“La Sexta División, es una expresión que se utiliza en Colombia para denominar a los grupos paramilitares. Las fuerzas armadas de Colombia cuentan con cinco divisiones, pero muchos Colombianos indicaron a Human Rights Watch que los paramilitares están tan plenamente integrados en la estrategia de combate del ejercito, coordinados con sus soldados sobre el terreno y vinculados con las unidades gubernamentales mediante la inteligencia, las provisiones, los radios, el armamento, recursos financieros y un prepósito común que constituyen efectivamente una sexta división de las fuerzas armadas” .
El régimen de ALVARO URIBE VELEZ, en el proceso de legitimación del paramilitarismo a traves del aparato legislativo ha venido implementando algunos Decreto (128 sobre políticas de reincorporación a la vida civil de las AUC) y Leyes como la 975 de 2005, con ello se busca que todo el proceso de aberración sistemática de los últimos cincuenta años del régimen, el cual ha sido impuesto mediante políticas de terrorismo de Estado, se institucionalice.
[1]En Colombia en el último periodo aparecieron grupos paramilitares, como parte de un entramado ultraderechista y militarista, con respaldo de altos mandos militares, narcotraficantes, caciques políticos liberales y conservadores, gremios de latifundistas y ganaderos y de la embajada de los estados unidos en Bogota. Los paramilitares se encargaron de adelantar la guerra sucia, aunque en muchos casos actuaron directamente elementos ligados a los organismos de inteligencia del Estado, en especial del ejército y la armada. Las investigaciones que más avanzaron en la parte instructiva siempre vincularon a los procesos judiciales a militares activos y en retiro en connivencia con el paramilitarismo.
El terrorismo de estado es una táctica ejercida desde el poder gobernante, con la que se pisotean los derechos civiles y políticos, la autodeterminación soberana y los derechos económicos y sociales y culturales de los pueblos. Con ello s busca que el Estado asegure la hegemonía del poder político capitalista.
Por medio del terrorismo de estado el imperialismo busca que los pueblos victimas de esta maquinación criminal, cesen en el empeño de ejercer soberanía territorial y autonomía política y pretende que sus gentes abandonen toda iniciativa social y política contraria al sistema capitalista.
Tales Decretos y Leyes buscan institucionalizar los actos de violencia individual y colectiva que el Estado ha ejercido sistemáticamente con su política de terror contra el pueblo, para infundir un miedo generalizado y conseguir fines como la permanencia de Uribe Velez en la Presidencia. Es decir, continuar con las políticas autoritarias del poder representado en el Estado, matriz originaria del terrorismo.
En Colombia el sistema imperante ha venido aplicando la guerra sucia y el terrorismo de Estado, estas practicas no solo han dejado una dolorosa y sangrienta estela de desarraigo, desplazados, muertos, desaparecidos y mutilados, sino también han atrasado el desarrollo y destrozado el tejido social.
La guerra sucia y el terrorismo de Estado no han sido derrotados y permanecen como un fenómeno casi natural en la consolidación del Estado Colombiano. La ayuda militar y política que los EEUU, prestan al régimen Colombiano lo ha perpetuado en el poder. Los atentados criminales contra dirigentes populares y defensores de los derechos humanos, la conculcacion de derechos económicos y sociales, civiles y políticos y de conciencia; la impunidad, las amenazas, la propagación de noticias que falsean la realidad y en ultima instancia el desconocimiento de la naturaleza política del conflicto social y armado, son expresiones directas del terrorismo de Estado y la guerra sucia.
Los Decretos y Leyes que legitiman e institucionalizan el terrorismo de Estado y la guerra sucia han sido tácticas y estrategias predilectas, mientras el sofisma de distracción ha sido invariablemente el mismo: “defender la democracia, la libertad, la propiedad privada y las instituciones”
A raíz de esta Ley se ha fortalecido y viene creciendo en todo el territorio nacional el poderío del aparato paramilitar; sin haber entregado nada sustancial en contraprestación y sin que hayan encarado sus responsabilidades judiciales
[2] los jefes paramilitares ya se presentan como candidatos a los cuerpos colegiados o al poder local, en listas que en su mayoría pertenecen a las diversas corrientes del Uribismo. La connivencia entre agentes estatales y paramilitares se mantiene intacta, y además, se fortalece con la inclusión de desmovilizados en las filas de la Fuerza Publica y en los distintos componentes de la política de “seguridad Democrática”.
También es muy importante que los defensores de derechos humanos denunciemos con mucha fuerza el papel que ha venido jugando en este proceso la Unión Europea, pues con su ayuda consolida el paramilitarismo, así lo ha denunciado la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO) la coordinadora de de Organizaciones No Gubernamentales y Sociales de Derechos Humanos Colombia –Europa(CCEEU), que rechazaron el aporte que se propone la Unión Europea al proceso del gobierno de Uribe Velez con los paramilitares
[3]; esta apoyo de “desmovilización de los paramilitares” involuntariamente contribuye a la consolidación del control paramilitar sobre las poblaciones victimizadas, dicho apoyo político como financiero, al proceso de “desmovilización” que actualmente se lleva a cabo.
El marco de dicha ley contribuye al ya alarmante índice de impunidad por crímenes contra la humanidad y no se encuentra conforme con los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación.
También el reciente informe de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), critica el proceso de desmovilización llevado a cabo hasta la fecha, sosteniendo que el mismo no cumple con los anteriores estandadares. De otra parte la (CIDH) ha indicado que la desmovilización no ha estado acompañada de medidas integrales para aliviar a las victimas de la violencia y esclarecer numerosos hechos delictivos que permanecen en la impunidad , los mecanismos de desmovilización de grupos armados no han logrado el impacto necesario para romper el circulo de la violencia.
El gobierno también pretende crear nuevas “catedrales” que recuerdan los tiempos del capo Pablo Escobar, para su sometimiento a la Justicia durante el gobierno de Cesar Gaviria; es decir que los paramilitares van a tener su propio centro de reclusión para purgar unos pocos meses de cárcel por los delitos de Lesa Humanidad que cometieron, porque al fin y al cabo Salvatore Mancuso, capo máximo de las AUC, goza ya de plena Libertad y esta bajo protección especial del Señor Jorge Noguera, director del DAS.
Lo cierto es que la Ley de Justicia y Paz promovida por el Gobierno propicia la impunidad con los parar, el Gobierno no quiere castigo para los crímenes del paramilitarismo, pues ello implicaría su propio castigo, que mas temprano que tarde la justicia internacional lo hará, como recientemente sucedió con la masacre de Mapiripan y que no permite ni indultos ni amnistías para estos personajes; el gobierno quiere y promueve una “Justicia Restaurativa” que coloca como víctimas a los víctimarios. El Gobierno Nacional no tiene ningún interés de que al final haya verdad y reparación por los crímenes de Lesa Humanidad y narcotráfico cometido por los paramilitares. Con ello se han hecho componendas por debajo de la mesa, a espaldas del país y del mundo.
¿ Qué mas se puede esperar de un proceso con narcotraficantes ,varios de ellos solicitados en extradición por Estados Unidos, que han contado con el aliento y la protección del Estado Dominante y del Establecimiento Burgués?. Al fin y al cabo ha sido el instrumento para la guerra sucia y la contrarrevolución preventiva.
El paramilitarismo en Colombia, distinta a la versión oligárquica que aparecieron como reacción a supuestos desafueros de la guerrilla, fue la creación, bajo el ala protectora del Estado, de Latifundistas, Ganaderos, algunos empresarios, Caciques, Políticos locales del tradicionalismo bipartidista y narcotraficantes, para exterminar a la izquierda, a los sindicalistas, activistas populares y a los opositores del régimen de la democracia Restringida.
El mismo Presidente Álvaro Uribe Vélez, ha dicho a la comunidad internacional, que para alcanzar un acuerdo con los paramilitares “…debe haber tanta justicia como sea posible y tanta impunidad como sea necesaria”. En otras palabras que para sacar adelante el proceso con los paramilitares, el gobierno propiciará la impunidad necesaria; el perdón a los paras significa no ir a la cárcel contar la verdad y repararle a las victimas algo del dolor que se les produjo, en síntesis, los paramilitares terminarán pagando una pena máxima de cinco años, que podría ser rebajada e incluso ignorada si confiesan algo de verdad y conceden a sus victimas algo de reparación Para nosotros, los abogados defensores de derechos humanos, es claro que nunca va haber paz, sin justicia, ni justicia sin paz, como bien lo expresará el líder sudafricano Nelson Mándela.
De igual forma, debemos tener claro que el embrollo del proceso paramilitar desde su inicio no ha tenido una clara transparencia por parte del gobierno nacional. Las contradicciones al interior del poder, demuestran el trasfondo oscuro de Realito. El terrosismo de Estado es una clara muestra de que el Gobierno en la negociación con los paramilitares ve a su hijo natural como tal y mal podrían desconocerlo. El paramilitarismo no es algo nuevo, ni es solo un fenómeno colombiano, con la agudización de las confrontaciones sociales y políticas surgieron de parte de los núcleos gobernantes medios violentos como las bandas de sicarios para tratar de derrotar la lucha popular y cegar las aspiraciones de cambio de los trabajadores. Históricamente aparecieron mucho antes de las primeras agrupaciones guerrilleras. El sistema político colombiano tiene una actitud de protección y cooperación con estas formaciones particulares, unas veces reconociéndoles su existencia legal, de apoyo a la fuerza pública. Como cuando se forjo la Red “Las Convivir”. Otras veces estimulándolas y financiándolas por la vía de empresarios y dirigentes políticos.
En esas condiciones, el paramilitarismo emerge como una fuerza político militar, como un ejército paralelo, integrantes del frente de la ultra derecha, que influye, por la vía de la amenaza y la coacción, sobre sectores de la sociedad tradicional, no solo exponentes del gamonalismo bipartidista, sino representante en el parlamento y en los órganos del poder nacionales y locales.
El fenómeno paramilitar corresponde a la política contra insurgente del sistema de poder, además de tener un papel de fuerza auxiliar de contención por la vía de la violencia, de la lucha popular y democrática. Por ello, la maniobra de una “Negociación” del gobierno con los paramilitares, tiene un contenido de falsedad dirigido a dar la sensación de un desmonte general de sus estructuras armadas.
No puede quedar ninguna duda para los abogados defensores de derechos humanos que la cúpula del poder es cómplice de la impunidad, pues asimilar el paramilitarismo a una acción sediciosa contradice la justificación que tanto el gobierno, como los paramilitares ha sostenido: que su acción es en defensa del régimen político existente, se les hace aparecer, como opositores políticos, cuando no lo son, en contravía de practica del terrorismo de estado, con amparo oficial .
En estas condiciones, la aprobación, aplicación, y futuro desarrollo de la Ley de “Justicia y Paz” es un burdo reto para los defensores de derechos humanos. Muestra la ordinariez y la bajeza de la ultraderecha en el gobierno. Expresa el desprecio por las víctimas, los perseguidos, los desplazados, alimenta el espíritu militarista, represivo de amenazas y provocación que circula en torno la reelección para mantener a Uribe en el poder .
El articulado de la Ley de Justicia Paz , tiene un contenido polémico ya que permite (Art. 10,11 y 64) dar la posibilidad a los narcotraficantes de poder acceder a los beneficios que concederá la Ley a los reinsertados “paras”. En el inciso 10.5 del Art. 10, se establece “… que el grupo no se haya organizado para el trafico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”.
En el Articulo 11, inciso 11.5 se afirma: “Que actividad o la del grupo al que pertenezca no haya tenido como finalidad el trafico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. El párrafos siguientes se asegura “… que solamente podrán acceder a posbeneficios previstos en esta ley, la s personas cuyos nombre e identidades presente ante el gobierno nacional, ante la fiscalia general de la nación. Es precisamente en esta parte, donde se podrían colar los nombres de narcotraficantes, que se han servido de los grupos paramilites para sus fines y resulten beneficiados en lo establecido en esta Ley.
La Federación Internacional de Derechos Humanos en comunicado alusivo al proceso adelantado en santa fe de Realito y difundido al mundo “expresa su indignación frente a la voluntad de amnistiar a los autores de masacres, desapasiones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros crímenes internacionales
[4].
Podríamos ir concluyendo que la Ley de Justicia y paz es un mecanismo de impunidad de derecho dentro de los diferentes mecanismos diseñados e implementados por los responsables de los crimines de lesa humanidad, con el fin de evitar ser sometidos a juicio y por ende, colocarse fuera de la orbita de la justicia que dicen representar o defender.
[5]En segundo término, las penas alternativas previstas en la Ley de Justicia y Paz, también van a ser una burla frente a la comunidad internacional. En estas condiciones las victimas de la violencia oficial y paramilitar, sólo logran hacer efectivas sus exigencias de justicia y reparación, por la vía de acciones organizadas o el recurso a la justicia internacional.
En tercer término, sus mecanismos y disposiciones eluden intencionalmente, el esclarecimiento y la sanción de la responsabilidad estatal en el patrocinio y desarrollo de la estrategia paramilitar, así como posibilitan a los autores materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos, seguir encubriendo sus identidades, sus motivaciones estructurales, y los beneficios que han obtenido por medio de métodos de criminalidad sistemática.
En cuarto término, la ley impide a las victimas ser sujetos procesales que actúen con garantías ante los estrados judiciales, y que participen ampliamente en la toma de decisiones, sobre los procedimientos que conciernen sus derechos fundamentales.
En quinto lugar, el Estado es responsable de ejercer una política de terrorismo de estado, ya que este se encuentra seriamente comprometido, con la responsabilidad histórica de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio político y crímenes de guerra, cometidos por servidores públicos en connivienca e grupos paraestatales y mercenarios.
ULDARICO FLOREZ PEÑA
BOGOTA, D.C., OCTUBRE DE 2005
[1] Poder Capitalista y Violencia Politica en Colombia. Matta Aldana Luis Alberto. Ediciones y Soluciones Graficas. Nov. 2002.
[2] Declaración publica Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, 3 de octubre de 2005.
[3] Semanario VOZ, edición 2277 semana del 19 al 25 de enero de 2005, pagina 14
[4] Comunicado de la FIDH al Mundo.
[5] Mecanismos Para Garantizar la Impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, Anexo I, Pag. V. Colombia Nunca Mas Tomo II. Edición Año 2000
