lunes, 25 de octubre de 2010

APROBADA CONVENCION CONTRA LA DESAPARICION FORZADA

Una luz de Esperanza por ellos y
Para romper el muro de la oscura impunidad
Los familiares de los detenidos desaparecidos congregados en ASFADDES, saludamos con sentimiento de gratitud el acto legislativo que el día 19 de octubre de 2010, fue aprobado por unanimidad en la plenaria de la Cámara de Representantes y en el cual se ratifica la Convención de Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Durante más de 28 años los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, hemos luchado e insistido por lograr que los Estados aprueben y apliquen instrumentos integrales que recojan todas y cada una de las herramientas necesarias para erradicar el atroz crimen de la desaparición forzada a nivel mundial.
La Convención Internacional de Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, se ha constituido en un instrumento “revolucionario”, por cuanto recoge todos los elementos necesarios para buscar y localizar a los desaparecidos; sancionar a los responsables, garantizar la prevención, es decir no permitir que sucedan nuevos casos de desaparición forzada, y a la vez integrar la obligación de los Estados de reconocer y aplicar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
Para los familiares de las víctimas lo más importante de la Convención es inclusión de estos derechos que obliga a los Estados a reconocerlos y cumplirlos, como queda
plasmado en el artículo 24 de dicha Convención: “Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado parte tomará las medidas adecuadas a este respecto”… “Los Estados Partes velarán porque su sistema legal garantice a la víctima de un desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada”… “El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales y, en su caso, otra modalidades de reparación tales como:
a) La restitución
b) La readaptación
c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación
d) Las garantías de no repetición”
Los familiares de las víctimas de la desaparición Forzada en Colombia, esperamos que el Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos, firme el proyecto de ley que ratifica la Convención contra las desapariciones forzada, y que como prueba de su voluntad política y compromiso con las víctimas suscriba el pronunciamiento de reconocimiento del Comité para que el Estado colombiano y demás Estados parte de la ONU puedan aunar esfuerzos para la erradicación de una vez por todas de este crimen atroz, reconocido como crimen de lesa humanidad, tal como está plasmado en el artículo 28 de mencionado instrumento: “En el marco de las competencias que le confiere la presente Convención, el Comité cooperará con todos los órganos, oficinas , organismos especializados y fondos apropiados de las Naciones Unidas, los comités convencionales creados en virtud de los instrumentos internacionales, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, las organizaciones o instituciones intergubernamentales apropiadas, así como todas las instituciones, organismos y oficinas nacionales pertinentes que obren para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas”
“Quedará de nosotros y nosotras algo más que el gesto o la palabra, este deseo candente de derrotar la impunidad

DENUNCIA PUBLICA

DENUNCIA PÚBLICA

“Crisis humanitaria en el departamento de Arauca se agudiza, servidores públicos y niños las principales víctimas”

El Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, DENUNCIA ante las organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales y ante las autoridades e instituciones públicas y judiciales del orden municipal, departamental y nacional encargadas de velar por la vida, la honra, el buen nombre, la seguridad y la libertad de los ciudadanos, los trágicos y demenciales hechos que se vienen presentando en el departamento de Arauca que han cobrado la vida de varios servidores públicos y donde han resultado afectados civiles especialmente niños.

Los siguientes hechos son prueba fehaciente de la degrada crisis humanitaria, que se registra en la región:

1- El jueves 14 de octubre a las a las 2: p.m aproximadamente desaparecieron de la humilde casa de habitación en la vereda Caño Temblador-municipio de Tame los niños YENNI NARVEI TORRES JAIMES de 14 años, YIMMY FERNEY TORRES JAIMES de 9 años y YEFERSON JHOAN TORRES JAIMES de 6 años. Ante el desespero y preocupación de su progenitor JOSE ALVARO TORRES, vecinos y campesinos del sector emprendieron una exhaustiva búsqueda por los alrededores de la finca, encontrándosen a 300 metros aproximadamente de la casa con la macabra y espeluznante escena de una fosa común donde reposaban los cuerpos de los niños, con signos de tortura, apuñalados y degollados.

Resaltamos que una patrulla del ejército nacional, del Batallón 45 Brigada Móvil número 5 pertenecientes a la Octava División del Ejército Nacional, el 8 de octubre y durante los días posteriores se acantono en el sector visitando en dos ocasiones a los niños preguntándoles por su padre, el sitio donde acampo por varios días la patrulla militar, estaba a 100 metros aproximadamente de la fosa común.
2- El sábado 16 de octubre detono un motocicleta bomba que presuntos guerrilleros ubicaron en el perímetro urbano del centro poblado de Puerto Jordán-municipio de Tame donde resultaron heridos los niños JUNIOR JAVIER SANGUIDO de 8 años, CAMILO ANDRES DOMINGUES BANDERA de 5 años, el señor DELMIS ASDRUBAL CANTOR de 45 años y cuatro integrantes del ejército nacional.
3- El miércoles 13 de octubre, en la vereda el Futuro-municipio de Arauquita en un enfrentamiento armado fue asesinado un soldado del ejército nacional y resultaron cuatro más heridos.
4- El martes 12 de octubre en horas de la mañana fueron gravemente heridos dos policías en el barrio Cofavi-municipio de Saravena, al detonar un artefacto explosivo a su paso.

Ante estos repudiables acontecimientos exigimos de las autoridades competentes una exhaustiva, imparcial y ágil investigación para que los responsables de todos estos dolorosos hechos de sangre sean castigados con todo el peso de la ley.

De manera urgente solicitamos de las organizaciones defensoras de DDHH del orden nacional e internacional acompañamiento y veeduría en el sitio donde fueron masacrados los tres niños y en el centro poblado de Puerto Jordán donde detono el artefacto explosivo. A las autoridades las exhortamos a dar las debidas garantías y protección a los testigos y líderes de la comunidad que han tenido el valor civil de dar los diferentes testimonios.

Arauca-17 de octubre-2010.

JUNTA DIRECTIVA CPDH-ARAUCA
MARTIN SANDOVAL ROZO

ESCUELA DISTRITAL UNIVERSITARIA

ESCUELA DISTRITAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
“Forjando la unidad y el movimiento universitario”
Bogotá, 30 de Octubre de 2010
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA (Calle 13 No. 4 – 31)

Objetivo
• Generar un escenario de debate, discusión y construcción para la cualificación de los estudiantes universitarios, aportando así al fortalecimiento del movimiento estudiantil universitario

• Definir nuestra participación como Universitarios del Distrito en el IX Festival Nacional de la Juventud.


Inscripción
La escuela no tiene ningún costo.
La inscripción se realizara en el correo: escuelauniversitaria10@gmail.com, o a través de los números 3102620840 - 3185577126.

Población objetivo
Grupos, organizaciones, colectivos, semilleros y estudiantes universitarios en general que compartan el objetivo de la escuela.

LUGAR:
Auditorio Azul, Universidad Autónoma de Colombia (Calle 13 No. 4 – 31)






Cronograma de actividades

Sábado 30 de Octubre
8:00 a.m. – 8:30 a.m. Acreditación (Universidad Libre)

8:30 a.m. – 10: 00 a.m Situación de la Educación Superior

10:00 a.m - 12:00 a.m. Foro: “Democracia Universitaria y Representación Estudiantil”

12:00 a.m. – 1:00p.m. Debate

1:00p.m. – 2:00p.m. Almuerzo

2:00 p.m. – 4:00p.m. Participación de los Universitarios en el IX Festival Nacional de la Juventud


Atentamente

COMITÉ OPERATIVO DISTRITAL
Asociación Colombiana de Estuantes Universitarios




URIBE PERSONA NO GRATA EN ESPAÑA

España: protestas por premio a ex presidente Uribe, que será demandado por "espionaje"
10:32 am
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Foto Archivo
Por: EFE
Más de cien organizaciones de todo el mundo firmaron un manifiesto en contra del premio que recibirá en Madrid el ex presidente colombiano Alvaro Uribe, que será objeto de una demanda judicial por "espionaje" a ONGs en España.
Uribe recibirá el miércoles por parte de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, de corte católico, uno de los II premios internacionales "La puerta del recuerdo", junto con el ex presidente español José María Aznar, entre otros.

Más de 100 organizaciones de todo el mundo firmaron un manifiesto titulado "Alvaro Uribe Vélez, persona non grata. Que sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional", en el que se oponen a la concesión de este premio, indicó la organización no gubernamental Justicia por Colombia en un comunicado este lunes.

Los firmantes, entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, también llamaron a una manifestación el miércoles por la tarde, cuando está previsto que se otorguen los galardones, frente al Casino de Madrid, donde tendrá lugar la ceremonia, indicó por su parte la asociación española Ecologistas en Acción.

Además, una "querella se va a interponer en el juzgado de instrucción de Madrid" por las labores de "espionaje" que los servicios de inteligencia colombianos llevaron a cabo en España a ONGs y activistas de derechos humanos, anunció Justicia por Colombia.

ETICA Y POLITICA

Ética y Política
Alejandro Serrano Caldera*

Introducción
Este trabajo trata de establecer un nexo conceptual entre la Ética y la Política a partir de su relación originaria en el pensamiento griego, y de manera particular, en la filosofía de Platón y Aristóteles.
La democracia, por su parte, es asumida aquí no sólo como un sistema político, sino también como un sistema de valores, estableciéndose, de esa manera, sus nexos tanto con la política como con la ética.
A partir de estas categorías generales se ensaya una interpretación de la política y la democracia en América Latina, cuya era republicana se inició no sólo sobre la fractura y contradicción entre el "mundo real" y el "mundo formal", sino que esa contraposición deliberada trata de ocultar de manera consciente, tras la fachada del constitucionalismo democrático, las verdaderas intenciones de autoritarismo, injusticia y discriminación que han caracterizado la historia política, económica y social de América Latina.
Desde un punto de vista más general, la reflexión política nos lleva a identificar el conflicto Palestino-Israelí como el más sensible de la situación política mundial y del cual irradian otros conflictos colaterales los que, no obstante, tienen su raíz en el anterior.
En el plano teórico se revisan brevemente las Teorías del Fin de la Historia y Guerra de Civilizaciones, de Fukuyama y Huntingtun, respectivamente, a las luces de realidades y temas como los de la globalización, microsociedades y etnoculturas, entre otros.
La crisis de la política, a consecuencia de las rupturas del tejido conceptual con el que surgió en la Era Moderna y las posibles visiones y alternativas para enfrentarla, nos lleva a un plano de reflexiones y proposiciones, que desembocan en la búsqueda de referentes que nos permitan a partir de ellos la construcción de un Nuevo Contrato Social Planetario.
Una reflexión filosófica sobre la ética y la política
La relación entre la ética y la política ha sido siempre un tema inevitable por una razón esencial: ambas, al menos en su sentido filosófico y desde su propia identidad, tienden al mismo fin: el bien.
La política, desde Aristóteles, en la obra del mismo nombre y del mismo autor, es considerada el arte del bien común; la ética, carácter y comportamiento atribuible a una comunidad determinada, la acción que persigue un fin. Ese fin es el bien. "El bien es el fin de todas las acciones del hombre", dice Aristóteles en las primeras palabras que inician la Moral a Nicómaco o Ética Nicomaquea (s/a).1
Esta Magna Moral o Ética Eudemia tiene a la felicidad como objetivo principal que conlleva la virtud, sin la cual aquella no es posible. Por otra parte, la polis, formada por la conjunción de la sociedad y del Estado, tiene un carácter, una ética, que le es particular y que de alguna forma la prefigura. El ethos, carácter pero también conducta, identifica (caracteriza) a una comunidad, a una polis de la cual proviene.
En su sentido etimológico y ontológico, ambos términos forman una unidad. No son la misma cosa, pero cada uno de ellos es parte necesariamente complementaria de esa unidad que es un todo, sólo posible por la convergencia y síntesis de sus partes. Cada una de ellas, para formar su individualidad, necesita el complemento de la otra.
Toda polis tiene un ethos. En consecuencia, la política entendida como quehacer de la polis, como desarrollo de un conjunto de tácticas y estrategias, es el ámbito en el cual el ethos se realiza como ética. Por eso, para los Griegos, era un sin sentido la existencia de la política sin la ética, porque toda política, debe ser una ética en su desarrollo. Entre ambas hay una serie de nexos que hacen de ellas un complejo tejido: objetivo, intención, adecuación entre medios y fines, justificación racional del porqué y para qué de las acciones.
Estas ideas elementales con las que los griegos fundaron la filosofía, la ética y la política, siguen siendo la justificación racional y moral del poder, a pesar de haber sido reiteradamente violentadas por los hechos. No obstante las repetidas violaciones del poder a la razón y la ética, nunca antes, sino hasta ahora, se ha pretendido justificar el poder por el sólo hecho de existir, mutilándolo de todo referente moral, al elevar a la categoría de norma la afirmación de que los hechos son en ellos mismos su propia moral y que lo que es debe ser.
Esta es la gran ruptura ética de nuestro tiempo, que plantea un desafío que por su profundidad y dramatismo no tiene precedentes desde el fin de la Edad Media, cuando el ser humano respondió con la razón y el humanismo al gran vacío dejado por el fin de una era. Aunque la separación entre la Ética y la Política está en el origen mismo de la Era Moderna, El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo (1513), la Ética, que no es sujeto de su interés, sobrevive en otro plano diferente al de la política, el de la esfera de la moral individual interior. A pesar de ello, la Política, identificada a esas alturas exclusivamente con el poder y desprovista de su objetivo teleológico y ético, el bien común, sigue normada por el ejercicio de la voluntad.
Más profunda que esa crisis que se produjo en los comienzos mismos de la Modernidad, es la que se plantea hoy en un momento considerado para algunos el final de la Era Moderna; pues aquí la Política no viene determinada más por la voluntad humana, sino por el Mercado y sus infalibles leyes, que supuestamente gobiernan sin necesidad de la participación de esa voluntad. El destino de la sociedad es así transferido a un mecanismo automático ajeno al ser humano. He ahí el núcleo del problema ético y político de nuestro tiempo.
Llegados a este punto, establecidos en forma preliminar los conceptos de Ética y Política y la radical ruptura que sufren a partir de la teoría y práctica de lo que hemos llamado en otras ocasiones el Mercado Total, sigamos avanzando en nuestra reflexión para aproximarnos cada vez más al concepto de Ética, primero, y de Política, después.
La ética
Para Aristóteles en su Moral a Nicómaco o Ética Nicomaquea, la "filosofía moral es la indagación de la actividad humana, que, en su forma más desenvuelta, es Social y Ética y puede por eso llamarse política en sentido amplio" (Salazar, 1997).2 Aquí Aristóteles, en su más ancho sentido, identifica Ética y Política.
Como dice Ángel Rodríguez Bachiller en el Prólogo a la Ética de Spinoza, "La humanidad a través de toda la historia ha concebido toda ética como un conjunto de normas reguladoras de la conducta" (Rodríguez, 1996).3 La Ética sólo es posible donde existe la libertad. Por ello ni los dioses ni las criaturas de la naturaleza necesitan de la Ética; los primeros porque lo pueden todo, son omnipotentes; los segundos porque actúan necesariamente en forma mecánica, con la laboriosidad de la hormiga o de la abeja, la que, aunque admirable en estas especies, sería deplorable en el ser humano si actúa sin conciencia de su finalidad.
El ser humano se diferencia del resto de las criaturas por conferir una finalidad consciente a sus acciones; y aunque no siempre lo haga y con frecuencia actúe mecánicamente, siempre tiene la posibilidad de darle uno u otro sentido a sus acciones y de reaccionar de una u otra manera ante los acontecimientos que le afectan. Si bien es cierto que no puede decidir sobre todas las cosas que le pasan, pues hay cosas que ocurren sin su voluntad y contra su voluntad, sí puede decidir cómo reaccionar ante los acontecimientos. En eso consiste su libertad.
En eso consiste la Filosofía, y particularmente la Ética, en dar la posibilidad de conferir sentido a su actuar y de adoptar determinada conducta ante las cosas que le ocurren. La libertad, pues, es la posibilidad de decidir entre varias opciones; es, decía Hegel, la conciencia de la necesidad, y en este sentido es el fundamento de la Ética, entendida como el conjunto de normas o reglas prácticas que dan sentido y caracterizan nuestro accionar. Ética viene del griego Ethos, que, como ya dijimos, podríamos traducir como carácter.
La Moral es una categoría subjetiva de carácter individual que establece una obligación que debe cumplirse de forma necesaria independientemente que los resultados sean beneficiosos o perjudiciales. Es el concepto kantiano y moderno de Moral: el deber por el deber, el imperativo categórico que no admite apelación ni cálculo acerca de los beneficios o perjuicios que una determinada acción pueda producir. Se parte de la existencia de un Código Moral en el cual hay imperativos categóricos que el sujeto debe cumplir, aunque el cumplimiento de los mismos le produzca un daño y un perjuicio de carácter personal.
La Ética, por su lado, es una parte de la Filosofía que consiste en el conocimiento del comportamiento moral y en el porqué de la existencia de esas categorías y principios morales: es decir, su justificación.

La política
La Política viene del griego Polis, el Estado-Ciudad que abarca tanto al Estado como a la Sociedad Civil. Y si bien para Aristóteles en su obra La Política,4 esa forma de asociación, el Estado-Ciudad era un hecho necesario y natural, su organización y comportamiento, es decir, la Política, debía estar sometido a ese conjunto de normas reguladoras de su conducta. Esto es, debía sustentarse en la Ética y subordinarse a ella. He ahí la relación originaria en la filosofía griega entre Ética y Política.
La política, en la obra del mismo nombre de Aristóteles y en La República de Platón5, es la justicia; es el valor ético principal sobre el cual debe montarse el quehacer político. El fin de la Política es obtener la justicia; el contenido de la Ética es la justicia, y la justicia, según Ulpiano es: dar a cada uno lo suyo, no hacer daño a los demás y vivir honestamente. El valor ético griego se transforma posteriormente en el Derecho Romano en categorías jurídicas y normativas.
Pero en el pensamiento griego la Ética es la esencia de la Política. La política, para Aristóteles, es el arte del bien común, por lo mismo, un ejercicio obligatorio para todo ciudadano ateniense que como tal debía participar en el reflexionar y en el quehacer de la polis griega. De esta manera la política no estaba reservada solamente a una cúpula, sino que era parte normal del quehacer de todo ciudadano, cualquiera fuera su función en la sociedad y en el Estado griego.
En la Modernidad, sin embargo, ambas categorías, la ética y la política, han sido excluyentes. La política moderna, que, como ya vimos, data de 1513, fecha de aparición de El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo,6 arranca, precisamente, de la supresión de la ética como categoría política y, correlativamente, de su fundamentación sobre otros supuestos y no sobre los supuestos éticos que estuvieron en su origen y en su razón primera. El mundo moderno día a día se fue alejando cada vez más de los presupuestos morales en el quehacer político; cada día la política se transforma en un valor en sí mismo y no en algo subordinado y sustentado sobre los principios morales, y cada día sus errores y horrores involucran a la humanidad en un torbellino que pareciera a veces indetenible.
La crisis de la política, al menos en su sentido clásico, es mundial, y, a mi modo de ver, uno de los factores más importantes de la crisis de la modernidad. Quizás es en la política donde más se ha visualizado la crisis de la modernidad. El mundo ha visto la crisis de las ideologías, de la política, de la ética y de los sistemas, consecuencia de lo que algunos llaman la crisis global del racionalismo.
Estos arquetipos entraron en crisis profunda, la que se expresa tanto en la devaluación del pensamiento filosófico, político y sociológico como en la devaluación de la idea misma de modelo y de arquetipo. Al devaluarse la idea de formulación global, del como debe ser la política, el partido y la sociedad, se devaluó la ideología como sustento teórico del accionar político. La ideología se erosiona en tanto que ella elabora un modelo al cual la acción política debe sujetarse y la realidad someterse. Esta crisis ha hecho volver los ojos a los griegos y a ciertos valores que ellos sustentaron.
Una reflexión sobre América Latina
En lo que concierne a América Latina, habría que decir que junto a estas exigencias, a mi juicio de valor mundial, con respecto a la política y la democracia, hay que considerar circunstancias específicas que están en el origen mismo de la formación de los Estados nacionales. La Era Republicana en nuestro subcontinente se inicia a partir de una ficción jurídico-política y de una fractura ética.
La fractura entre el mundo formal y el mundo real, de la que habla Octavio Paz, separación esquizoide del Derecho y la realidad, como la denomina Carlos Fuentes, ha marcado la dificultad de la construcción y del funcionamiento apropiado del sistema democrático en nuestras sociedades. Pero, además, habría que decir que esta separación entre esos dos mundos no es un hecho casual, sino deliberado, no es fruto sólo de una incongruencia estructural, sino de una intención política de establecer en el texto jurídico, la Constitución, declaraciones de principios sobre los que no hay ninguna intención de cumplir. Se dice lo que no se hace para hacer lo que no se dice. Esta actitud premeditada ha constituido la clave del origen del poder y del ejercicio político en los Estado-Nación Latinoamericanos.
La revolución de Bolívar que incluía originalmente tanto la independencia frente a España como la transformación interna de la sociedad, fue realizada sólo en la primera parte, siendo esta limitación una de las razones que impidieron la formación de la gran Nación Latinoamericana, la utopía bolivariana fracasada en el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. El interés de las oligarquías criollas más que realizar los sueños de Bolívar era el de llenar el vacío de poder que dejaba España, manteniendo en lo posible las estructuras coloniales, y a la vez su contrario, la retórica jurídica inspirada en las ideas de la Ilustración, el liberalismo político y el constitucionalismo europeo.
La astucia del poder económico para hacerse del poder político, y la ruptura ética a la que nos hemos referido, fue, precisamente, no enfrentar las corrientes filosóficas en boga, ni mucho menos el modelo político institucional –que suponía, no obstante, la existencia de una sociedad diferente– sino adoptarlo como propio en la retórica vacía de un derecho sin contenido real y en la demagogia de los discursos de los líderes políticos que iniciaban así una escuela para formar profesionales del engaño, dejando incólumes las estructuras económicas y sociales, la visión anacrónica del mundo, en fin, la sociedad premoderna con todas sus injusticias y odiosos prejuicios.
En términos generales y salvo excepciones que confirman la regla, en la historia republicana de América Latina la institución ha existido débilmente; existe más como mecanismo externo, como instrumento para facilitar el ejercicio del poder. La historia de América Latina ha sido de escepticismo acerca del principio de legalidad. Salvo excepciones, se puede decir que casi nadie, ni gobernantes ni gobernados, han creído en el principio de la legalidad. En el mejor de los casos lo han utilizado para dar cierta apariencia a las decisiones y acciones de facto.
Pero el problema es todavía más profundo, pues no sólo no se ha fundado nuestra legitimidad política en el principio de legalidad, sino que en no pocas ocasiones se ha usado éste como si se creyese efectivamente en él y se ha construido a su alrededor un discurso de legitimación del Derecho y de la constitucionalidad en el cual no creen ni quienes lo dicen, ni sus partidarios, ni sus adversarios. Se genera así una nueva esquizofrenia de la fractura y separación de dos universos: el universo de la práctica y el universo del discurso. Se crea así una especie de regla implícita, una suerte de "ética" política tácita en la que el discurso no sirve para expresar, sino para encubrir.
En el fondo permanece como precipitado de nuestro actuar la idea de que la fuerza es la verdad de la historia, su razón de ser, cualesquiera que sean las formas o reformas, los textos o pretextos con que se la quiera recubrir. El ethos no está aquí expresado en el derecho, sino encubierto por éste, la norma no expresa la voluntad general, sino que la oculta en una declaración retórica. La necesidad de la legitimidad y de la institucionalidad jurídica y política es un imperativo impostergable, en mayor o menor grado y de acuerdo a sus especificidades, para las naciones de América Latina.
En cuanto a la circunstancia que se refiere al proceso de estanda-rización planetaria, habría que decir que éste no sólo fija las reglas de las economías nacionales subordinadas como nunca antes, a los centros hegemónicos y las tendencias dominantes de las relaciones económicas internacionales, sino que incide también en las organizaciones sociales, políticas y culturales de carácter nacional y en la propia definición de la política con la que se inauguró la modernidad.
Dentro de este orden de ideas es perceptible que la autonomía de la política se debilita por la determinación que sobre ella ejerce la economía; y el Estado-Nación pierde autonomía por la transnacionalización de los procesos, a la vez que se endurece ante la sociedad nacional como fuerza transmisora de las políticas transnacionales. La transnacionalización y globalización de la economía están llevando a la transnacionalización de la política y por ende del poder y del Estado-Nación, su principal instrumento, cuya naturaleza y estructura se ven afectadas en la práctica por esos mismos fenómenos.
Ante una situación semejante, además de la cooperación Norte-Sur, pareciera imprescindible desarrollar una estrategia de cooperación Sur-Sur. Formular propuestas alternativas de desarrollo a partir de políticas sociales, de estabilidad, generación y promoción del empleo y propiciar políticas de inversión de capital para aplicarlo a la producción y a la productividad. Políticas nacionales de educación y de coordinación de éstas con las estrategias de desarrollo nacional y regional.
Pareciera necesario para los países de América Latina, con las diferencias que cada situación establece, combinar armónicamente la economía de mercado y el papel del Estado como impulsor de medidas que garanticen la justicia social, el empleo y la adecuada distribución del ingreso. De importancia se percibe la formulación de mecanismos específicos orientados al fortalecimiento y desarrollo de la Ciudadanía, como eje central del quehacer político actual para los países de América Latina y para recuperar la congruencia ética, el ethos, en la relación entre representantes y representados.
En cierto sentido estamos viviendo una crisis de la política que yo formularía en cinco tesis, acompañada cada una de ellas de su propuesta respectiva.
Tesis # 1: Hay una crisis de representatividad. Los representantes no representan los intereses de los representados. Se requiere que los representantes recuperen parte de la representación. Esto implica todo un diseño teórico e institucional de Participación Ciudadana y de democratización de los Partidos Políticos para que los representantes actúen, más que como correa de transmisión de la voluntad de sus Partidos Políticos, como expresión de la voluntad popular que representan.
Tesis # 2: Hay una crisis de legalidad y de institucionalidad. Se negocian la Ley y las Instituciones en los Pactos Políticos. Debe fortalecerse el imperio de la Ley y la presencia de las Instituciones en todo el desarrollo de la vida social y política de los países.
Tesis # 3: Hay una crisis de legitimidad. La Ley y las Instituciones, en aspectos esenciales, no representan la voluntad general, sino el interés particular. La Ley formalmente válida debe responder al interés colectivo. Toda legalidad por tanto debe ser al mismo tiempo legitimidad.
Tesis # 4: Hay una crisis de la conciencia de la institucionalidad sobre la cual hemos tenido una percepción crepuscular. La comunidad debe percibir que la Institución es la causa y el cauce del poder, el Derecho un sistema de límites al poder, y el poder lo que la Ley dice que es el poder.
Tesis # 5: Es necesario sustentar la recuperación de la legalidad y de la legitimidad en un nuevo Contrato Social del cual emane el sistema jurídico, político e institucional. Ante un Estado debilitado integralmente frente a las políticas económicas externas, endurecido frente a sus propias comunidades nacionales, la Sociedad Civil, depositaria del pasado y de las posibilidades del futuro, estaría llamada a jugar un papel preponderante en este nuevo acto del drama latinoamericano.
El tratamiento del fenómeno político nuevo que surge de la crisis de la Modernidad debe permitirnos pasar de la política como privilegio de pocos, a la política como ejercicio de todos; de la política como arte de la concentración del poder, a la política como arte del equilibrio del poder. En resumen, de la política como arte del poder, a la política como arte del bien común, entendido este último en términos de libertad, justicia social, democracia y Estado de Derecho.
La política y la situación mundial
La política ha sufrido profundas modificaciones ante las también profundas transformaciones mundiales, y aunque no pueden generalizarse todas las situaciones particulares en una sola situación global, sí pueden señalarse grandes tendencias que contribuyen a caracterizar el acontecer político contemporáneo. Sin ser exhaustivos y sin pretensiones de agotar el tema, creo, no obstante, que pueden hacerse algunos señalamientos básicos que permitan una visión más clara del problema. Se trata de identificar algunos temas del acontecer mundial de nuestro tiempo que a la vez son expresión no sólo de la crisis política, sino también de la crisis ética contemporánea. Entre ellos podríamos señalar los siguientes:
Los dos tipos de Globalización
No cabe duda que una de las tendencias mundiales más relevantes es la de la globalización, entendiendo por tal, a los procesos encaminados a uniformar la sociedad, en lo que concierne a la aplicación de políticas generales, sin hacer diferencias importantes en atención de lugar, historia, cultura y circunstancias específicas. El mundo globalizado en el neoliberalismo político y en el capitalismo económico es el fin de la historia, devenido célebre por la obra de Francis Fukuyama, mundialmente conocida, The End of History and The Last Man, publicada a comienzos de la década de los 90. Es claro que la globalización conlleva la uniformidad de procesos y medidas, no así de condiciones económicas y sociales cuyas diferencias se profundizan cada día más.
Frente a las tendencias de la globalización neoliberal ha surgido un movimiento mundial que busca una alternativa de desarrollo a las políticas neoliberales, ofreciendo, en primer lugar, resistencia a la pretensión uniformadora del Mercado Total, reivindicando la primacía de lo social por sobre un determinismo económico mecánico y ciego, y procurando que esta idea fundamental de justicia social sea planteada y asumida también a nivel global. Es otra forma de globalización.
La más notable expresión de este movimiento es el "Foro de Porto Alegre" que reúne periódicamente a pensadores, políticos y activistas de todo el planeta. Al fin y al cabo lo que se pretende con este movimiento es otra forma de globalización, una mundialización de signo contrario a la que impulsa el neoliberalismo.
Microsociedades y etnoculturas
Por otra parte, y como la otra cara de la moneda, no sólo distinta, sino brutalmente contradictoria y paradójica, pero igualmente unida de manera indisoluble a las nuevas formas de la realidad mundial, se presentan las reducciones etno-culturales, las microsociedades en las cuales reviven con una naturaleza tribal distintas formas de fundamentalismos religiosos y raciales excluyentes, autoritarios y herméticos.
La antípoda de la globalización –más que el movimiento que ofrece resistencia a la globalización neoliberal a partir de una formulación de signo contrario pero igualmente global– es el fenómeno de las microsociedades y etnoculturas que plantean un tipo de fragmentación exclusivamente multicultural, por la pluralidad de expresiones que la conforman, pero no intercultural, es decir que conlleve el concepto de relación y acción recíproca. Ello debido a que por lo general son unidades cerradas, sin capilaridad ni vasos comunicantes con las demás, y ofrecen un cuadro de aislamiento, intransigencia y fanatismo, que es sin duda un componente real en la compleja estructura del mundo contemporáneo.
Ante estos dos fenómenos extremos: la macro-sociedad globalizada y la microsociedad cerrada, coexiste una masa heterogénea de Estados Naciones que sin perjuicio de sus diferencias económicas, sociales y culturales, tienen, no obstante, como denominador común, el pertenecer al que se ha llamado el mundo del subdesarrollo formado por sociedades que habitan en un mundo formal moderno, desde el punto de vista de la retórica de sus declaraciones constitucionales, que demás está decir, en la mayoría de los casos no se cumplen, y otro real, económico y social situado, a diferentes distancias, más acá de las fronteras de la modernidad.
Cómo establecer una Teoría Universal de la Política y la Democracia que sea capaz de conciliar los diferentes planos de la realidad mundial, que en verdad son diferentes tiempos y espacios, y de conciliarla en ambos aspectos, el teórico y el práctico, es uno de los desafíos más importantes de la filosofía política contemporánea y, en consecuencia, uno de los retos más acuciantes ante el fenómeno político.
¿Guerra de Civilizaciones?
Más que la idea de guerra de civilizaciones de la que habla Huntington, y que supone grandes unidades culturales, sistémicas y axiológicas que se disputan una visión integral del mundo, a partir de la imposición de su propia cultura, religión y valores, se trata de unidades menores, tribales y fundamentalistas, que aun perteneciendo a una de las civilizaciones de las indicadas por Huntington en su composición geocultural del mundo, tiene su propia visión que no siempre coincide con la visión o el interés político de la civilización a la que pertenecen.
Lo dicho anteriormente se puede corroborar con lo que actualmente acontece en el mundo a partir de los sucesos del 11 de Septiembre del 2001. La gran mayoría de los países que forman parte de la civilización Islámica, están asociados, de buena o mala gana, en la lucha que encabeza los Estados Unidos en compañía de los países de la Unión Europea.
En realidad, la situación mundial actual, más que expresión de una guerra de civilizaciones, entre el Islam y el Occidente, es consecuencia de una guerra etnoreligiosa, que como tal tiene una naturaleza propiamente cultural, de la cual ha derivado, para los Estados Unidos y Occidente, un conflicto político y geopolítico. Es el caso de la guerra Palestino Israelí que constituye el epicentro del conflicto político mundial. Creo que este es el rasgo esencial de la crisis contemporánea.
Lo dicho no descarta, sin embargo, la posibilidad de que el actual conflicto, con las características que lo identifican hoy en día, pueda devenir en una verdadera guerra de civilizaciones. El que no ocurra así, dependerá de la capacidad de los Estados Unidos y de Occidente de aislar a los fundamentalismos extremistas y estructurar una solución política global para el Medio Oriente.
La crisis de la política
La crisis actual, más que crisis política, es crisis de la política. La crisis política se da cuando, por alguna circunstancia, en una sociedad determinada se rompe el equilibrio de fuerzas del cual depende la estabilidad, sin que por ello se destruya ni la idea, ni la misión de la política. La crisis de la política se produce, en cambio, cuando esa tarea humana, esa condición natural de toda sociedad, pierde sentido y en cierta forma, deja de ser necesaria. Creo que algo de esto es lo que hoy está ocurriendo. En todo caso la crisis de la política es de diálogo y comunicación; de olvido de que, como dice Heidegger, "Somos un diálogo desde que el tiempo es. Desde que el tiempo surgió y se hizo estable, desde entonces somos históricos. "Ser-en diálogo" y "ser-histórico", son igualmente antiguos, se pertenecen mutuamente y son lo mismos".7
La política, tal como se le ha entendido siempre, está dejando de ser la función imprescindible que ha sido. Con todos los males que ha acarreado, resulta impensable una sociedad que prescinda de la política. Al menos a partir de lo que los griegos nos han enseñado sobre qué es la política y qué la sociedad, desde hace dos mil quinientos años.
De acuerdo a esa enseñanza, la sociedad es en esencia política y la política es en esencia social. Todo lo político es social y todo lo social es político, esa relación biunívoca es, precisamente, la ética.
La polis, que es el mecanismo que produce la política con sólo su existencia y actuación, era para los griegos la forma más compleja y elaborada de la sociedad. De ahí que suponer que una comunidad humana, cualquiera que ésta sea, puede prescindir de la política, o suponer que la política pueda darse al margen de la voluntad social, significa incurrir en una contradicción en los términos, pues la política no es otra cosa que la expresión de esa voluntad colectiva en la prefiguración de los objetivos comunes y de los procedimientos y mecanismos para alcanzarlos.
No obstante lo dicho anteriormente, esta idea que, a pesar de todos los cambios en la historia, ha mantenido su sentido esencial, está hoy en crisis al enfrentarse no sólo a los cambios en el mundo, sino a un cambio de mundo. En lo esencial, la idea de la política consiste en un movimiento de doble vía: la voluntad social, fuente de la soberanía, que da origen y legitimidad al poder; y el poder, así constituido, que debe, aunque con frecuencia no lo haga, tratar de resolver los problemas de la sociedad y alcanzar sus objetivos comunes. La política, así vista, es la encargada de responder y realizar las aspiraciones de la comunidad. Es la más alta expresión de la voluntad colectiva, y, a la vez, la posibilidad concreta de su realización.
Pues bien, es en ese punto en donde se produce la ruptura epistemológica, para usar la expresión de Bachelard, la fractura cualitativa a la que nos hemos venido refiriendo. Se pretende que la política no sea más la expresión de la "Voluntad General", para usar la denominación de Rousseau, que origina y legitima el poder, ni el medio para realizar las aspiraciones colectivas de la sociedad, de acuerdo con aquella definición originaria de los griegos: "la política es el arte del bien común".
Las teorías neoliberales y las doctrinas del Mercado Total, pretenden que el bien común depende de forma exclusiva de las leyes del Mercado, que es quien realiza en la historia el principio del Derecho Natural. La Revolución Tecnológica, por su parte, ha sustituido a la política en su función de instancia mediadora entre el poder y la sociedad. El salto cualitativo en el desarrollo de los medios de comunicación, ha restringido el papel del partido de intérprete de los acontecimientos nacionales y mundiales, y la crisis de las ideologías, que es parte de la crisis más ancha del Racionalismo y la Modernidad, le ha cercenado la posibilidad de formular propuestas globales de organización de la sociedad.
La Revolución Tecnológica y las Doctrinas del Neoliberalismo, el Mercado Total y la Globalización, han afectado mucho más a la política y a las ideologías que a las religiones.
Por el contrario, estas últimas, que no son formulaciones lógico-racionales, sino dogmas de fe, se han fortalecido ante los fracasos del racionalismo para proporcionar la felicidad y ante los embates de la razón instrumental en el siglo XX que ha desembocado, en los Auswitch, Gulags, Kosovos, y las distintas formas del "Capitalismo Salvaje".
El retroceso de la política y la crisis de la razón han fortalecido a los fundamentalismos. La razón, y con ella el mundo, ha pagado muy caro la pretensión de transformarse en una verdad absoluta y en una metafísica, y la ideología en una teología secularizada. Ahora las guerras, como en los mejores tiempos de las Cruzadas, se libran, de un lado y otro, en el nombre de Dios, sólo que hoy, con armas sofisticadas de destrucción masiva.
Es claro que la política no ha sabido tomar posición ante las profundas transformaciones de los tiempos, es claro también que no puede ni debe recuperar literalmente viejas funciones que ya no tienen sentido, ni viejos privilegios, en buena hora desaparecidos. Pero sí debe de encarar los retos actuales, reformular sus objetivos y los medios para alcanzarlos y recobrar la dignidad que le corresponde de acuerdo a su misión. Pero si el Mercado con sus leyes inmutables e inapelables, erigido en nueva divinidad, es quien debe decidir el destino de la historia y la sociedad, tal como intencionadamente se tratan de presentar las cosas, entonces ni la voluntad colectiva crea el poder, ni la política, acto consciente y voluntario, es el instrumento idóneo para dar, o al menos buscar, las respuestas apropiadas a los problemas de la sociedad. Si esto es así, la ética habría muerto.
Mutilada la política de su misión natural, de su objetivo esencial y del sentido de su acción, se transforma fácilmente, ahora a partir de esta modalidad, confirmada por el resultado de sus acciones, en un oficio desprovisto de todo fin teleológico y de toda trascendencia y, por lo mismo, separado radicalmente de la ética. Por eso, el reto de hacer política hoy, es en el mejor sentido de la palabra, el reto de hacer la política, restaurando sus numerosas fracturas y, sobre todo, reconociendo en ella su finalidad y trascendencia orientada al bien común.
Esto significa también, trascender la idea y la práctica de la política entendida como el arte del poder por el poder. No hay que olvidar, como señala Andrés Pérez Baltodano, que "la grandeza de los pueblos y de las sociedades no se crea a través de la aceptación de la realidad, sino como producto de la voluntad para crear historia".8
La democracia es una creación de la política, de la imaginación, observación e inteligencia del ser humano; no es la consecuencia de un mecanismo automático regido por leyes ineluctables, sino producto de la angustia y la esperanza, de la voluntad y la fe ante la necesidad del hombre de sobrevivir en la historia. Es importante entender, como plantea Andrés Pérez Baltodano en su Prólogo a mi libro Los Dilemas de la Democracia, que el pensamiento democrático es un intento de promover la libertad dentro de los límites que sirven para proteger el bien común. Esto significa que no podemos aceptar la libertad de uno contra la libertad de todos, ni la libertad de un grupo a costa de la libertad de los demás.9
Pretender hacer de la política el resultado automático de un aparato regido por leyes autónomas que supuestamente obedecen a su propia necesidad, es rechazar la dignidad del ser humano y desconocer el drama del acontecer histórico. La teoría del Fin de la Historia en su sentido más profundo consiste en eso: en hacer depender el curso de los acontecimientos de un mecanismo abstracto, de una estructura que siendo creación del ser humano desde que la idea original del trueque necesitó del espacio necesario para multiplicar la operación, se pretende independiente y autárquica.
Desde este punto de vista, la crisis de la política es una crisis ética, desde el momento mismo que su desplazamiento por el mercado significa la exclusión del ser humano en la construcción de su propio destino y, en consecuencia, la supresión de todo sentido teleológico y de toda trascendencia de su propia acción.
Posibles visiones y alternativas de la política y la democracia
El destino de la política está estrechamente ligado al destino de la democracia. La restitución de la idea de la democracia a su sentido más pleno como expresión de la voluntad colectiva, es también la restitución de la idea de la política, en tanto construcción de consensos y definición de marcos institucionales que hacen posible la existencia de la sociedad y el Estado. En este sentido, conviene recordar que, como dice Federico Mayor Zaragoza, "la democracia verdadera no consiste en contar ciudadanos; sino que los ciudadanos cuenten".
El contenido esencial y estratégico de la política, hoy, debe ser el de la construcción de la democracia que exigen los tiempos que estamos viviendo. Democracia como idea del Estado y la ciudadanía y de las necesarias relaciones entre ambos, pues el Estado, es la forma más compleja y orgánica de la sociedad.
Los contenidos de la política deben orientarse a la reestructuración de las profundas rupturas en el Estado, la sociedad y la economía, y en la elaboración del diseño de un nuevo sistema que inevitablemente debe construirse si se quieren preservar algunos de los valores fundamentales de la civilización. La acción política en su mejor sentido debe responder a la ética, a una idea teleológica, necesaria para restablecer o crear los referentes comunes de la sociedad de nuestro tiempo.
La idea de la política y la democracia incluyen las ideas de: la gobernabilidad democrática, desarrollo humano sostenible, sistema institucional, capacidades políticas, económicas y sociales y arquitectura social en la que todos se sientan participes. Asimismo, requiere construcción de consensos, sistema de seguridad jurídica, verdadero Estado de Derecho, legalidad con legitimidad e interdependencia entre los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales y, sobre todo, honestidad en el desempeño de la función pública.
El Nuevo Contrato Social para modernizar la sociedad requiere la concertación institucional, educativa, económica y social, Sociedad Civil autónoma, sistema de partidos modernos y un sistema institucional que propicie tanto la eficacia económica como la equidad social. Como señala Joan Prats Catalá, "un número creciente de filósofos políticos insiste en la necesidad de un criterio moral para la acción colectiva. Para ellos la gobernabilidad democrática debe contribuir no sólo a un intercambio equilibrado y estable entre actores desiguales, sino también a la justicia. Ello implica la búsqueda de nuevos equilibrios entre actores e intereses, guiados por una idea de justicia y solidaridad que va más allá de la mera cohesión social. No hay garantía de que la distribución de la virtud se corresponda con la distribución de la riqueza, el poder o la competencia".10
Contribuir al diseño del nuevo Estado y la nueva sociedad, lo mismo que al sistema de relaciones con el Mercado, es uno de los grandes retos de la política y de la democracia en nuestros días. Los grandes conflictos del mundo contemporáneo requieren de soluciones políticas globales y especificas, lo que conduce a la búsqueda de los términos apropiados de un Nuevo Contrato Social Planetario. Todo esfuerzo de racionalidad política es ya, por sí mismo, un esfuerzo de restablecimiento moral, de responsabilidad y compromiso con el sentido de dignidad esencial a la naturaleza y función de la política. La búsqueda de un Nuevo Contrato Social Planetario es imprescindible si se quiere evitar el caos, o el orden autoritario y uniformador.
La identificación de los referentes comunes que hagan posible la unidad en la diversidad, como forma plural de convivencia intercultural, es tarea de todos: de los poderes mundiales, de los líderes políticos y, por supuesto de los intelectuales. Ese Nuevo Contrato Social, condición de una paz verdadera y de un sentido civilizado de la vida, excluye la idea de una propuesta cerrada como alternativa única que se impone a las otras, sea que se trate de una visión del mundo proveniente de la cultura anglosajona, hispánica, asiática, musulmana o de cualquier naturaleza que sea.
Los tiempos que vivimos exigen más que cruzadas, acuerdos; más que afirmaciones herméticas, imaginación: pues el futuro hay que imaginarlo para poder construirlo. La solución no vendrá por el camino de los dogmas teológicos, ideológicos o económicos, sino por la ruta de las concertaciones y acuerdos políticos, pero también de una voluntad y una inteligencia capaces de identificar principios comunes de valor universal, como son el derecho a la vida, a la dignidad, libertad y justicia, con los valores propios de cada unidad cultural que confieren identidad a las diferentes comunidades humanas.
La creencia de que en política se es poseedor de la verdad absoluta ha sido la causa de los Gulags, Kosovos y Auschwits. Esta es la mayor de las amenazas, cuando no la mayor de las tragedias históricas. Por ello, como dice Lequier, "cuando uno cree detentar la verdad, debe saber que lo cree, no creer que lo sabe".11 La idea de civilización, al menos la idea deseable de civilización, entendida más que como realidad, como exigencia ética y como construcción conceptual, debe ser diferente a la de aquellas unidades cerradas, introvertidas y cercadas de murallas medioevales que acertadamente identificaron, cada uno en su momento, Toynbee, en su obra Un Estudio de Historia, Spengler en La Decadencia de Occidente y más recientemente Huntington en The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order.
La idea de civilización, debe ser la de la Unidad en la Diversidad, la de una síntesis que no anule a las culturas particulares, pero que las trascienda, la idea de confluencia e intercomunicación de culturas diversas, que son huella y testimonio del paso del ser humano sobre la tierra, de su presencia y permanencia en el tiempo, a pesar del tiempo.
En algún sentido, sea de forma directa o indirecta, lejana o cercana, todos somos herederos de todo. En cada uno de nosotros, en cada cultura y en cada civilización hay presencia de plurales visiones, de diferentes formas de entender el mundo. Cada ser humano es síntesis de múltiples expresiones, cada tiempo que se vive, es vértice de otros tiempos ya vividos y será base, antecedente o condición de otros vértices futuros.
Toda cultura es síntesis, toda civilización es proceso de integraciones continuas, por eso, la actitud que debemos asumir es aquella que tienda a la inclusión y no a la exclusión, a la incorporación de valores plurales y no a la negación hermética de las diferencias.
Además, está la solidaridad con los excluidos, como principio ético, pues como dice Albert Camus, "uno no puede ponerse al lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen" y como recuerda Oscar Wilde, "donde hay dolor hay un suelo sagrado".
La política y la cultura, que en el fondo deberían ser la misma cosa, difieren en los métodos y en los tiempos, que son, entre otros, los mecanismos para lograr esas conjunciones y para realizar esos procesos de síntesis. La política, impulsando las estrategias y tácticas que conduzcan a los acuerdos y concertaciones que hagan posible el Contrato Social y por ende la convivencia entre las personas y las comunidades; la cultura, sazonando los procesos de cambio y constatando las sedimentaciones históricas que van creando el patrimonio de sociedades particulares y de todo el género humano.
La democracia es un sistema político, pero sobre todo, como decía Aranguren, es "un sistema de valores".12 En este sentido, no sólo es una forma en la que la política se organiza y organiza la sociedad y el Estado, sino también una ética que da a ambos un sentido teleológico y que hace de la democracia y la política, una axiología, una corporación de valores que las humaniza y les confiere dignidad.
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Oswald Spengler, Il Tramonto Dell’Occidente, Ed. Longanesi y Co. Milano, Italia.
Notas
* Alejandro Serrano, filósofo y politólogo nicaragüense, ex Rector de la Univesidad Nacional de Nicaragua.
1 Aristóteles. Moral a Nicómaco. Editorial Universo S.A. Lima, Perú.
2 Augusto Salazar Bondy. Prólogo a Moral a Nicómaco, Aristóteles. Editorial Universitaria S.A. Colección Autores Clásicos. Lima, Perú.
3 Ángel Rodríguez Bachiller. Prólogo a Ética de Spinoza. Ediciones AGUILAR. Buenos Aires, Argentina.
4 Aristóteles. La Política. Editorial T.O.R. Buenos Aires, Argentina, 1959.
5 Platón. República. Editorial Universitaria de Buenos Aires. EUDEBA. 1963. Buenos Aires, Argentina.
6 Machiavel, Le Prince. Flammarion, Paris, France, 1980.
7 Martín Heidegger. En Richard Kerney. La Paradoja Europea. Tusquets Editores. Barcelona, España.
8 Andrés Pérez Baltodano. Prólogo al libro de Alejandro Serrano Caldera: Los Dilemas de la Democracia. Editorial Hispamer. Managua, Nicaragua.
9 Andrés Pérez Baltodano. Op. cit.
10 Joan Prats Catalá. "Gobernabilidad Democrática en América Latina Finisecular: Instituciones, Gobiernos y Liderazgos". En Gobernabilidad y Desarrollo en América Latina y el Caribe. PNUD. New York, USA.
11 André Conte-Sponville y Luc Ferry. El filósofo y el político en la sabiduría de los modernos. Ediciones Península, Atalaya. Barcelona, España.
12 Bonete Perales Enrique. Aranguren: La Ética entre la Religión y la Política. Editorial Tecnos. Madrid, España. 1989.
Portada Indice


POLITICAS EDUCATIVAS NEOLIBERALES

Configuraciones de política educativa neoliberal Jairo Estrada Álvarez
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Configuraciones de política educativa neoliberal.
Estudio preliminar•
Jairo Estrada Álvarez
Profesor asociado
Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
• Una versión de este documento se encuentra publicada en mi libro: “Viejos y nuevos caminos hacia la privatización de la educación pública. Política educativa y neoliberalismo, Unibiblos, Universidad Nacional de Colombia, 2002.
Configuraciones de política educativa neoliberal Jairo Estrada Álvarez
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2
“Ciertamente no hay nada acerca de la educación que deba
llevar a la duda de que el mercado puede proveerla. Como cualquier
otro producto o servicio, la educación es una combinación de
tierra, trabajo y bienes de capital dirigidos a un objetivo particular
-instrucción en asuntos académicos y temas relacionados demandados
por una clase de consumidores, principalmente padres”.
Sheldon Richman
Durante la administración Pastrana se emprendió una de las más profundas transformaciones de la educación pública (básica y media) en la historia reciente del país: Se dieron los pasos -probablemente más importantes- para su privatización y su organización de acuerdo con la lógica del mercado.
Desde luego que los puntos de llegada de la política neoliberal para el sector educativo no se encuentran aún completamente delineados. Justamente en ello radica la dificultad para la comprensión de los alcances de las reformas emprendidas en el Gobierno de Pastrana. El carácter -en apariencia- marcadamente técnico de tales reformas, centrado en buena medida alrededor del debate sobre la situación de las finanzas públicas y la eficiencia del gasto público, se ha constituido en un velo que pareciera invisibilizar los propósitos políticos de mediano y largo plazo del proyecto neoliberal frente a la educación pública.
Al respecto no debe quedar la menor duda: las transformaciones propias de la fase neoliberal de la reestructuración capitalista, contienen (y demandan) una creciente sujeción de todos los campos de la vida social a las lógicas mercantiles, particularmente de aquellos que, en razón de luchas sociales o de propósitos legitimadores y de construcción de lealtades en torno al Estado, se habían configurado, incluso, con una cierta autonomía y habían contribuido a generar toda suerte de resistencias y opciones de alternativa -políticas y culturales- frente a la forma mercantil. La educación pública es uno de ellos.
Dimensiones de análisis de la política educativa
Las transformaciones neoliberales en materia educativa -en su sentido más abstracto-deben ser apreciadas en una doble dimensión: De una lado, se trata de organizar la educación pública de acuerdo a las reglas del cálculo económico. La educación debe ser medida como cualquier otra mercancía: por su valor y por su valor de uso. Por ello, la cuestión del costeo y de la financiación; de la cobertura y de la calidad; de la eficiencia, ocupan un lugar central en las consideraciones actuales de política educativa. De otro lado, se trata de orientar la educación pública en función de un proyecto de disciplinamiento social, en cuya base se encuentra una “cultura” y una pedagogía del (y para el) mercado, de exaltación del rendimiento individual, el productivismo y la competencia.
De manera más concreta, las transformaciones neoliberales en materia educativa deben ser consideradas como un componente esencial del propósito de subordinación de la educación pública a los movimientos de la economía y a las “señales” del mercado. Dada la naturaleza totalitaria y fundamentalista del proyecto neoliberal, lo que se esperaría sería
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un sistema de educación pública que estuviera en capacidad de adecuarse flexiblemente -de manera continua y permanente- a las demandas del sistema económico y a sus principios de organización. En un enfoque desde la globalización capitalista, el sistema de educación pública debería responder las demandas del proceso de consolidación de una nueva división internacional del trabajo. Si la globalización requiere de manera imperativa, por ejemplo, competitividad por costos laborales, en razón del atraso tecnológico, lo que el sistema educativo debería arrojar sería mano de obra barata, que atendiera en todo caso unos parámetros “globales” mínimos.
Las transformaciones neoliberales en el sector educativo deben ser examinadas en un contexto de construcción de proyecto de hegemonía imperial, que desde nuevas configuraciones oligárquicas del gobierno mundial impone y reproduce -aun en los ámbitos nacional-estatales y locales- “modelos” homogenizadores de política educativa a la usanza neoliberal, a través de organismos de regulación supranacional como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, en ocasiones bajo el manto de la financiación multilateral; en otras, de los programas de ajuste económico. En el caso de la educación, son de amplio conocimiento las preocupaciones de estas agencias, que se han constituido en verdaderos manifiestos en favor de la privatización y de la organización mercantil de la educación1.
Las transformaciones neoliberales en el sector educativo deben ser observadas igualmente como componente del proceso de reforma del Estado y de las nuevas configuraciones de la economía pública. Con el proyecto neoliberal se ha asistido a un proceso de redefinición del papel y de las funciones del Estado, el cual se ha acompañado de una reformulación de las políticas de financiación estatal, de asignación y distribución, y de aplicación de los recursos públicos. En la raíz de tales transformaciones se encuentra una propósito de dirección autoritaria de la sociedad hacia el mercado y un proyecto de redistribución regresiva del ingreso, que castiga los fondos sociales de consumo, al tiempo que favorece aquellos de la acumulación capitalista privada, en particular del acopio y la especulación financiera. Dadas la estructuras actuales de la tributación, es evidente que las mayorías de la sociedad sostienen hoy al Estado con tributos indirectos. También lo es que, en contraposición a tal tendencia a la creciente socialización del financiamiento, se aprecia una tendencia a la privatización de ciertas funciones del Estado, sus funciones frente a la educación pública incluidas, y que tal tendencia comprende también la disputa por la gestión de los dineros públicos y por su incorporación a los circuitos económicos, en especial aquellos del capital financiero.
1 Véase por ejemplo: Worldbank (1995) Priorities and Strategies for Education, Washington, D.C. / Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad (1998). Programa de reforma educativa para América Latina PREAL, Santiago.
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Las transformaciones neoliberales en materia educativa se inscriben en los debates políticos y económicos sobre los alcances de los procesos de descentralización, las dimensiones y las configuraciones de la autonomía local y el mismo lugar de la escuela en la sociedad. Precisamente tras los anuncios de mayor democracia local, se ha abierto paso un concepto de descentralización autoritaria, que hace difusa la responsabilidad del Estado (en tanto gobierno central), al tiempo que transfiere a los gobiernos locales, más responsabilidades con menos recursos y proyecta la noción de autonomía hasta el escenario escolar, en la forma de autonomía financiera.
Las transformaciones neoliberales en el sector educativo dan cuenta, además, de las configuraciones específicas e inmediatas de la conflictividad social y de clases propias de la sociedad capitalista, y se manifiestan como conflicto de intereses entre el Estado y la organización gremial de los maestros. En realidad, aunque está en juego la política neoliberal sectorial (para el sector educativo), incluida la pretensión de organizar la relación laboral sobre presupuestos flexibles, el nivel de conflicto sobrepasa tal dimensión, para situarse en el terreno de la confrontación del Estado con formas de resistencia social organizada, que pueden cumplir una función aglutinadora y encauzarse contra la “política general”, y deben -por tanto- ser derrotadas, no sólo para el “bien” de la política estatal sectorial, sino como forma de aleccionamiento y de disciplinamiento de quienes de forma valerosa y heroica confrontan el sistema y sus políticas. De ahí que el ejercicio de la política neoliberal se acompañe de la permanente convocatoria a la medición de fuerzas.
Como se puede apreciar, un acercamiento a la política educativa de la administración Pastrana además de poseer un campo de estudio bastante amplio, resulta ser una tarea por demás compleja. En este escrito se presentarán algunas reflexiones en torno a aspectos que considero clave para la comprensión de las principales tendencias de la política educativa.
Consideraciones económicas y financieras de la política educativa
En la definición de los principales lineamientos de la política educativa del gobierno de Pastrana, las consideraciones culturales y pedagógicas han quedado relegadas en buena medida a un segundo plano, dada la prioridad que se le ha dado a los aspectos económicos y financieros. El debate que se ha desplegado en torno a los problemas de la calidad de la educación, en especial en relación con la cuestión de las competencias básicas, también ha estado preso por las determinaciones económicas y financieras, y por un concepto de calidad en cuanto atributo a ser medido de acuerdo a lo propio de cualquier forma mercantil.
La reducción de la política educativa al predominio de aspectos económicos y financieros posee varias formas de manifestación:
En primer lugar, en la redefinición del monto de recursos a ser dispuestos por parte del Estado para financiar el gasto educativo. La consideración esencial para tal redefinición consistió en subsumir la política de asignación de recursos a los propósitos de la política
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macroeconómica, en particular a las metas “ concertadas” por el gobierno de Pastrana con el Fondo Monetario Internacional en el marco del ajuste fiscal. En ese sentido, la política educativa se encausó al quiebre de las “rigideces prespuestales” impuestas por la Constitución de 1991. Los resultados esperados saltan a la vista: Congelación de recursos de presupuesto para transferencias en educación y reducción de la participación de esas transferencias como proporción de los ingresos corrientes de la Nación (frente a una previsible mayor dinámica de crecimientos de éstos). Y como consecuencia de ello: Deterioro de las condiciones de materialización del derecho a la educación para los niños, niñas y jóvenes, consagrado constitucionalmente; o atención aún más precaria que la actual, dado el proyectado nuevo ciclo de masificación, acompañado de la disposición de menos recursos (totales y unitarios).
La pregunta por el monto de los recursos para financiar la educación, siempre debe ser respondida en consonancia con el examen del presupuesto público en general. La afectación de recursos para la educación genera en la práctica cambios en la estructura del presupuesto y “liberación” de recursos ( o ahorros fiscales) que pueden ser destinados a otros menesteres. Dadas las condiciones del país, no es de ninguna manera exagerado aseverar que los recortes generados por las políticas de ajuste fiscal, representan una contribución al pago del servicio de la deuda o a la financiación de la guerra contrainsurgente. En la base de la definición del monto de los recursos a transferir a los entes territoriales (para educación), se encuentra por tanto un proyecto de redistribución regresiva del ingreso y un salto mortal del “derecho a la educación” hacia la “prestación del servicio educativo”. En ese salto mortal la definición de criterios de asignación conforme a reglas de mercado adquiere la mayor significación.
En segundo lugar, en la reformulación del régimen de competencias de la Nación y los entes territoriales. Tras el velo de la mayor autonomía local (distrital, departamental y municipal), especialmente en la administración directa de los recursos (financieros y docentes), se ha asistido a la configuración de un régimen de competencias que garantiza la regulación autoritaria del sector educativo por parte del gobierno central, encausa -estratégicamente- la actividad educativa hacia su organización mercantil y convierte a los gobiernos locales en agentes gestores de la política educativa, en su actual diseño neoliberal. El nuevo régimen de competencias también se encuentra subsumido a las políticas de ajuste fiscal e impone, en tendencia, la generación de recursos propios mediante esfuerzos fiscales del orden territorial, en tanto transfiere más competencias a los entes territoriales con menos recursos. En la base de la definición del nuevo régimen de competencias está el carácter ahora difuso de la responsabilidad estatal frente al “derecho a la educación“ y la idea de que tal responsabilidad termina con la asignación y la disposición de los recursos, lo cual resulta por demás congruente con la noción de “servicio educativo”. La redefinición de la responsabilidad estatal se concreta en la tendencia fuerte hacia la “municipalización”, como uno de los principales rasgos de la política educativa durante la administración Pastrana2.
2 La “municipalización” entendida, por su parte, como la antesala de la organización del sector educativo de acuerdo con las lógicas del mercado.
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La cuestión por el régimen de competencias y la tendencia a la “municipalización” debe ser contemplada en el contexto más amplio del rediseño del régimen neoliberal de la descentralización. El fracaso de la configuración inicial de dicho régimen, que estuvo concebido como componente de estrategias de racionalización y ajuste fiscal y de atomización de luchas sociales3, y es explicado en buena medida por los rasgos clientelistas y corruptos del régimen político, ha impuesto una mayor atención en los efectos de las políticas de descentralización sobre la política macroeconómica general; en particular, en relación con la necesaria simultaneidad de la descentralización de los ingresos y las responsabilidades del gasto4. El techo constitucional impuesto a las transferencias y la nueva definición de competencias y de responsabilidades, incluidas las múltiples restricciones legales al crecimiento de los costos por encima de los parámetros establecidos, se encuentran en estrecha relación con la política de ajuste fiscal del orden territorial y los proyectos de reforma tributaria y de nuevo ordenamiento territorial, que han sido presentados al Congreso en legislaturas pasadas y discutidos en diversos foros y escenarios (sin que todavía cuenten con una definición definitiva)5. También en este punto se asiste a un proyecto de redistribución regresiva del ingreso. La congelación y aún la reducción de los recursos transferidos a los entes territoriales, al tiempo que produce “ahorros” al gobierno central y por esa vía le permite liberar recursos para otros propósitos ya señalados, obliga a los entes territoriales a generar más recursos para atender las necesidades de gasto y por esa vía impone inevitablemente más tributos a los ciudadanos.
En tercer lugar, en el desarrollo de un concepto de institución escolar, en el que la cuestión por la gestión de los recursos subsume las consideraciones culturales y pedagógicas de un proyecto educativo. En el enfoque neoliberal, la noción de descentralización ha pretendido ser llevada hasta la institución escolar. El argumento principal ha consistido en que de esa forma se avanzaría en un concepto de mayor autonomía y sobre todo de participación tanto de la comunidad educativa como de los ciudadanos y sus comunidades organizadas en el diseño de los destinos de la educación pública. Tal autonomía y participación son, en sentido estricto, más bien caricaturescas. Las directrices esenciales de la política educativa -en toda su extensión- son diseñadas centralmente. Las definiciones de tipologías escolares, las determinaciones de costos (por ejemplo las asignaciones por
3 Desde la administración de Turbay Ayala, con la presentación del Informe Wiesner - Bird se venía insistiendo en estrategias de descentralización con un notorio enfoque neoliberal. Un examen exhaustivo y riguroso de esas estrategias se encuentra en Dario I. Restrepo Botero. El mito de Sísifo o veinte años de pujanza descentralizadora. En: Misas Arango, Gabriel (editor) (2001). Desarrollo económico y social en Colombia. Siglo XX. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Económicas, pp. 427-479
4 Ver: Banco Mundial (2000). En el umbral del siglo XXI. Informe sobre el desarrollo mundial 1999-2000, cap. 5, La descentralización de poderes, una nueva dimensión del Estado, Washington, D.C., pp. 107-124
5 La concreción de la relación ajuste fiscal - política educativa se encuentra en los convenios de desempeño, los planes de racionalización educativa y el plan de reorganización del sector educativo que han sido examinados en mi libro Viejos y nuevos caminos hacia la privatización de la educación pública, ob. cit.
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estudiantes), el establecimiento de parámetros y de relaciones técnicas son definidas todas centralmente. El campo autónomo de decisión en torno a un proyecto educativo y las posibilidades reales de la participación en la construcción de ese proyecto educativo quedan reducidas a las gerencia de los recursos, una vez descontados los costos docentes, como se podría colegir del esquema de Fondos de Servicios Educativos creado por la nueva legislación.
La concepto de autonomía que en verdad se encuentra reforzado por las nuevas tendencias de política educativa se refiere a la autonomía financiera. Se trata de una vieja aspiración que encontró sus primeras concreciones en el concepto de “nuevo colegio”, incorporado en el fallido intento del Plan de Desarrollo, fue reformulado después en el proyecto de Nuevo Sistema Escolar en la forma de “colegio completo” y reaparece ahora -todavía tímidamente en el diseño- con los Fondos de Servicios Educativos. En su configuración actual, éstos dan cuenta precisamente de la intención de preparar el escenario para la futura administración directa de los recursos económicos y financieros, y de personal docente y administrativo, así como de sensibilizar a las comunidades educativas y a los ciudadanos en el sentido de que el mejoramiento de las condiciones de la institución escolar requiere la creciente vinculación de recursos propios y ser, por tanto cofinanciada, lo cual se traducirá de manera inevitable en la presión al aumento de las tarifas educativas. La relación de subordinación Estado - ente territorial, se reproduce en este nivel como relación ente territorial - institución escolar. La responsabilidad por la cobertura y la calidad educativas quedan en manos de ésta última, pues el ente territorial (departamento o municipio certificado) limita sus responsabilidades respecto de la institución escolar a la asignación de recursos en función de la demanda. Ésta por su parte, aparece determinada por la institución escolar, cuyo destino está fraguado de acuerdo a las variaciones de esta variable de mercado. En la base del sistema educativo, la institución escolar, se han puesto en marcha variados mecanismos que estimulan la organización mercantil de la educación pública y propician la tendencia de su privatización. También aquí se activan los dispositivos de la redistribución regresiva del ingreso, propios de las políticas fiscales del ajuste: ¡Lo que no alcance a ser financiado por el Estado, que lo asuman los padres de familia!.
En cuarto lugar, en el rediseño de las relaciones laborales del sector educativo, con fundamente en una marcada tendencia a la flexibilización. En los ejes de la política educativa de la administración Pastrana se encuentra la idea de que los problemas de financiación del sector educativo se explicarían en buena medida por el aumento de los costos docentes. Tal aumento habría absorbido los esfuerzos del Estado, expresados en la mayor disposición de recursos para educación durante la década de los noventa, sin que ello se tradujera en un incremento proporcional de la cobertura y en un mejoramiento de la calidad. Con base en la tesis que subyace a las consideraciones económicas y financieras de la política educativa: “los recursos dispuestos por el Estado son suficientes, sólo están mal administrados”, se ha emprendido una verdadera transformación de las relaciones laborales del sector educativo en cuyo centro está la reducción de los costos docentes y el empobrecimiento de los maestros. El mayor gasto educativo del Estado en la década pasada, medido como proporción del Producto Interno Bruto, apenas recuperó el rezago colombiano de los años ochenta (de 2.2% a 4.5%), para colocarlo en un nivel más bien
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modesto si se contemplan parámetros internacionales. La relación técnica alumno-maestro (24 aproximadamente), que ha servido para argumentar la política de reducción de costos, se encuentra dentro de los estándares latinoamericanos (con excepción de países más pobres, en donde es mayor). El propósito de la política neoliberal es claro: Con los mismos recursos, se puede aumentar la cobertura y mejorar la calidad, si se modifican al alza los parámetros técnicos y se reestructura el costo educativo. La reducción del costo docente, como porcentaje de participación dentro del costo educativo total, permitiría generar “ahorros” o “liberar” recursos, que podrían ser destinados para aumentar la calidad educativa.
Un enfoque de esa características resulta por demás perverso, pues excluye de las consideraciones de calidad al maestro mismo. Y reproduce, a la usanza fabril capitalista, la idea de estrategas neoliberales de que la estabilidad de la organización económica, se encontraría en la desestabilización y en la precariedad de la fuerza laboral. El disciplinamiento social que imponen esas condiciones se constituiría en un imperativo de rendimiento y de disposición para aumentar la productividad del trabajo. En el caso del magisterio produciría además importantes dividendos políticos, pues se quebraría un poder sindical y político, que aglutina cientos de miles de servidores públicos y es uno de los últimos reductos fundamentales organizados de los trabajadores. Por ello la política neoliberal, se ha acompañado de campañas orquestadas de propaganda, cuyo fin consiste en mostrar a la organización gremial, como una asociación de privilegiados. En realidad, el salario docente -comparado con otros servidores públicos- es precario. Niveles relativamente aceptables se logran después de más 20 a 25 años de ejercicio docente.
En este caso, las consideraciones económicas y financieras predominantes en la política educativa imponen igualmente un concepto de redistribución regresiva del ingreso. Con los dineros que se logren sustraer del fondo salarial (total social) de los maestros, es posible generar “ahorros” o “liberar” recursos, que se pueden destinar para financiar otros propósitos de la política educativa y hacerla sostenible financieramente.
En suma, el concepto neoliberal de política educativa, en sus configuraciones actuales, implica que la menor responsabilidad del Estado frente al sector educativo público debe compensada con la generación y extracción de recursos de los entes territoriales, las instituciones escolares, los padres de familia y los maestros. Los dispositivos de la cofinanciación han sido activados de diversa forma; los caminos a la privatización han sido igualmente estimulados. La explicación a ese carácter regresivo de la política de financiación se encuentra en gran medida en la situación de endeudamiento y en la preparación y adecuación estratégica del Estado para la guerra. De otra forma es imposible entender, por qué ciudadanos que hoy pagan más impuestos (nacionales y territoriales), que hace una década, son convocados a cofinanciar -con expectativas crecientes- la educación pública.
Política educativa y privatización
Los argumentos centrales del Estado, al sustentar su política educativa, consisten en que su aplicación conducirá a un aumento de la cobertura, a un mejoramiento de la calidad y a
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una mayor equidad. Se desvirtúan, además, las tesis que señalan los propósitos de privatización y se habla más bien de un fortalecimiento de la educación pública, como intención estratégica.
Es probable que en razón de las políticas educativas aumenten la cobertura y las tasas de retención de estudiantes en las escuelas y colegios públicos. El esperado nuevo ciclo de masificación resultará de la modificación de los parámetros técnicos estudiante - maestro; la retención estudiantil, en razón de las disposiciones que han eliminado prácticamente la repitencia. Es igualmente probable -mucho más probable- que el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población colombiana y la profundización de la guerra actúen en sentido contrario.
Empero, más allá de las situaciones hipotéticas que se pudieran construir a futuro sobre la cobertura educativa, las consideraciones sobre la tendencia a la privatización de la educación pública tienen su sustento en la siguiente:
Primero, en el manejo de los recursos. Las configuraciones de política neoliberal han fortalecido la vinculación de los particulares en la definición de institución educativa y sobre todo han estimulado que el “servicio educativo” pueda ser prestado por instituciones denominadas de manera eufemística “no estatales” (con algunas restricciones, que se estudiarán en el capítulo cuarto). La decisión política del Estado es clara: dispuestos los recursos, no interesaría quien los manejara, si se hace “eficientemente”. Si bien en el sector público educativo no ha penetrado aún la intermediación financiera, como en caso del sector de la salud, no es descartable a futuro que aumenten las presiones del sector privado por vincular a los circuitos financieros la bolsa de casi 7 billones de pesos, que representan las asignaciones para educación.
Segundo, en los criterios de asignación de los recursos. La política de asignación de recursos, basada en la demanda, erige la competencia en principio rector de la organización del sector educativo. Del comportamiento de la demanda depende el futuro de la institución escolar. La competencia incorpora la reglas del mercado a la vida escolar. La disputa por los recursos ocurrirá entre instituciones públicas y entre éstas y las instituciones privadas y propiciará movimientos en las instituciones educativas, similares a los que cualquier actividad económica: Crecimiento, concentración, absorciones, fusiones, “bancarrotas”.
Las supuestas consideraciones de equidad, que estarían en la base de la política neoliberal quedan sepultadas, de una lado, por cuanto las condiciones iniciales de acceso a los recursos, al basarse en criterios de demanda efectiva principalmente, reproducen las inequidades existentes al momento de presentarse la disputa por los recursos. Del otro, por cuanto recursos suplementarios a ser percibidos por razones de equidad, son considerados como residuales y no alcanzan a contrarrestar los impactos que dejará la competencia.
Tercero, en el estímulo a variadas formas de la contratación privada. La posibilidad de prestación del servicio por parte del sector privado, demostrada la insuficiencia del sector público, dejará de hacer parte de la excepción, para constituirse en tendencia en la regla.
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Las concesiones de colegios públicos a entidades privadas y la contratación directa para la prestación del servicio educativo por parte de instituciones privadas -probablemente compitiendo con costos más favorables, dadas las condiciones laborales, en general, más precarias del sector privado- favorecen un debilitamiento a largo plazo del sector público y estimulan la proyección del “negocio educativo”. Al fin y al cabo, 30% de la educación básica en primaria y 45% en bachillerato es privado. Desde la misma institución pública, se propician prácticas privatizadoras con los Fondos de Servicios Educativos.
El concepto de privatización no puede limitarse, por tanto, a identificar ésta con la enajenación de activos. La privatización significa también crear condiciones para organizar una actividad social, como la educativa, de acuerdo con las lógicas del mercado. La privatización consiste igualmente en trasladar la función pública al sector privado. La privatización comprende la intención de debilitar las instituciones públicas. La privatización conlleva prácticas de cofinanciación.
Política educativa y teorías económicas
El sustento teórico de la política educativa actual se encuentra, sin lugar a duda, en la teoría y en la ideología del neoliberalismo. La regulación neoliberal descansa sobre una ideología del “libre mercado” y de una presunta no intervención del Estado. En realidad, la centralidad (autoritaria) del Estado es por demás evidente en el diseño y concreción de la política. Desde el Estado mismo se ha emprendido un verdadera campaña de descrédito de la educación pública, de exaltación de la educación privada y de valores genuinamente capitalistas y meritocráticos (individualismo, egoísmo, competencia, rendimiento, etcétera).
En la perspectiva neoliberal es admisible la intervención del Estado en la educación en razón de los efectos de vecindad6. Tal intervención se justificaría para que los niños reciban un mínimo de instrucción de un tipo determinado. La situación ideal consistiría en que el Estado asignase una suma de dinero por estudiante, en la forma de subsidio; que el padre de familia la recibiese, y escogiese “libremente” la institución en la cual él desea que su hijo se eduque. La garantía de una suma fija por estudiante permitiría que el padre -si pretende un mejor educación para su hijo- tomase la decisión de colocar un monto adicional, esto es, de cofinanciar. Y tendría además, toda suerte de ventajas: Disminución del tamaño del Estado, en cuanto reducción de la burocracia pública educativa; separación de las funciones de financiación y de administración de la educación pública; estímulo a la competencia entre las instituciones escolares y con ello mejoramiento de la calidad educativa; fijación de sueldos de los maestros y de otros costos educativos de acuerdo con las fuerzas del mercado; reducción de las diferencias de clase, por cuanto los padres de
6 En cuanto relación costo -beneficio. Lo que se gana con la educación de un niño beneficia no solamente al niño o a sus padres, sino también a los demás miembros de la sociedad. Señala Friedman en todo caso que “el beneficio social será mayor en los niveles más bajos de enseñanza, donde existe unanimidad sobre el contenido de los cursos, y disminuye continuamente a medida que se eleva el nivel de enseñanza. Ver: Milton Friedman (1966), Capitalismo y libertad, Ediciones Rialp, Madrid, pp. 115-116.
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familia podrían matricular a sus hijos en colegios de clases medias y altas, siempre y cuando estuvieren dispuestos a cofinanciar; garantía de la libertad de enseñanza, etcétera7.
Ese punto de llegada, concebido por Friedman, en el que la educación pública es organizada conforme a reglas de mercado y a intereses privados8, representa sin duda el referente principal de la política educativa de la administración Pastrana. Empero, el límite se un enfoque neoliberal ortodoxo o genuino consiste en su excesivo determinismo económico. Lo cual dificulta la traducción de los propósitos teóricos de la política en la política misma, al desconocer el papel de otros factores políticos, sociales y culturales sobre en la explicación de la situación de la educación pública.
Pese a que políticas neoliberales se han esforzado por superar las visiones “puras de mercado” al incorporar en su diseño nociones de pobreza y equidad y concretarlas en un concepto de focalización del gasto público, ello no ha sido suficiente para darle la solidez -teórica, política y técnica- que actualmente demanda la política educativa. La construcción de un discurso de legitimación de la política, con base en el discurso del “libre mercado” se ha agotado y tiende a estrecharse cada vez más. La misma realidad se ha encargado de controvertirlo de manera recurrente y permanente.
En ese sentido, la irrupción de la teoría neoinstitucionalista, sobre todo en la década de los noventa9, con la fórmula sencilla, “primero las instituciones, luego el mercado“, aparece como un complemente ideal. En primer lugar, por cuanto representaría una superación de la visión de la sociedad en la exclusiva lógica del mercado, al señalar que es necesario incorporar en análisis de las instituciones en la economía. Su crítica al neoliberalismo no es fundamental. No se trata de desconocer las fuerzas del mercado, sólo debe tenerse en cuenta que éstas interactúan con una gama muy variada de instituciones. Segundo, por cuanto a la visión neoinstitucional subyace una visión desde la teoría general de sistemas. La sociedad (el sistema) está conformada por un conjunto de elementos (instituciones) interrelacionadas e interactuantes. Esa visión de interrelación-interacción excluye el antagonismo, puede reconocer el conflicto pero funcionalmente (o como disfunción transitoria), presume relaciones de poder horizontales, excluye por tanto la dominación y la explotación, posibilita desarrollar un discurso de identidad de intereses, de concertación, de participación, de no exclusión, “democrático”.
7 Ibid., pp. 117-126
8 Desde luego que la propuesta friedmaniana es mucho más compleja de lo que aquí se presenta. Una explicación exhaustiva y rigurosa se encuentra en el ya citado texto de Capitalismo y Libertad, en el capítulo VI sobre la “Función del Estado en la educación”. Ibid., pp. 115-142.
9 Véase: Banco Mundial (1997), El Estado en un mundo en transformación, Informe sobre el desarrollo mundial, Washington, D.C., pp.292.
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La visión neoinstitucionalista de las instituciones no debe ser reducida en la forma de organizaciones o de aparato institucional. Las instituciones son definidas como reglas de juego en una sociedad, más exactamente como las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Las instituciones pueden ser formales (constitución, leyes, códigos, etc.) o informales (tradición, cultura, etc.).
Al ser definidas así las instituciones, el neoinstitucionalismo propendería por hacer avanzar la sociedad hacia una sociedad del contrato. es decir, el problema de las sociedades capitalistas no resulta de su naturaleza de dominación y de explotación, sino de la existencia de reglas de juego inadecuadas (instituciones inadecuadas), o de carencia de reglas juego (instituciones). De ahí que la política neoinstitucionalista se concentre en la necesidad de fortalecer las instituciones (creándolas, eliminándolas, reformándolas). Por ello se habla de desplegar y fortalecer la capacidad institucional del Estado, de la necesidad de instituciones fuertes, de la eficiencia y la eficacia de las instituciones, etc. Entiéndase que en el neoinstitucionalismo, como ya se dijo, instituciones no son reducidas al aparato estatal. No es casual entonces, que en le pasado reciente, la política del estado capitalista se haya orientado a diseñar reglas de juego, especialmente en el campo económico y sobre todo en los nuevos negocios que ha traído la reestructuración capitalista.
Para el caso que nos ocupa, son de importancia las concepciones neoinstitucionalistas sobre los costos de transacción y el problema de la información incompleta, pues éstas permiten una mejor comprensión de las tendencias de la política educativa. Por costos de transacción se comprenden los costos asociados con las transferencia, captura y protección de los derechos de propiedad. Se trata de los costos del entorno institucional, legal, político y social, para que haya mejor eficiencia en el ejercicio del derecho a la propiedad. De otra parte, si se considera que la información se ha constituido en un costo, resulta claro que su distorsión, su insuficiencia, o incluso su manipulación (o en contraposición su optimización), son factores incidentes sobre los derechos de propiedad y su materialización.
Para los neoinstitucionalistas los costos de transacción e información se convierten en asunto clave para generar la confianza en el sistema y en la política educativa. El monto de estos costos podría ser expresión de mayores o menores niveles de desarrollo. En esa perspectiva, el Estado es definido como un instrumento de racionalidad (o de irracionalidad) para deducir (o aumentar) los costos de transacción y de información. La función del Estado puede ser comprendida en cuanto provisión de reglas impersonales y de instituciones para hacer cumplir la ley.
La noción de “buscadores de rentas” proviene de las acciones de intervención del Estado. En la medida en que el Estado crea restricciones al libre mercado -aseveran los neoinstitucionalistas- se constituyen rentas que buscan ser capturadas por diferentes grupos de interés. Los gremios económicos andarían tras beneficios, los sindicatos estatales pretenderían apropiarse de parte del gasto público, etcétera; pero además, esa “avidez de renta“, puede tomar la forma de corrupción, soborno, contrabando, clientelismo, etc. Si el Estado crea instituciones adecuadas, fuertes, eficientes, que no distorsionen el
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mercado, la búsqueda de rentas dejaría de ser rentable. Lo contrario sería convertir el “cabildeo” en negocio.
El análisis sobre la “avidez de renta” lleva a los neoinstitucionalistas a afirmar que los problemas del gasto público no son de magnitud, sino de eficiencia y de uso racional. De allí resulta la tesis, por ejemplo, que el gasto público en educación es más que suficiente. Sólo que no se usa de manera eficiente, porque no se distribuye racionalmente o por que hay unos “captores de renta” que lo impiden.
De este planteamiento se derivan entonces las políticas que habrán de justificar una reforma institucional del Estado y un rediseño de la política educativa para un uso más eficiente de los recursos de gasto. Se trata de que la acción del Estado produzca más confianza en las capacidades regulatorias del mercado. Si la gente desconfía del mercado, se dedicará a “buscar rentas” del Estado en las más variadas modalidades.
En Colombia la mayoría de los neoliberales de principios de los noventa posee ahora el ropaje neoinstitucional. Su abierta defensa de los principios reguladores del capitalismo a través del “libre mercado” puede ahora matizarse con propuestas de política que dan cuenta de la institucionalidad histórico-concreta. El discurso puramente económico aparece ahora revestido de consideraciones sociológicas, políticas y culturales. ¡En algunos casos se incorporado incluso el análisis de clase!. Sin proponérselo, el neoinstitucionalismo ha estimulado un nuevo tipo de cinismo en política.
El neoinstitucionalismo resulta útil para el desarrollo de un discurso de la democracia y de la participación, de la armonía y de la superación de los antagonismos. Las clases, los llamados actores sociales y políticos, la “sociedad civil”, el Estado, con instituciones interactuantes (participativas) en la búsqueda de propósitos comunes: La paz, el bienestar, la tolerancia. La dominación ya no existe en la forma de dominación del Estado capitalista pues éste sería un “actor” más, situado en un nivel de horizontalidad frente al poder. Éste ahora es difuso y sus formas de constitución son comparables con el poder del Estado. Tal visión se encuentra sintetizada, por ejemplo, en la consigna “la educación compromiso de todos”.
El neoinstitucionalismo resulta útil para proseguir la reestructuración económica y la reforma del Estado a favor del capital financiero (forma fundamental de la dominación capitalista en la actualidad), precisamente por que su discurso sobre el entorno institucional ineficiente posibilita organizar los negocios capitalistas (telecomunicaciones, pensiones, salud, biodiversidad, petróleo, mercados de capitales, finanzas -banca, seguros, fiducia, titularización) con argumentos que superan el reduccionismo económico de los neoliberales.
El neoinstitucionalismo resulta útil para desarrollar políticas de ajuste y de eficiencia del gasto público, que superan el criterio reduccionista neoliberal “costo-beneficio”. Primero, porque permite proseguir la reforma del aparato estatal, al señalar que las instituciones agentes (entidades públicas) son ineficientes y elevan los costos de transacción, desestimulando la economía en su conjunto. No importa el tipo de institución (pública o
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privada), lo que interesa es que la función y las reglas se cumplan. Segundo, porque favorecen un discurso de debilitamiento de las formas de organización sindical de los trabajadores estatales. Los sindicatos son reducidos a temibles “captores de rentas”, que sólo buscan consolidar privilegios. Fecode es un ejemplo de lo que no debe ser. Tercer, porque se estimula la política de “todos ponen”. Como el Estado es un agente más, la responsabilidad tiende a desaparecer o al menos a diluirse. Pone el Estado, pone el sector privado, pone la comunidad interesada. El statu quo permanece incólume, pero hubo democracia y participación. Esto es, un buen ejercicio de legitimación.
Las teorías neoinstitucionalistas se han convertido en un complemento necesario de la política neoliberal. En un contexto en el que la creencia en los omnímodos poderes del mercado es cuestionada de manera permanente, dadas las crecientes manifestaciones de la crisis capitalista en sus nuevas configuraciones, la formulaciones neoinstitucionalistas resultan por demás convenientes para la prolongación de las estrategias estatales, pues al tiempo que relativizan los discursos de mercado, revindican su fuerza reguladora, probablemente deteriorada por carencia de óptimas reglas de juego. En sentido estricto, al caracterizar la política educativa de la administración Pastrana tendría que hablarse más bien de una síntesis neoliberal-neoinstitucional. En los capítulos posteriores del trabajo se podrán suministrar elementos adicionales de análisis, para reforzar esta tesis.
Política educativa, poderes públicos y régimen político
La política educativa del cuatrienio Pastrana debe ser comprendida desde un enfoque de política estatal. Son varias las razones que me llevan a esa afirmación:
En primer lugar, la política educativa de esta administración es un punto de llegada de transformaciones que han venido gestando a lo largo de la década de los noventa, durante los cuatrienios anteriores. Es cierto que el gobierno de Pastrana representa una profundización en el concepto neoliberal de la política en general, y de la política educativa en particular. No obstante, los antecedentes más cercanos de la política educativa actual se encuentran en el Plan de Apertura Educativa dela administración Gaviria, con el que se pretendía acondicionar el sistema educativo a las transformaciones neoliberales emprendidas en el marco de la llamada apertura económica. La embriaguez de participación y de nueva democracia, que trajo consigo el proceso constituyente y la expedición de la Constitución de 1991, invisibilizó algunas tendencias de que ya se preparaban, en especial en relación con un enfoque neoliberal de la descentralización y la organización de la actividad educativa de acuerdo a criterios gerenciales privados. La expedición de la Ley General de Educación desató ilusiones sobre las posibilidades de un proyecto cultural y pedagógico y de nueva educación para el país. En ella quedaría consagrado uno de los gérmenes de las políticas neoliberales de hoy: El Proyecto Educativo Institucional, PEI. En contraposición a las visiones democráticas y emancipatorias del PEI como un componente esencial para avanzar en un concepto de autonomía escolar en cuanto proceso de construcción pedagógico-política y cultural, los estrategas neoliberales instrumentalizaron la noción de PEI para consolidar la tesis de la “gerencia educativa” y preparar el terreno para los proyectos posteriores -de la administración Pastrana- del Nuevo Colegio y del Nuevo Sistema Escolar, de marcados
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contenidos neoliberales.
En materia de financiación, los contenidos de la ley 60 de 1993 -en buena medida influidos por el poder sindical de los maestros- garantizaron la financiación de una importante porción de la oferta educativa pública con los recursos del situado fiscal. La ley, no logró detener la presiones “municipalizadoras” que ya se habían expresado en el proceso constituyente y se habían traducido normativamente en la figura de las participaciones municipales crecientes en los ingresos corrientes de la Nación, y sobre todo incorporó criterios de asignación de recursos con base en la demanda (población atendida y por atender). El esquema de financiación de la educación, emanado de la Constitución de 1991 y de la ley 60 de 1993, se basaba en una conjugación de criterios de oferta con criterios de demanda, con claro dominio de lo primeros. El camino hacia la privatización resultaría a la postre mucho más lento que en el del sector de la salud. En éste, con la expedición de la ley 100 de 1993, se abrió paso a la intermediación financiera, se estimuló la expansión del sector privado en la prestación del servicio y se sentaron las bases para la dramática crisis hospitalaria que atraviesa el país desde hace algunos años.
Las políticas del “Salto Social”, incluido el “Salto educativo” fueron comprendidas equivocadamente como el “fin del neoliberalismo”. Se abrió paso la ilusión del neoestructuralismo, que pronto se enterraría con la llamada crisis política que se desató a raíz de la financiación de la campaña del Presidente Samper con dineros del narcotráfico. La debilidad política manifiesta de esa administración le permitió a los maestros lograr incrementos salariales -durante tres años consecutivos- significativamente superiores a los aumentos de los demás servidores públicos. Tales incrementos fueron en todo caso transados a cambio de las demandas por “salario profesional”, que los maestros habían diseñados desde tiempo atrás y que respondían a un concepto más integral, que superaba la visión puramente económica del salario. Durante esta administración se creó -por vía legal- una fuente de financiación adicional de la educación pública, encaminada principalmente a cubrir el déficit que arrastraba el esquema constitucional y de ley 60 de 1993: El Fondo Educativo de Compensación, el cual se convirtió en la práctica en una transferencia complementaria para educación. Al tiempo que se dispusieron mayores recursos y se incrementó significativamente el gasto educativo, se inició ya durante esta administración -de manera paradójica aparentemente- la discusión sobre la racionalización del gasto público en educación y se autorizó la contratación de los créditos multilaterales, que posteriormente culminarían con el diseño del programa del Nuevo Sistema Escolar con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo durante la administración Pastrana. En la administración Samper se conocieron los primeros documentos de Planeación Nacional sobre la financiación del gasto social con recursos de transferencias y se señalaron la inconveniencias del régimen vigente; se publicaron estudios de Fedesarrollo en la Revista Coyuntura Social y se dio a conocer el Informe Final de la Comisión de Racionalización del Gasto Público y de las Finanzas Públicas (1997), en el que ya se anunciaban las transformaciones neoliberales que luego se emprenderían durante la administración Pastrana. La trayectoria neoliberal de la política educativa, desde luego no ha sido ascendente en todo momento, como las políticas neoliberales en general, como es lo propio de cualquier escenificación de la política.
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La noción de política estatal que se le imprime a la política educativa, resulta de la identidad más que parcial de intereses entre los poderes públicos al momento de concretar los propósitos de la política. La década de los noventa, en todas las administraciones presidenciales, se ha caracterizado por una relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, en que éste último ha estado subordinado –con la excepción de sectores minoritarios de parlamentarios- a los dictámenes del primero. Esa relación se ha construido sobre prácticas corruptas, que en todo caso han sido cubiertas con el velo de la legalidad. En particular ha sido muy claro el vínculo entre los apoyos parlamentarios y la disposición de recursos de presupuesto10. El desarrollo de la política neoliberal no ha estado exento de cuestionables prácticas de reproducción del régimen político y de construcción de un sistema lealtades hacia el poder ejecutivo, basado en las consejas y las prebendas.
Tales prácticas, llevadas al escenario territorial, se reprodujeron en las plantas de personal docente y administrativo departamental y municipal, financiadas con recursos propios, y en un desbordado crecimiento del gasto territorial, que aceleró la llamada crisis fiscal del Estado. La política neoliberal se encontró con una situación contradictoria: Al tiempo que demandaba criterios de eficiencia del gasto público, su posibilidad de legitimación descansaba sobre un régimen político regional y local que demandaba el aumento del empleo público para atender favores electorales y reproducción de lealtades hacia los “caciques electorales”. De ahí resultarían toda suerte de formas de contratación, que además de menoscabar derechos de los maestros no vinculados por concurso y a carrera docente, se constituían en un forma de propiciar prácticas privatizadoras.
El esquema hizo crisis. Se inició el ajuste territorial. Se reformó el régimen constitucional y legal de las transferencias y ahora, nuevamente, bajo otras modalidades, se cierne el peligro, con la ley 715 de 2001 de la extensión y generalización de prácticas que antes podían catalogarse de excepcionales. Tratos diferenciados a municipios, instituciones escolares y maestros, según preferencias políticas. No es un secreto que la nueva normatividad en materia de transferencias fue acordada con base en transacciones con la mayoría de alcaldes y gobernadores de todo el país.
El poder judicial, en una lectura de política estatal, ha tenido un papel más bien diferenciado. Más allá de las consideraciones estrictamente jurídicas, es evidente que la configuración concreta de la cortes, en especial de la Corte Constitucional, ha sido un factor de incidencia sobre la orientación de la política educativa. En especial debe mencionarse la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley del Plan de Desarrollo de la administración Pastrana. Empero al respecto, no deben quedar las dudas propias de la “ilusión constitucional”. Recientes fallos de la Corte Constitucional actual en materia salarial11 muestran que, por la vía de la argumentación jurídica, puede asistirse a un
10 Primero, los recursos que se manejaron desde Presidencia en la administración Gaviria; segundo, los recursos de la Red de Solidaridad Social durante la administración Samper; tercero, los recursos del llamado Fondo Interministerial y más recientemente los llamados cupos indicativos para la financiación de proyectos.
11 Me refiero a la controvertida sentencia, con la cual –además de revisarse cosa juzgada- se entró en la lógica del ajuste económico. Ver: . Ver: sentencia de la Corte Constitucional no.C-1064 de 2001.
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reforzamiento de la política macroeconómica neoliberal del ajuste fiscal, la cual como ya se ha dicho sirve de techo a la política educativa de la administración Pastrana.
En suma, se está actualmente frente a una suerte de unanimidad –sin desconocer matices, diferencias, intereses y conflictos transitorios- de los poderes del Estado frente al desarrollo de la política neoliberal.
En el caso de la política educativa de la administración Pastrana debe destacarse la puesta en marcha de dispositivos comunicativos y propagandísticos sin precedentes –sólo comparables con la propaganda militar-, en especial, para sacar adelante el Acto Legislativo 01 de 2001. En ese evento se presentó una verdadera movilización de clase de casi todo el “Estado ampliado”: Los partidos políticos tradicionales, los gremios económicos, los expresidentes de la República, la intelectualidad del establecimiento, los medios de comunicación hablados y escritos, la televisión, todos se movilizaron a una en favor de la aprobación del Acto Legislativo.
Para la implantación de la política educativa, el Estado ha vinculado desde prácticas de concertación hasta medidas definitivamente autoritarias, como el castigo del no pago de salario por día no trabajado, en el caso de los paros del magisterio, y la represión violenta de algunas protestas regionales y locales. Hasta grupos paramilitares terciaron a favor del Estado al impedir el libre ejercicio de la protesta y el paro magisterial en zonas bajo su control.
En el desarrollo de la política neoliberal para el sector educativo -como en otras políticas a lo largo de la última década- ha sido fundamental el papel desempeñado por el derecho; en especial, en el sentido de prefiguración normativa de relaciones sociales a ser escenificadas a futuro en el campo de la educación. También en el sentido de otorgarle a la política el don de la legalidad y, en consecuencia, hacerla aparecer con posterioridad como un mandato precisamente de la ley. La concepción de “orden neoliberal” comprende no sólo el disciplinamiento social por la vía del mercado; involucra igualmente una idea de orden en cuanto “reglas de juego” y normatividad positiva. De eso tratan, justamente, entre otros, las funciones del Estado en una sociedad neoliberal.