El Gobierno ha propuesto la construcción de seis nuevas grandes cárceles para terminar con el grave problema de hacinamiento en los centros. Sin embargo, los internos y sus representantes denuncian que han sido diseñadas para la tortura psíquica y física.-
Miriam Valero
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La respuesta que el ejecutivo de Juan Manuel Santos ha propuesto a la crisis carcelaria del país ha sido la creación de más prisiones al estilo de las estadounidenses, centros que atentan contra la dignidad de las personas, según denuncia Uldarico Florez Peña, abogado defensor de Derechos Humanos y presidente de la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza.
Esta iniciativa tampoco sería suficiente para solucionar la grave situación de los internos del país, ya que el problema es mucho más profundo y se deriva de malas políticas criminales del Estado relacionadas con el entendimiento de la sociedad y con el conflicto interno colombiano.
Por ello, el Movimiento Nacional Carcelario, que agrupa a los presos, defiende medidas como una amnistía para los reclusos encarcelados por motivos políticos derivados del conflicto y una rebaja del 20 por ciento para las penas de todos los presos.
En estos términos, Flórez habló con The Prisma desde Bogotá para analizar la política penitenciaria del país, en la última entrega sobre la crisis carcelaria de Colombia.
El gobierno ha admitido el problema de Derechos Humanos en las cárceles por el hacinamiento y la falta de asistencia sanitaria. Para acabar con el problema, ha propuesto la construcción de una serie de cárceles. ¿Están satisfechos con esta solución?
Nosotros llevamos tiempo tratando el problema carcelario y de lo que el Gobierno adolece es de una política penitenciaria. Los problemas de delincuencia en Colombia obedecen a falta de oportunidades, problemas económicos y sociales que no se han podido solucionar, por lo que no creemos que construyendo más cárceles se vaya a arreglar el problema. Todo lo contrario. Esto a lo que va a llevar es a que haya más delincuencia porque se convierte en un negocio.
Lo que el estado debe mirar es que haya una política de rehabilitación y de resocialización y oportunidades de trabajo para los sectores menos favorecidos. Asimismo, debe buscar soluciones alternativas al modelo penitenciario que ha impuesto, el modelo federal de prisión de los Estados Unidos, los denominados Establecimientos Reclusorios de Orden Nacional (ERON).
¿Qué características tienen?
Estas cárceles son meros cubículos donde se introduce a seres humanos como transportando pollos. Lo pudo constatar la comisión del Congreso de la República que las visitó.
En el caso de Bogotá el establecimiento queda sobre una cordillera y los internos permanezcan congelados. No hay calefacción ni agua caliente. Las personas tienen que hacer sus necesidades en la mira de los demás. Es una situación que atenta contra la dignidad y que no está de acuerdo a los diversos tratados de derechos humanos. Igual ocurre en la cárcel de Valledupar. Son prisiones que fueron creadas para generar tortura psicológica y física y que, en este centro en concreto, se ha demostrado que se ha llegado a un extremo en el que algunos presos, debido a la presión, se han suicidado.
Después de vivir en estas condiciones, lo que el estado devuelve a la sociedad es otro delincuente. El problema del hacinamiento se va a solucionar cuando el estado establezca de una forma democrática y concertada una política criminal que sea realmente transparente, junto a los líderes de los comités de derechos humanos y los reclusos.
Usted me habla de que en Colombia hay presos políticos. Sin embargo, el Gobierno y algunas organizaciones de derechos humanos afirman que no los hay.
El presidente Juan Manuel Santos se posicionó y reconoció que en Colombia hay un conflicto y que dura más de 50 años. El régimen anterior de Álvaro Uribe, por ejemplo, decía que no lo había, sino que había una amenaza terrorista. La declaración de Santos quieren decir, jurídicamente, que debe de haber prelación a los convenios de Ginebra y al derecho internacional humanitario y reconocer que hay presos políticos.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
Al respecto, el vicepresidente señaló que no los había, pero el hecho de que haya un conflicto es porque hay otro sector que está enfrentado con el estado. La definición técnica que plantea el derecho internacional humanitario es que son prisioneros de guerra porque están alzados en armas y fueron capturados en combate. En este sentido, uno de los puntos gruesos que defiende el Movimiento Nacional Carcelario es que se promuevan formas como las que plantea el derecho internacional, como una amplia amnistía que pueda abrir las puertas a la negociación con los sectores en conflicto.
¿En el país se respetan el derecho a la defensa y las garantías judiciales?
No. Acompañado al nuevo modelo carcelario, se ha impuesto el modelo acusatorio norteamericano. En él, los defensores públicos lo primero que le dicen a la persona es que acepte los cargos. Eso significa que el abogado no hace ningún esfuerzo para hacer una buena defensa, lo que conlleva que no haya un debido derecho de defensa.
¿La Ley de Seguridad Ciudadana ha contribuido al hacinamiento?
Esta ley, en particular, creó un nuevo tipo penal que era criminalizar la protesta. Si se organiza una movilización, se bloquea una vía o se hace un paro cívico las personas son detenidas. Esto hace que se saturen las cárceles. Pero el hacinamiento también tiene que ver con el pensamiento crítico. Los intelectuales que hacen oposición a las políticas del estado y lo critican, son catalogados como enemigos del estado, terroristas y auxiliadores de los grupos insurgentes y son judicializados. Hay toda una política del Estado de llenar las cárceles porque ve enemigos por todos los lados.
De los cerca de 7.500 presos políticos que existen en el país, la mayoría de ellos son campesinos, obreros, periodistas o intelectuales y no pertenecen a grupos insurgentes.
Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia.
Esta propuesta sería uno de los elementos que podría llevar a que disminuya el hacinamiento. De acuerdo a lo que pasó en los anteriores ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, en el país se firmó una Ley de Justicia y Paz que, supuestamente, cumplía todos los estándares, y personas que cometieron gravísimos crímenes de guerra fueron condenados a cuatro y ocho años de cárcel. Es el caso del general Santoyo, que realizó “chuzadas”, que patrocinó el asesinato de varios dirigentes de Asfades. Algo que han confesado los mismos paramilitares que fueron extraditados, sobre cómo vivían y tenían una red criminal del Estado para cometer ese delito.
La mayoría de estas personas, están prácticamente en libertad. Entonces, no es posible que personas que tuvieron que delinquir por necesidad, que se alzaron en armas o a opositores, no se les de una rebaja del 20 por ciento. La sociedad no lo va a ver bien, pero es darle una oportunidad a estas personas para que se reintegren en la sociedad.
fuente: http://www.theprisma.co.uk
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