Foro de juventudes y derechos humanos
-Soacha-
Palabras de Presentación
F
amiliares de jóvenes víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, comunidad de Soacha, Organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, organizaciones juveniles, Alcaldía Municipal, a todos los presentes y a todos los que hicieron posible el desarrollo de este espacio, cordial y fraternal saludo.
Para La Brigada Jurídica de Derechos Humanos “Eduardo Umaña Mendoza” y El Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos “Iván David Ortiz” de la Universidad Nacional de Colombia es de suma importancia participar de este espacio y así aportar desde el desarrollo jurídico y académico al debate de los derechos humanos y a la construcción de memoria colectiva, a la búsqueda de mecanismos para la no violación de estos, y del mismo modo acciones para la no repetición de hechos desastrosos como los que se viven en Colombia en estos tiempos de terrorismo de estado.
Creemos en nuevas formas de accionar jurídico, con conciencia, en seguir con la labor de nuestros maestros y compañeros; Eduardo Umaña Mendoza e Iván David Ortiz, luchadores incansables en contra de la injusticia y la impunidad en el genocidio de la unión patriótica y demás vejámenes que el estado comete a diario contra la nación colombiana.
El plan patriota, el plan Colombia, la política de seguridad democrática no pueden ser la excusa para seguir violando derechos humanos, ello evidencia la política sistemática de eliminación a la cual la población civil está sometida para el fortalecimiento de las elites en el poder, la real intención del estado por mantener el orden de las cosas y su accionar coercitivo en donde el pueblo no significa nada para los intereses del ejecutivo.
Reconocemos los derechos humanos, como la construcción social a través de la historia, como los avances colectivos de los pueblos en la búsqueda incesante de la paz y la convivencia plena entre las personas y por ello entendemos su uso como la consolidación de esa nación colombiana.
Los hechos ocurridos en Soacha y en otras zonas del territorio nacional en donde se evidencia en mayor medida el conflicto, hacen parte de la política sistemática del régimen, donde la población civil se ve directamente afectada por las fuerzas militares y para estatales , que buscan mostrar resultados de sus acciones y donde el derecho a la vida y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales pasa a un segundo plano y en el cual la integridad de las personas y las comunidades se vulnera de manera constante. Este tipo de prácticas se asimila a la de regímenes totalitarios donde hechos como capturas masivas y ejecuciones extrajudiciales a la población civil se institucionalizan como forma de persecución y estigmatización al afianzamiento de procesos sociales de carácter crítico y propositivo y al óptimo desarrollo de los pueblos.
La necesidad nuestra en este momento, desde el accionar jurídico, es reafirmar el compromiso de lucha por la defensa de los derechos humanos, es llamarlos, a la denuncia, a la organización, al debate, a la crítica, a la proposición de procesos de unidad, porque somos la sociedad civil la única con la fuerza y capacidad de cambio, reconozcamos los derechos humanos como propios. Es el momento que los jóvenes desde la cotidianidad de la vida generemos procesos colectivos y así acorazarnos frente a la arremetida militarista del régimen.
“¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio toda una vida de combate!” gritamos los jóvenes como muestra de rebeldía.
BALANCE DE LA BRIGADA JURIDICA EDUARDO UMAÑA MENDOZA
REALIZADA EN EL FORO DE JUVENTUDES Y
DERECHOS HUMANOS
(19 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
Por iniciativa de varias organizaciones defensoras de derechos humanos del municipio de Soacha, el compañero concejal del PDA IGNACIO ROYA, funcionarios del Municipio entre ellos el Dr. FERNANDO ESCOBAR, personero entre otros se fue gestando la idea de convocar un evento contra los falsos positivos y por la vida, después de varias reuniones se pudo concretar una convocatoria a través de la Personería Municipal de Soacha, Fundación para la educación y el desarrollo (FEDES),Diócesis de Soacha, Asociación Nacional de Ayuda solidaria Capitulo Soacha(ANDAS),coordinadota Popular y la Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”.
Inicialmente se propusieron varias fechas y se estableció que se realizaría para el 5 de septiembre, pero posteriormente se cambio la fecha quedando definitivamente para el 19 de septiembre de 2009, como efectivamente ocurrió; después de varias reuniones fructíferas en la planeación y compromiso de tareas que se realizaron en la personería de Soacha.
En ese sentido la Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”, participo activamente en todo el proceso aportando ideas y el servicio jurídico para la comunidad, ya en la recta final presentamos la iniciativa a través del Honorable Concejal del PDA IGNACIO ROYA, de un proyecto de acuerdo para promoverlo en el mes de octubre ante el Concejo Municipal de Soacha donde se destacan varias propuestas como la declarar a Soacha territorio de Paz, promover un monumento en homenaje a los jóvenes victimas de los “falsos positivos”, recuperar la memoria a través de la publicación de estos hechos entre otros.
En ese mismo sentido se presento ya en el desarrollo del evento una importante ponencia sobre Desapariciones forzadas en Soacha Una estrategia de Guerra, y se leyó por parte de uno de los Brigadistas un Saludo al Evento a cargo del Joven estudiante de derecho y ciencia política de la Universidad Nacional LEONARDO YEPES, miembro del Observatorio de DDHH IVAN DAVID ORTIZ.
También hubo un importante acompañamiento para la seguridad de los brigadistas a cargo del sacerdote católico ANSGAR FALK, quien participo activamente y realizo un importante trabajo fílmico.
Queremos destacar de esta Brigada la gran participación de los jóvenes de los colegios de esa municipalidad pues cerca de 700 personas concurrieron a rechazar esta practica de los mal llamados “falsos positivos” que obedece esquemáticamente a la misma estrategia del paramilitarismo: obtener unos resultados ilícitos sin deslegitimar al actor[1]. La Brigada tiene una profunda preocupación por estos hechos y no con menor inquietud las manifestaciones progresivas de intolerancia y persecución del régimen contra los jóvenes de Soacha que ha crecido a nivel nacional ocupando las paginas de los diarios y medios masivos de comunicación que venían siendo ocultados y no fueron dados a conocer oportunamente, podríamos señalar el caso que se conoció popularmente como la masacre de Mondoñedo donde varios jóvenes universitarios el 7 de septiembre de 1996 entre ellos VLADIMIR ZAMBRANO PINZON, JENNER ALFONSO MORA MONCALEANO, JUAN CARLOS PALACIOS GOMEZ Y ARQUIMEDES MORENO, fueron desaparecidos, torturados, ejecutados y posteriormente incinerados con el objeto de impedir su identificación; la Honorable Corte Suprema de Justicia –Sala Penal- el pasado 18 de marzo de 2009, resolvió revisar el caso e invalidar las Resoluciones que precluian la investigación contra HECTOR EDISSON CASTRO CORREDOR; Mayor y oficial de la Policía Nacional hoy activo.[2]
También la Brigada hace un llamado para que en el caso de los falsos positivos de Soacha se pronuncien urgentemente con medidas ejemplares para los funcionarios de la fuerza pública del Estado que realizaron estos crímenes. Se brinde especial protección a las madres y familiares y en especial para los hijos de las victimas que se encuentra en el mas absoluto abandono y en el inminente peligro de que se tomen represalias contra sus vidas, tal es el caso de EDILIA PALACIOS BUSTAMENTE, madre del Joven JADER ANDRES PALACIOS BUSTAMENTE, quien no tiene ni recursos para asistir y desplazarse a las audiencias, su hijo dejo un nieto de apenas pocos meses, llego desplazada de la Dorada –Caldas por fuerzas paramilitares hace 9 años , donde le habían asesinado otro hijo sin que a la fecha se tenga noticia de que fue lo que paso.
Es importante resaltar la participación de brigadistas de las Universidades Pedagógica Nacional, Nacional de Colombia y del Colegio Mayor de Cundinamarca, entendiendo que su aporte es fundamental para integración amplia de demás sectores sociales en la realidad y la defensa activa de los derechos humanos.
COMPROMISOS:
1. Seguimiento a las asesorías jurídicas realizadas en el Foro de Juventudes y derechos humanos, dinamizando las tareas y haciéndolas mas efectivas para la solución de los conflictos jurídicos.
2. Establecer una visita a las familias de las victimas de falsos positivos en Soacha por parte de dos de los brigadistas, con el fin de garantizar un buen acompañamiento a las acciones jurídicas, ratificando el compromiso de la brigada con la realidad del municipio.
3. Desempeñar un papel fundamenta en la visibilización de las violaciones de los derechos humanos en el municipio de Soacha, emitiendo denuncias públicas a distintas organizaciones; nacionales e internacionales, públicas y privadas, sindicales, religiosas, gremiales, estudiantiles, etc.
4. Publicación por parte de la Coordinación de la Brigada de este informe a los diferentes medios masivos de comunicación y ONG de DDHH.
5. Coordinación con la vocería internacional de la Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”, para realizar las denuncias internacionales, en defensa de los derechos humanos.
6. Participar de la conformación del Comité Permanente de DDHH de la municipalidad de Soacha.
Este es el informe que presentamos a las diferentes organizaciones convocantes, a los estudiantes de los colegios de Soacha, a la opinión pública nacional e internacional así como a las entidades del municipio, departamentales y nacionales a los familiares y desde luego a los brigadistas a quienes agradecemos su valioso aporte como profesionales del Derecho y que estuvieron prestos para llevar a feliz término esta Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”.
ANEXOS
Art. 18 –Los gobiernos velarán por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Los gobiernos harán comparecer a esas personas ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas a juicio. Este principio se aplicará con independencia de quienes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, de su nacionalidad, y del lugar en el que se cometió el delito. *
Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de lasejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.
Recomendada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989
ANEXO I
ACUERDO No.______“POR EL CUAL SE ERIGE UN MONUMENTO A LOS 11 JOVENES EJECUTADOS EXTRAJUDICIALMENTE EN SOCHA CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”EL CONCEJO DE SOACHA- CUNDINAMARCAEn uso de sus atribuciones constitucionales y legalesACUERDA
ARTICULO 1º. ERIJASE un monumento en el parque principal de Soacha-Cundinamarca, en homenaje a la memoria de los once (11) jóvenes ejecutados extrajudicialmente en los meses de febrero y marzo de 2008 ubicado en la calle No. ….de la nomenclatura de esta municipalidad de Cundinamarca.
ARTICULO 2º.En homenaje a la memoria de los jóvenes, se autoriza colocar un monumento en la plaza LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO.
La Administración Municipal l instalara una placa alusiva a la memoria de estos jóvenes y hará la señalización correspondiente.
ARTICULO 3º. La secretaria de educación Municipal de Soacha publicara una reseña histórica de estos hechos a través de un concurso con los estudiantes el cual se difundirá como una cartilla pedagógica sobre las ejecuciones extrajudiciales en todas las instituciones educativas publicas y privadas de la municipalidad.
ARTICULO 4º. La administración Municipal tomara las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
ARTICULO 5º. El Concejo Municipal declara como día cívico - municipal contra las ejecuciones extrajudiciales el 5 de septiembre de cada año.
ARTICULO 6º. El presente Acuerdo, en pergamino, será entregado por el Presidente del Concejo de Soacha a los familiares de los jóvenes ejecutados extraoficialmente.
ARTICULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
Dado en Soacha a los ……. Días del mes …. Del 2009.
PUBLIQUESE Y CUMPLASEPRESIDENTE SECRETARIOALCALDE
EXPOSICION DE MOTIVOS
La creación de este Acuerdo es un homenaje a la memoria de los jóvenes ejecutados extraoficialmente en los meses de febrero y marzo de 2008 en la ciudad de Ocaña –Santander y que fueron presentados por las Fuerzas Militares como bajas en combate.
Como una forma de contribuir a que su legado permanezca en las nuevas generaciones de los jóvenes de Soacha, para que la dignidad humana de sus lideres sea respetada en Soacha, debemos consolidar una cultura de la memoria que no solo permita a los jóvenes conservar su vida y conlleven a que sus valores como fundamentos sean la construcción de una la democracia sólida en nuestra municipalidad cuando la muerte de un dirigente juvenil genere en la conciencia ciudadana un sentimiento casi instintivo de rechazo a esas practicas y de solidaridad con el movimiento juvenil Soachuno.
Por eso es que este acuerdo busca reivindicar la lucha juvenil como una forma de rechazar a la violencia que se ha venido ejerciendo contra los Jóvenes de Soacha, rechazar el extermino, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y todas las practicas que quieren intimidar a los jóvenes.
Esta oleada violenta sobre los jóvenes Soachunos, este periodo tenebroso contra la juventud debe cesar, el movimiento juvenil es parte de la democracia y no puede ser destrozado ante la mirada indiferente de una sociedad que debe reaccionar para proteger la vida de los mejores hijos de la juventud.
Este Acuerdo debe recoger la memoria histórica de los jóvenes asesinados en “la ciudad del Dios varón”, para que se eduque a los nuevos destacamentos de jóvenes en la defensa de los derechos como la espina dorsal de las reivindicaciones de la juventud Colombiana.
ULDARICO FLOREZ PEÑA
Abogado Defensor de DDHH
Soacha 26 de julio de 2009
ANEXO II
DESAPARICIONES FORZADAS EN SOACHA
UNA ESTRATEGIA DE GUERRA[3]
E
n vista de que la desaparición forzada en la municipalidad de Soacha y en general en Colombia, es una de las mayores manifestaciones de crisis humanitaria de nuestro territorio nacional y que involucra a un número elevado de violaciones de Derechos humanos e infracciones al D.I.H. a cientos de jóvenes, dirigentes sindicales, líderes sociales, entre otros, la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y el Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz Presenta a ustedes y a toda la comunidad la siguiente ponencia sobre desaparición forzada en la municipalidad de Soacha
Primeramente debemos conocer a fondo el concepto de desaparición forzada a nivel general de acuerdo a las normas, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional: Desaparición forzada o también, desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad,[] siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o también, particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos (DD.DD.).
El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los jóvenes que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen.
Soacha, ciudad ubicada en el territorio muisca, hereda su nombre de esta comunidad. Es un topónimo originado en la lengua muiscubun (lengua de los chibchas) que se divide en 2 palabras: (soa)=Sué, que significa "Sol" y (cha) = varón.
El municipio cuenta con más de 300 barrios, Soacha es la cabecera provincial, además cuenta con muchas veredas y barrios marginales como Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre. A su vez, se encuentra dividida en seis comunas, a saber: Comuna 1 (Compartir), Comuna 2 (Centro), Comuna 3 (Despensa), Comuna 4 (Cazucá), Comuna 5 (San Mateo) y Comuna 6 (San Humberto), donde día a día surgen nuevas urbanizaciones que modifican el panorama municipal, pues el municipio es receptor de familias en condición de desplazamiento, que al urbanizarse pasan de su condición de campesinos a engrosar la incipiente clase obrera, jóvenes estudiantes, líderes sociales infortunadamente, hoy víctimas de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas paramilitares.
Los habitantes del Municipio de Soacha en Colombia, al igual que los nacionales de todas las regiones del país, son y siguen siendo victimas de la desaparición forzada, un fenómeno de guerra y muerte. En medio de la cortina de humo de la “parapolítica” , y del paramilitarismo queremos contarle a ustedes y al mundo, que hoy en Soacha, continúan las desapariciones forzadas de jóvenes, estudiantes, y lideres sociales, la persecución judicial a los habitantes de la región, las desapariciones forzadas y consolidación del proyecto paramilitar, llegando a presentar un autentico genocidio que no cesa y se recrudece cada vez mas contra este querido y sufrido municipio nuestro.
En el municipio de soacha, recién se conoció la atroz noticia, y ante las dudas que generó el hecho de que unos jóvenes hubiesen muerto en Santander poco tiempo después de haber dejado Cundinamarca, la insistente hipótesis oficial fue la del reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales. El propio presidente Uribe sostuvo que, si bien la Fiscalía no había establecido si la muerte de los jóvenes se dio efectivamente en un enfrentamiento, con seguridad fueron reclutados con fines criminales y “no salieron con el propósito de trabajar o recoger café”.
Ahora, cuando las investigaciones han avanzado y todo indica que estamos ante un caso de “falsos positivos”, la situación y el tono de las declaraciones oficiales han dado, por fortuna, un vuelco de 180 grados. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, advirtió que habrá “cero tolerancia con cualquier comportamiento (de la Fuerza Pública) que no esté ajustado al respeto por los derechos humanos”. Tiempo después de que se supiera de la destitución de los coroneles, el comandante del Ejército, general Mario Montoya, admitió que “existen serios indicios de presunta participación de miembros del Ejército Nacional en actos que comprometen seriamente el honor militar y la rectitud”.
Entre tanto, más de cien casos de desapariciones, en nueve regiones diferentes, han sido denunciados por los medios de comunicación. El modus operandi es siempre el mismo: reclutadores que ofrecen dinero, terceros que dan fe de haberlos visto rondando parques y casas, familias que reciben cuerpos y piden explicaciones, y jóvenes asesinados, en general marcados por la falta de oportunidades y la pobreza. Vale decir, según los casos que se han conocido, habitantes de la calle, drogadictos y enfermos mentales.
Si bien el discurso oficial se ha endurecido frente a tan flagrante violación de los derechos humanos, seguimos sin hacer una reflexión de fondo sobre el sentido de tan macabras acciones. El testimonio, dado a conocer por la revista Semana, de un soldado contraguerrilla del Batallón de Infantería Nº 31, que opera en Córdoba, quien presenció el asesinato de su propio hermano, a quien los altos mandos hicieron pasar por guerrillero muerto en combate para ganar unos días de vacaciones, es ilustrativo de hasta dónde hemos llegado. La vida misma del colombiano parece haber perdido sentido en medio de la rutinización de una guerra que se asegura vamos ganando, al tiempo que altos oficiales del Ejército son primero condecorados y después señalados de ser las manzanas podridas de la institución. Por lo demás, nadie se pregunta por las circunstancias sociales que mueven a que los jóvenes hayan sido enganchados en un grupo al margen de la ley.
Las nuevas denuncias acerca de los que podrían ser más casos de falsos positivos se conocen dos meses después de que el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, admitiera, durante la sexta rendición de cuentas sobre Derechos Humanos que se desarrolló en la Casa de Nariño en mayo pasado, que el asesinato de un estudiante de Montería de séptimo grado se sumaría a la larga lista de ejecuciones ilegales conocidas en todo el país.
A esta voz se han sumado en reiteradas ocasiones las de las llamadas Madres de Soacha, cuyos hijos habrían sido engañados y luego asesinados, quienes exigen celeridad en los procesos y no más demoras injustificadas.
Ante este sombrío panorama, La Brigada “Eduardo Umaña Mendoza” y el observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz, busca atender aspectos jurídicos y humanitarios con las víctimas de estos atropellos cuyos derechos se encuentran totalmente en estado de vulnerabilidad en la municipalidad de Soacha.
La guerra intestina que en el país suma más de cuatro décadas, se evidencia en el municipio de Soacha, con intensidad, ya que existe fuerte presencia de actores armados, el Estado colombiano, que actúa a través de su fuerza pública y organismos de inteligencia, al igual que mediante la acción del paramilitarismo, por una parte, y de la otra las organizaciones rebeldes, que se oponen y confrontan a las políticas de aquél, desconociendo la institucionalidad; en cuya lucha persisten en afectar gravemente en no pocas oportunidades a la población civil. Los últimos tiempos han estado signados por actuaciones que causaron desapariciones forzadas seguidas de muertes, desplazamientos, daños a los bienes, pérdidas económicas y ataques a proyectos comunitarios.
A la fecha continúan las desapariciones de los habitantes de Soacha, se ha convertido en estrategia de guerra, el asesinato de jóvenes estudiantes, lideres sociales, trabajadores de esta área municipal. Las desapariciones forzadas, ilegales y arbitrarias, las masacres colectivas y el asesinato selectivo principalmente de jóvenes estudiantes y lideres de la región han hecho que las comunidades se organicen y exijan garantías para el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, a la libertad de expresión, movilización y protesta pacifica.
Por otro lado, la implementación de la política de Seguridad Democrática ha ocasionado la vulneración masiva, sistemática y permanente del derecho a la libertad. La guerra contra el terrorismo declarada por actual gobierno ha provocado la generalización de las desapariciones forzadas de cientos de jóvenes que han sido vulnerados en su dignidad humana, catalogándolos de responsables de delitos asociados con la pertenencia a grupos guerrilleros, delincuencia común o a prácticas terroristas. En ningún caso, su desaparición o detención se ajustó a lo establecido en los instrumentos de derechos humanos ni a lo dispuesto en la Constitución y las leyes colombianas:.
Las organizaciones sociales de Soacha han desarrollado eventos y jornadas en defensa de la vida y los derechos humanos (contemplados en la constitución nacional y pactos internacionales de derechos humanos). En estos eventos se han permitido denunciar las violaciones de derechos humanos e infracciones al D.I.H. por parte de los actores armados del conflicto. En muchas ocasiones les ha tocado denunciar el accionar para- estatal y encubierto de la fuerza pública.
El municipio de Soacha ha sido sometido a la militarización de la vida cotidiana de las comunidades, las desapariciones forzadas de sus jóvenes y líderes sociales, las masacres y asesinatos o de gentes del común, la estigmatización, amenaza y el cercenamiento del derecho a la vida.
La desaparición forzada es una estrategia de Estado para sembrar el terror en la población, dejando el espacio abierto a los grupos paramilitares para desarrollar sus proyectos.
Propuestas:
En vista de estas circunstancias, es necesario empezar desde ya, a trabajar en todos los espacios posibles para evitar las desapariciones forzadas, enfocado en la resistencia y defensa del territorio de Soacha.
Trabajar políticas serias frente a las desapariciones forzadas, dándose las garantías como ciudadanos y no el asistencialismo y mendicidad a que han llevado las políticas aplicadas hasta hoy.
Solicitudes:
El constante aumento del número de desapariciones en Soacha pone claramente de manifiesto que es insuficiente los esfuerzos realizados para evitar que se siga presentando este fenómeno y brindar protección contra este flagelo; en realidad esas violaciones no han hecho sino intensificarse y agravarse.
En ese sentido y en razón a lo anterior, solicitamos la solidaridad y exigencia al Estado de garantías para preservar la seguridad a los habitantes de Soacha y permanencia en su comunidad.
Exigimos un pronunciamiento ante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia, donde se conmine al Estado colombiano a poner fin a este flagelo y agresión contra la comunidad de Soacha.
No apoyar o aprobar ningún tipo de ayuda económica o técnica al actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto no cese la guerra contra los jóvenes, lideres sociales y de ciudadanos colombianos, en especial contra el pueblo de Soacha, sus organizaciones y su dirigencia social y popular.
Que se conformen comisiones de carácter nacional e internacional para que visiten el Municipio de Soacha, se entrevisten directamente con las comunidades y puedan constatar de primera fuente los atropellos y desmanes que se vienen cometiendo contra los habitantes del municipio.
Presionar al Gobierno Nacional para que se desmonte la política de seguridad democrática y cese el hostigamiento y persecución a las comunidades.
Hay que mejorar más las medidas encaminadas a fortalecer la protección de los derechos humanos. En relación a las desapariciones forzadas en el Municipio de Soacha, La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y el Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz de la Universidad Nacional sugiere que se refuerce la protección prestada en cuanto a:
1. Los derechos sobre el territorio de Soacha.
2. Las normas del derecho humanitario que prohíben la desaparición forzada
3. El derecho a la vida y la integridad física, con ello, buscamos poner de relieve las recomendaciones formuladas por anteriores misiones de derechos humanos en el país y la preocupación expresada.
La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y el Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz de la Universidad Nacional, urge al gobierno de Colombia a que tome medidas para prevenir, cuando sea posible, las desapariciones forzadas en la comunidad de Soacha especialmente donde dicho desplazamiento tiene como causa fundamental las acciones de agentes del Estado.
También destacamos la importancia de la creación y aplicación de un programa efectivo, dirigido a la protección y asistencia a los familiares que han sido víctimas de estas acciones delictivas donde se tomen medidas para prevenir, hasta donde sea posible, las desapariciones forzosas de los habitantes del Municipio de Soacha
El problema de la desaparición forzada en Soacha, se deriva fundamentalmente del conflicto armado que tiene lugar en general en nuestro país.
La anhelada paz puede demorar muchos años para cristalizarse. En atención a ello, es imperativo realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr que todos los actores armados respeten a la población civil. Por eso, es imprescindible que se imponga el acatamiento de las normas de los derechos humanos y del D.I.H.
En ese orden de ideas, corresponde al gobierno entrar en contacto con los actores del conflicto armado, con el fin de vincularlos al respeto del D.I.H. Y de logar que las desapariciones forzadas en Soacha y en todo nuestro territorio nacional deje de constituirse como una estrategia de guerra.
Septiembre 19 de 2009
ANEXO III
FALSOS POSITIVOS[4]
EL RELATOR ESPECIAL PHILIP ALSTON DE LAS NACIONES UNIDAS CONSTATO ESTE TIPO DE CRIMENES Y DE OTROS CUYOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES NO HAN SIDO INVESTIGADOS, PROCESADOS Y CASTIGADOS.
Los famosos “falsos Positivos”, no son mas que ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias cometidas por la policía, las Fuerzas Armadas y en general por la fuerza publica, que se manifiestan también con otras modalidades que encubren las ejecuciones extrajudiciales como son la desafición forzada, asesinatos bajo formas sicariales, comisión de ejecuciones graves por parte de grupos paramilitares y montajes de escenarios en circunstancias confusas que desvían la responsabilidad de los autores.
L
os “Falsos Positivos“ constituyeron una grave violación a los derechos humanos, en cuanto la aprehensión de las personas se produce sin orden judicial y su muerte ulterior, lo cual, es una ejecución extrajudicial a pesar de la prohibición establecida en la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.[5]
Ejercito de matanzas de civiles.[6]
En los últimos años se ha producido un importante aumento en el número de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Documentada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchas organizaciones de derechos humanos y, más recientemente, las Naciones Unidas Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales, miembros del ejército, bajo la presión de mostrar resultados, han tomado civiles de sus hogares o lugares de trabajo, para asesinarlos, vestidos como combatientes muertos en acción para aumentar en su organismo las cuentas de subversivos “muertos en combate”.
Las presuntas ejecuciones se han venido produciendo en todo el país y afectan a múltiples brigadas del ejército. El Fiscal General de la Nación informó que se está investigando más de 1.000 casos de más de 1.700 víctimas en los últimos años.
El Presidente Uribe durante años negó públicamente la existencia de este problema, y acusó a los grupos de derechos humanos informar de estos asesinatos y de ser auxiliadores de la guerrilla en una campaña para desacreditar a los militares. Después de un escándalo de grandes medios de comunicación en septiembre de 2008 sobre las ejecuciones de varios jóvenes de Soacha, un barrio de bajos ingresos de Bogotá, Uribe despidió 27 miembros de las fuerzas militares, entre ellos tres generales. Se han producido varios despidos más desde entonces. Pero el presidente Uribe sigue afirmando que estos son sólo unos pocos casos aislados, haciendo hincapié en que sólo hay "22 casos" y la carga de que hay cientos de "falsas acusaciones".
El comandante del Ejército Mario Montoya, que había sido objeto de denuncias que lo unen a los abusos y los paramilitares, renunció en noviembre de 2008 justo después de que el escándalo de Soacha estallara. Uribe lo nombró como embajador en la República Dominicana. Montoya fue sustituido por su protegido, el general Oscar González Peña, al mando del 4 º Brigada del Ejército, cuando tenía uno de los peores registros de ejecuciones extrajudiciales en el país.
El Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales visitó Colombia en junio. En los resultados preliminares, señaló que "[e] l número de casos, su extensión geográfica y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que esos asesinatos se llevaron a cabo de forma más o menos sistemática de elementos importantes dentro de los militares. Señaló que el sistema de justicia militar colombiana contribuye a agravar el problema de obstrucción de la transferencia de casos de derechos humanos a la justicia ordinaria. Su informe final se ocupará de estas y otras cuestiones, incluidos los posibles incentivos a los miembros de las fuerzas militares que contribuyen a los asesinatos.
Las ejecuciones, que el Relator Especial calificó de "a sangre fría, el asesinato premeditado de civiles inocentes con fines de lucro", se destacan como una de las más graves prácticas abusivas por parte de agentes del Estado que hemos documentado en América Latina en los últimos años. La frecuencia de las ejecuciones y el fracaso del presidente Uribe en reconocer la gravedad y el alcance del problema, o para instituir las medidas adecuadas para evitarlo, debe plantear preguntas acerca de los fines para los que la ayuda militar de EE.UU. está siendo utilizada, y la eficacia de la continuación de ayuda. Le instamos a usted para expresar esta preocupación al presidente Uribe, y él a la prensa a que adopte de inmediato, medidas significativas para poner fin a esta práctica.
ogotá D.C. Septiembre de 2009
[1] Los falsos positivos son otro infame crimen de Estado, NOCHE Y NIEBLA, Banco de datos de derechos humanos y violencia politica –CINEP- Julio- Diciembre 2008 No. 38.
[2] Masacre de Mondoñedo, Corte Suprema de Justicia-Sala Penal- Magistrado Ponente JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA, aprobado acta No. 82. Acción de Revisión 18 de marzo de 2009.
[3] Ponencia Presentada a la Comisión de Derechos Fundamentales y Seguridad.
[4] -Articulo de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, publicado en el periódico CLARIN DE BOGOTA, EDICION 41 Página 7.
[5] Masacre de Mondoñedo septiembre de 1996
[6]VARIAS ONG INTERNACIONALES ADVIERTEN A OBAMA SOBRE VIOLACION A DD.HH,
POR EL REGIMEN DERECHISTA DE URIBE VELEZ
-Soacha-
Palabras de Presentación
F
amiliares de jóvenes víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, comunidad de Soacha, Organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, organizaciones juveniles, Alcaldía Municipal, a todos los presentes y a todos los que hicieron posible el desarrollo de este espacio, cordial y fraternal saludo.
Para La Brigada Jurídica de Derechos Humanos “Eduardo Umaña Mendoza” y El Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos “Iván David Ortiz” de la Universidad Nacional de Colombia es de suma importancia participar de este espacio y así aportar desde el desarrollo jurídico y académico al debate de los derechos humanos y a la construcción de memoria colectiva, a la búsqueda de mecanismos para la no violación de estos, y del mismo modo acciones para la no repetición de hechos desastrosos como los que se viven en Colombia en estos tiempos de terrorismo de estado.
Creemos en nuevas formas de accionar jurídico, con conciencia, en seguir con la labor de nuestros maestros y compañeros; Eduardo Umaña Mendoza e Iván David Ortiz, luchadores incansables en contra de la injusticia y la impunidad en el genocidio de la unión patriótica y demás vejámenes que el estado comete a diario contra la nación colombiana.
El plan patriota, el plan Colombia, la política de seguridad democrática no pueden ser la excusa para seguir violando derechos humanos, ello evidencia la política sistemática de eliminación a la cual la población civil está sometida para el fortalecimiento de las elites en el poder, la real intención del estado por mantener el orden de las cosas y su accionar coercitivo en donde el pueblo no significa nada para los intereses del ejecutivo.
Reconocemos los derechos humanos, como la construcción social a través de la historia, como los avances colectivos de los pueblos en la búsqueda incesante de la paz y la convivencia plena entre las personas y por ello entendemos su uso como la consolidación de esa nación colombiana.
Los hechos ocurridos en Soacha y en otras zonas del territorio nacional en donde se evidencia en mayor medida el conflicto, hacen parte de la política sistemática del régimen, donde la población civil se ve directamente afectada por las fuerzas militares y para estatales , que buscan mostrar resultados de sus acciones y donde el derecho a la vida y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales pasa a un segundo plano y en el cual la integridad de las personas y las comunidades se vulnera de manera constante. Este tipo de prácticas se asimila a la de regímenes totalitarios donde hechos como capturas masivas y ejecuciones extrajudiciales a la población civil se institucionalizan como forma de persecución y estigmatización al afianzamiento de procesos sociales de carácter crítico y propositivo y al óptimo desarrollo de los pueblos.
La necesidad nuestra en este momento, desde el accionar jurídico, es reafirmar el compromiso de lucha por la defensa de los derechos humanos, es llamarlos, a la denuncia, a la organización, al debate, a la crítica, a la proposición de procesos de unidad, porque somos la sociedad civil la única con la fuerza y capacidad de cambio, reconozcamos los derechos humanos como propios. Es el momento que los jóvenes desde la cotidianidad de la vida generemos procesos colectivos y así acorazarnos frente a la arremetida militarista del régimen.
“¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio toda una vida de combate!” gritamos los jóvenes como muestra de rebeldía.
BALANCE DE LA BRIGADA JURIDICA EDUARDO UMAÑA MENDOZA
REALIZADA EN EL FORO DE JUVENTUDES Y
DERECHOS HUMANOS
(19 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
Por iniciativa de varias organizaciones defensoras de derechos humanos del municipio de Soacha, el compañero concejal del PDA IGNACIO ROYA, funcionarios del Municipio entre ellos el Dr. FERNANDO ESCOBAR, personero entre otros se fue gestando la idea de convocar un evento contra los falsos positivos y por la vida, después de varias reuniones se pudo concretar una convocatoria a través de la Personería Municipal de Soacha, Fundación para la educación y el desarrollo (FEDES),Diócesis de Soacha, Asociación Nacional de Ayuda solidaria Capitulo Soacha(ANDAS),coordinadota Popular y la Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”.
Inicialmente se propusieron varias fechas y se estableció que se realizaría para el 5 de septiembre, pero posteriormente se cambio la fecha quedando definitivamente para el 19 de septiembre de 2009, como efectivamente ocurrió; después de varias reuniones fructíferas en la planeación y compromiso de tareas que se realizaron en la personería de Soacha.
En ese sentido la Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”, participo activamente en todo el proceso aportando ideas y el servicio jurídico para la comunidad, ya en la recta final presentamos la iniciativa a través del Honorable Concejal del PDA IGNACIO ROYA, de un proyecto de acuerdo para promoverlo en el mes de octubre ante el Concejo Municipal de Soacha donde se destacan varias propuestas como la declarar a Soacha territorio de Paz, promover un monumento en homenaje a los jóvenes victimas de los “falsos positivos”, recuperar la memoria a través de la publicación de estos hechos entre otros.
En ese mismo sentido se presento ya en el desarrollo del evento una importante ponencia sobre Desapariciones forzadas en Soacha Una estrategia de Guerra, y se leyó por parte de uno de los Brigadistas un Saludo al Evento a cargo del Joven estudiante de derecho y ciencia política de la Universidad Nacional LEONARDO YEPES, miembro del Observatorio de DDHH IVAN DAVID ORTIZ.
También hubo un importante acompañamiento para la seguridad de los brigadistas a cargo del sacerdote católico ANSGAR FALK, quien participo activamente y realizo un importante trabajo fílmico.
Queremos destacar de esta Brigada la gran participación de los jóvenes de los colegios de esa municipalidad pues cerca de 700 personas concurrieron a rechazar esta practica de los mal llamados “falsos positivos” que obedece esquemáticamente a la misma estrategia del paramilitarismo: obtener unos resultados ilícitos sin deslegitimar al actor[1]. La Brigada tiene una profunda preocupación por estos hechos y no con menor inquietud las manifestaciones progresivas de intolerancia y persecución del régimen contra los jóvenes de Soacha que ha crecido a nivel nacional ocupando las paginas de los diarios y medios masivos de comunicación que venían siendo ocultados y no fueron dados a conocer oportunamente, podríamos señalar el caso que se conoció popularmente como la masacre de Mondoñedo donde varios jóvenes universitarios el 7 de septiembre de 1996 entre ellos VLADIMIR ZAMBRANO PINZON, JENNER ALFONSO MORA MONCALEANO, JUAN CARLOS PALACIOS GOMEZ Y ARQUIMEDES MORENO, fueron desaparecidos, torturados, ejecutados y posteriormente incinerados con el objeto de impedir su identificación; la Honorable Corte Suprema de Justicia –Sala Penal- el pasado 18 de marzo de 2009, resolvió revisar el caso e invalidar las Resoluciones que precluian la investigación contra HECTOR EDISSON CASTRO CORREDOR; Mayor y oficial de la Policía Nacional hoy activo.[2]
También la Brigada hace un llamado para que en el caso de los falsos positivos de Soacha se pronuncien urgentemente con medidas ejemplares para los funcionarios de la fuerza pública del Estado que realizaron estos crímenes. Se brinde especial protección a las madres y familiares y en especial para los hijos de las victimas que se encuentra en el mas absoluto abandono y en el inminente peligro de que se tomen represalias contra sus vidas, tal es el caso de EDILIA PALACIOS BUSTAMENTE, madre del Joven JADER ANDRES PALACIOS BUSTAMENTE, quien no tiene ni recursos para asistir y desplazarse a las audiencias, su hijo dejo un nieto de apenas pocos meses, llego desplazada de la Dorada –Caldas por fuerzas paramilitares hace 9 años , donde le habían asesinado otro hijo sin que a la fecha se tenga noticia de que fue lo que paso.
Es importante resaltar la participación de brigadistas de las Universidades Pedagógica Nacional, Nacional de Colombia y del Colegio Mayor de Cundinamarca, entendiendo que su aporte es fundamental para integración amplia de demás sectores sociales en la realidad y la defensa activa de los derechos humanos.
COMPROMISOS:
1. Seguimiento a las asesorías jurídicas realizadas en el Foro de Juventudes y derechos humanos, dinamizando las tareas y haciéndolas mas efectivas para la solución de los conflictos jurídicos.
2. Establecer una visita a las familias de las victimas de falsos positivos en Soacha por parte de dos de los brigadistas, con el fin de garantizar un buen acompañamiento a las acciones jurídicas, ratificando el compromiso de la brigada con la realidad del municipio.
3. Desempeñar un papel fundamenta en la visibilización de las violaciones de los derechos humanos en el municipio de Soacha, emitiendo denuncias públicas a distintas organizaciones; nacionales e internacionales, públicas y privadas, sindicales, religiosas, gremiales, estudiantiles, etc.
4. Publicación por parte de la Coordinación de la Brigada de este informe a los diferentes medios masivos de comunicación y ONG de DDHH.
5. Coordinación con la vocería internacional de la Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”, para realizar las denuncias internacionales, en defensa de los derechos humanos.
6. Participar de la conformación del Comité Permanente de DDHH de la municipalidad de Soacha.
Este es el informe que presentamos a las diferentes organizaciones convocantes, a los estudiantes de los colegios de Soacha, a la opinión pública nacional e internacional así como a las entidades del municipio, departamentales y nacionales a los familiares y desde luego a los brigadistas a quienes agradecemos su valioso aporte como profesionales del Derecho y que estuvieron prestos para llevar a feliz término esta Brigada Jurídica “EDUARDO UMAÑA MENDOZA”.
ANEXOS
Art. 18 –Los gobiernos velarán por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Los gobiernos harán comparecer a esas personas ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas a juicio. Este principio se aplicará con independencia de quienes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, de su nacionalidad, y del lugar en el que se cometió el delito. *
Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de lasejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.
Recomendada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989
ANEXO I
ACUERDO No.______“POR EL CUAL SE ERIGE UN MONUMENTO A LOS 11 JOVENES EJECUTADOS EXTRAJUDICIALMENTE EN SOCHA CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”EL CONCEJO DE SOACHA- CUNDINAMARCAEn uso de sus atribuciones constitucionales y legalesACUERDA
ARTICULO 1º. ERIJASE un monumento en el parque principal de Soacha-Cundinamarca, en homenaje a la memoria de los once (11) jóvenes ejecutados extrajudicialmente en los meses de febrero y marzo de 2008 ubicado en la calle No. ….de la nomenclatura de esta municipalidad de Cundinamarca.
ARTICULO 2º.En homenaje a la memoria de los jóvenes, se autoriza colocar un monumento en la plaza LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO.
La Administración Municipal l instalara una placa alusiva a la memoria de estos jóvenes y hará la señalización correspondiente.
ARTICULO 3º. La secretaria de educación Municipal de Soacha publicara una reseña histórica de estos hechos a través de un concurso con los estudiantes el cual se difundirá como una cartilla pedagógica sobre las ejecuciones extrajudiciales en todas las instituciones educativas publicas y privadas de la municipalidad.
ARTICULO 4º. La administración Municipal tomara las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
ARTICULO 5º. El Concejo Municipal declara como día cívico - municipal contra las ejecuciones extrajudiciales el 5 de septiembre de cada año.
ARTICULO 6º. El presente Acuerdo, en pergamino, será entregado por el Presidente del Concejo de Soacha a los familiares de los jóvenes ejecutados extraoficialmente.
ARTICULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
Dado en Soacha a los ……. Días del mes …. Del 2009.
PUBLIQUESE Y CUMPLASEPRESIDENTE SECRETARIOALCALDE
EXPOSICION DE MOTIVOS
La creación de este Acuerdo es un homenaje a la memoria de los jóvenes ejecutados extraoficialmente en los meses de febrero y marzo de 2008 en la ciudad de Ocaña –Santander y que fueron presentados por las Fuerzas Militares como bajas en combate.
Como una forma de contribuir a que su legado permanezca en las nuevas generaciones de los jóvenes de Soacha, para que la dignidad humana de sus lideres sea respetada en Soacha, debemos consolidar una cultura de la memoria que no solo permita a los jóvenes conservar su vida y conlleven a que sus valores como fundamentos sean la construcción de una la democracia sólida en nuestra municipalidad cuando la muerte de un dirigente juvenil genere en la conciencia ciudadana un sentimiento casi instintivo de rechazo a esas practicas y de solidaridad con el movimiento juvenil Soachuno.
Por eso es que este acuerdo busca reivindicar la lucha juvenil como una forma de rechazar a la violencia que se ha venido ejerciendo contra los Jóvenes de Soacha, rechazar el extermino, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y todas las practicas que quieren intimidar a los jóvenes.
Esta oleada violenta sobre los jóvenes Soachunos, este periodo tenebroso contra la juventud debe cesar, el movimiento juvenil es parte de la democracia y no puede ser destrozado ante la mirada indiferente de una sociedad que debe reaccionar para proteger la vida de los mejores hijos de la juventud.
Este Acuerdo debe recoger la memoria histórica de los jóvenes asesinados en “la ciudad del Dios varón”, para que se eduque a los nuevos destacamentos de jóvenes en la defensa de los derechos como la espina dorsal de las reivindicaciones de la juventud Colombiana.
ULDARICO FLOREZ PEÑA
Abogado Defensor de DDHH
Soacha 26 de julio de 2009
ANEXO II
DESAPARICIONES FORZADAS EN SOACHA
UNA ESTRATEGIA DE GUERRA[3]
E
n vista de que la desaparición forzada en la municipalidad de Soacha y en general en Colombia, es una de las mayores manifestaciones de crisis humanitaria de nuestro territorio nacional y que involucra a un número elevado de violaciones de Derechos humanos e infracciones al D.I.H. a cientos de jóvenes, dirigentes sindicales, líderes sociales, entre otros, la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y el Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz Presenta a ustedes y a toda la comunidad la siguiente ponencia sobre desaparición forzada en la municipalidad de Soacha
Primeramente debemos conocer a fondo el concepto de desaparición forzada a nivel general de acuerdo a las normas, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional: Desaparición forzada o también, desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad,[] siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o también, particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos (DD.DD.).
El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos, y especialmente, por su vulnerabilidad, los jóvenes que puedan ser sustraídos de padres afectados, son considerados también víctimas de este crimen.
Soacha, ciudad ubicada en el territorio muisca, hereda su nombre de esta comunidad. Es un topónimo originado en la lengua muiscubun (lengua de los chibchas) que se divide en 2 palabras: (soa)=Sué, que significa "Sol" y (cha) = varón.
El municipio cuenta con más de 300 barrios, Soacha es la cabecera provincial, además cuenta con muchas veredas y barrios marginales como Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre. A su vez, se encuentra dividida en seis comunas, a saber: Comuna 1 (Compartir), Comuna 2 (Centro), Comuna 3 (Despensa), Comuna 4 (Cazucá), Comuna 5 (San Mateo) y Comuna 6 (San Humberto), donde día a día surgen nuevas urbanizaciones que modifican el panorama municipal, pues el municipio es receptor de familias en condición de desplazamiento, que al urbanizarse pasan de su condición de campesinos a engrosar la incipiente clase obrera, jóvenes estudiantes, líderes sociales infortunadamente, hoy víctimas de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas paramilitares.
Los habitantes del Municipio de Soacha en Colombia, al igual que los nacionales de todas las regiones del país, son y siguen siendo victimas de la desaparición forzada, un fenómeno de guerra y muerte. En medio de la cortina de humo de la “parapolítica” , y del paramilitarismo queremos contarle a ustedes y al mundo, que hoy en Soacha, continúan las desapariciones forzadas de jóvenes, estudiantes, y lideres sociales, la persecución judicial a los habitantes de la región, las desapariciones forzadas y consolidación del proyecto paramilitar, llegando a presentar un autentico genocidio que no cesa y se recrudece cada vez mas contra este querido y sufrido municipio nuestro.
En el municipio de soacha, recién se conoció la atroz noticia, y ante las dudas que generó el hecho de que unos jóvenes hubiesen muerto en Santander poco tiempo después de haber dejado Cundinamarca, la insistente hipótesis oficial fue la del reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales. El propio presidente Uribe sostuvo que, si bien la Fiscalía no había establecido si la muerte de los jóvenes se dio efectivamente en un enfrentamiento, con seguridad fueron reclutados con fines criminales y “no salieron con el propósito de trabajar o recoger café”.
Ahora, cuando las investigaciones han avanzado y todo indica que estamos ante un caso de “falsos positivos”, la situación y el tono de las declaraciones oficiales han dado, por fortuna, un vuelco de 180 grados. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, advirtió que habrá “cero tolerancia con cualquier comportamiento (de la Fuerza Pública) que no esté ajustado al respeto por los derechos humanos”. Tiempo después de que se supiera de la destitución de los coroneles, el comandante del Ejército, general Mario Montoya, admitió que “existen serios indicios de presunta participación de miembros del Ejército Nacional en actos que comprometen seriamente el honor militar y la rectitud”.
Entre tanto, más de cien casos de desapariciones, en nueve regiones diferentes, han sido denunciados por los medios de comunicación. El modus operandi es siempre el mismo: reclutadores que ofrecen dinero, terceros que dan fe de haberlos visto rondando parques y casas, familias que reciben cuerpos y piden explicaciones, y jóvenes asesinados, en general marcados por la falta de oportunidades y la pobreza. Vale decir, según los casos que se han conocido, habitantes de la calle, drogadictos y enfermos mentales.
Si bien el discurso oficial se ha endurecido frente a tan flagrante violación de los derechos humanos, seguimos sin hacer una reflexión de fondo sobre el sentido de tan macabras acciones. El testimonio, dado a conocer por la revista Semana, de un soldado contraguerrilla del Batallón de Infantería Nº 31, que opera en Córdoba, quien presenció el asesinato de su propio hermano, a quien los altos mandos hicieron pasar por guerrillero muerto en combate para ganar unos días de vacaciones, es ilustrativo de hasta dónde hemos llegado. La vida misma del colombiano parece haber perdido sentido en medio de la rutinización de una guerra que se asegura vamos ganando, al tiempo que altos oficiales del Ejército son primero condecorados y después señalados de ser las manzanas podridas de la institución. Por lo demás, nadie se pregunta por las circunstancias sociales que mueven a que los jóvenes hayan sido enganchados en un grupo al margen de la ley.
Las nuevas denuncias acerca de los que podrían ser más casos de falsos positivos se conocen dos meses después de que el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, admitiera, durante la sexta rendición de cuentas sobre Derechos Humanos que se desarrolló en la Casa de Nariño en mayo pasado, que el asesinato de un estudiante de Montería de séptimo grado se sumaría a la larga lista de ejecuciones ilegales conocidas en todo el país.
A esta voz se han sumado en reiteradas ocasiones las de las llamadas Madres de Soacha, cuyos hijos habrían sido engañados y luego asesinados, quienes exigen celeridad en los procesos y no más demoras injustificadas.
Ante este sombrío panorama, La Brigada “Eduardo Umaña Mendoza” y el observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz, busca atender aspectos jurídicos y humanitarios con las víctimas de estos atropellos cuyos derechos se encuentran totalmente en estado de vulnerabilidad en la municipalidad de Soacha.
La guerra intestina que en el país suma más de cuatro décadas, se evidencia en el municipio de Soacha, con intensidad, ya que existe fuerte presencia de actores armados, el Estado colombiano, que actúa a través de su fuerza pública y organismos de inteligencia, al igual que mediante la acción del paramilitarismo, por una parte, y de la otra las organizaciones rebeldes, que se oponen y confrontan a las políticas de aquél, desconociendo la institucionalidad; en cuya lucha persisten en afectar gravemente en no pocas oportunidades a la población civil. Los últimos tiempos han estado signados por actuaciones que causaron desapariciones forzadas seguidas de muertes, desplazamientos, daños a los bienes, pérdidas económicas y ataques a proyectos comunitarios.
A la fecha continúan las desapariciones de los habitantes de Soacha, se ha convertido en estrategia de guerra, el asesinato de jóvenes estudiantes, lideres sociales, trabajadores de esta área municipal. Las desapariciones forzadas, ilegales y arbitrarias, las masacres colectivas y el asesinato selectivo principalmente de jóvenes estudiantes y lideres de la región han hecho que las comunidades se organicen y exijan garantías para el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, a la libertad de expresión, movilización y protesta pacifica.
Por otro lado, la implementación de la política de Seguridad Democrática ha ocasionado la vulneración masiva, sistemática y permanente del derecho a la libertad. La guerra contra el terrorismo declarada por actual gobierno ha provocado la generalización de las desapariciones forzadas de cientos de jóvenes que han sido vulnerados en su dignidad humana, catalogándolos de responsables de delitos asociados con la pertenencia a grupos guerrilleros, delincuencia común o a prácticas terroristas. En ningún caso, su desaparición o detención se ajustó a lo establecido en los instrumentos de derechos humanos ni a lo dispuesto en la Constitución y las leyes colombianas:.
Las organizaciones sociales de Soacha han desarrollado eventos y jornadas en defensa de la vida y los derechos humanos (contemplados en la constitución nacional y pactos internacionales de derechos humanos). En estos eventos se han permitido denunciar las violaciones de derechos humanos e infracciones al D.I.H. por parte de los actores armados del conflicto. En muchas ocasiones les ha tocado denunciar el accionar para- estatal y encubierto de la fuerza pública.
El municipio de Soacha ha sido sometido a la militarización de la vida cotidiana de las comunidades, las desapariciones forzadas de sus jóvenes y líderes sociales, las masacres y asesinatos o de gentes del común, la estigmatización, amenaza y el cercenamiento del derecho a la vida.
La desaparición forzada es una estrategia de Estado para sembrar el terror en la población, dejando el espacio abierto a los grupos paramilitares para desarrollar sus proyectos.
Propuestas:
En vista de estas circunstancias, es necesario empezar desde ya, a trabajar en todos los espacios posibles para evitar las desapariciones forzadas, enfocado en la resistencia y defensa del territorio de Soacha.
Trabajar políticas serias frente a las desapariciones forzadas, dándose las garantías como ciudadanos y no el asistencialismo y mendicidad a que han llevado las políticas aplicadas hasta hoy.
Solicitudes:
El constante aumento del número de desapariciones en Soacha pone claramente de manifiesto que es insuficiente los esfuerzos realizados para evitar que se siga presentando este fenómeno y brindar protección contra este flagelo; en realidad esas violaciones no han hecho sino intensificarse y agravarse.
En ese sentido y en razón a lo anterior, solicitamos la solidaridad y exigencia al Estado de garantías para preservar la seguridad a los habitantes de Soacha y permanencia en su comunidad.
Exigimos un pronunciamiento ante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia, donde se conmine al Estado colombiano a poner fin a este flagelo y agresión contra la comunidad de Soacha.
No apoyar o aprobar ningún tipo de ayuda económica o técnica al actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto no cese la guerra contra los jóvenes, lideres sociales y de ciudadanos colombianos, en especial contra el pueblo de Soacha, sus organizaciones y su dirigencia social y popular.
Que se conformen comisiones de carácter nacional e internacional para que visiten el Municipio de Soacha, se entrevisten directamente con las comunidades y puedan constatar de primera fuente los atropellos y desmanes que se vienen cometiendo contra los habitantes del municipio.
Presionar al Gobierno Nacional para que se desmonte la política de seguridad democrática y cese el hostigamiento y persecución a las comunidades.
Hay que mejorar más las medidas encaminadas a fortalecer la protección de los derechos humanos. En relación a las desapariciones forzadas en el Municipio de Soacha, La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y el Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz de la Universidad Nacional sugiere que se refuerce la protección prestada en cuanto a:
1. Los derechos sobre el territorio de Soacha.
2. Las normas del derecho humanitario que prohíben la desaparición forzada
3. El derecho a la vida y la integridad física, con ello, buscamos poner de relieve las recomendaciones formuladas por anteriores misiones de derechos humanos en el país y la preocupación expresada.
La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza y el Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz de la Universidad Nacional, urge al gobierno de Colombia a que tome medidas para prevenir, cuando sea posible, las desapariciones forzadas en la comunidad de Soacha especialmente donde dicho desplazamiento tiene como causa fundamental las acciones de agentes del Estado.
También destacamos la importancia de la creación y aplicación de un programa efectivo, dirigido a la protección y asistencia a los familiares que han sido víctimas de estas acciones delictivas donde se tomen medidas para prevenir, hasta donde sea posible, las desapariciones forzosas de los habitantes del Municipio de Soacha
El problema de la desaparición forzada en Soacha, se deriva fundamentalmente del conflicto armado que tiene lugar en general en nuestro país.
La anhelada paz puede demorar muchos años para cristalizarse. En atención a ello, es imperativo realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr que todos los actores armados respeten a la población civil. Por eso, es imprescindible que se imponga el acatamiento de las normas de los derechos humanos y del D.I.H.
En ese orden de ideas, corresponde al gobierno entrar en contacto con los actores del conflicto armado, con el fin de vincularlos al respeto del D.I.H. Y de logar que las desapariciones forzadas en Soacha y en todo nuestro territorio nacional deje de constituirse como una estrategia de guerra.
Septiembre 19 de 2009
ANEXO III
FALSOS POSITIVOS[4]
EL RELATOR ESPECIAL PHILIP ALSTON DE LAS NACIONES UNIDAS CONSTATO ESTE TIPO DE CRIMENES Y DE OTROS CUYOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES NO HAN SIDO INVESTIGADOS, PROCESADOS Y CASTIGADOS.
Los famosos “falsos Positivos”, no son mas que ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias cometidas por la policía, las Fuerzas Armadas y en general por la fuerza publica, que se manifiestan también con otras modalidades que encubren las ejecuciones extrajudiciales como son la desafición forzada, asesinatos bajo formas sicariales, comisión de ejecuciones graves por parte de grupos paramilitares y montajes de escenarios en circunstancias confusas que desvían la responsabilidad de los autores.
L
os “Falsos Positivos“ constituyeron una grave violación a los derechos humanos, en cuanto la aprehensión de las personas se produce sin orden judicial y su muerte ulterior, lo cual, es una ejecución extrajudicial a pesar de la prohibición establecida en la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.[5]
Ejercito de matanzas de civiles.[6]
En los últimos años se ha producido un importante aumento en el número de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Documentada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchas organizaciones de derechos humanos y, más recientemente, las Naciones Unidas Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales, miembros del ejército, bajo la presión de mostrar resultados, han tomado civiles de sus hogares o lugares de trabajo, para asesinarlos, vestidos como combatientes muertos en acción para aumentar en su organismo las cuentas de subversivos “muertos en combate”.
Las presuntas ejecuciones se han venido produciendo en todo el país y afectan a múltiples brigadas del ejército. El Fiscal General de la Nación informó que se está investigando más de 1.000 casos de más de 1.700 víctimas en los últimos años.
El Presidente Uribe durante años negó públicamente la existencia de este problema, y acusó a los grupos de derechos humanos informar de estos asesinatos y de ser auxiliadores de la guerrilla en una campaña para desacreditar a los militares. Después de un escándalo de grandes medios de comunicación en septiembre de 2008 sobre las ejecuciones de varios jóvenes de Soacha, un barrio de bajos ingresos de Bogotá, Uribe despidió 27 miembros de las fuerzas militares, entre ellos tres generales. Se han producido varios despidos más desde entonces. Pero el presidente Uribe sigue afirmando que estos son sólo unos pocos casos aislados, haciendo hincapié en que sólo hay "22 casos" y la carga de que hay cientos de "falsas acusaciones".
El comandante del Ejército Mario Montoya, que había sido objeto de denuncias que lo unen a los abusos y los paramilitares, renunció en noviembre de 2008 justo después de que el escándalo de Soacha estallara. Uribe lo nombró como embajador en la República Dominicana. Montoya fue sustituido por su protegido, el general Oscar González Peña, al mando del 4 º Brigada del Ejército, cuando tenía uno de los peores registros de ejecuciones extrajudiciales en el país.
El Relator Especial sobre Ejecuciones extrajudiciales visitó Colombia en junio. En los resultados preliminares, señaló que "[e] l número de casos, su extensión geográfica y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que esos asesinatos se llevaron a cabo de forma más o menos sistemática de elementos importantes dentro de los militares. Señaló que el sistema de justicia militar colombiana contribuye a agravar el problema de obstrucción de la transferencia de casos de derechos humanos a la justicia ordinaria. Su informe final se ocupará de estas y otras cuestiones, incluidos los posibles incentivos a los miembros de las fuerzas militares que contribuyen a los asesinatos.
Las ejecuciones, que el Relator Especial calificó de "a sangre fría, el asesinato premeditado de civiles inocentes con fines de lucro", se destacan como una de las más graves prácticas abusivas por parte de agentes del Estado que hemos documentado en América Latina en los últimos años. La frecuencia de las ejecuciones y el fracaso del presidente Uribe en reconocer la gravedad y el alcance del problema, o para instituir las medidas adecuadas para evitarlo, debe plantear preguntas acerca de los fines para los que la ayuda militar de EE.UU. está siendo utilizada, y la eficacia de la continuación de ayuda. Le instamos a usted para expresar esta preocupación al presidente Uribe, y él a la prensa a que adopte de inmediato, medidas significativas para poner fin a esta práctica.
ogotá D.C. Septiembre de 2009
[1] Los falsos positivos son otro infame crimen de Estado, NOCHE Y NIEBLA, Banco de datos de derechos humanos y violencia politica –CINEP- Julio- Diciembre 2008 No. 38.
[2] Masacre de Mondoñedo, Corte Suprema de Justicia-Sala Penal- Magistrado Ponente JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA, aprobado acta No. 82. Acción de Revisión 18 de marzo de 2009.
[3] Ponencia Presentada a la Comisión de Derechos Fundamentales y Seguridad.
[4] -Articulo de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, publicado en el periódico CLARIN DE BOGOTA, EDICION 41 Página 7.
[5] Masacre de Mondoñedo septiembre de 1996
[6]VARIAS ONG INTERNACIONALES ADVIERTEN A OBAMA SOBRE VIOLACION A DD.HH,
POR EL REGIMEN DERECHISTA DE URIBE VELEZ
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