ocasión, buscan un empate moral entre las víctimas y los victimarios, para igualarnos a ellos y deslegitimar la justa causa de los derechos humanos y el libre ejercicio de la oposición política.
Ni las falsas acusaciones y menos el encierro lograrán cooptarme y menos someterme, mi moral sigue firme trabajando al interior del Penal en defensa de los derechos humanos de los internos.
Agradezco el apoyo solidario de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, religiosas, organizaciones internacionales y los pobladores y pobladoras del Magdalena Medio.
¡Adelante, la batalla por la libertad y dignidad de nuestro pueblo continua!
David Rabelo Crespo
OTRA VEZ A LA CARCEL
OTRA VEZ A LA CÁRCEL
En Colombia, y particularmente en la región del Magdalena Medio, quienes tenemos el compromiso de liderar procesos sociales y políticos alternativos, hemos estado sometidos a la intemperancia del establecimiento. Para ello utilizan las fuerzas estatales y paraestatales, que cumplen la misión de criminalizar a quienes consideran el enemigo interno, utilizando la eliminación física, es decir el asesinato, y también la judicialización que conlleva el encarcelamiento.
El asesinato de líderes populares, sociales, sindicales, de derechos humanos o políticos de oposición, ha sido una práctica permanente, generalizada y sistemática. Por eso no es casual los miles y miles de asesinatos políticos en Colombia, y en especial en la región del Magdalena Medio. Centenares y centenares de crímenes irremisibles como los ocurridos en Barrancabermeja y estos dirigentes tenían todo un acumulado como los casos de Leonardo Posada, Ismael Jaime, Orlando Higuita, Manuel Gustavo Chacón, Francisco Burgos y tantos otros quienes ofrendaron sus vidas por la noble causa de la libertad, la paz y la democracia. Sencillamente fueron silenciados y se les impuso el manto de la impunidad.
La práctica perversa de los montajes judiciales es otra rama de la criminalización, que con falsos testigos y libretos preestablecidos encarcela a los dirigentes naturales de la comunidad, porque son considerados por el establecimiento y sus agentes una piedra en el zapato.
En el año 1993, fui víctima de un montaje judicial donde el Coronel Fabio García Chaves, del Batallón Nueva Granada, en un escrito de once renglones, me acusó de tener vínculos con la insurgencia y un teniente del batallón Calibio de Puerto Berrío me colocó una denuncia penal por la muerte de un soldado, donde la única “prueba” era el susodicho informe de inteligencia, que me acusaba de pertenecer a la insurgencia. También me acusaron por la muerte de un policía. Estas temerarias acusaciones fueron desmentidas; inclusive el comandante de la Policía de Barrancabermeja para la época manifestó que para esa fecha no habían asesinado a ningún policía, quedando evidenciada la falsedad de dichas acusaciones. Luego me impusieron a tres testigos sin rostro, a quienes indujeron para que me acusaran de hechos inverosímiles, como que la guerrilla me había financiado para estudiar en la Universidad y que el suscrito ordenaba la voladura de oleoductos para que Ecopetrol me asignara el contrato para el arreglo de estos oleoductos. Todas las acusaciones fueron desvirtuadas. Frente al tema de la Universidad, se demostró que laboré durante diez años como bibliotecario de la Universidad y como funcionario tenía derecho a estudiar becado, por cuanto la convención colectiva colectiva así lo establecía. Ecopetrol demostró que nunca he laborado ni como empleado y menos como contratista de esta empresa estatal.
El objetivo era mantenerme en la cárcel, y después de veintisiete meses de estar encarcelado, se comprobó que todo fue producto de un montaje judicial donde fui absuelto de todos los cargos y declarado inocente.
Como en la obra autobiográfica de Nehru de la India “Otra vez a la cárcel”, quien en diversas ocasiones fue encarcelado por liderar la causa de la libertad en su país.
De nuevo estoy encarcelado, producto de un montaje judicial fraguado desde la cárcel de Itagüí, por los criminales del paramilitarismo, los mismos que intentaron asesinarme en muchas ocasiones. No tengo la menor duda de la participación de los organismos del Estado, en especial aquél que está siendo investigado por practicar el fisgoneo o las chuzadas, están en convivencia con estos grupos paramilitares. Éstos, los paramilitares, amparados por los beneficio de la Ley de impunidad, la 975, el 17 de abril de 2008 el paramilitar alias el Panadero, me acusó de un asesinato ocurrido en Barrancabermeja, el 5 de abril de 1991. Este sujeto está condenado a cuarenta años de cárcel por las masacres que perpetró en Barrancabermeja y la Organización de Derechos Humanos CREDHOS de la cual hago parte denunció y además, hizo el acompañamiento a las víctimas. Este es un acto de retaliación contra el suscrito.
También me están cobrando la denuncia que hice por los diferentes medios de comunicación, la reunión que hizo Álvaro Uribe con varios paramilitares en Puerto Berrío y este hecho quedó registrado en un video.
Lo que está claro es que ni una sola de las acusaciones contra mí ha sido probada. Son muchas las contradicciones y las imprecisiones de los falsos testigos, pero el Fiscal del caso desconoció el debido proceso y el derecho a la defensa al desechar muchas pruebas; estoy seguro que el juicio, donde tendré la oportunidad de intervenir demostraré mi inocencia.
Llevo ocho meses tras las rejas injustamente, me están cobrando el trabajo denodado en la defensa de los derechos humanos, y como lo dije en alguna ocasión, buscan un empate moral entre las víctimas y los victimarios, para igualarnos a ellos y deslegitimar la justa causa de los derechos humanos y el libre ejercicio de la oposición política.
Ni las falsas acusaciones y menos el encierro lograrán cooptarme y menos someterme, mi moral sigue firme trabajando al interior del Penal en defensa de los derechos humanos de los internos.
Agradezco el apoyo solidario de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, religiosas, organizaciones internacionales y los pobladores y pobladoras del Magdalena Medio.
¡Adelante, la batalla por la libertad y dignidad de nuestro pueblo continua!
David Rabelo Crespo
En Colombia, y particularmente en la región del Magdalena Medio, quienes tenemos el compromiso de liderar procesos sociales y políticos alternativos, hemos estado sometidos a la intemperancia del establecimiento. Para ello utilizan las fuerzas estatales y paraestatales, que cumplen la misión de criminalizar a quienes consideran el enemigo interno, utilizando la eliminación física, es decir el asesinato, y también la judicialización que conlleva el encarcelamiento.
El asesinato de líderes populares, sociales, sindicales, de derechos humanos o políticos de oposición, ha sido una práctica permanente, generalizada y sistemática. Por eso no es casual los miles y miles de asesinatos políticos en Colombia, y en especial en la región del Magdalena Medio. Centenares y centenares de crímenes irremisibles como los ocurridos en Barrancabermeja y estos dirigentes tenían todo un acumulado como los casos de Leonardo Posada, Ismael Jaime, Orlando Higuita, Manuel Gustavo Chacón, Francisco Burgos y tantos otros quienes ofrendaron sus vidas por la noble causa de la libertad, la paz y la democracia. Sencillamente fueron silenciados y se les impuso el manto de la impunidad.
La práctica perversa de los montajes judiciales es otra rama de la criminalización, que con falsos testigos y libretos preestablecidos encarcela a los dirigentes naturales de la comunidad, porque son considerados por el establecimiento y sus agentes una piedra en el zapato.
En el año 1993, fui víctima de un montaje judicial donde el Coronel Fabio García Chaves, del Batallón Nueva Granada, en un escrito de once renglones, me acusó de tener vínculos con la insurgencia y un teniente del batallón Calibio de Puerto Berrío me colocó una denuncia penal por la muerte de un soldado, donde la única “prueba” era el susodicho informe de inteligencia, que me acusaba de pertenecer a la insurgencia. También me acusaron por la muerte de un policía. Estas temerarias acusaciones fueron desmentidas; inclusive el comandante de la Policía de Barrancabermeja para la época manifestó que para esa fecha no habían asesinado a ningún policía, quedando evidenciada la falsedad de dichas acusaciones. Luego me impusieron a tres testigos sin rostro, a quienes indujeron para que me acusaran de hechos inverosímiles, como que la guerrilla me había financiado para estudiar en la Universidad y que el suscrito ordenaba la voladura de oleoductos para que Ecopetrol me asignara el contrato para el arreglo de estos oleoductos. Todas las acusaciones fueron desvirtuadas. Frente al tema de la Universidad, se demostró que laboré durante diez años como bibliotecario de la Universidad y como funcionario tenía derecho a estudiar becado, por cuanto la convención colectiva colectiva así lo establecía. Ecopetrol demostró que nunca he laborado ni como empleado y menos como contratista de esta empresa estatal.
El objetivo era mantenerme en la cárcel, y después de veintisiete meses de estar encarcelado, se comprobó que todo fue producto de un montaje judicial donde fui absuelto de todos los cargos y declarado inocente.
Como en la obra autobiográfica de Nehru de la India “Otra vez a la cárcel”, quien en diversas ocasiones fue encarcelado por liderar la causa de la libertad en su país.
De nuevo estoy encarcelado, producto de un montaje judicial fraguado desde la cárcel de Itagüí, por los criminales del paramilitarismo, los mismos que intentaron asesinarme en muchas ocasiones. No tengo la menor duda de la participación de los organismos del Estado, en especial aquél que está siendo investigado por practicar el fisgoneo o las chuzadas, están en convivencia con estos grupos paramilitares. Éstos, los paramilitares, amparados por los beneficio de la Ley de impunidad, la 975, el 17 de abril de 2008 el paramilitar alias el Panadero, me acusó de un asesinato ocurrido en Barrancabermeja, el 5 de abril de 1991. Este sujeto está condenado a cuarenta años de cárcel por las masacres que perpetró en Barrancabermeja y la Organización de Derechos Humanos CREDHOS de la cual hago parte denunció y además, hizo el acompañamiento a las víctimas. Este es un acto de retaliación contra el suscrito.
También me están cobrando la denuncia que hice por los diferentes medios de comunicación, la reunión que hizo Álvaro Uribe con varios paramilitares en Puerto Berrío y este hecho quedó registrado en un video.
Lo que está claro es que ni una sola de las acusaciones contra mí ha sido probada. Son muchas las contradicciones y las imprecisiones de los falsos testigos, pero el Fiscal del caso desconoció el debido proceso y el derecho a la defensa al desechar muchas pruebas; estoy seguro que el juicio, donde tendré la oportunidad de intervenir demostraré mi inocencia.
Llevo ocho meses tras las rejas injustamente, me están cobrando el trabajo denodado en la defensa de los derechos humanos, y como lo dije en alguna ocasión, buscan un empate moral entre las víctimas y los victimarios, para igualarnos a ellos y deslegitimar la justa causa de los derechos humanos y el libre ejercicio de la oposición política.
Ni las falsas acusaciones y menos el encierro lograrán cooptarme y menos someterme, mi moral sigue firme trabajando al interior del Penal en defensa de los derechos humanos de los internos.
Agradezco el apoyo solidario de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, religiosas, organizaciones internacionales y los pobladores y pobladoras del Magdalena Medio.
¡Adelante, la batalla por la libertad y dignidad de nuestro pueblo continua!
David Rabelo Crespo
ARTICULO SOBRE EL PROCURADOR
Por: Juan Carlos Millán Guzmán
Una de las figuras cuyo caso tuvo más resonancia por cuenta de la información encontrada en los computadores de “Raúl Reyes”, es Carlos Lozano, miembro del Polo Democrático Alternativo, el colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz, así como director del semanario de izquierda Voz, quien recibió con optimismo el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de descalificar toda prueba fundamentada en dichos elementos probatorios.
Reconocido como uno de los principales interlocutores con la guerrilla de las Farc, Lozano confía en que el reconocimiento del conflicto armado, así como un cambio en la forma de gobernar establecida por el presidente Santos puedan propiciar una salida negociada que allane el camino hacia la paz, en el que muchos de los sindicados en el denominado proceso de la Farcpolítica volverán a ser protagonistas de primer orden.
¿Cómo recibe el fallo?
Es una decisión trascendental que veníamos planteando varias de las personas que fuimos acusadas de rebelión a partir de las famosas pruebas encontradas en el computador de “Raúl Reyes”, puesto que de acuerdo con la argumentación jurídica eran ilegales no solo por la manera improcedente en que fueron obtenidas, sino porque tampoco se cumplieron las mínimas normas de procedimiento legal para estos casos.
¿Cuáles son esos argumentos?
Nosotros sostenemos que se rompieron tanto la cadena de custodia como la reserva del sumario y la protección de la prueba bien habida; así como que fueron obtenidos durante una operación militar de carácter improcedente en territorio extranjero.
Todos esos procesos se caen porque es jurisprudencia de la más alta dignidad de la Justicia en Colombia que es la Corte Suprema, además de que quedan en entredicho algunas determinaciones de carácter disciplinario que adelantó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, como en el caso de la “muerte política” que le aplicó a Piedad Córdoba.
¿Qué consecuencias podría tener esta sentencia?
Me parece que el fallo tendrá unas implicaciones sobre todos los procesos que se abrieron en el último tiempo, de manera que aunque personalmente no he pensado en emprender acciones legales, escuché por ejemplo que Wilson sí piensa hacerlo, aparte de que no se podrán abrir nuevos procesos judiciales sobre la base de esa misma prueba. ¡Borrón y cuenta nueva!
Por ahora lo más importante es atender todos los casos de quienes siguen en la cárcel a partir de esos procesos que se levantaron hace un tiempo, además de los cargos que se imputaron contra personas como en el caso del director de Anncol.
¿Cuál debería ser el rumbo de esos casos?
La Fiscalía deberá suspender todos esos procesos, de manera que sus expedientes sean anulados y las personas puestas en libertad, así como que también puedan beneficiarse de esta medida aquellos que no estén capturados y en contra de quienes se adelante un proceso jurídico similar, como es el caso de la exsenadora Piedad Córdoba.
¿Quiénes podrían beneficiarse de la medida?
Eran alrededor de 20 personas entre colombianos y extranjeros, porque aquí no solo estuvimos vinculados varios congresistas, periodistas y activistas como Álvaro Leyva o Lázaro Viveros, sino otras personas como el caso del ciudadano suizo Jean Pierre Gontard, o el del diputado venezolano Amílcar Figueroa, la exconstituyente ecuatoriana María Augusta Calle y otras personas de ese país, así como el del chileno Manuel Olarte quien está solicitado en extradición por Colombia, además de algunos dirigentes políticos italianos.
¿Qué opinión le merece el anuncio efectuado por el procurador Ordóñez en el sentido de impugnar la mediada?
Él está respirando por la herida, además de estar actuando no como representante de la sociedad sino del militarismo y de una concepción ideológica reaccionaria y ultraderechista que se niega a garantizar espacios democráticos y las libertades, bajo la misma concepción de la seguridad democrática que nos gobernó durante ocho años respecto a la extraterritorialidad del conflicto colombiano que ellos definen como la guerra contra el terrorismo.
Yo creo que el procurador seguramente va a interponer los recursos que él crea conveniente en todos los casos, pero como la instancia que lo va a estudiar es la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, yo no le veo futuro a esas reposiciones o acciones que interponga el procurador.
“FUE UN MONTAJE”
¿Qué otras consecuencias podría tener el fallo?
Una de las demostraciones de la invalidez de esa prueba es que cuando la Fiscalía encontró los archivos de ese grupo ilegal criminal del DAS llamado G-3, por el cual están respondiendo Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, es la de que acciones realizadas antes de la muerte de “Raúl Reyes”, ya reposaban en los expedientes que se armaron contra nosotros.
Esto hace parte de una campaña de montajes orquestada por una mafia que solo busca deslegitimar a la oposición, los periodistas críticos y toda acción que estuviera encaminada a denunciar la violación de los derechos humanos.
¿Quiere decir que los computadores de Reyes fueron usados como un pretexto?
Con el argumento del hallazgo de los computadores se quiso legitimar todo lo que ya tenían ellos ilegalmente fabricado y montado, a partir de la información obtenida de manera ilegal por ese grupo del G-3.
Al igual que le dije a la fiscal que seguía mi caso, en mi condición de abogado creo que una de las cosas elementales del Derecho es que lo primero que debe mostrársele a un procesado durante la indagatoria es la prueba, y la verdad es que hasta ahora no he visto los computadores, ni los correos electrónicos de los que tanto se habla, sino unos documentos en formato Word.
¿Qué decían esos correos?
Casi todos esos documentos de Word decían que se habían extralimitado las funciones de gestor de paz para convertirse en una especie de asesores y consejeros de los dirigentes de la guerrilla, sobre la base de que teníamos un trato cortés y una relación muy fluida con ellos no para respaldar o aconsejar sus acciones militares sino para plantearles la necesidad de buscar salidas pacíficas y políticas.
En ningún caso que yo conozca aparecen alusiones a que secuestren, tomen un pueblo o emprendan una acción guerrillera, porque toda la correspondencia que se estableció e incluso esos documentos –verídicos, inventados o modificados- en ningún caso muestran algo indebido.
¿Todos estos documentos y pruebas son falsos?
La Corte por supuesto que no niega la existencia de los computadores, como yo si lo hago, pero además de argumentar la ilegalidad del procedimiento para obtener estas pruebas manifiesta el que 24 horas después del hallazgo estuvieran circulando por los medios de comunicación los supuestos correos electrónicos. ¿Quién los distribuyó? Eso fue Santos y el general Naranjo.
¿No le preocupan las dudas que deja abiertas el proceso?
Existe un manto de duda que es fomentado por la gran prensa; pero eso es lo que se tendrá que resarcir a partir de la acción judicial y contenciosa administrativa para recuperar el buen nombre; incluso en el caso mío debí ser exonerado y no porque la fiscal no hubiera creído en la prueba sino teniéndola en cuenta, como también es el caso de Álvaro Leyva y Gloria Inés Ramírez, porque hasta ahora es que se reconoce la ilegalidad de la prueba.
Los organismos de inteligencia a lo mejor estarán preocupados y a lo mejor buscarán testigos fabricados y todo eso que han hecho y saben hacer muy bien pero ya esa es otra cosa que tendremos que enfrentar en el futuro porque no quedamos vacunados contra ese tipo de montajes.
¿Cómo queda el proceso de paz luego de este fallo?
Todo esto ayuda, y creo que es una coincidencia afortunada el hecho del reconocimiento del conflicto por parte del Gobierno, aunque con un lenguaje que todavía está permeado de bastante pugnacidad y confrontación. Pero si hay un conflicto, existen unos actores y unas causas de ese conflicto.
Hoy el país es más consciente de que es posible esa vía pacífica y democrática del conflicto colombiano, a diferencia de los últimos ocho años en que toda la clase dominante en general y una franja muy importante del país acompañaron una política de guerra y de solución militar, de manera que decisiones como esta son muy importantes.
¿Habrá también borrón y cuenta nueva en este caso?
Santos es heredero de la política de seguridad democrática, y como él mismo lo dice le debe mucho al señor Uribe Vélez, pero con mucho pragmatismo y realismo busca diferenciarse y marcar cierta distancia así sea en aspectos meramente formales, aunque en el fondo sea lo mismo porque meterle a una Ley de Víctimas que la guerrilla es terrorismo no tiene que ver con ese proyecto.
Hay sin embargo unos cambios que son interesantes y que permiten abrir ciertos espacios mínimos, pero tampoco debemos hacernos ilusiones sobre el que estemos en un replanteamiento de la política de los últimos ocho años, porque todavía falta mucho para eso.
Una de las figuras cuyo caso tuvo más resonancia por cuenta de la información encontrada en los computadores de “Raúl Reyes”, es Carlos Lozano, miembro del Polo Democrático Alternativo, el colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz, así como director del semanario de izquierda Voz, quien recibió con optimismo el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de descalificar toda prueba fundamentada en dichos elementos probatorios.
Reconocido como uno de los principales interlocutores con la guerrilla de las Farc, Lozano confía en que el reconocimiento del conflicto armado, así como un cambio en la forma de gobernar establecida por el presidente Santos puedan propiciar una salida negociada que allane el camino hacia la paz, en el que muchos de los sindicados en el denominado proceso de la Farcpolítica volverán a ser protagonistas de primer orden.
¿Cómo recibe el fallo?
Es una decisión trascendental que veníamos planteando varias de las personas que fuimos acusadas de rebelión a partir de las famosas pruebas encontradas en el computador de “Raúl Reyes”, puesto que de acuerdo con la argumentación jurídica eran ilegales no solo por la manera improcedente en que fueron obtenidas, sino porque tampoco se cumplieron las mínimas normas de procedimiento legal para estos casos.
¿Cuáles son esos argumentos?
Nosotros sostenemos que se rompieron tanto la cadena de custodia como la reserva del sumario y la protección de la prueba bien habida; así como que fueron obtenidos durante una operación militar de carácter improcedente en territorio extranjero.
Todos esos procesos se caen porque es jurisprudencia de la más alta dignidad de la Justicia en Colombia que es la Corte Suprema, además de que quedan en entredicho algunas determinaciones de carácter disciplinario que adelantó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, como en el caso de la “muerte política” que le aplicó a Piedad Córdoba.
¿Qué consecuencias podría tener esta sentencia?
Me parece que el fallo tendrá unas implicaciones sobre todos los procesos que se abrieron en el último tiempo, de manera que aunque personalmente no he pensado en emprender acciones legales, escuché por ejemplo que Wilson sí piensa hacerlo, aparte de que no se podrán abrir nuevos procesos judiciales sobre la base de esa misma prueba. ¡Borrón y cuenta nueva!
Por ahora lo más importante es atender todos los casos de quienes siguen en la cárcel a partir de esos procesos que se levantaron hace un tiempo, además de los cargos que se imputaron contra personas como en el caso del director de Anncol.
¿Cuál debería ser el rumbo de esos casos?
La Fiscalía deberá suspender todos esos procesos, de manera que sus expedientes sean anulados y las personas puestas en libertad, así como que también puedan beneficiarse de esta medida aquellos que no estén capturados y en contra de quienes se adelante un proceso jurídico similar, como es el caso de la exsenadora Piedad Córdoba.
¿Quiénes podrían beneficiarse de la medida?
Eran alrededor de 20 personas entre colombianos y extranjeros, porque aquí no solo estuvimos vinculados varios congresistas, periodistas y activistas como Álvaro Leyva o Lázaro Viveros, sino otras personas como el caso del ciudadano suizo Jean Pierre Gontard, o el del diputado venezolano Amílcar Figueroa, la exconstituyente ecuatoriana María Augusta Calle y otras personas de ese país, así como el del chileno Manuel Olarte quien está solicitado en extradición por Colombia, además de algunos dirigentes políticos italianos.
¿Qué opinión le merece el anuncio efectuado por el procurador Ordóñez en el sentido de impugnar la mediada?
Él está respirando por la herida, además de estar actuando no como representante de la sociedad sino del militarismo y de una concepción ideológica reaccionaria y ultraderechista que se niega a garantizar espacios democráticos y las libertades, bajo la misma concepción de la seguridad democrática que nos gobernó durante ocho años respecto a la extraterritorialidad del conflicto colombiano que ellos definen como la guerra contra el terrorismo.
Yo creo que el procurador seguramente va a interponer los recursos que él crea conveniente en todos los casos, pero como la instancia que lo va a estudiar es la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, yo no le veo futuro a esas reposiciones o acciones que interponga el procurador.
“FUE UN MONTAJE”
¿Qué otras consecuencias podría tener el fallo?
Una de las demostraciones de la invalidez de esa prueba es que cuando la Fiscalía encontró los archivos de ese grupo ilegal criminal del DAS llamado G-3, por el cual están respondiendo Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, es la de que acciones realizadas antes de la muerte de “Raúl Reyes”, ya reposaban en los expedientes que se armaron contra nosotros.
Esto hace parte de una campaña de montajes orquestada por una mafia que solo busca deslegitimar a la oposición, los periodistas críticos y toda acción que estuviera encaminada a denunciar la violación de los derechos humanos.
¿Quiere decir que los computadores de Reyes fueron usados como un pretexto?
Con el argumento del hallazgo de los computadores se quiso legitimar todo lo que ya tenían ellos ilegalmente fabricado y montado, a partir de la información obtenida de manera ilegal por ese grupo del G-3.
Al igual que le dije a la fiscal que seguía mi caso, en mi condición de abogado creo que una de las cosas elementales del Derecho es que lo primero que debe mostrársele a un procesado durante la indagatoria es la prueba, y la verdad es que hasta ahora no he visto los computadores, ni los correos electrónicos de los que tanto se habla, sino unos documentos en formato Word.
¿Qué decían esos correos?
Casi todos esos documentos de Word decían que se habían extralimitado las funciones de gestor de paz para convertirse en una especie de asesores y consejeros de los dirigentes de la guerrilla, sobre la base de que teníamos un trato cortés y una relación muy fluida con ellos no para respaldar o aconsejar sus acciones militares sino para plantearles la necesidad de buscar salidas pacíficas y políticas.
En ningún caso que yo conozca aparecen alusiones a que secuestren, tomen un pueblo o emprendan una acción guerrillera, porque toda la correspondencia que se estableció e incluso esos documentos –verídicos, inventados o modificados- en ningún caso muestran algo indebido.
¿Todos estos documentos y pruebas son falsos?
La Corte por supuesto que no niega la existencia de los computadores, como yo si lo hago, pero además de argumentar la ilegalidad del procedimiento para obtener estas pruebas manifiesta el que 24 horas después del hallazgo estuvieran circulando por los medios de comunicación los supuestos correos electrónicos. ¿Quién los distribuyó? Eso fue Santos y el general Naranjo.
¿No le preocupan las dudas que deja abiertas el proceso?
Existe un manto de duda que es fomentado por la gran prensa; pero eso es lo que se tendrá que resarcir a partir de la acción judicial y contenciosa administrativa para recuperar el buen nombre; incluso en el caso mío debí ser exonerado y no porque la fiscal no hubiera creído en la prueba sino teniéndola en cuenta, como también es el caso de Álvaro Leyva y Gloria Inés Ramírez, porque hasta ahora es que se reconoce la ilegalidad de la prueba.
Los organismos de inteligencia a lo mejor estarán preocupados y a lo mejor buscarán testigos fabricados y todo eso que han hecho y saben hacer muy bien pero ya esa es otra cosa que tendremos que enfrentar en el futuro porque no quedamos vacunados contra ese tipo de montajes.
¿Cómo queda el proceso de paz luego de este fallo?
Todo esto ayuda, y creo que es una coincidencia afortunada el hecho del reconocimiento del conflicto por parte del Gobierno, aunque con un lenguaje que todavía está permeado de bastante pugnacidad y confrontación. Pero si hay un conflicto, existen unos actores y unas causas de ese conflicto.
Hoy el país es más consciente de que es posible esa vía pacífica y democrática del conflicto colombiano, a diferencia de los últimos ocho años en que toda la clase dominante en general y una franja muy importante del país acompañaron una política de guerra y de solución militar, de manera que decisiones como esta son muy importantes.
¿Habrá también borrón y cuenta nueva en este caso?
Santos es heredero de la política de seguridad democrática, y como él mismo lo dice le debe mucho al señor Uribe Vélez, pero con mucho pragmatismo y realismo busca diferenciarse y marcar cierta distancia así sea en aspectos meramente formales, aunque en el fondo sea lo mismo porque meterle a una Ley de Víctimas que la guerrilla es terrorismo no tiene que ver con ese proyecto.
Hay sin embargo unos cambios que son interesantes y que permiten abrir ciertos espacios mínimos, pero tampoco debemos hacernos ilusiones sobre el que estemos en un replanteamiento de la política de los últimos ocho años, porque todavía falta mucho para eso.
COMUNICADO PRESOS PICOTA
COMUNICADO A LA COMUNIDAD
NACIONAL E INTERNACIONAL
DESOBEDIECIA CIVIL EN LA PICOTA
Los internos del Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional e Internacional (ERON) – denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones a nuestra dignidad humana, garantías constitucionales y derechos humanos universalmente reconocidos.
El ERON- Bogotá que se ha presentado, con bombos y platillos como la solución al problema de hacinamiento en las cárceles del país, constituye una clara demostración de la incapacidad del Estado Colombiano, en cabeza del Ministerio del Interior y Justicia, y del Instituto Nacional penitenciario y carcelario (INPEC) de formular una verdadera política carcelaria sustentada en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de los internos.
Proyectada para albergar cerca de 4000 presos, las instalaciones del ERON- Bogotá no cumple con las normas mínimas consagradas por los protocolos internacionales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. Para empezar, apenas contamos con veinte cubículos donde todos los internos del penal debemos atender a nuestras visitas conyugales, a las cuales tenemos derecho sólo una vez por mes, y por un lapso de una hora.
Las celdas y dormitorios diseñados para cuatro internos es un espacio de 3m x 3m, cuenta con un lavabo y sanitario, donde se nos obliga a hacer nuestras necesidades fisiológicas a la vista pública, violando el derecho institucional a la intimidad; mientras que por patio se dispone de ocho duchas comunales para una población de 220 internos. La luz solar jamás entra al penal y las condiciones de iluminación y aireación son precarias; y no obstante las bajas temperaturas del penal, no se nos ha dotado de cobijas pero tampoco se autoriza su ingreso.
No existe una debida clasificación de los internos ni por delito, ni por fase de tratamiento, presentándose la arbitrariedad de que personas sindicadas o en fase mínima y mediana seguridad seamos tratados como prisioneros de alto perfil de seguridad. Para los desplazamientos dentro del penal, trátese de visitas, entrevistas con abogados u otro tipo de diligencia se nos esposa. Situación que contrasta con la ausencia de cámaras dentro de los pasillos y patios, facilitando la realización de actos ilícitos por parte de las autoridades penitenciarias.
El trabajo, estudio o enseñanza como mecanismo de redención de penas no está regularizado, y si a esto sumamos la ausencia de actividades recreativas (sean lúdicas, deportivas o culturales), resulta que el pretendido “fin resocializador” del establecimiento carcelario es una quimera pues en ningún momento se ofrecen acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos del proceso de prisionalización.
Los servicios de sanidad y salud no se están presentando porque no existe todavía personal para atender esta necesidad vital, por lo que estamos expuestos a riesgos de enfermedades y epidemias que en el corto plazo puede convertirse en una verdadera emergencia sanitaria.
La provisión alimentaria esta a cargo de una empresa privada, pero no conocemos los términos del contrato. No existe una auditoria por parte de los funcionarios del INPEC, lo que se refleja en un servicio hecho a deshoras, con comidas frías cuya calidad y cantidad es deficiente y no reúne los nutrientes que exige una dieta balanceada.
De estas situaciones aquí enunciadas queda claro, que el ERON- Bogotá, no solo no cumple con las garantías mínimas humanas para albergar a los internos sino que existe un afán desmedido de los organismos estatales para que sus instalaciones sean ocupadas, con el fin de ocultar los graves problemas de corrupción e ineficiencia burocrática que acompañaron su diseño y construcción.
De paso se busca, también, desalojar los pabellones de máxima seguridad de “la Picota” para acondicionarlos a los ex funcionarios públicos hoy judicializados por el llamado “carrusel de las contrataciones” y los robos del programa Agro- ingreso seguro. Eso si, implementado allí todas las garantías constitucionales que a nosotros se nos están negando, porque en Colombia existimos presos de primera, segunda y hasta de quinta categoría, como es el caso de los Empresarios Nule, cuyo millonarios robos al Erario público fueron recompensados con el acondicionamiento de una casa fiscal como cárcel, con televisión satelital y aire acondicionado.
Por todo lo anterior, y mientras no sean restablecidos nuestros derechos fundamentales y el respeto a la dignidad humana, nos declaramos a partir de Hoy (Miércoles 1° de Junio) en estado de desobediencia civil como una acción de resistencia pacífica y de legítima protesta.
Hacemos un llamado urgente a todos los organismos defensores de derechos humanos, colectivos de presos políticos, organizaciones defensoras de presos, así como a la Procuraduría, y Defensoría del Pueblo, para que se pronuncien sobre estos hechos y a la vez exigimos a las autoridades penitenciarias en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia, así como a las Directivas del INPEC una pronta y positiva solución a nuestras peticiones.
Internos
Establecimiento Reclusorio de
Orden Nacional ERON
JUNIO 1º. DE 2011.
NACIONAL E INTERNACIONAL
DESOBEDIECIA CIVIL EN LA PICOTA
Los internos del Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional e Internacional (ERON) – denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones a nuestra dignidad humana, garantías constitucionales y derechos humanos universalmente reconocidos.
El ERON- Bogotá que se ha presentado, con bombos y platillos como la solución al problema de hacinamiento en las cárceles del país, constituye una clara demostración de la incapacidad del Estado Colombiano, en cabeza del Ministerio del Interior y Justicia, y del Instituto Nacional penitenciario y carcelario (INPEC) de formular una verdadera política carcelaria sustentada en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de los internos.
Proyectada para albergar cerca de 4000 presos, las instalaciones del ERON- Bogotá no cumple con las normas mínimas consagradas por los protocolos internacionales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. Para empezar, apenas contamos con veinte cubículos donde todos los internos del penal debemos atender a nuestras visitas conyugales, a las cuales tenemos derecho sólo una vez por mes, y por un lapso de una hora.
Las celdas y dormitorios diseñados para cuatro internos es un espacio de 3m x 3m, cuenta con un lavabo y sanitario, donde se nos obliga a hacer nuestras necesidades fisiológicas a la vista pública, violando el derecho institucional a la intimidad; mientras que por patio se dispone de ocho duchas comunales para una población de 220 internos. La luz solar jamás entra al penal y las condiciones de iluminación y aireación son precarias; y no obstante las bajas temperaturas del penal, no se nos ha dotado de cobijas pero tampoco se autoriza su ingreso.
No existe una debida clasificación de los internos ni por delito, ni por fase de tratamiento, presentándose la arbitrariedad de que personas sindicadas o en fase mínima y mediana seguridad seamos tratados como prisioneros de alto perfil de seguridad. Para los desplazamientos dentro del penal, trátese de visitas, entrevistas con abogados u otro tipo de diligencia se nos esposa. Situación que contrasta con la ausencia de cámaras dentro de los pasillos y patios, facilitando la realización de actos ilícitos por parte de las autoridades penitenciarias.
El trabajo, estudio o enseñanza como mecanismo de redención de penas no está regularizado, y si a esto sumamos la ausencia de actividades recreativas (sean lúdicas, deportivas o culturales), resulta que el pretendido “fin resocializador” del establecimiento carcelario es una quimera pues en ningún momento se ofrecen acciones protectoras que prevengan o minimicen los efectos del proceso de prisionalización.
Los servicios de sanidad y salud no se están presentando porque no existe todavía personal para atender esta necesidad vital, por lo que estamos expuestos a riesgos de enfermedades y epidemias que en el corto plazo puede convertirse en una verdadera emergencia sanitaria.
La provisión alimentaria esta a cargo de una empresa privada, pero no conocemos los términos del contrato. No existe una auditoria por parte de los funcionarios del INPEC, lo que se refleja en un servicio hecho a deshoras, con comidas frías cuya calidad y cantidad es deficiente y no reúne los nutrientes que exige una dieta balanceada.
De estas situaciones aquí enunciadas queda claro, que el ERON- Bogotá, no solo no cumple con las garantías mínimas humanas para albergar a los internos sino que existe un afán desmedido de los organismos estatales para que sus instalaciones sean ocupadas, con el fin de ocultar los graves problemas de corrupción e ineficiencia burocrática que acompañaron su diseño y construcción.
De paso se busca, también, desalojar los pabellones de máxima seguridad de “la Picota” para acondicionarlos a los ex funcionarios públicos hoy judicializados por el llamado “carrusel de las contrataciones” y los robos del programa Agro- ingreso seguro. Eso si, implementado allí todas las garantías constitucionales que a nosotros se nos están negando, porque en Colombia existimos presos de primera, segunda y hasta de quinta categoría, como es el caso de los Empresarios Nule, cuyo millonarios robos al Erario público fueron recompensados con el acondicionamiento de una casa fiscal como cárcel, con televisión satelital y aire acondicionado.
Por todo lo anterior, y mientras no sean restablecidos nuestros derechos fundamentales y el respeto a la dignidad humana, nos declaramos a partir de Hoy (Miércoles 1° de Junio) en estado de desobediencia civil como una acción de resistencia pacífica y de legítima protesta.
Hacemos un llamado urgente a todos los organismos defensores de derechos humanos, colectivos de presos políticos, organizaciones defensoras de presos, así como a la Procuraduría, y Defensoría del Pueblo, para que se pronuncien sobre estos hechos y a la vez exigimos a las autoridades penitenciarias en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia, así como a las Directivas del INPEC una pronta y positiva solución a nuestras peticiones.
Internos
Establecimiento Reclusorio de
Orden Nacional ERON
JUNIO 1º. DE 2011.
VEEDURIA TODO UN EXITO
VEEDURÍA INTERNACIONAL PARA EL JUICIO DE
MIGUEL ANGEL BELTRÁN VILLEGAS
La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, recogiendo la parte introductoria de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas del 27 de Agosto de 1990 en la Habana –Cuba, y considerando que los Pueblos del Mundo afirman en la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia, y proclaman como uno de sus propósitos la realización de la cooperación internacional en la promoción y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los principios de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y el derecho de toda persona acusada de un delito a todas las garantías necesarias para su defensa,
Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama, además, el derecho de las personas a ser juzgadas sin demoras injustificadas y a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,
Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recuerda que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,
Considerando que el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención y Prisión, que estipula que toda persona detenida tendrá derecho a la asistencia de un abogado, a comunicarse con él y a consultarlo,
Hace un urgente llamado a la Comunidad Internacional de Derechos Humanos para que entre el 2 y el 12 de Mayo del 2011, envíen sendas delegaciones a Bogotá –Colombia, Suramérica a la etapa del juicio final que cursa en los Juzgados Especializados, Calle 31 No. 6-34 de MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS, por los delitos de “concierto para delinquir con fines terroristas”, “rebelión” y “financiamiento de grupos terroristas”.
La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, considera que la operación denominada “Operación Fénix”, llevada a cabo el 1º de Marzo de 2008 por fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército Nacional de la República de Colombia, donde se bombardeó territorio ecuatoriano de manera ilegal e inconstitucional y que operadores judiciales han desconocido normas del Código de Procedimiento Penal Colombiano que regula los requisitos para la recolección, embalaje y rotulados de los elementos materia de prueba o evidencias, recogidas ilícitamente y que han servido de prueba para judicializar ciudadanos, presuntamente de manera irregular por funcionarios de la Fiscalía y Policía Judicial, ilegalidad que nace de su incautación de dicha prueba, la cual se recaudó ilegalmente en territorio ecuatoriano, donde se desarrolló el operativo militar de las Fuerzas Armadas Colombianas, conocida como “Operación Fénix”, en territorio ecuatoriano; no puede ser la prueba reina para condenar a MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS.
Este llamado a realizar una VEEDURÍA INTERNACIONAL, lo hacemos extensivo a los intelectuales, académicos, comunidad universitaria, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, entre otras, para que CESE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA EL PENSAMIENTO CRÍTICO, cesen los falsos positivos judiciales, cese la violación de los derechos humanos, cese la judicialización del conflicto social, cesen los falsos testigos, cesen los informes secretos, cesen las ejecuciones extrajudiciales, cesen las interceptaciones ilegales.
No hay duda, que con la participación de la VEEDURÍA INTERNACIONAL lograremos demostrar que MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS es inocente y que los verdaderos responsables que lo secuestraron y extraditaron ilegalmente, y realizaron la “Operación Fénix”, más temprano que tarde, serán llamados a responder ante los tribunales nacionales e internacionales.
ULDARICO FLÓREZ PEÑA
Coordinador General
Bogotá D.C. –Colombia, Suramérica.
15 de Marzo de 2011
MIGUEL ANGEL BELTRÁN VILLEGAS
La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, recogiendo la parte introductoria de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas del 27 de Agosto de 1990 en la Habana –Cuba, y considerando que los Pueblos del Mundo afirman en la Carta de las Naciones Unidas, entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia, y proclaman como uno de sus propósitos la realización de la cooperación internacional en la promoción y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los principios de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y el derecho de toda persona acusada de un delito a todas las garantías necesarias para su defensa,
Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama, además, el derecho de las personas a ser juzgadas sin demoras injustificadas y a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,
Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recuerda que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,
Considerando que el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención y Prisión, que estipula que toda persona detenida tendrá derecho a la asistencia de un abogado, a comunicarse con él y a consultarlo,
Hace un urgente llamado a la Comunidad Internacional de Derechos Humanos para que entre el 2 y el 12 de Mayo del 2011, envíen sendas delegaciones a Bogotá –Colombia, Suramérica a la etapa del juicio final que cursa en los Juzgados Especializados, Calle 31 No. 6-34 de MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS, por los delitos de “concierto para delinquir con fines terroristas”, “rebelión” y “financiamiento de grupos terroristas”.
La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, considera que la operación denominada “Operación Fénix”, llevada a cabo el 1º de Marzo de 2008 por fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército Nacional de la República de Colombia, donde se bombardeó territorio ecuatoriano de manera ilegal e inconstitucional y que operadores judiciales han desconocido normas del Código de Procedimiento Penal Colombiano que regula los requisitos para la recolección, embalaje y rotulados de los elementos materia de prueba o evidencias, recogidas ilícitamente y que han servido de prueba para judicializar ciudadanos, presuntamente de manera irregular por funcionarios de la Fiscalía y Policía Judicial, ilegalidad que nace de su incautación de dicha prueba, la cual se recaudó ilegalmente en territorio ecuatoriano, donde se desarrolló el operativo militar de las Fuerzas Armadas Colombianas, conocida como “Operación Fénix”, en territorio ecuatoriano; no puede ser la prueba reina para condenar a MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS.
Este llamado a realizar una VEEDURÍA INTERNACIONAL, lo hacemos extensivo a los intelectuales, académicos, comunidad universitaria, sindicatos, organizaciones sociales y políticas, entre otras, para que CESE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA EL PENSAMIENTO CRÍTICO, cesen los falsos positivos judiciales, cese la violación de los derechos humanos, cese la judicialización del conflicto social, cesen los falsos testigos, cesen los informes secretos, cesen las ejecuciones extrajudiciales, cesen las interceptaciones ilegales.
No hay duda, que con la participación de la VEEDURÍA INTERNACIONAL lograremos demostrar que MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS es inocente y que los verdaderos responsables que lo secuestraron y extraditaron ilegalmente, y realizaron la “Operación Fénix”, más temprano que tarde, serán llamados a responder ante los tribunales nacionales e internacionales.
ULDARICO FLÓREZ PEÑA
Coordinador General
Bogotá D.C. –Colombia, Suramérica.
15 de Marzo de 2011
PETICIONES PRESOS ERON PICOTA
PETICIONES
Nuestro propósito fundamental no es que se nos otorguen privilegios, simplemente que se apliquen los instrumentos y documentos relacionados con las normas mínimas de protección, respeto y garantías de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad; y así mismo, se hagan efectivas las garantías constitucionales, las leyes vigentes y la jurisprudencia de la corte constitucional en la materia.
En tal sentido solicitamos a la Dirección de la Penitenciaria “la Picota” se conforme una comisión veedora constituida por:
• Tres representantes por patio escogidos por los mismos internos.
• Director de la Penitenciaria “La Picota”
• Coordinaron ERON-Bogotá{a
• Delegado de la defensoría del pueblo
• Delegado de la procuraduría
• Representante de la cruz roja Internacional
• Dos representantes de las organizaciones defensoras de presos políticos
Con el objetivo de buscar solución con a las siguientes demandas:
1. Se haga público (y en lo posible se entregue copia personal a los internos) del reglamento interno del establecimiento reclusorio de orden Nacional (ERON-Bogotá), informando el régimen de los reclusos, la categoría en la cual se halla incluido, las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas, y cualquier otra información necesaria para conocer nuestros derechos y obligaciones.
2. Se nos garantice un espacio de reclusión donde tengamos acceso directo al sol.
3. Se diseñen un sistema de calefacción que contrarreste las bajas temperaturas de los patios y celdas.
4. Se mantengan abiertas las puertas de las celdas y se permita el acceso a ellas de los internos todo el día.
5. Se acondicionen las celdas con suficiente luz artificial para que el interno pueda leer y trabajar una vez sea encerrado.
6. Se respete el derecho constitucional a la intimidad y en consecuencia se coloquen puertas a los baños y duchas comunales, como a los sanitarios de cada celda, para que los internos podamos realizar nuestras necesidades fisiológicas con tranquilidad y no estar expuestos a las miradas públicas.
7. Se brinden condiciones dignas y respetuosas para la atención de visitas familiares y conyugales; y se practiquen las debidas requisas eliminando el trato irrespetuoso, el maltrato verbal, el contacto físico con las partes íntimas y la exposición al desnudo.
8. Se defina un cronograma claro y preciso de atención médica y odontológica, garantizando la entrega efectiva y oportuna de los medicamentos, así como la realización de los respectivos exámenes clínicos. Se remitan a los especialistas a aquellos internos que lo requieran y se ofrezcan condiciones de atención especializada a pacientes psiquiátricos o que padecen enfermedades terminales.
9. Se amplíe el tiempo de duración de la visita conyugal y el número de frecuencias de la misma, en condiciones de igualdad con los internos de toda” la Picota”.
10. Se autorice la venta de comida a los internos que no reciben visita y se permita el ingreso de comida los días de visita femenina. Definiendo reglas claras y públicas para funcionarios, internos y visitantes, las cuales sean consistentes y no se restrinja el ingreso de artículos a unos visitantes mientras que a otros se les autoriza.
11. Se aplique una política estricta de clasificación de internos, como lo establece la ley 65 de 1993 (Código penitenciario y Carcelario artículo 63), discriminando positivamente por categorías en atención a la naturaleza del hecho punible, condiciones de salud física y mental. Separando sindicados /condenados; primarios / reincidentes; fase de tratamiento; y otorgando mejores condiciones para aquellos que están eecolaborando con la justicia, para que las víctimas puedan conocer la verdad.
12. Se establezcan diversos grados de seguridad y tratamiento conforme lo requiera cada tipo de categoría de internos. Los presos sindicados no tienen por qué ser esposados para el traslado a la zona de visita, abogados o sanidad.
13. Mejora en la cantidad y calidad de la comida; que esta sea balanceada en nutrientes y goce de condiciones de higiene para su manipulación. Se asignen las dietas para quienes por razones de salud así lo requieran.
14. Se estandaricen los descuentos por trabajo y estudio.
15. Se mantengan abierta la cancha deportiva todo el día.
16. Se asigne una greca, horno microondas y elementos para la recreación de los internos como DVD, películas, libros, revistas e implementos deportivos.
17. Que se permita el ingreso de encomiendas dos veces al mes.
Nuestra desobediencia Civil consistirá en:
• No comida (huelga de hambre)
• No remisiones
• No lavandería
• No entrevistas con abogados
INTERNOS – ERON - BOGOTÁ
Junio 1º de 2011
Nuestro propósito fundamental no es que se nos otorguen privilegios, simplemente que se apliquen los instrumentos y documentos relacionados con las normas mínimas de protección, respeto y garantías de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad; y así mismo, se hagan efectivas las garantías constitucionales, las leyes vigentes y la jurisprudencia de la corte constitucional en la materia.
En tal sentido solicitamos a la Dirección de la Penitenciaria “la Picota” se conforme una comisión veedora constituida por:
• Tres representantes por patio escogidos por los mismos internos.
• Director de la Penitenciaria “La Picota”
• Coordinaron ERON-Bogotá{a
• Delegado de la defensoría del pueblo
• Delegado de la procuraduría
• Representante de la cruz roja Internacional
• Dos representantes de las organizaciones defensoras de presos políticos
Con el objetivo de buscar solución con a las siguientes demandas:
1. Se haga público (y en lo posible se entregue copia personal a los internos) del reglamento interno del establecimiento reclusorio de orden Nacional (ERON-Bogotá), informando el régimen de los reclusos, la categoría en la cual se halla incluido, las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas, y cualquier otra información necesaria para conocer nuestros derechos y obligaciones.
2. Se nos garantice un espacio de reclusión donde tengamos acceso directo al sol.
3. Se diseñen un sistema de calefacción que contrarreste las bajas temperaturas de los patios y celdas.
4. Se mantengan abiertas las puertas de las celdas y se permita el acceso a ellas de los internos todo el día.
5. Se acondicionen las celdas con suficiente luz artificial para que el interno pueda leer y trabajar una vez sea encerrado.
6. Se respete el derecho constitucional a la intimidad y en consecuencia se coloquen puertas a los baños y duchas comunales, como a los sanitarios de cada celda, para que los internos podamos realizar nuestras necesidades fisiológicas con tranquilidad y no estar expuestos a las miradas públicas.
7. Se brinden condiciones dignas y respetuosas para la atención de visitas familiares y conyugales; y se practiquen las debidas requisas eliminando el trato irrespetuoso, el maltrato verbal, el contacto físico con las partes íntimas y la exposición al desnudo.
8. Se defina un cronograma claro y preciso de atención médica y odontológica, garantizando la entrega efectiva y oportuna de los medicamentos, así como la realización de los respectivos exámenes clínicos. Se remitan a los especialistas a aquellos internos que lo requieran y se ofrezcan condiciones de atención especializada a pacientes psiquiátricos o que padecen enfermedades terminales.
9. Se amplíe el tiempo de duración de la visita conyugal y el número de frecuencias de la misma, en condiciones de igualdad con los internos de toda” la Picota”.
10. Se autorice la venta de comida a los internos que no reciben visita y se permita el ingreso de comida los días de visita femenina. Definiendo reglas claras y públicas para funcionarios, internos y visitantes, las cuales sean consistentes y no se restrinja el ingreso de artículos a unos visitantes mientras que a otros se les autoriza.
11. Se aplique una política estricta de clasificación de internos, como lo establece la ley 65 de 1993 (Código penitenciario y Carcelario artículo 63), discriminando positivamente por categorías en atención a la naturaleza del hecho punible, condiciones de salud física y mental. Separando sindicados /condenados; primarios / reincidentes; fase de tratamiento; y otorgando mejores condiciones para aquellos que están eecolaborando con la justicia, para que las víctimas puedan conocer la verdad.
12. Se establezcan diversos grados de seguridad y tratamiento conforme lo requiera cada tipo de categoría de internos. Los presos sindicados no tienen por qué ser esposados para el traslado a la zona de visita, abogados o sanidad.
13. Mejora en la cantidad y calidad de la comida; que esta sea balanceada en nutrientes y goce de condiciones de higiene para su manipulación. Se asignen las dietas para quienes por razones de salud así lo requieran.
14. Se estandaricen los descuentos por trabajo y estudio.
15. Se mantengan abierta la cancha deportiva todo el día.
16. Se asigne una greca, horno microondas y elementos para la recreación de los internos como DVD, películas, libros, revistas e implementos deportivos.
17. Que se permita el ingreso de encomiendas dos veces al mes.
Nuestra desobediencia Civil consistirá en:
• No comida (huelga de hambre)
• No remisiones
• No lavandería
• No entrevistas con abogados
INTERNOS – ERON - BOGOTÁ
Junio 1º de 2011
SALUDO DEL PCC GRIEGO
El Partido Comunista de G recia, KKE, saluda la realización del Encuentro por la Libertad de las y los Presos Políticos en Colombia los días 4 y 5 de junio en Bogotá.
Nuestro Partido, incluso por su historia, es muy sensible hacia cuestiones que tienen que ver con persecuciones de luchadores y presos políticos.
Sabemos que miles de presos políticos se encuentran hoy en las cárceles colombianas, muchos de ellos se mantienen presos de manera arbitraria, en condiciones ínfimas y que las violaciones a sus derechos más elementales y las torturas son un fenómeno diario y que como resultado de todo eso han muerto centenares. Esta situación forma parte de la guerra declarada por el régimen de los monopolios contra el movimiento popular de Colombia. Complementa los asesinatos, el accionar de los paramilitares y del imperialismo.
En el último tiempo, en América Latina y a nivel mundial aumenta la agresividad del imperialismo, endurece la actitud de los Estados burgueses y sus aparatos contra los movimientos populares. Es obvia la tendencia a la internacionalización de la caza de brujas que ha desatado el régimen colombiano en colaboración con los Estados Unidos y la Unión Europea.
El KKE es decididamente solidario y al lado de los presos políticos y sus familias. Apoya las luchas de los movimientos populares y del movimiento de la solidaridad internacional. Unimos nuestra voz con ustedes para que:
• Terminen de inmediato las torturas en las cárceles colombianas
• Haya garantías para la vida y los derechos de los presos
• Cesen las retenciones arbitrarias en las cárceles y los juicios con falsos argumentos
• Se inicie el intercambio humanitario de los presos y retenidos que no se ha dado hasta ahora por responsabilidad del Estado, mientras que las FARC ya han liberado a un número de retenidos
• Se despenalicen las luchas populares
Sección de RRII del CC del KKE
Nuestro Partido, incluso por su historia, es muy sensible hacia cuestiones que tienen que ver con persecuciones de luchadores y presos políticos.
Sabemos que miles de presos políticos se encuentran hoy en las cárceles colombianas, muchos de ellos se mantienen presos de manera arbitraria, en condiciones ínfimas y que las violaciones a sus derechos más elementales y las torturas son un fenómeno diario y que como resultado de todo eso han muerto centenares. Esta situación forma parte de la guerra declarada por el régimen de los monopolios contra el movimiento popular de Colombia. Complementa los asesinatos, el accionar de los paramilitares y del imperialismo.
En el último tiempo, en América Latina y a nivel mundial aumenta la agresividad del imperialismo, endurece la actitud de los Estados burgueses y sus aparatos contra los movimientos populares. Es obvia la tendencia a la internacionalización de la caza de brujas que ha desatado el régimen colombiano en colaboración con los Estados Unidos y la Unión Europea.
El KKE es decididamente solidario y al lado de los presos políticos y sus familias. Apoya las luchas de los movimientos populares y del movimiento de la solidaridad internacional. Unimos nuestra voz con ustedes para que:
• Terminen de inmediato las torturas en las cárceles colombianas
• Haya garantías para la vida y los derechos de los presos
• Cesen las retenciones arbitrarias en las cárceles y los juicios con falsos argumentos
• Se inicie el intercambio humanitario de los presos y retenidos que no se ha dado hasta ahora por responsabilidad del Estado, mientras que las FARC ya han liberado a un número de retenidos
• Se despenalicen las luchas populares
Sección de RRII del CC del KKE
UN PRISIONERO DE GUERRA COLOMBIANO
UN PRISIONERO DE GUERRA COLOMBIANO
El conflicto armado colombiano, como la mayoría de las actuales guerras en el mundo, continúa desdibujándose puesto que la población civil es la más amenazada; los civiles no son solo víctimas, sino el objetivo, el blanco de las diferentes estrategias de las partes enfrentadas para aterrorizarlos . Colombia no alcanzará la paz mientras los combatientes no posean un concepto de lo que resulta honorable o no para un hombre armado, mientras no tenga un código de pertenencia, ni una ética de responsabilidad.
El Derecho Humanitario se aplica en conflictos armados. Aunque la palabra “guerra” es de uso corriente . Se puede definir el conflicto armado “cualquier grado de enfrentamiento o antagonismo, sin necesidad de manifestar violencia, y en la que su finalidad última puede no ser la eliminación de la otra parte, sino el sometimiento a su voluntad” .
También se considera Conflicto Armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diversa índole, tales como las fuerzas militares regulares e irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición o comunidades étnicas o religiosas que usando armas u otros medios de destrucción provocan víctimas en un tiempo determinado. Decimos del mismo modo, que conflicto armado importante es un combate prolongado entre las fuerzas militares de dos o más gobiernos, o de gobiernos y movimientos de resistencia organizados, utilizando armas fabricadas y en el que el número de muertes resultantes de los enfrentamientos es también un número considerable.
Pero mas acertadamente se debe hablar de conflicto interno armado cuando existen combates armados en un territorio del Estado que involucra al Estado y a otras fuerzas organizadas y que existen al menos una suma considerable de muertes relacionadas con esos combates.
En algunos conflictos armados no internacionales, se debe tener en cuenta los tratados de Derecho Internacional Humanitario, y se siguen ciertas características para que el tratado en cuestión pueda ser aplicado. En particular son el Artículo III Común de los Convenios de Ginebra de 1949, el Artículo 1 del Protocolo II de 1977 y el Artículo 8.2 f del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
En Colombia, históricamente los diferentes gobiernos le han dado al delito de Rebelión diferentes connotaciones, pero desde el Código Penal de 1936 hasta la Constitución de 1991, el tratamiento al Delito Político y la Insurgencia se ha llegado a definir hoy como “terrorismo”, fue precisamente en el fatídico período “uribista” de ocho años en que esta tesis se desarrolló a fondo contra las FARC y el ELN y los rebeldes son considerados “terroristas” como en el caso que hoy presentamos como EMBLEMÁTICO: JOSÉ MARBEL ZAMORA PRISIONERO DE GUERRA
Es con el objeto que este encuentro del 4 y 5 de Junio concluya que en Colombia sí hay prisioneros de guerra y que se les debe aplicar por lo tanto, el Protocolo II de Ginebra de 1977, para el cual las FARC –EP y el ELN reúnen los requisitos establecidos allí para su aplicación como en su momento la Honorable Corte Constitucional lo dijo: “Son condiciones frente a la Comunidad Internacional; pero que frente al ordenamiento constitucional ese derecho se aplica, incluso si no se dan tales condiciones, la constitución es muy clara en señalar que en todo caso rigen las reglas del Derecho Internacional Humanitario, es decir, que incluso, si el conflicto armado no alcanza esa intensidad según los patrones internacionales, dichas normas son aplicables en el conflicto armado interno colombiano” .
CASOS EMBLEMÁTICOS
En los procesos históricos de juzgamiento por el Estado colombiano a los opositores políticos, podemos destacar los procesos contra Benkos Biojó, José Antonio Galán, Antonio Nariño, Proceso por tentativa de homicidio contra el General Rafael Reyes, Manuel Satulio Valencia, Proceso contra el ELN (Consejo Verbal de Guerra, Consejo de Guerra del Socorro), Jaime Guaraca, Proceso contra estudiantes universitarios acusados de pertenecer al EPL, Proceso por el homicidio del General Ramón A. Rincón Quiñones, Consejo Verbal de Guerra contra el M-19, Proceso contra los miembros del secretariado y otros miembros de las FARC –EP.
Otro caso emblemático es el de la Prisionera Política de Conciencia LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.745.041, actualmente privada de la libertad en el patio 7 de la Reclusión de Mujeres de Bogotá "El Buen Pastor".
Consideramos arbitraria la detención que padece LILIANY, a quien conocemos por su profesionalismo y por la valiosa labor en la defensa de los derechos humanos que ha realizado; por ello, rechazamos los actos arbitrarios y contrarios a las normas internacionales sobre tratamiento a las personas en reclusión que la guardia de la Reclusión de Mujeres el Buen Pastor viene cometiendo en su contra.
Solicitamos al Estado Colombiano ceñirse al cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos y a la constitución nacional, garantizar los derechos fundamentales de LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, especialmente su derecho a la cercanía familiar, y en consecuencia ABSTENERSE DE TRASLADARLA a otro sitio de reclusión, puesto que su núcleo familiar reside en la ciudad de Bogotá, lugar donde también se adelanta el proceso penal en su contra, dentro del cual tiene la calidad de sindicada, y se encuentra en detención preventiva.
Del mismo modo, instamos a los organismos de control y judiciales colombianos para que investiguen y sancionen las conductas que DIANA SALINAS, ESPERANZA GAONA, MÓNICA VALVUENA, LEIDY PAOLA ROMERO, ZOILA PEÑALOSA, DAYANA CRISTINA AGUILAR Y MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ LEIVA, funcionarias públicas en calidad de guardianas del INPEC de la reclusión de mujeres El Buen Pastor vienen cometiendo contra LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, por ser contrarias a los tratados internacionales, la constitución y a la ley penal colombiana.
Liliany habló de los desafíos que enfrentan por la violencia de estado (incluyendo la inimaginable extrema violencia que usan las fuerzas paramilitares), y en todo momento llamó a una solución pacífica del conflicto social y armado en su patria. Estamos consternados e indignados de que el gobierno colombiano, a través de la Fiscalía General de la Nación, trate de silenciarla con su detención ocurrida el viernes 8 de agosto del 2008. El Fiscal General de la Nación previamente había hecho un anuncio público que Liliany (junto a otros once opositores al gobierno incluyendo a miembros del parlamento) estaba bajo investigación por supuestos vínculos con la organización guerrillera FARC.
La detención se llevó a cabo en el domicilio de Liliany en frente de su devastada madre e hijos. Ella enfrenta serios cargos de rebelión y de administración de recursos a una organización "terrorista". La táctica de vincular opositores a las organizaciones guerrilleras no es nueva en Colombia. Esta se usa a menudo y ahora se está utilizando en un esfuerzo por distraer la atención pública de las investigaciones de los bien conocidos y establecidos vínculos entre narcotraficantes y funcionarios incluyendo parlamentarios de los partidos de gobierno. Los últimos acontecimientos son parte de una "cacería de brujas" en curso contra los opositores del gobierno del presidente Álvaro Uribe.
La "evidencia" en el caso de Liliany se dice que fue encontrada en el ordenador portátil y otro equipo electrónico capturados por el ejército colombiano cuando invadieron territorio ecuatoriano en marzo de 2008. Se alega que el equipo había pertenecido al comandante de las FARC Raúl Reyes, quien fue asesinado en el ataque. La credibilidad de la "evidencia" es extensamente cuestionada. INTERPOL no puede atestiguar por su integridad y manifiesta que fue manipulada por las autoridades colombianas.
En un país en donde se respeten los derechos humanos Liliany no tendría ningún cargo que responder. Sin embargo en Colombia, ella debe defender su libertad y la de sus compatriotas contra intereses adquiridos de gran alcance para perseguir paz con justicia social en su patria.
También podemos destacar casos muy importantes de defensores de Derechos Humanos como por ejemplo el de ESTEBAN CANCELADO GÓMEZ, “Defensor de la Verdad, Víctima de la Mentira”, quien fue detenido el 16 de abril de 1997 en la ciudad de Barranquilla y producto de un burdo y temerario montaje de las Fuerzas Militares y su Brigada 20 de Inteligencia lo acusaron ante los medios de comunicación de “terrorista internacional, de haber volado 258 veces la infraestructura petrolera del país; de haber atentado contra el presidente Samper en el aeropuerto de Barranquilla y contra el Dr. Rudolf Hommes en Bogotá, de haber recibido cursos de explosivos y minas anti personales en Vietnam; de ser el responsable de finanzas del ELN, de ser el cuarto hombre al mando de esa organización guerrillera y uno de sus ideólogos, entre otras actividades delictivas”
Otro caso muy importante es el del dirigente de la Unión Patriótica, MARCO ANTONIO FONSECA GARCÍA, a quien se le acusaba de extorsiones y abiertas incursiones subversivas, auxiliador y colaborador del movimiento guerrillero; se declaró un perseguido político, nunca existieron pruebas para condenarlo, las acusaciones que se le hacían eran un ajuste de cuentas políticas y exigió cese a la persecución política en Colombia y su libertad inmediata
Y para completar algunos casos emblemáticos, antes de entrar en el caso de JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ, UN PRISIONERO DE GUERRA COLOMBIANO, es importante destacar el caso de ORLANDO QUINTERO PAEZ y su compañera PATRICIA. Orlando Quintero Páez, Guerrillero del ELN, luego de sostener un combate con fuerzas de la Policía Nacional colombiana, fue detenido y herido el 5 de julio de 1989 en Ibagué, procesado por rebelión y terrorismo. Fue el ejemplo mas claro de la violación a las garantías procesales, el desconocimiento de las normas internacionales sobre el debido proceso, al punto que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, declaró al Estado colombiano como responsable de detención arbitraria en la persona de ORLANDO QUINTERO PAEZ.
ORLANDO QUINTERO PAEZ, realizó una ruptura contra el sistema de “justicia” que lo juzgó. Después de estar en prisión por seis años, obtuvo su libertad sin aun ser condenado y de inmediato se incorporó al frente de guerra “Carlos Alirio Buitrago” del ELN que opera en el departamento de Antioquia. En dicho frente, según lo denunció su organización, murió asesinado luego de presentar combate al enemigo y ser capturado por el Ejército Nacional cuando intentaba rescatar a su compañera afectiva quien para ese momento ya había sido capturada y ejecutada por la tropa enemiga .
Queremos con esta breve introducción y algunos casos emblemáticos, hacer un ejercicio pedagógico para que los presos políticos y prisioneros de guerra que actualmente se encuentran en las cárceles del régimen, aborden el caso “JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ, UN PRISIONERO DE GUERRA COLOMBIANO” como una estrategia jurídica, política e ideológica para enfrentar los diversos procesos que actualmente cursan en el país contra los presos políticos y prisioneros de guerra entre otros.
JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ, guerrillero de las FARC fue capturado el 29 de Octubre de 2008 en Coyaima –Tolima, en un operativo militar del Ejercito Nacional, el 20 de abril de 2011 presentó el recurso constitucional de Habeas Corpus el cual fue fallado por el ilustre Juez de la República, JUAN DE DIOS SOLANO SOLANO, Juez Segundo de Menores de Bucaramanga, pues JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ llevaba preso en la Cárcel de Girón –Santander catorce meses sin que se le hubiera explicado el motivo por el cual fue capturado, acusado o condenado; así mismo, la autoridad que conociera los posibles procesos en su contra.
Es claro que hubo una violación a ese derecho a la libertad enmarcado dentro del numeral 1º del Art. 303 (Ley 906/04), norma que nos ilustra sobre los derechos del capturado y que a este se le informará de manera “INMEDIATA” del hecho que se le atribuye y motivo de su captura y el funcionario que la ordenó.
El Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga, ordenó la libertad inmediata de JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ y dijo “…no podrá ser afectada por medida restrictiva de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tenga por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del Habeas Corpus” , Art. 8º de la Ley 1095/06.
No sobra decir que de este hecho jurídico los medios masivos de comunicación difundieron a nivel nacional e internacional que alias “chucho” peligroso jefe de las FARC, iba a salir en libertad; hasta el señor presidente de la República JUAN MANUEL SANTOS en diversas alocuciones televisivas se refirió al caso y se vino lanza en ristre contra el humilde juez de la República diciendo que era una “manzana podrida”. Fruto de todo ello, JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ nunca recobró su libertad, sino por el contrario fue torturado y golpeado –así lo dictaminó Medicina Legal– por la guardia del INPEC de la Cárcel de Girón Santander en cabeza del Distinguido Ruíz y posteriormente entregado a un comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en cabeza del Brigadier General José Ángel Mendoza.
Luego de esta situación es notificado el 25 de abril de 2011, de una sentencia condenatoria del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá. No es posible que después de estar privado de la libertad (catorce meses), en la cárcel de Girón Santander, el mencionado Juzgado que lo condenaba, nunca lo hubiera notificado de ninguna actuación procesal, con lo cual, se le desconocieron todos los derechos que establece nuestra constitución en su Art. 29 y las normas concordantes y pertinentes del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos Ley 600 de 2000 (Art. 8º, 9º, 13º, entre otros, y el Art 9º numeral 1º, 2º y Art. 14º numeral 3º) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre otros, ratificados por el Estado colombiano.
Queremos mostrar este caso emblemático para que los presos y prisioneros de guerra colombianos asuman el debate sobre el delito político y que no son terroristas, pues si se siguen considerando los grupos insurgentes colombianos como terroristas, no podrá haber en Colombia procesos de paz o reconciliación. Habría que pensar si realmente, la pena cumple alguna función frente a los rebeldes, habría que pensar hasta dónde los rebeldes deberían ser resocializados para que renuncien a las utopías, o si la pena es simplemente una retaliación “el delito es síntoma que denuncia enfermedades del organismo social”
Finalmente, debemos destacar uno de los casos más emblemáticos que se ha presentado en este último periodo, es el del profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia MIGUEL ANGEL BELTRÁN. Estudió postdoctorales en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Coordinador del Grupo de Investigación “América Latina: Transformaciones, Dinámica Política y Pensamiento Social” de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Participante del Grupo de Investigación “Cultura, Política y Desarrollo Social” de la Universidad de Antioquia, reconocidos por COLCIENCIAS. Miembro del Comité Científico de la Revista Contrahistorias. La otra cara del Clio.
El viernes 22 de mayo de 2009, el comandante de la Policía, Gral. Oscar Naranjo, dijo que el DAS había capturado “al Terrorista más peligroso de las FARC” y que se trataba de un profesor universitario. Fue detenido arbitrariamente y privado de la libertad por las autoridades migratorias mexicanas, violándosele todos sus derechos y puesto irregularmente ante las autoridades del régimen uribista; la Fiscalía promete confinarlo por mas de cuarenta años en la cárcel por los delitos de “concierto para delinquir con fines terroristas”, “rebelión” y “financiamiento de grupos terroristas”.
Este caso emblemático ha concitado el interés de organismos nacionales e internacionales que se han pronunciado a lo largo del proceso de MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN . Podemos destacar la carta de académicos colombianos y del continente exigiendo su libertad inmediata, carta abierta de los docentes investigadores de América Latina, proposición de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, carta del sociólogo alemán Andrej Holm contra la expulsión ilegal del Dr. MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN, carta abierta de intelectuales británicos al presidente Juan Manuel Santos, solicitud de Veeduría Internacional de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza .
Este caso podemos enmarcarlo en lo que Oscar Vilhena Vieira en su ensayo “La Desigualdad y la Subversión del Estado de Derecho” lo ha definido así: “para comprender la demonización, nos focalizaremos en las violaciones groseras a los Derechos Humanos. La persistencia en el uso arbitrario de la fuerza por parte de los funcionarios estatales o de grupos armados con complicidad oficial, contra el pueblos demonizado, como los sospechosos, los delincuentes comunes, los convictos, e incluso los miembros de los movimientos sociales…”
Finalmente la Fundación Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA, hace un llamado a todos los presos políticos, prisioneros de guerra para que en la táctica de defensa procesal asuman una forma de combate a través procesos colectivos y/o individuales de ruptura, de connivencia, los abogados defensores también orienten a los procesados políticos del país estas lecciones, pues No aceptamos que los combatientes sean condenados a largos años de prisión. A oprobiosos procesos de montajes judiciales a absurdas negociaciones de penas y en muchos casos a indignas actitudes de delación.
Llamamos a las ONG de DDHH, a reivindicar el carácter político del conflicto interno armado, a preservar el delito político en Colombia y el estatus del rebelde y beligerantes de los revolucionarios capturados.
En estos momentos donde hay mas de 7500 presos políticos es un urgente al apoyo de la comunidad internacional para exigir el reconocimiento publico por parte del Estado Colombiano, de la existencia de presos políticos y libertad para los mismos, como aporte a la búsqueda de la solución política al conflicto y eliminar la practica del terrorismos de Estado como política permanente contra la población civil.
El conflicto armado colombiano, como la mayoría de las actuales guerras en el mundo, continúa desdibujándose puesto que la población civil es la más amenazada; los civiles no son solo víctimas, sino el objetivo, el blanco de las diferentes estrategias de las partes enfrentadas para aterrorizarlos . Colombia no alcanzará la paz mientras los combatientes no posean un concepto de lo que resulta honorable o no para un hombre armado, mientras no tenga un código de pertenencia, ni una ética de responsabilidad.
El Derecho Humanitario se aplica en conflictos armados. Aunque la palabra “guerra” es de uso corriente . Se puede definir el conflicto armado “cualquier grado de enfrentamiento o antagonismo, sin necesidad de manifestar violencia, y en la que su finalidad última puede no ser la eliminación de la otra parte, sino el sometimiento a su voluntad” .
También se considera Conflicto Armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diversa índole, tales como las fuerzas militares regulares e irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición o comunidades étnicas o religiosas que usando armas u otros medios de destrucción provocan víctimas en un tiempo determinado. Decimos del mismo modo, que conflicto armado importante es un combate prolongado entre las fuerzas militares de dos o más gobiernos, o de gobiernos y movimientos de resistencia organizados, utilizando armas fabricadas y en el que el número de muertes resultantes de los enfrentamientos es también un número considerable.
Pero mas acertadamente se debe hablar de conflicto interno armado cuando existen combates armados en un territorio del Estado que involucra al Estado y a otras fuerzas organizadas y que existen al menos una suma considerable de muertes relacionadas con esos combates.
En algunos conflictos armados no internacionales, se debe tener en cuenta los tratados de Derecho Internacional Humanitario, y se siguen ciertas características para que el tratado en cuestión pueda ser aplicado. En particular son el Artículo III Común de los Convenios de Ginebra de 1949, el Artículo 1 del Protocolo II de 1977 y el Artículo 8.2 f del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
En Colombia, históricamente los diferentes gobiernos le han dado al delito de Rebelión diferentes connotaciones, pero desde el Código Penal de 1936 hasta la Constitución de 1991, el tratamiento al Delito Político y la Insurgencia se ha llegado a definir hoy como “terrorismo”, fue precisamente en el fatídico período “uribista” de ocho años en que esta tesis se desarrolló a fondo contra las FARC y el ELN y los rebeldes son considerados “terroristas” como en el caso que hoy presentamos como EMBLEMÁTICO: JOSÉ MARBEL ZAMORA PRISIONERO DE GUERRA
Es con el objeto que este encuentro del 4 y 5 de Junio concluya que en Colombia sí hay prisioneros de guerra y que se les debe aplicar por lo tanto, el Protocolo II de Ginebra de 1977, para el cual las FARC –EP y el ELN reúnen los requisitos establecidos allí para su aplicación como en su momento la Honorable Corte Constitucional lo dijo: “Son condiciones frente a la Comunidad Internacional; pero que frente al ordenamiento constitucional ese derecho se aplica, incluso si no se dan tales condiciones, la constitución es muy clara en señalar que en todo caso rigen las reglas del Derecho Internacional Humanitario, es decir, que incluso, si el conflicto armado no alcanza esa intensidad según los patrones internacionales, dichas normas son aplicables en el conflicto armado interno colombiano” .
CASOS EMBLEMÁTICOS
En los procesos históricos de juzgamiento por el Estado colombiano a los opositores políticos, podemos destacar los procesos contra Benkos Biojó, José Antonio Galán, Antonio Nariño, Proceso por tentativa de homicidio contra el General Rafael Reyes, Manuel Satulio Valencia, Proceso contra el ELN (Consejo Verbal de Guerra, Consejo de Guerra del Socorro), Jaime Guaraca, Proceso contra estudiantes universitarios acusados de pertenecer al EPL, Proceso por el homicidio del General Ramón A. Rincón Quiñones, Consejo Verbal de Guerra contra el M-19, Proceso contra los miembros del secretariado y otros miembros de las FARC –EP.
Otro caso emblemático es el de la Prisionera Política de Conciencia LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.745.041, actualmente privada de la libertad en el patio 7 de la Reclusión de Mujeres de Bogotá "El Buen Pastor".
Consideramos arbitraria la detención que padece LILIANY, a quien conocemos por su profesionalismo y por la valiosa labor en la defensa de los derechos humanos que ha realizado; por ello, rechazamos los actos arbitrarios y contrarios a las normas internacionales sobre tratamiento a las personas en reclusión que la guardia de la Reclusión de Mujeres el Buen Pastor viene cometiendo en su contra.
Solicitamos al Estado Colombiano ceñirse al cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos y a la constitución nacional, garantizar los derechos fundamentales de LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, especialmente su derecho a la cercanía familiar, y en consecuencia ABSTENERSE DE TRASLADARLA a otro sitio de reclusión, puesto que su núcleo familiar reside en la ciudad de Bogotá, lugar donde también se adelanta el proceso penal en su contra, dentro del cual tiene la calidad de sindicada, y se encuentra en detención preventiva.
Del mismo modo, instamos a los organismos de control y judiciales colombianos para que investiguen y sancionen las conductas que DIANA SALINAS, ESPERANZA GAONA, MÓNICA VALVUENA, LEIDY PAOLA ROMERO, ZOILA PEÑALOSA, DAYANA CRISTINA AGUILAR Y MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ LEIVA, funcionarias públicas en calidad de guardianas del INPEC de la reclusión de mujeres El Buen Pastor vienen cometiendo contra LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, por ser contrarias a los tratados internacionales, la constitución y a la ley penal colombiana.
Liliany habló de los desafíos que enfrentan por la violencia de estado (incluyendo la inimaginable extrema violencia que usan las fuerzas paramilitares), y en todo momento llamó a una solución pacífica del conflicto social y armado en su patria. Estamos consternados e indignados de que el gobierno colombiano, a través de la Fiscalía General de la Nación, trate de silenciarla con su detención ocurrida el viernes 8 de agosto del 2008. El Fiscal General de la Nación previamente había hecho un anuncio público que Liliany (junto a otros once opositores al gobierno incluyendo a miembros del parlamento) estaba bajo investigación por supuestos vínculos con la organización guerrillera FARC.
La detención se llevó a cabo en el domicilio de Liliany en frente de su devastada madre e hijos. Ella enfrenta serios cargos de rebelión y de administración de recursos a una organización "terrorista". La táctica de vincular opositores a las organizaciones guerrilleras no es nueva en Colombia. Esta se usa a menudo y ahora se está utilizando en un esfuerzo por distraer la atención pública de las investigaciones de los bien conocidos y establecidos vínculos entre narcotraficantes y funcionarios incluyendo parlamentarios de los partidos de gobierno. Los últimos acontecimientos son parte de una "cacería de brujas" en curso contra los opositores del gobierno del presidente Álvaro Uribe.
La "evidencia" en el caso de Liliany se dice que fue encontrada en el ordenador portátil y otro equipo electrónico capturados por el ejército colombiano cuando invadieron territorio ecuatoriano en marzo de 2008. Se alega que el equipo había pertenecido al comandante de las FARC Raúl Reyes, quien fue asesinado en el ataque. La credibilidad de la "evidencia" es extensamente cuestionada. INTERPOL no puede atestiguar por su integridad y manifiesta que fue manipulada por las autoridades colombianas.
En un país en donde se respeten los derechos humanos Liliany no tendría ningún cargo que responder. Sin embargo en Colombia, ella debe defender su libertad y la de sus compatriotas contra intereses adquiridos de gran alcance para perseguir paz con justicia social en su patria.
También podemos destacar casos muy importantes de defensores de Derechos Humanos como por ejemplo el de ESTEBAN CANCELADO GÓMEZ, “Defensor de la Verdad, Víctima de la Mentira”, quien fue detenido el 16 de abril de 1997 en la ciudad de Barranquilla y producto de un burdo y temerario montaje de las Fuerzas Militares y su Brigada 20 de Inteligencia lo acusaron ante los medios de comunicación de “terrorista internacional, de haber volado 258 veces la infraestructura petrolera del país; de haber atentado contra el presidente Samper en el aeropuerto de Barranquilla y contra el Dr. Rudolf Hommes en Bogotá, de haber recibido cursos de explosivos y minas anti personales en Vietnam; de ser el responsable de finanzas del ELN, de ser el cuarto hombre al mando de esa organización guerrillera y uno de sus ideólogos, entre otras actividades delictivas”
Otro caso muy importante es el del dirigente de la Unión Patriótica, MARCO ANTONIO FONSECA GARCÍA, a quien se le acusaba de extorsiones y abiertas incursiones subversivas, auxiliador y colaborador del movimiento guerrillero; se declaró un perseguido político, nunca existieron pruebas para condenarlo, las acusaciones que se le hacían eran un ajuste de cuentas políticas y exigió cese a la persecución política en Colombia y su libertad inmediata
Y para completar algunos casos emblemáticos, antes de entrar en el caso de JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ, UN PRISIONERO DE GUERRA COLOMBIANO, es importante destacar el caso de ORLANDO QUINTERO PAEZ y su compañera PATRICIA. Orlando Quintero Páez, Guerrillero del ELN, luego de sostener un combate con fuerzas de la Policía Nacional colombiana, fue detenido y herido el 5 de julio de 1989 en Ibagué, procesado por rebelión y terrorismo. Fue el ejemplo mas claro de la violación a las garantías procesales, el desconocimiento de las normas internacionales sobre el debido proceso, al punto que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, declaró al Estado colombiano como responsable de detención arbitraria en la persona de ORLANDO QUINTERO PAEZ.
ORLANDO QUINTERO PAEZ, realizó una ruptura contra el sistema de “justicia” que lo juzgó. Después de estar en prisión por seis años, obtuvo su libertad sin aun ser condenado y de inmediato se incorporó al frente de guerra “Carlos Alirio Buitrago” del ELN que opera en el departamento de Antioquia. En dicho frente, según lo denunció su organización, murió asesinado luego de presentar combate al enemigo y ser capturado por el Ejército Nacional cuando intentaba rescatar a su compañera afectiva quien para ese momento ya había sido capturada y ejecutada por la tropa enemiga .
Queremos con esta breve introducción y algunos casos emblemáticos, hacer un ejercicio pedagógico para que los presos políticos y prisioneros de guerra que actualmente se encuentran en las cárceles del régimen, aborden el caso “JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ, UN PRISIONERO DE GUERRA COLOMBIANO” como una estrategia jurídica, política e ideológica para enfrentar los diversos procesos que actualmente cursan en el país contra los presos políticos y prisioneros de guerra entre otros.
JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ, guerrillero de las FARC fue capturado el 29 de Octubre de 2008 en Coyaima –Tolima, en un operativo militar del Ejercito Nacional, el 20 de abril de 2011 presentó el recurso constitucional de Habeas Corpus el cual fue fallado por el ilustre Juez de la República, JUAN DE DIOS SOLANO SOLANO, Juez Segundo de Menores de Bucaramanga, pues JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ llevaba preso en la Cárcel de Girón –Santander catorce meses sin que se le hubiera explicado el motivo por el cual fue capturado, acusado o condenado; así mismo, la autoridad que conociera los posibles procesos en su contra.
Es claro que hubo una violación a ese derecho a la libertad enmarcado dentro del numeral 1º del Art. 303 (Ley 906/04), norma que nos ilustra sobre los derechos del capturado y que a este se le informará de manera “INMEDIATA” del hecho que se le atribuye y motivo de su captura y el funcionario que la ordenó.
El Juzgado Segundo de Menores de Bucaramanga, ordenó la libertad inmediata de JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ y dijo “…no podrá ser afectada por medida restrictiva de la libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tenga por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del Habeas Corpus” , Art. 8º de la Ley 1095/06.
No sobra decir que de este hecho jurídico los medios masivos de comunicación difundieron a nivel nacional e internacional que alias “chucho” peligroso jefe de las FARC, iba a salir en libertad; hasta el señor presidente de la República JUAN MANUEL SANTOS en diversas alocuciones televisivas se refirió al caso y se vino lanza en ristre contra el humilde juez de la República diciendo que era una “manzana podrida”. Fruto de todo ello, JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ nunca recobró su libertad, sino por el contrario fue torturado y golpeado –así lo dictaminó Medicina Legal– por la guardia del INPEC de la Cárcel de Girón Santander en cabeza del Distinguido Ruíz y posteriormente entregado a un comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en cabeza del Brigadier General José Ángel Mendoza.
Luego de esta situación es notificado el 25 de abril de 2011, de una sentencia condenatoria del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá. No es posible que después de estar privado de la libertad (catorce meses), en la cárcel de Girón Santander, el mencionado Juzgado que lo condenaba, nunca lo hubiera notificado de ninguna actuación procesal, con lo cual, se le desconocieron todos los derechos que establece nuestra constitución en su Art. 29 y las normas concordantes y pertinentes del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos Ley 600 de 2000 (Art. 8º, 9º, 13º, entre otros, y el Art 9º numeral 1º, 2º y Art. 14º numeral 3º) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre otros, ratificados por el Estado colombiano.
Queremos mostrar este caso emblemático para que los presos y prisioneros de guerra colombianos asuman el debate sobre el delito político y que no son terroristas, pues si se siguen considerando los grupos insurgentes colombianos como terroristas, no podrá haber en Colombia procesos de paz o reconciliación. Habría que pensar si realmente, la pena cumple alguna función frente a los rebeldes, habría que pensar hasta dónde los rebeldes deberían ser resocializados para que renuncien a las utopías, o si la pena es simplemente una retaliación “el delito es síntoma que denuncia enfermedades del organismo social”
Finalmente, debemos destacar uno de los casos más emblemáticos que se ha presentado en este último periodo, es el del profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia MIGUEL ANGEL BELTRÁN. Estudió postdoctorales en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Coordinador del Grupo de Investigación “América Latina: Transformaciones, Dinámica Política y Pensamiento Social” de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Participante del Grupo de Investigación “Cultura, Política y Desarrollo Social” de la Universidad de Antioquia, reconocidos por COLCIENCIAS. Miembro del Comité Científico de la Revista Contrahistorias. La otra cara del Clio.
El viernes 22 de mayo de 2009, el comandante de la Policía, Gral. Oscar Naranjo, dijo que el DAS había capturado “al Terrorista más peligroso de las FARC” y que se trataba de un profesor universitario. Fue detenido arbitrariamente y privado de la libertad por las autoridades migratorias mexicanas, violándosele todos sus derechos y puesto irregularmente ante las autoridades del régimen uribista; la Fiscalía promete confinarlo por mas de cuarenta años en la cárcel por los delitos de “concierto para delinquir con fines terroristas”, “rebelión” y “financiamiento de grupos terroristas”.
Este caso emblemático ha concitado el interés de organismos nacionales e internacionales que se han pronunciado a lo largo del proceso de MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN . Podemos destacar la carta de académicos colombianos y del continente exigiendo su libertad inmediata, carta abierta de los docentes investigadores de América Latina, proposición de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, carta del sociólogo alemán Andrej Holm contra la expulsión ilegal del Dr. MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN, carta abierta de intelectuales británicos al presidente Juan Manuel Santos, solicitud de Veeduría Internacional de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza .
Este caso podemos enmarcarlo en lo que Oscar Vilhena Vieira en su ensayo “La Desigualdad y la Subversión del Estado de Derecho” lo ha definido así: “para comprender la demonización, nos focalizaremos en las violaciones groseras a los Derechos Humanos. La persistencia en el uso arbitrario de la fuerza por parte de los funcionarios estatales o de grupos armados con complicidad oficial, contra el pueblos demonizado, como los sospechosos, los delincuentes comunes, los convictos, e incluso los miembros de los movimientos sociales…”
Finalmente la Fundación Brigada Jurídica EDUARDO UMAÑA MENDOZA, hace un llamado a todos los presos políticos, prisioneros de guerra para que en la táctica de defensa procesal asuman una forma de combate a través procesos colectivos y/o individuales de ruptura, de connivencia, los abogados defensores también orienten a los procesados políticos del país estas lecciones, pues No aceptamos que los combatientes sean condenados a largos años de prisión. A oprobiosos procesos de montajes judiciales a absurdas negociaciones de penas y en muchos casos a indignas actitudes de delación.
Llamamos a las ONG de DDHH, a reivindicar el carácter político del conflicto interno armado, a preservar el delito político en Colombia y el estatus del rebelde y beligerantes de los revolucionarios capturados.
En estos momentos donde hay mas de 7500 presos políticos es un urgente al apoyo de la comunidad internacional para exigir el reconocimiento publico por parte del Estado Colombiano, de la existencia de presos políticos y libertad para los mismos, como aporte a la búsqueda de la solución política al conflicto y eliminar la practica del terrorismos de Estado como política permanente contra la población civil.
DENUNCIA PUBLICA
DENUNCIA PÚBLICA
Bogotá, D.C. –Colombia, Junio 06 de 2011
La Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, denuncia ante la opinión pública Nacional e Internacional, las graves violaciones a los derechos fundamentales y a la dignidad humana, por parte del INPEC al Prisionero de Guerra señor BERNARDO MORENO MACHADO por los siguientes hechos:
1. El día 3 de Junio de 2011, en el Establecimiento de Reclusión Especial de Orden Nacional–ERON de la Cárcel Nacional Picota de Bogotá –Colombia, Suramérica, se llevó a cabo una huelga de hambre por parte de los internos recluidos en ese establecimiento como una acción de resistencia pacífica y de legítima protesta ante la vulneración de los derechos fundamentales y a la dignidad humana que sufren los internos por parte del INPEC.
2. Debido a la anterior situación, el prisionero de Guerra BERNARDO MORENO MACHADO, recluido en este establecimiento, quien participó activamente en dicha acción pacífica, fue trasladado de inmediato a la Cárcel La Tramacúa de Valledupar –Cesar, como una forma de retaliación por parte de la Dirección General del INPEC.
3. Las condiciones en las que se encuentra en la actualidad en la Cárcel La Tramacúa, continúan vulnerando los derechos constitucionales y la dignidad humana del señor Bernardo Moreno ya que se encuentra recluido en una celda de 2x3 y cuando sale a los patios lo sacan en una jaula de hierro de 4x5 donde no puede recibir la luz del sol, además, durante el día solo recibe agua una vez durante cinco minutos.
Solicitamos a la Comunidad Nacional e Internacional de la solidaridad y apoyo para que el señor BERNARDO MORENO MACHADO sea trasladado de nuevo a la Cárcel Nacional Picota de Bogotá –Colombia, Suramérica.
JUNTA DIRECTIVA
¡CESEN DESDE YA LOS TRASLADOS REPRESIVOS Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA LOS PRESOS POLITICOS!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)