INFORME BRIGADA JURÍDICA EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ

 HOMENAJE A LOS 16 AÑOS DE LA MASACRE MONDOÑEDO

(6 y 7 de Septiembre de 1996)

        

“No solamente por motivos nuestros, sino por todos esos jóvenes kennedyanos que fueron masacrados y por nuestros hijos y aquellas nuevas generaciones que nos preguntarán algún día quiénes fueron nuestros amigos y dónde estábamos en esos días tan difíciles”

El pasado sábado 1º de Septiembre de 2012, se llevó a cabo en el Municipio de Sibaté –Cundinamarca, una Brigada Jurídica para los habitantes del Barrio Pablo Neruda, en homenaje a los mártires de la “Masacre de Mondoñedo”.

Asistencia Técnica Jurídica para los Habitantes del Barrio “Pablo Neruda”

 Desde tempranas horas de la mañana, los Brigadistas Uldarico Flórez Peña, José Octavio Vásquez, María Esther Rojas y Carlos Daniel Yepes, prestaron asistencia técnica jurídica a los habitantes de la municipalidad frente a casos laborales, de pensiones, denuncias por inasistencia alimentaria, solicitud por definición de situación militar, peticiones ante entidades prestadoras de servicios públicos y a casos de custodia de menores, entre otras. Esta jornada se realizó durante todo el día culminando con una velada musical ofrecida por el compañero Mario Díaz artista y líder de la comunidad.

Acto Cultural

Por otro lado, se llevó a cabo un acto cultural en el Parque “Ernesto Ché Guevara”, del Barrio Pablo Neruda con la presentación de varios grupos culturales, entre ellos, el grupo de danzas del barrio de los adultos de la tercera edad “Las Alondras”,  el grupo de break dance a cargo de un colectivo de jóvenes del Municipio de Soacha, poesía social a cargo del compañero Alexander Incignares; allí, los miembros de la Brigada fuimos acogidos de manera fraternal por la Junta de Acción Comunal y la población de esa municipalidad.

El Movimiento Nacional Carcelario se hizo presente

Los presos políticos, también se hicieron presentes con una valla del Movimiento Nacional Carcelario y posteriormente una llamada del prisionero de guerra JOSÉ MARBEL ZAMORA PÉREZ, antiguo líder de esta comunidad quien saludó el evento y reivindicó las peticiones que el movimiento viene realizando y que se sintetizan así:

1.       Rebaja del 20% de la pena para todos los prisioneros y prisioneras del país.

2.       Traslado de todos los presos y presas a sus sitios de origen familiar y procesal.

3.       No más extradición de compatriotas.

4.       Reforma a la Ley 65 de 1993 con participación de los presos en igualdad de condiciones.

5.  Alternatividad penal atendiendo las recomendaciones de la ONU para los países denominados tercermunidstas.

Cabe destacar que dentro del acto cultural, hizo presencia una de las víctimas de la Masacre de Mondoñedo, el señor Alfonso Mora, padre del joven Jenner Alfonso Mora, quien con unas emotivas palabras se refirió a los hechos ocurridos el 6 y 7 de septiembre del año 1996, cuando miembros de la Fuerza Pública arremetieron contra la vida de varios jóvenes de manera injusta y desaparecieron, torturaron, asesinaron e incineraron, a Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez, Arquímedes Moreno Moreno, Federico Quezada y Martín Alonso Valdivieso Barrera, para evitar que sus cuerpos fueran reconocidos. Este acto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Sibaté y la Defensa Civil entre otros,  quienes de manera solidaria contribuyeron con transportes y almuerzos.

vitamos a todos nuestros compañeros(as) Brigadistas a que continúen respaldando el trabajo que realiza la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, porque la lucha es la que nos mantiene en firme ante las injusticias sociales.

ULDARICO FLÓREZ PEÑA            MARÍA ESTHER ROJAS ZORRO

                Presidente                                            Secretaria

Bogotá D.C., Septiembre 5 de 2012

INFORME SOBRE ACTIVIDAD REALIZADA EN EL COLEGIO EL JAZMÍN IED, EN EL MARCO DE LA SEMANA POR LA PAZ

El pasado viernes 31 de Agosto de 2012, se llevó a cabo en el aula múltiple del colegio El Jazmín IED, una actividad en el marco de la semana por la paz, en donde la institución educativa organizó el “Día de la solidaridad Jazminiana” con el propósito de enseñar a los estudiantes el valor de la vida y la importancia del respeto por los Derechos Humanos.

En ese orden de ideas, mediante invitación extendida por la Rectora de la institución MARÍA MERCEDES BELTRÁN PABÓN, la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, se hizo presente para compartir con los estudiantes un relato acerca del trabajo como Defensores de Derechos Humanos en favor de todas esas personas que los jóvenes estudiantes no conocen pero que hacen parte de la misma sociedad.

También estuvieron presentes varios delegados de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, entre ellos un representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) quien se refirió ampliamente al papel que desarrolla esta organización sindical y las denuncias que han venido realizando ante los organismos nacionales e internacionales frente a la grave violación de los derechos de la clase trabajadora, al igual hizo énfasis en la situación de los presos prisioneros políticos y la actual crisis carcelaria que viven en las diferentes cárceles del país.

También se hizo presente  el delegado de la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la reconciliación y la Paz de la Alcaldía Mayor de Bogotá, señor RENÉ RAMOS BAENA, quien hizo un llamado a los estudiantes a seguir fortaleciendo valores de solidaridad por aquellas personas que se encuentran en difíciles condiciones dentro de las cárceles y también fuera de ellas.

Nos acompañó al evento el egresado y también docente de la Universidad Nacional de Colombia FREDY JULIAN CORTÉS URQUIJO para compartir su historia de vida y su publicación literaria “TE CUENTO DESDE LA PRISIÓN”, texto en el que narra las vivencias que tuvo que sobrellevar en la cárcel de manera injusta durante tres años por montajes judiciales o lo que denominamos falsos positivos,  situación que lo convirtió en un prisionero político y de conciencia pero que jamás le impidió desbordar su imaginación para darnos una lección de vida sobre el hecho de que pensar diferente no es delito y que desde la escuela  y la prisión se pueden generar procesos de transformación social.

Seguidamente, hizo su intervención un delegado de la Secretaría de Gobierno, quien hizo un pequeño ejercicio a los estudiantes con preguntas de reflexión frente  a las actitudes que tenemos los seres humanos con respecto a la vulneración de derechos.

En  representación de la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, estuvieron presentes por un lado, la Licenciada en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos y Brigadista MARÍA ESTHER ROJAS quien hizo un breve relato del trabajo que realiza nuestra fundación con respecto a la defensa técnica y la difusión, promoción y divulgación de los Derechos Humanos, a través de los mecanismos de protección en las diferentes cárceles del país,  al igual, el trabajo de sensibilización que se realiza en los colegios, barrios y asociaciones en general. También compartió con los estudiantes su experiencia pedagógica realizada junto a los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Picota” de Bogotá D.C. con el proyecto de Educación en Derechos Humanos para la Convivencia y la Paz, desde la práctica realizada en la Universidad Pedagógica Nacional. Por otro lado,  el Presidente de la fundación, el Dr. Uldarico Flórez Peña,  dio a conocer el trabajo que se  realiza en conjunto con  varias organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y los presos políticos de diferentes establecimientos penitenciarios del país a través de “El Movimiento Social Carcelario”,  en el que se pretenden reivindicar por medio de algunas peticiones muchos de los derechos que han sido vulnerados por las mismas instituciones del Estado, entre ellos:

1.    Rebaja del 20% de la pena para todos los prisioneros y prisioneras del país.

2.    Traslado de todos los presos y presas a sus sitios de origen familiar y procesal.

3.    No más extradición de compatriotas.

4.    Reforma a la Ley 65 de 1993 con participación de los presos en igualdad de condiciones.

5.    Alternatividad penal atendiendo las recomendaciones de la ONU para países denominados tercermundistas.

Finalmente, los estudiantes en un acto de solidaridad hicieron una campaña al interior de la institución mediante la entrega de algunos artículos de aseo y uso personal para las prisioneras políticas de la Reclusión de Mujeres “El Buen Pastor” de Bogotá, los cuales fueron inventariados y entregados a nuestra fundación para continuar con esta campaña en próximos eventos y sea entregada oportunamente a sus destinatarias.

Por último, manifestamos nuestro agradecimiento al compañero JOSÉ OCTAVIO VÁSQUEZ, docente de la institución educativa El Jazmín IED, y Brigadista de nuestra fundación quien ha puesto todo su empeño en fortalecer los procesos educativos en materia de los Derechos Humanos para que los jóvenes estudiantes tengan una mirada diferente a lo que el establecimiento quiere imponer frente a la realidad social de nuestro país.

Invitamos a todos nuestros compañeros(as) Brigadistas a que continúen respaldando el trabajo que realiza la Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, porque la lucha es la que nos mantiene en firme ante las injusticias sociales.

Atentamente,

ULDARICO FLÓREZ PEÑA                          MARÍA ESTHER ROJAS Z.

            Presidente                                                         Secretaria

                                              JUNTA DIRECTIVA

VISITA HUMANITARIA AL VOCERO NACIONAL  TULIO MURILLO AVILA DEL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO

La Brigada Jurídica, se permite informar a  la opinión publica nacional e internacional de DDHH, que el día de hoy miércoles 29 de agosto de 2012, realizo una visita humanitaria al vocero nacional TULIO MURILLO AVILA, del Movimiento Nacional Carcelario- MNC-; la cual se desarrollo en el complejo carcelario y penitenciario de Picaleña, en la ciudad de Ibagué- Tolima.

En primer lugar nos manifestó un saludo para toda la población reclusa, que de una manera valiente sigue desarrollando la Jornada Nacional de Protesta pacifica carcelaria, en buena parte de los establecimiento carcelarios y penitenciarios del País.

En segundo término solicita a las autoridades del INPEC, estudiar la posibilidad de su traslado a la Penitenciaria central de Colombia, La Picota, ubicada en la ciudad de  Bogotá, a fin poder llevar a cabo la instalación de una Mesa Nacional de Concertación, que le de cumplimiento a las diversas iniciativas que salieron del pasado debate de Control Político realizado en La Cámara de Representantes del Congreso de la República, los cuales se sintetizan en:

1. Declarar la Emergencia Social y Humanitaria en las Cárceles de Colombia
2. Regionalización de los prisioneros – Acercamiento familiar.
3. Rebaja del 20% de la pena, otorgamiento de subrogados penales y  beneficios          administrativos.
4. Solución a los problemas de salud, salubridad y hacinamiento.
5. No a la extradición.

En tercer punto se hace un Urgente llamado a las autoridades de control,  en especial al Ministerio Publico, para que investiguen las graves violaciones a los DDHH de las personas privadas de la libertad, que se viene presentado como represalia por parte de la Guardia del INPEC, en la mayoría de las cárceles contra los lideres y miembros de los        comités de DDHH. Pues al parecer manifestó el vocero nacional se viene preparando una arremetida del CRI, CORES, (comandos de reacción inmediata) con la ayuda del ESMAD, en todas las cárceles del país:

En cuarto punto hacen un llamado a la señora Ministra de Justicia y del Derecho Dra. RUTH ESTELLA CORREA, para que les facilite el documento sobre Política Criminal, con el fin de poder participar en el debate y aportes al mismo , desde una perspectiva de la criminología critica que examine el origen de la criminalidad, control social, identificar y  analizar al margen de las definiciones legales las conductas socialmente dañinas  o negativas y que analice  los procesos de criminalización  y los comportamientos socialmente dañinos a través de elaboración e implementación  de una política criminal    alternativa          al      sistema     penal.

Agosto       29     de     2012.

RECONOCIMIENTO A UNA DEFENSORA DE DDHH

RECONOCIMIENTO PÚBLICO A GLORIA CUARTAS A PROPÓSITO DE CONDENA DEL GENERAL RITO ALEJO DEL RÍO

 

Por: Dídima Rico Chavarro

Docente Universitaria en Derecho Penal y Derechos Humanos.

Miembro del Colectivo otra Colombia es Posible 

 

Durante más de diez años escuche decir a Gloria Cuartas, que no descansaría en su tesón y en su denuncia hasta que se hiciera justicia y el general Rito Alejo, fuera condenado por su responsabilidad en los crímenes, masacres y grandes violaciones de derechos humanos en Apartado, ocurridos entre 1995 y 1997, hoy ese día ha llegado.

 

Ella nunca dejo de acudir a los estrados judiciales a pesar de la intimidación y el temor que le infundían a través de amenazas, para debilitarla y para que su testimonio clave en ese proceso contra el general, no fuera tenido en cuenta y fuera desacreditado.

 

Siempre me ha sorprendido el coraje y la constancia con que ha denunciado estos hechos y exigido responsabilidad, sola y sin ningún tipo de apoyo o protección y aún a costa de todo riesgo contra su vida.

 

Gloria ha  denunciado permanente al general Rito Alejo del Río, en este caso rindió su declaración junto con el testimonio del coronel Carlos Alfonso Velázquez, los cuales fueron decisivos para que hoy una juez valiente lo haya declarado responsable del atroz asesinato de Marino López en el Cacarica.

 

 En más de una ocasión le pregunte a Gloria Cuartas, porqué viviendo en un país sin memoria histórica, acomodado, consolidado el fascismo social y con una democracia militar, ella insistía y clamaba tanto que se hiciera justicia en este caso.

 

A esa pregunta la Exalcaldesa de Apartadó, siempre me ha contestado: “cuando se ha sido testigo de tanta inhumanidad, de tanta vejación, de tanta crueldad y de tanta expoliación de nuestros recursos naturales y humanos, una testigo, como yo,-que ha visto rodar por el suelo cabezas y cuerpos de niños, mujeres y hombres, cuerpos desmembrados y martirizados, y que ha sobrevivido ante el poder de los victimarios-, no puede tener otro sentido en la vida que vivir para dar testimonio, (como decía Giorgio Agambén).

 

Mi deber, me contesta, es contribuir con un granito de arena, a que estos hechos infames, al menos sean conocidos por las generaciones futuras y no se queden en la total impunidad. Además es una manera de contribuir a la paz, una manera de evidenciar que la guerra, no es una buena manera de implantar por la fuerza a sangre y fuego, los modelos económicos de desarrollo como se hizo en esa región.

 

Por tanto, decía ella el día que condenen por lo menos al General Rito Alejo del Rió, no se que haré, porque sentiré que mi lucha no ha sido en vano, que la memoria de las víctimas y de la UP y sus familiares, podrán tener un momento de sosiego y de justicia.

 

El testimonio de Gloria Cuartas, tachado hace varios años, como el de una mujer loca, por levantar en su soledad de alcaldesa, exacaldesa y defensora de derechos su voz para denunciar la alianza paramilitar en el Uraba Antiqueño, en las múltiples masacres y violaciones a derechos humanos bajo el mando del General Rito Alejo de Río comandante de la XVII Brigada Militar y del Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, en alianza con el paramiltarismo en esa región, hoy rinde sus frutos.

 

 Las víctimas de tantos crímenes con esta condena hoy pueden empezar a respirar porque confiamos en que tu trabajo continuará junto al padre Javier Giraldo y  Jorge Molano el abogado que te ha acompañado en la responsabilidad que asumiste como actora popular y como parte civil  en la Fiscalía 62 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

 

Aún faltan muchos crímenes y otros responsables en la cadena de mando  por hacerse justicia, entre ellos Álvaro Uribe, los empresarios y otros políticos y  quienes  vociferan de tu nombre como Fernando Londoño, en el editorial de la Voz de la Verdad de Radio Super, el 27 de  agosto de 2012.

 

Reconocimiento necesario a tu lucha. Aunque los medios de comunicación lo callen, el testimonio de Gloria Cuartas fue fundamental en la condena de responsabilidad penal contra general Rito Alejo del Río, sus denuncias y su lucha por la justicia, no han quedado en la oscuridad, aunque éste es sólo uno de los tanto responsables en la cadena de mando… por eso querida Gloria con el corazón hoy rindo homenaje a tu coraje, a tu constancia y a tu palabra, sólo puedo decirte, gracias, porque tu voz ha tenido eco y un granito de justicia parece hacerse realidad.

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL DR. MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN EN

INTERVENCIÓN DEL DR. MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN EN

UCU'S ANNUAL CONGRESS 2012

(CONGRESO ANUAL DEL SINDICATO DE PROFESORES BRITÁNICOS 2012)

Ante todo quiero hacer llegar un cálido y Fraterno a mis colegas Sally Hunt, secretaria general de University and College Union (UCU); a Terry Hoad, Presidente UCU; a los integrantes de la mesa que presiden esta reunión; a las representantes de Justicia por Colombia y a todos los presentes. Hace exactamente un año que recobré mi libertad, y para mi resulta muy emocionante, compartir con Ustedes este espacio y poder expresarles personalmente mis agradecimientos por toda el apoyo moral y material que me brindaron durante este largo proceso. La intensa labor de solidaridad que Ustedes desarrollaron, sus cartas, sus mensajes, sus palabras de fuerza, su acompañamiento internacional han sido decisivos para retornar nuevamente a la libertad.

Los gobernantes colombianos se ufanan de contar con uno de los países de más larga estabilidad democrática en el continente. Mientras en los últimos cien años, países como Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia, padecieron cruentas dictaduras, Colombia vivió, hace más de medio siglo un golpe militar que en su momento fue calificado de “golpe de opinión” y desde entonces se ha celebrado ininterrumpidamente elecciones, contando desde 1991 con una nueva Constitución Política que consagró una serie de mecanismos para la protección de los Derechos Humanos y la participación popular; el reconocimiento de los derechos culturales y territoriales a las minorías étnicas y el promocionado impulso a procesos de negociación con movimientos armados, que han concluido en su desmovilización, permitiendo que algunos de sus dirigentes hoy día hagan parte del aparato estatal.

Pero detrás de esta ficción democrática se esconde una cruda realidad: el estado colombiano cuenta con uno de los ejércitos que recibe mayor ayuda de los Estados Unidos en el mundo y que han sido los responsables del asesinato de miles de compatriotas; La ONU reconoce cerca de sesenta mil desaparecidos en el país; mientras que la cifra de desplazados por los grupos paramilitares –en connivencia con el Estado- supera los cinco millones de personas. Desde la creación de la Central Unitarias de Trabajadores CUT, en 1986, han sido asesinados cerca de tres mil sindicalistas. Las organizaciones de Derechos Humanos han puesto de presentes que el 60% de sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. Todo esto como parte de una estrategia de terrorismo de Estado que criminaliza cualquier expresión de oposición política y social, y que persigue el pensamiento crítico.

Y es que desde hace más de cincuenta años Colombia vive un agudo conflicto interno que tiene profundas raíces políticas y sociales, en un país de 47 millones de habitantes, donde veinte millones están por debajo de la línea de pobreza y siete millones de ellas viven en la absoluta miseria; donde menos del uno por ciento de propietarios concentra más del sesenta por ciento de las tierras productivas del país. Pero esta realidad ha sido ocultada sistemáticamente por los gobiernos de turno y los medios oficiales de comunicación. Particularmente durante el gobierno del ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, se prohibió por directriz presidencial hablar de que Colombia existía un conflicto armado y social, con la falacia que estábamos viviendo una supuesta “amenaza terrorista” por parte de grupos armados ilegales. Aquellos que, desde la academia, los movimientos sociales, o la oposición política tratamos de desnudar esa mentira, fuimos señalados de ser amigos del terrorismo.

Soy profesor universitario y miembro de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, una organización sindical con una larga tradición de lucha, que durante décadas ha defendido la universidad pública, la libertad de cátedra y los intereses de sus agremiados. En el 2008 me encontraba desarrollando una estancia posdoctoral en México, invitado por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando fui secuestrado por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), y en un operativo conjunto con los organismos de inteligencia del Estado Colombiano, trasladado a Bogotá, y presentado ante la opinión Pública como un importante jefe guerrillero. Al día siguiente de mi detención el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, violando mi derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia me señaló de ser un peligroso terrorista internacional.

Después de un largo proceso colmado de irregularidades donde se legalizó una captura que fue a todas luces arbitraria; donde se utilizaron pruebas ilícitas e ilegales como los supuestos computadores del extinto jefe guerrillero Raúl Reyes; donde se tomaron escritos académicos míos que circulaban en revistas nacionales e internacionales como supuestas pruebas de militancia en la guerrilla; donde se me negaron derechos fundamentales- fui absuelto de los cargos de “rebelión” y “concierto para delinquir” que me habían imputado la Fiscalía. Al final quedo claro que se había tratado de un montaje judicial para silenciarme y amedrentar a aquellos que se atrevían a cuestionar las verdades oficiales del estado colombiano.

Durante los dos años que se prolongó el juicio, no se me reconoció mi condición de empleado público y se me mantuvo en un Pabellón de alta seguridad, mezclado con peligrosos narcotraficantes, paramilitares, delincuentes sociales y guerrilleros. No fui el único, bajo la mal llamada “Política de Seguridad Democrática”, numerosos académicos críticos, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política y social, judicializados por su pensamiento crítico. Es el caso de la socióloga Liliany Patricia Obando y el profesor William Javier Díaz. En algunos casos, como el del colega y, también profesor de la Universidad Nacional Fredy Julián Cortés fueron presionados para que se declararan culpables de un delito que jamás cometieron, bajo un perverso sistema penal acusatorio que premia y propicia la autoincriminación.

La situación bajo la presidencia de Juan Manuel Santos no ha cambiado significativamente. El gobierno dice que ha descendido la cifra de sindicalistas muertos, pero esto no es cierto, Desde su posesión, el 7 de agosto de 2010, han sido asesinados 61 sindicalistas, lo que sucede es que oficialmente se quieren presentar estos crímenes como obra de la delincuencia social o se pretenden atribuir a hechos ajenos al conflicto. Es una manera de desinformar a la opinión pública nacional e internacional. La persecución contra la oposición no ha continuado. Recientemente, el Profesor Omar Alfonso Cómbita, miembro de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y Jorge Eliécer Gaitán, miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), junto con cinco colegas más que participaron activamente en la movilización contra la reforma a la ley de educación superior fueron judicializados, sindicados de ser apoyos de la guerrilla. Otros han sido objeto de acoso laboral y expulsados de sus universidades, como el profesor Robert Ferrel Ortega, miembro activo de la Asociación Sindical de Profesores (ASPU); o estigmatizados y amenazados como el colega de la Universidad Pedagógica Nacional y reconocido intelectual Renán Vega Cantor. Es una manera de silenciar la legítima lucha contra los proyectos de privatización de la educación en Colombia y acallar el pensamiento crítico.

El gobierno de Santos dice que en Colombia no hay presos políticos. Yo puedo dar testimonio de que no es así. En las más de ciento cincuenta cárceles colombianas no sólo hay más de nueve mil prisioneros y prisioneras políticas, sino que éstos se encuentran en condiciones inhumanas que

violan las normas básicas, consagrados por el derecho internacional, para el tratamiento de personas privadas de la libertad. El hacinamiento, la falta de atención médica, la precaria alimentación, la violación al debido proceso, el maltrato y la tortura hacen parte de esta dura realidad que el Estado colombiano trata de ocultar y por eso su recurrente negativa a permitir que delegaciones internacionales hagan presencia allí.

En mi caso, tuve la fortuna de contar con una importante cadena de solidaridad nacional e internacional; el decidido compromiso de Justicia por Colombia y el Sindicato de Educadores Británicos (UCU) cuyos delegados hacen presencia aquí, fue un factor fundamental para que se hiciera justicia en mi situación. Por eso quisiera aprovechar la oportunidad para expresarles mi sentimiento de gratitud, pero al mismo tiempo, decirles que lamentablemente en los centros de reclusión del país permanecen miles de prisioneros políticos que requieren de ese apoyo para que se les garantice su integridad física y psicológica, se les garantice el debido proceso y puedan volver a la libertad.

Lo anterior me lleva a insistir en la necesidad de aunar voluntades en búsqueda de una salida política y dialogada al conflicto armado y social colombiano. Este es un anhelo de nuestro pueblo que está cansado de una guerra que ha tenido que llevar sobre sus hombros; La guerrilla de las FARC ha expresado en sus comunicados que quiere la paz y ha hecho gestos en tal sentido. El presidente Santos en sus discursos habla reiteradamente de paz, pero sus acciones van en contravía a ella. Justicia por Colombia, Colombianos y Colombianas por la Paz, la Marcha Patriótica y otras organizaciones políticas y sociales han hecho suya la bandera de una salida política al conflicto colombiano. Yo los invito a que unan sus voces a estos esfuerzos.

Colombia clama por una paz con justicia social, donde el niño pueda ir a la escuela y el camino de las armas no sea su única opción; donde el sindicalista pueda ejercer su actividad sin el temor de ser asesinado; donde el campesino pueda recuperar la tierra que le fue arrebatada violentamente; donde los sectores populares tengan acceso a la educación, la salud y el trabajo; donde el pensamiento crítico pueda circular libremente. Otros pueblos de América Latina nos han demostrado que esto es posible, y estamos seguros que así será porque nos anima la convicción y la esperanza de que Otra Colombia es Posible.

Muchas Gracias

Miguel Ángel Beltrán Villegas

Profesor Universidad Nacional de Colombia

Ex preso político colombiano

DECLARACIÓN DE APOYO AL DR. BELTRÁN VILLEGAS

DECLARACIÓN DE APOYO AL DR. BELTRÁN VILLEGAS

https://www.caut.ca/pages.asp?page=1096

La Asociación Canadiense de Profesores Universitarios, que representa más de 68,000 profesores y personal de universidades y colegios en Canadá, está profundamente preocupada por la seguridad y bienestar del Dr. Miguel Ángel Beltrán.

El Dr. Beltrán ha enfrentado persecución y hostigamiento de parte de las autoridades en Colombia como resultado de su trabajo académico. Desde 2009 a 2011 fue detenido y encarcelado en base de acusaciones falsas, de las cuales fue exonerado después. La CAUT fue una de las muchas organizaciones internacionales que prestó su voz para la campaña internacional para presionar a las autoridades colombianas a que liberaran al Dr. Beltrán.

Después de ser liberado de la cárcel, sin embargo, el Dr. Beltrán ha seguido enfrentando amenazas de muerte, falsas acusaciones y procesos disciplinarios sin fundamento. Las autoridades colombianas negaron su solicitud de protección. Preocupado por su seguridad, el Dr. Beltrán fue obligado a huirse del país en una comisión de estudios de la Universidad Nacional en Bogotá.

Dado los graves peligros que el Dr. Beltrán enfrentaría al volver a Colombia en este momento, la CAUT ha instado a la administración universitaria a que prorrogue su comisión de estudios. Desafortunadamente, sabemos que la Universidad recientemente ha negado su solicitud de prórroga.

Las universidades tienen una obligación y responsabilidad absoluta a defender la libertad académica y a garantizar la seguridad de su personal. En consideración de los riesgos graves y innegables que Beltrán enfrentaría en el caso de volver a Colombia, instamos a la Universidad Nacional a que reconsidere su decisión desacertada de negar la solicitud de prorrogar la comisión.

La CAUT seguirá siguiendo de cerca el desarrollo de este caso. Aseguraremos que nuestros miembros y la comunidad académica internacional estén conscientes de esta situación muy grave que enfrenta nuestro colega.

Atentamente,

Wayne D. Peters Presidente

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012

Declaración de solidaridad con el Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas

La CONADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina, expresa su más severa preocupación por la situación que enfrenta el Dr. Miguel Ángel Beltrán Villegas y se solidariza con él en representación de los docentes universitarios de la Argentina.

El Estado colombiano lleva adelante una política persecutoria contra el Dr. Beltrán Villegas debido a su actividad académica y sindical, que encuentra como repudiable antecedente su detención irregular y posterior encarcelamiento en 2009. Procesado en base a acusaciones falsas, tras dos años de encarcelamiento, el Dr. Beltrán fue finalmente liberado por falta de pruebas.

Pese a haberse demostrado que la acusación por los cargos de “rebelión” y “concierto para delinquir” carecía absolutamente de sustento, una vez en libertad, el académico siguió siendo hostigado y comenzó a sufrir amenazas de muerte, por lo que pidió a las autoridades colombianas protección, sin obtener resultados, obligándolo a salir del país.

Hoy, la Universidad Nacional de Colombia le ha negado al Dr. Beltrán Villegas una prórroga para continuar desarrollando sus estudios posdoctorales afuera del país, por lo que debería retornar al mismo poniendo en peligro su vida.

Entendemos que las autoridades universitarias no pueden desentenderse de esta situación, dado que es su deber garantizar la libertad académica y el desarrollo del pensamiento crítico. Esperamos que los cuerpos colegiados de la Universidad Nacional de Colombia atiendan al requerimiento humanitario de no imponer al Dr. Beltrán exigencias que suponen, en las actuales condiciones, un riesgo cierto para su persona y un condicionamiento severo a su actividad, y que demuestren, al mismo tiempo, un compromiso efectivo con las libertades democráticas.

Es por ello que los docentes universitarios argentinos, junto a la comunidad académica internacional, nos solidarizamos con el Dr. Beltrán Villegas y llamamos a la Universidad Nacional de Colombia a contemplar esta situación, permitiendo a nuestro colega proseguir con su trabajo académico preservando su integridad física.

Carlos DE FEO

Secretario General – CONADU

CUANDO EL OFICIO DE PERIODISTA

CUANDO EL OFICIO DE PERIODISTA

SUPLANTA LA FISCALÍA:

Miguel Ángel Beltrán Villegas

Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia

Ex Preso Político

La semana pasada, en México, el movimiento interuniversitario #YoSoy132, y otras organizaciones sociales, adelantaron un mitin pacífico alrededor de la sede de Televisa Chapultepec en rechazo a lo que consideran “la manipulación mediática que la cadena realiza cotidianamente y en especial en el pasado proceso electoral y por el papel que ha jugado dicha empresa por la imposición del candidato Enrique Peña Nieto”. En su pronunciamiento, los organizadores del movimiento hicieron un recuento de las históricas alianzas del PRI con la televisora, al tiempo que señalaron cómo esta empresa de televisión es "la cara más visible de la oligarquía que gobierna este país; de poderes fácticos que imponen y quitan gobernantes, y producen y difunden de manera manipulada la información" (La Jornada 26 de julio 2012).

Colombia: ¿Periodistas o Tribunales de la Inquisición?

No es difícil establecer las analogías de Televisa con el papel que han cumplido en Colombia medios informativos como El Tiempo, Caracol y RCN; baste analizar el reciente manejo que se dio a las protestas en el departamento del Cauca, cuyo objetivo -como lo advirtiera claramente la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en una carta dirigida al máximo jefe de las FARC- no es declararle la guerra ni a la guerrilla ni al Estado, “Por eso nuestra Minga se hace cuidando siempre a la comunidad, y cuidándonos siempre de no darle ventaja militar a ninguno de los actores armados como ordena el Derecho Internacional Humanitario. No vamos a agredir a nadie, pero utilizaremos la fuerza de nuestra comunidad reunida, de nuestra palabra y de nuestros derechos para recuperar nuestros territorios” (ACIN, julio 16 de 2012). No obstante, estas reiteradas declaraciones, la atención de los medios oficiales de comunicación se centró en destacar lo que calificaron como “violencia indígena contra el ejército”.

Cuando en el ejercicio constitucional de la libertad de opinión se presentan perspectivas críticas, como las expresadas por la senadora Piedad Córdoba en Miranda (Cauca), donde denuncia la instalación de bases militares del ejército, la siembra de minas quiebrapatas, y los costos económicos y humanos de esta guerra, inmediatamente viene el señalamiento y la estigmatización, ya no digamos de funcionarios como el procurador general o el Ministro de Defensa cuya labor inquisitorial esta puesta fuera de duda, sino de periodistas que se autoproclaman “independientes” pero que han convertido sus columnas en verdaderos espacios para adelantar una “santa cruzada” contra aquellos que se atreven a pensar diferente.

Periodistas como Salud Hernández, cumplen cabalmente ese papel. No es la única por supuesto, pero sí una de las puntas de lanza. Su tarea es traducir al lenguaje periodístico los escritos acusatorios de la Fiscalía (particularmente los formulados por la unidad antiterrorismo) o, peor aún, hacer eco de información ficticia sobre investigaciones judiciales actuales con base en información recaudada por los servicios de inteligencia que, en Colombia, ya sabemos cómo actúan a la hora de armar los “montajes judiciales” o los mal llamados “falsos positivos”.

A propósito de La Marcha Patriótica y la Unión Patriótica: Un poco de historia

En su reciente artículo titulado “Teodora y sus amigos”, la mencionada columnista arremete contra la “Marcha Patriótica” según ella “Financiada e impulsada por las FARC”. Agrega además que el Frente 27, de esta organización “pagó bus, alimentación y dormida de los campesinos que reclutaron de las veredas de Vistahermosa (Meta) y Santo Domingo, que ellos controlan” (El Tiempo Julio 29 de 2012). Una acusación que en nada se aparta de los argumentos que desde los tiempos de la “guerra Fría” ha utilizado el stablishment colombiano para perseguir y aniquilar la oposición política y social en el país.

En la época de la violencia bipartidista, los gobiernos conservadores acusaban a las directivas del partido liberal de apoyar y respaldar a Eliseo Velásquez, en ese momento máximo jefe de las guerrillas del Llano, cuando abogaban “por una política de paz y concordia para el país”. Luego que liberales y conservadores limaron sus diferencias y se aliaron en el pacto del Frente Nacional (1957), los promotores de este acuerdo bipartidista señalaron al disidente Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) de estar infiltrado por la guerrilla, al contar en sus filas con excombatientes como Juan de la Cruz Varela, Rafael Rangel, entre otros.

Lo mismo se dijo en su momento del movimiento Unión Patriótica (UP), sobre el cual, cabe aclarar, que en sus orígenes constituyó una propuesta política amplia producto de los acuerdos de “Cese al Fuego, Tregua y Paz” firmados en 1984 por el gobierno del presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. Esta última retornó a la lucha armada, luego que el presidente Virgilio Barco (1986-1990) declarara rota la tregua. Las reformas económicas, políticas y sociales con las cuales se comprometió el gobierno jamás se hicieron efectivas y, en cambio, si fueron asesinados más de cinco mil integrantes, entre candidatos presidenciales, parlamentarios, concejales, alcaldes y militantes de base.

Muchas de las muertes de los integrantes de la Unión Patriótica se justificaron argumentando su supuesto “proselitismo armado”. Una expresión que se escuchó por primera vez en Puerto Boyacá, en labios del político liberal Pablo Emilio Guarín, uno de los responsables de la desaparición forzada de los líderes populares Miguel Ángel Díaz y Faustino López y cuyo busto construido en esta población es un verdadero monumento al “Terrorismo de Estado”.

Para nadie es un secreto que fue precisamente en esa región donde se inició el "Plan Piloto" del paramilitarismo –con la activa participación de las FF.AA. así como mercenarios israelitas y británicos- experimento que pronto se extendió a otras regiones del país. Numerosas páginas editoriales hicieron ecos de estas afirmaciones mientras silenciaron, ese sí proselitismo armado, que adelantaron sectores políticos nacionales y regionales, gremios de la producción, terratenientes, núcleos de narcotraficantes a través de los grupos paramilitares. Veinticinco años después, todavía está por evaluarse la contribución de los medios de comunicación en la ambientación del clima político que hizo posible el genocidio de la Unión Patriótica.

A quienes ven en la “Marcha Patriótica” la infiltración de la guerrilla y orientan sus baterías contra esta nueva organización que ha asumido su compromiso con una salida política al conflicto armado y social, vale la pena recordar las reflexiones del periodista Enrique Santos, hace ya un cuarto de siglo en su columna “Contraescape” cuando refiriéndose a la naciente Unión Patriótica escribía: “Sería grave que los seguidores de la Unión Patriótica comenzaran a ser perseguidos o asesinados. Si tal situación se generaliza, no cabría duda de que existe una provocación en grande escala contra la paz. Significaría la prueba última –palmaria y definitiva- de que poderosas y bien armadas fuerzas están dispuestas a impedir a cualquier precio que la política de pacificación tenga éxito alguno. No dejar que la experiencia de la UP se desarrolle, agredirla y hostilizarla, sería darles toda la razón al M-19 y demás grupos armados que han renunciado a la paz, o que nunca creyeron en ella” (El Tiempo, 14 de julio de 1985)

De los estrados Judiciales a la Prensa Oficialista

El Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales señala como uno de los deberes del periodista buscar la verdad y ofrecer “un recuento justo y completo de hechos y temas” y especifica como parte de sus labores “Comprobar la exactitud de la información de todas las fuentes y cuidarse del error. La distorsión deliberada es inadmisible; buscar activamente a los protagonistas de la noticia para darles la oportunidad de responder a alegaciones de conducta impropia; identificar sus fuentes siempre que sea factible. El público tiene derecho a toda la información posible sobre la confiabilidad de las fuentes”.

Pedir a Salud Hernández que sus columnas se ajusten a estos cánones, es pedirle peras al olmo. Su trayectoria periodística no admite otro camino: sus relaciones con el jefe paramilitar Carlos Castaño (El Espectador septiembre 14 de 2011), así como sus aliados en la Fiscalía, le dan la confianza necesaria para afirmar con arrogancia que no piensa rectificar una coma. Seguramente cree que al identificarse con las políticas oficiales (y recordemos que el paramilitarismo ha sido una política oficial) no viola ningún código de ética, no digamos al desconocer la “presunción de inocencia” –consagrado constitucionalmente- sino al irse en contra de decisiones judiciales producto de largos juicios donde en contadas ocasiones priman las garantías procesales para los imputados.

Los temerarios señalamientos que hace la periodista contra el sindicalista de Fensuagro Efraín Mendoza y el sobreviviente al genocidio de la Unión Patriótica Ricardo Toscano, absueltos por un juez de la República -tras evaluar los testimonios del Ente acusatorio y la defensa técnica, y analizar las evidencias físicas y elementos materiales- es una prueba más que la Fiscalía pretende posicionar en la opinión pública lo que no ha podido demostrar en los estrados judiciales. Y para ello recurre a la pluma de periodistas que –pagos o no por el gobierno- su propósito es difundir y promocionar la política contrainsurgente que hace más de medio siglo viene aplicando el Estado Colombiano contra la oposición y el movimiento social.

Los medios de Comunicación deben rectificar una vez queden en firme las decisiones de jueces y fiscales. La ética periodística no es un asunto discrecional, recordemos que a finales del 2006 varios periodistas del Nuevo Herald -el diario español de mayor circulación en el estado de Florida- fueron despedidos luego que se comprobara que recibían dineros del Gobierno Federal por respaldar su política en contra de Cuba. ¿Dónde están en Colombia los organismos encargados de regular la actividad periodística cuando hay claras faltas a la ética profesional?

Los estrechos vínculos de los medios de comunicación con los poderes económicos y políticos hacen prácticamente imposible este cometido, más aún cuando se trata de una clase gobernante que estigmatiza a las víctimas y construye bustos a los victimarios; que deja en la impunidad a los falsos testigos e investiga a los jueces que obran en derecho; en fin, que aplaude a los que desde sus columnas periodísticas vulneran los derechos constitucionales y judicializa a quienes expresan un pensamiento crítico.

DESDE AFUERA

Artículo en DESDE AFUERA:

CONTEXTO:

En los primeros días del mes de abril de 2012 la Comisión de Mujeres Internacionales por la Paz, integrada entre otras por la ex premio nobel de Paz Rigoberta Menchu (Guatemala), Xiomara Castro de Zelaya (Honduras), la diputada Nidia Díaz (Salvador), Mirta Acuna de Baravalle, abuela de la Plaza de Mayo (Argentina) y otras destacadas mujeres de Brasil, País Vasco, etc., fueron convocadas por la ex senadora Piedad Córdoba y el Grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz.

El motivo de la convocatoria, participar en dos tareas de gran importancia para allanar caminos de paz en nuestro país: 1. Recibir a los últimos 10 miembros del ejercito y policía que en condición de prisioneros de guerra se encontraban en manos de las FARC. 2. Realizar una visita de verificación a las cárceles y penales colombianos, esto como parte de la iniciativa de constituir una Comisión Internacional de Verificación de la existencia de prisioneras y prisioneros políticos (de conciencia y de guerra), así como de la situación general de los Derechos Humanos en las mismas. Tanto para una como para otra intención el gobierno Santos había dado su consentimiento.

La primera tarea se realizo, no sin tensiones, pero al final exitosamente. Pero como se veía venir, una vez culminada esta tarea, el gobierno en un acto de incumplimiento de la palabra empeñada no permitió que esta comisión pudiera visitar las cárceles y penales colombianos dejando una gran frustración en el ambiente.

El día 4 de abril de 2012 el Grupo de Mujeres Internacionales por la Paz y el Grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz con la participación de la ex Senadora Piedad Córdoba, y los parlamentarios Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda Vargas y Hernando Hernández, convocaron a una rueda de prensa para dar a conocer públicamente su gestión a través de dos misivas, la una dirigida al gobierno colombiano y la otra a la guerrilla de las FARC (ver cartas); en una tercer misiva leída por la ex prisionera política Liliany Obando, sin pretensiones de adoptar ninguna vocería, se trato de recoger el sentir de los Prisioneras y Prisioneros Políticos sobre los objetivos que habían convocado al Grupo de Mujeres Internacionales por la Paz, y que días antes los colectivos de Prisioneras y Prisioneros Políticos habían difundido en un comunicado (ver comunicado). Esta tercer misiva le costó una vez mas el señalamiento por parte de la prensa oficial a la ex prisionera política que publico su fotografía con un subtitulo que la señala como “vocera de guerrilleros presos”, (ver articulo de El Tiempo, abril 4 de 2012).

Para conocimiento de todos los colectivos de Prisioneras y Prisioneros Políticos publicamos en Desde Afuera el texto de esta carta:

COMUNICADO DE PRENSA

COMISION INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRISIONALIZACIÓN DE LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLITICOS –DE CONCIENCIA Y DE GUERRA- Y DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LAS CARCELES Y PENALES COLOMBIANOS

En mi condición de ex prisionera política de conciencia, como defensora de derechos humanos y como un deber moral con los más de 9000 prisioneras y prisioneros políticos – de conciencia y de guerra- y recogiendo su sentir expresado en un comunicado de los diferentes colectivos del 2 de abril del presente, presto mi voz en esta coyuntura a ellas y ellos, las y los invisibilizados y negados en las cárceles y penales colombianos, para poner en conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

1. El saludo fraterno y sentimiento de plácemes de las y los prisioneros políticos –de conciencia y de guerra- recluidos en las cárceles y penales del país a las Mujeres del Mundo por la Paz, al grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz en cabeza de la Doctora Piedad Córdoba, a la señora Marleny Orjuela de ASFAMIPAZ, a las y los familiares y amigos de los uniformados, a los demás delegados y garantes del exitoso proceso de liberación unilateral de los prisioneros de guerra en poder de las FARC-EP.

2. El reconocimiento especial a las familias de los uniformados que buscaron sin descanso la libertad de los suyos, hoy hecha realidad, dada la voluntad política que tuvieron las FARC-EP en este evento unilateral. La comprensión de su sentimiento de felicidad al ver retornar sanos y salvos a los suyos se contrapone al de las familias de los más de 9000 prisioneros políticos –de conciencia y de guerra-, que añoran todos los días tener la misma posibilidad y los lloran al verlos podrir en las cárceles y penales con condenas de más de 40 años y demás vejámenes a que son sometidos como consecuencia de la postura vengativa y de ausencia de voluntad de paz del gobierno nacional, que siempre ha negado la posibilidad de adelantar un acuerdo humanitario, y claramente reflejada en el desconocimiento de una realidad que se cuenta a gritos y es la existencia de prisioneras y prisioneros políticos- de conciencia y de guerra- colombianos.

3. Que los colectivos de prisioneras y prisioneros políticos –de conciencia y de guerra- han visto como una necesidad y con gran expectativa la constitución de una Comisión Internacional de Verificación para que puedan constatar las condiciones de prisionalización en las cárceles y penales colombianos y de su existencia como prisioneras y prisoneros políticos, como resultado del conflicto político, social y armado en Colombia y claramente reconocido como delito político por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano.

Dada esta posición incoherente de parte del gobierno colombiano sumada al incumplimiento de su palabra en el sentido de autorizar la visita a las cárceles y penales a la Comisión Internacional de Verificación junto con el grupo de mujeres que comprometieron su esfuerzo en la liberación de los 10 prisioneros de guerra que quedaban en poder de las FARC, queremos nuevamente exhortar al grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz, al grupo de Mujeres del Mundo por la Paz y demás organizaciones y personas que han participado de una y otra iniciativa, a persistir en la solicitud al gobierno colombiano en la autorización para que la Comisión de Verificación Internacional entre a las cárceles y cumpla su función.

Igualmente los exhortamos a mantener sus esfuerzos de visibilización de existencia de las y los prisioneros y prisioneras políticas –de conciencia y de guerra- y del seguimiento de la situación de derechos humanos en las cárceles para lo cual les proponemos la creación de una Campaña Permanente de seguimiento.

Finalmente agradecerles a todas y todos ustedes por su valeroso esfuerzo.

LILIANY OBANDO

Ex Prisionera Política de Conciencia

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ARTICULO DE EL TIEMPO (reacción a la carta)

El Tiempo.com.co

"Liliani Obando, vocera de guerrilleros presos, durante lectura de las cartas de Mujeres por la Paz"

Ejecutivo sí va a facilitar las visitas a cárceles colombianas, pero sin shows mediáticos.

Una fuente de toda confianza del gobierno confirmó a EL TIEMPO que el pedido de organizaciones como Colombianos por la paz y Mujeres del mundo gestoras de paz, será atendida, pero sin hacer cubrimientos mediáticos.

El permiso para visitar a estos subversivos presos se ha convertido en una gran diferencia entre las partes. Primero que todo por las implicaciones políticas que suelen cobrar los operativos mediáticos, pero también por la connotación de "presos políticos" o "prisioneros de guerra", que el gobierno no admite, pues estos son propios de dictaduras.

Reiteran solicitud para visitar presos en las cárceles

Los colectivos le reiteraron al Gobierno su solicitud para entrar a las cárceles colombianas para verificar las condiciones humanitarias de los que ellos llaman "presos políticos y de conciencia" (Lea aquí varias noticias sobre las liberaciones).

En la primera misiva dirigida al presidente Juan Manuel Santos, estas mujeres expresaron que consideran "como un paso contundente" y un "gesto de buena voluntad" para avanzar en el camino de un diálogo de paz la liberación unilateral de los 10 uniformados secuestrados en poder de las Farc. Por esa razón instaron a que "la llave de la paz" de la que ha hablado el presidente Santos "sea usada lo más pronto posible".

Igualmente, lamentaron no haber podido visitar las cárceles del país para entrevistarse con los guerrilleros presos y verificar sus condiciones humanitarias, luego de que supuestamente el Gobierno se lo había prometido. "Nos sorprende el incumplimiento de los compromisos anunciados porque no pudimos verificar la situación humanitaria".

Esta misma situación la pusieron en conocimiento en la carta que le enviaron a las Farc y que también leyeron, en la que dijeron que recibieron "con sorpresa y preocupación" que no hayan podido visitar las cárceles a fin de verificar estas condiciones.

La última carta que se leyó en la rueda de prensa fue por parte de los guerrilleros presos en las cárceles. Liliane Obando, la mujer que leyó la carta y se presentó como exprisionera política, mencionada según las autoridades en los computadores del abatido jefe guerrillero 'Raúl Reyes', dijo que los "prisioneros políticos ven como una necesidad la constitución de la comisión de verificación internacional de las condiciones de las cárceles y exhortaron al grupo de Mujeres del Mundo y demás organizaciones como Colombianos por la Paz a persistir en esta solicitud.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, ratificó este jue