A raíz de esta situación un grupo de ONG y de abogados defensores de DD.HH. , nos hemos venido reuniendo a fin de estudiar el tema y trazar unas estrategias para elaborar un plan tanto nacional e internacional de acciones jurídicas y de resistencia frente al continuo desconocimiento de los DD-HH., por parte del régimen de Uribe Velez y su continua y reiterada violación.
En ese sentido, estamos recogiendo opiniones al respecto para tal fin, podríamos empezar diciendo que estas detenciones masivas son una violación a la libertad personal, ya que normalmente estas capturas masivas violan las garantías constitucionales y legales, los tratados y convenios internacionales como la Carta Internacional de Derechos humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes entre otros.
De lo anterior podemos concluir que los servidores públicos que vienen actuando en estas detenciones masivas están abusando de sus funciones, al privar de la libertad masivamente a ciudadanos bajo el pretexto de que son auxiliadores de la insurgencia.
Son detenciones masivas o mejor pescas milagrosas oficiales que sin el cumplimiento de los requisitos legales son privadas de la libertad, también podrimos decir que estas detenciones masivas no encajan en lo que jurídicamente se enmarca como flagrancia que establece el artículo 345 del C.P.P. y también estas detenciones masivas violan otros artículos del mencionado Código como el 346, 347, y especialmente el 349 entre otros.
Pero, ¿cual es el trasfondo de toda esta situación? Lo cierto es que esta es una política de Estado y especialmente de lo que se conoce como seguridad democrática, es una seguridad que va enfilada contra los DD.HH. Ya que dicha estrategia ha demostrado ser totalmente inadecuada a la hora de hacer frente a las graves crisis humanitarias y de DD.HH que afectan a Colombia. En lugar de hacer frente a la crisis, esta estrategia sólo sirve para agravar aún más una tragedia humanitaria ya de por sí espantosa[1].
Estas detenciones masivas lo que están es legitimando ataques contra la población civil, bajo el pretexto de que son calificados como colaboradores de la guerrilla por las fuerzas de seguridad y sus aliados, los silencie, ya que con ella se persigue a sectores populares que desarrollan alternativas socio económicas, los campesinos que viven en zona de conflicto, funcionarios públicos y de elección popular en las mismas zonas a quienes se les endilgan delitos contra la administración publica y desde luego a los abogados y defensores de DD.HH. El objetivo de estas detenciones masivas es estigmatizar y criminalizar a la población civil, en lugar de combatir a los grupos armados ilegales.
La estrategia de seguridad democrática tiene una política clara al establecer que los grupos armados ilegales están mimetizados dentro de la población civil, esta afirmación borra claramente la distinción entre combatientes y no combatientes y amenaza con arrastrar a la población civil aún más al conflicto al presuponer que esta actúa como cómplice o agente de los actores armados.
Desde que se posesiono este régimen son numerosas las detenciones masivas, muchas de ellas llevadas a cabo sin orden judicial, algunos de los detenidos han permanecido recluidos sin cargos durante periodos prolongados y, en ocasiones los detenidos han permanecido en condiciones que podrían constituir trato inhumano y degradante otros han sufrido malos tratos.
Estas capturas masivas han sido realizadas basándose en el testimonio proporcionado por informantes pagados, situación esta que se marca en la red de un millón de informantes, los soldados campesinos que son componentes de la política de seguridad democrática las cuales están en contra vía de lo que es un Estado Social de Derecho. Además, estos componentes otorgan a las fuerzas de seguridad un poder excesivo para llevar a cabo investigaciones judiciales contra civiles, lo que también conlleva en allanamientos masivos y la persecución sistemática a las ONG.
Es una estrategia claramente diseñada para imponer el control paramilitar en zonas de conflicto o de influencia de la insurgencia. Estos ataques a la población civil han venido precedidos en muchos casos de acusaciones en las que las fuerzas de seguridad califican a las víctimas de colaboradores de la guerrilla. Grandes territorios donde se desarrolla experiencias populares o donde no hay presencia del Estado vienen siendo vigilados por los servicios secretos del ejercito y los entes de seguridad el Estado, elaboran archivos sobre estas personas, que son facilitadas a los grupos paramilitares y que luego aparecen ajusticiadas.
En conclusión nos parece muy importante que este trabajo que se ha iniciado establezca una estrategia clara y precisa frente a semejantes arbitrariedades que violan los Derechos Humanos, por eso es muy necesario que esa estrategia no solamente apunte a la denuncia nacional e internacional, sino a la prevención y protección de la población civil y de sus organizaciones sociales y populares y ello conlleva a desarrollar una resistencia popular que sea capaz de derrotar estas arbitrariedades por eso es que es urgente implementar las tareas que hemos acordado inicialmente en las dos reuniones que hemos efectuado.
Bogotá, D.C. 29 de octubre de 2003.
ULDARICO FLOREZ PEÑA
Abogado Defensor de DD.HH
[1] Amnistía Internacional. Diciembre de 2002
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