COLOMBIA: CÁRCELES DE LA MISERIA
Y MISERIA DE LAS CÁRCELES
Miguel Ángel Beltrán V.*
“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es
una nación
hasta haber estado en una de sus cárceles. Una
nación no debe
ser juzgada por el modo en que trata a sus
ciudadanos de alto rango,
sino por la manera en la que trata a los de más
bajo”
El Largo Camino Hacia la Libertad
Nelson Mandela
“Nunca había visto por dentro esa horrible cárcel que en años posteriores
me fue tan familiar. Después de caminar por oscuros pasadizos y de subir y
bajar mugrientas escaleras nos encontramos en un largo salón cuyo techo
tocábamos con las manos. Triste luz crepuscular hacía más horrendo aquel antro
fétido, húmedo, negro. Apoyé mis manos en la pared y las retiré asombrado:
esputos sanguinolentos decoraban las paredes […] Había ahí leprosos, tísicos,
sarnosos, cojos, mancos, tuertos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, llagados,
sifilíticos, jorobados, idiotas, un espantoso depósito de carne enferma que
chorreaba pus y mugre. Los tuberculosos tosían. Las moscas zumbaban. Un vapor
espeso y fétido mareaba a los más fuertes. Los nervios se aflojaban en aquella
antesala de la muerte […].
Este testimonio del anarquista
mexicano Ricardo Flores Magón, narra sus primeras vivencias en una prisión,
cuando siendo estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria fue detenido en
1892, por participar en un movimiento de oposición a la reelección del dictador
Porfirio Díaz. Desde entonces, buena parte de su vida pasaría en centros
penitenciarios tanto nacionales como extranjeros, donde finalmente lo
sorprendió la muerte en 1922, poco después de rechazar el indulto que le
ofreciera el gobierno de los Estados Unidos, en una de cuyas cárceles purgaba
una pena de 20 años.
Si nos atuviéramos a los principios
para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas cuya resolución
43/173 del 9 de diciembre de 1988 garantiza
que “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano”, no vacilaríamos en afirmar que las situaciones descritas por el
revolucionario Magón, hace ya 120 años, hacen parte de un pasado remoto.
Sin embargo, nada más lejano a la
realidad; la existencia de prisiones, como las que mantuvo Estados Unidos hasta
hace un tiempo en los territorios ocupados de Iraq y Afganistán y la que
actualmente conserva en la ilegal base naval de Guantánamo (Cuba), donde bajo
el pretexto de la lucha contra el terrorismo retiene a más de un centenar de
prisioneros incomunicados, sin garantías procesales ni judiciales y sometidos a
las más crueles torturas y tratos degradantes e inhumanos, es una muestra
fehaciente de la función que siguen cumpliendo las cárceles como instrumento de
represión política y control social.
SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO: ENTRE LA PENALIDAD
NEOLIBERAL Y EL TERRORISMO DE ESTADO
Recientes episodios como
los acaecidos en un penal de Comayagua (Honduras) donde cerca de 400
prisioneros murieron calcinados; o los hechos de violencia que cobraron la vida de 58
personas en la prisión de Uribania (Estado de Lara/Venezuela); o en el centro
penitenciario de Apodaca (Nuevo León/México), donde en complicidad con la
guardia 30 miembros de los zetas protagonizaron una fuga, dejando a su paso 44
internos masacrados; indican un patrón recurrente de violencia, que parece
darle la razón a Harold Thompson: “Las prisiones –decía este anarquista norteamericano que permaneció los últimos
treinta años de su vida en la cárcel- son instituciones diseñadas para
enseñar lecciones de violencia a través del abuso hacia aquellos confinados en
ellas”.
Aunque el
sistema penitenciario en las sociedades modernas se plantea como un espacio
para reformar al infractor e impedir la repetición del acto antisocial
(“resocialización”), en la práctica funciona por excelencia como aparato
punitivo del Estado que hace primar, sobre cualquier principio humanista, los
criterios de venganza permitiendo además resguardar el sacrosanto principio de
la propiedad privada, convirtiéndose en un camino corto para dar salida -por la
vía de la criminalización de la pobreza- a los agudos problemas sociales
inherentes al capitalismo: “La indigencia, desempleo, drogadicción, enfermedad
mental y analfabetismo –escribe Angela Davis- son sólo algunos de los problemas
que desaparecen del escenario público cuando los seres humanos que contienden
con ellos son relegados a jaulas”
En este sentido la realidad carcelaria colombiana
guarda similitudes con la de otros centros penitenciarios del continente. Por
eso no sorprende que el hacinamiento, la corrupción, la privación de servicios
básicos como el agua potable y la luz, la alimentación precaria, la ausencia de
atención médica y de condiciones dignas para los internos, estén allí al orden
día. Con razón anota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)que
uno de los sectores de la población más
desprotegidos y con mayor vulnerabilidad en América Latina son las personas
privadas de la libertad[1].
Pero si bien las cárceles
del país comparten patrones más o menos similares con las del resto del
continente, en Colombia la crisis carcelaria está inmersa en las complejas
dinámicas de un conflicto armado y social que sacude al país desde hace más de
medio siglo; y no escapa a la acción criminal de un aparato estatal que
históricamente ha recurrido al uso sistemático de la violencia para acallar la
oposición política y social y silenciar las expresiones del pensamiento
crítico. De este modo, el sistema penitenciario colombiano cumple un importante
papel como instrumento jurídico para la desarticulación de las organizaciones sociales, y el
silenciamiento de la protesta social.
La presencia de
oficiales activos de la policía, en la dirección del sistema nacional
penitenciario y carcelario (INPEC)[2],
y en algunos centros de reclusión, así como la existencia de cuerpos
especializados entre ellos el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y el Comando Operativo de Remisiones de Especial
Seguridad (CORES) que cumplen funciones represivas más allá de las que les
corresponde como cuerpo de custodia y vigilancia hacen parte de esta estrategia,
en consonancia con una justicia parcializada que ofrece privilegios a los que
tienen poder y se muestra ejemplarizante con quienes carecen de él.
LAS CÁRCEL NO ELIMINA LOS PROBLEMAS
SOCIALES PERO SI LOS SERES HUMANOS
Según cifras del mismo Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) actualmente hay 114.772 internos cuando el cupo es para 75
mil, lo que coloca de presente graves problemas de hacinamiento. Recientemente la juez
56 penal del circuito ordenó suspender el traslado de más presos a la cárcel
Modelo de Bogotá, un centro de reclusión que, de acuerdo con las cifras del
mismo INPEC cuenta con 7230 reclusos pese a que su capacidad es de 2850
internos, lo que significa una sobrepoblación del 153%, cifra que supera con
creces los niveles de sobrepoblación crítica establecidos por los estándares
internacionales en el 20%.
El informe que avala la decisión judicial en primera instancia
puso de presente que
muchos internos tienen que dormir amontonados en los corredores, escaleras o
espacios destinados a actividades colectivas, comer con las manos y lavar
platos en los orinales. Pese a la contundencia de estos hechos el
Tribunal Superior de Bogotá en cabeza del magistrado Jorge Enrique Vallejo, no
tardó en anular la sentencia recurriendo a una serie de artilugios jurídicos.
Con todo,
la situación de la cárcel Modelo no es la más crítica; en otros sitios de
reclusión del país como Villahermosa (Cali), el hacinamiento alcanza niveles alarmantes
ya que ésta cuenta con 5855 internos, siendo su capacidad apenas para 1.667
hombres; lo mismo sucede en Bellavista (Medellín) donde están alojados 7461
reclusos en una cárcel diseñada para 2424 internos. Si a esto le sumamos el
hecho que no dispone de una infraestructura adecuada, no está lejos el día en
que las cárceles colombianas vivan una tragedia como la del mencionado penal de
Comayagua. Por demás el hacinamiento favorece la propagación de epidemias y enfermedades
contagiosas de manera tal que la salud constituye otro de los problemas estructurales
que vive la población carcelaria, agudizado por la ausencia de personal médico
especializado y la escasez de medicamentos[3].
En una carta dirigida a la CIDH,
uno de los voceros del Movimiento Nacional Carcelario (MNC), Tulio Ávila
Murillo, denunciaba las condiciones inhumanas en que se encuentran las personas
privadas de la libertad en Colombia y señalaba como “en un año han muerto más de 80 internos en total abandono, la mayoría
por inasistencia médica, pero lo más grave es que todo queda en la absoluta
impunidad […] la impotencia, la consternación y el dolor que se mezcla con la
desesperanza, al ver como nuestros compañeros y compañeras de prisión, día a
día se enferman y van muriendo lentamente como simples animales encerrados en
los pabellones de la ignominia y la miseria, administrada por una institución
que está corrompida por los jugosos negocios de los contratos[…]”[4]
El hecho más reciente ocurrió el pasado 9 de abril en el
centro penitenciario de “Picaleña” (Ibagué/Tolima),con la muerte, por falta de
tratamiento médico oportuno, del preso político Juan Camilo Lizarazo quien desde
varios meses atrás venía solicitando a las autoridades carcelarias atención
médica urgente. Su caso se suma al de cientos de prisioneros políticos y de
guerra que han muerto en las cárceles colombianas debido a la negligencia del
Estado Colombiano y en abierta violación a las normas constitucionales que
garantizan la protección del derecho a la vida.
Es aún más crítica la situación de las mujeres privadas de la
libertad quienes sufren una vulnerabilidad especial, más aún cuando se
encuentran en estado de embarazo o en condición de madres lactantes, pues los
efectos negativos del encierro se extienden sobre la salud física y emocional
de sus hijos, ya que estos centros de reclusión carecen de atención
ginecológica, pediátrica y en general de personal especializado que atienda sus
necesidades, así como de ambientes adecuados para la estancia de los menores.
La amenaza de separación de sus hijos es un arma utilizada por las autoridades
penitenciarias para lograr obediencia de las madres internas.
Cabe advertir sin embargo que no todos los internos e
internas reciben el mismo trato: mientras a los prisioneros políticos se les
retienen las órdenes de remisión para recibir atención médica especializada, en
los pabellones de la llamada “parapolítica”, “justicia y paz”, donde conviven políticos
nacionales, regionales y reconocidos narcotraficantes vinculados con delitos de
corrupción, paramilitarismo y lesa humanidad, abundan los permisos para
supuestas visitas médicas y odontológicas, que no reciben registro alguno, lo
que les permite permanecer varios días por fuera del penal visitando familiares
o realizando otro tipo de actividades. Esto para no hablar de las guarniciones
militares, donde los oficiales detenidos disfrutan de todos los lujos y
beneficios, que en un preso común sería impensable.
UN MODELO PERVERSO
El 9 de julio de 2001 el
gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, colombiano, en cabeza de su
ministro de Justicia, firmó un acuerdo de cooperaciónpara el supuesto“mejoramiento
del Sistema Penitenciario Colombiano”; el acuerdo, destinaba 4.5 millones de
dólares para este programa, procedentes de los dineros del “Plan Colombia”, e
incluía el asesoramiento técnico y materialdel Bureau Federal de Prisiones, para la adecuación de
instalacionespenitenciarias y carcelarias, así como el entrenamiento de funcionarios
del Inpec en escuelas e instalaciones dirigidas por instructores norteamericanos.Con base en estos acuerdos se orientó la
construcción de 11 NuevosEstablecimientos de Reclusión del Orden
Nacional (“ERON”)[5]
Una investigación adelantada por la
Procuraduría General de la Nación en el 2008 puso en evidencia que estas
instalaciones no garantizaban un ambiente digno para las personas privadas de
la libertad: “No
cuentan–señala el informe- con espacio para el consumo de alimentos, los
espacios para movilización de sindicados son muy reducidos y sin acceso al aire
libre; la altura del edificio limita la entrada de luz natural y ventilación,
situación que se agravará en ciudades cuya temperatura alcanza o supera los 30
grados centígrados, y las dimensiones de las ventanas de las celdas de 20 cmts
por 120 cmts, no garantizan iluminación ni ventilación suficiente, ni permite
el uso de la luz natural en condiciones normales”[6].
Pese a estas flagrantes violaciones de los protocolos internacionales para el tratamiento de personas
privadas de la libertad (asociados a actos de corrupción que a la fecha no han
sido investigados) estos establecimientos fueron puestos en funcionamiento sin
mayores modificaciones, descargando la responsabilidad sobre los reclusos y sus
familiares que no sólo han visto
restringidas las visitas a sus seres queridos, sino que deben padecer los
abusos sistemáticos cometidos por los guardias de turno acrecentando así la violación
de los derechos fundamentales de los reclusos.
Resulta claro que la crisis humanitaria de
las cárceles colombianas no se soluciona con la construcción de más sitios de
reclusión, mucho menos con su privatización. Este modelo que ya se aplicó
inicialmente en Estados Unidos y se
expandió a Europa (Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Alemania),
viene tomado fuerza en países del continente como Chile donde ya se ha
implementado, arrojando un balance negativo para la impartición de justicia, ya
que acorde con la lógica del mercado “Para aumentar las ganancias en el
sector de la justicia penal esta industria necesita que se mantenga a más gente
presa en el sistema por más tiempo”[7].
El
sociólogo francés Loïc Wacquant, en una interesante investigación sobre las
políticas de seguridad de lo que él denomina “Estado Penitencia”,señala,
-apoyado en una amplia información empírica- cómo la industria de prisiones se
ha transformado en una de las más prósperas
de los Estados Unidos, siendo el tercer renglón generador de empleo en ese país.
Alrededor de este ramo se anuda una compleja red de actividades económicas y
comerciales. De ello da cuenta la feria que anualmente realiza la Asociación
Correccional Americana donde participan más de seiscientas cincuentas empresas
ofertando una variedad de productos y servicios que cubre desde “’uniformes de
extracción’ (para arrancar de sus celdas a los internos recalcitrantes)” y sistemas
de celdas portátiles que pueden improvisarse en cualquier sitio de la ciudad,
hasta sistemas de purificación de aire antituberculosis[8]
COLECTIVOS DE PRESOS POLÍTICOS: “NO PEDIMOS PERMISO PARA SER LIBRES”
La prolongación del
conflicto armado y social colombiano y, consustancial a él, el incremento del número de presos(as)
políticos(as)-que ya sobrepasa los diez mil- ha permitido que éstos hayan
adquirido una larga tradición de organización y reivindicación de sus derechos
en los centros de reclusión. Misma que han conservado y enriquecido de
generación en generación, pero que los sucesivos gobiernos y la misma dirección
del INPEC tratan de negar continuamente, recluyendo indiscriminadamente en un
mismo pabellón a guerrilleros y paramilitares y creando así un clima de
permanente tensión.
A lo anterior hay que
sumar las continuas políticas del Estado colombiano por estimularla deserción,
desmovilización y delación de los insurgentes a cambio de beneficios jurídicos.
Labor que se hace más palpable en los penales donde, a través de presiones,
engaños y ofertas económicas promovidas directamente desde el Ministerio del
Interior y Justicia, se ha pretendido –casi siempre infructuosamente– que los
rebeldes se acojan a los programas de “Justicia y Paz” (ley 975 de 2005)
Pese a estos obstáculos
en los centros de reclusión colombianos encontramos colectivos de presos
políticos ya consolidados con una estructura organizativa que-a diferencia de
otros penales del continente- ha permitido no sólo visibilizar y dilucidar la
crítica situación carcelaria sino que también ha logrado una cierta regulación
de la vida interna de estos establecimientos, y organizar la lucha colectivapor
mejoras en la atención sanitaria, la calidad de la alimentación, el respeto a
las visitas, a través de jornadas de desobediencia civil.
Frente a la ausencia de programas de
educación como instrumentos de capacitación y redención de pena y la
prohibición de acceso de los internos a los talleres de trabajo, en los
pabellones de alta seguridad, los
colectivos de presos políticos han asumido tareas educativas que contemplan desde
labores de alfabetización, hasta la discusión sobre diferentes aspectos de la
realidad nacional e internacional, actividades que mantienen en alto la moral
de los presos en un ambiente donde el consumo de alucinógenos, el ocio y los
juegos de azar se constituyen en la constante.
Los sindicados y
condenados por delitos políticos son naturalizados como enemigos “per se” y
con ellos sus colectivos, que permanentemente son desintegrados recurriendo al
traslado masivo de prisioneros a las diferentes cárceles del país, alejándolos
de sus núcleos familiares y sembrando terror psicológico para bloquear
cualquier acción reivindicativa. Un ejemplo de esta situación es la que viven actualmente los prisioneros
políticos de guerra Tulio Ávila Murillo (“Alonso”), José Marbel Zamora
(“Chucho”) y Bernardo Mosquera (“Negro Antonio)
quienes han sido amenazados en su integridad física y personal, como
consecuencia del liderazgo asumido en las jornadas de desobediencia pacífica
que, desde algunos meses vienen adelantando millares de presos(as) políticos(as)
por las condiciones inhumanas e indignantes que afrontan.
En numerosas ocasiones los presos
políticos son recluidos en celdas de aislamiento (Unidades de Tratamiento
Especial), privados de comunicación con el exterior y sin derecho a tomar el
sol; así mismo son trasladados a centros penitenciarios que, como el de
Valledupar, son considerados de alto castigo, alejándolos de su núcleo familiar
y sometiéndolos al hostigamiento permanente del cuerpo de custodia. Esta
situación no da cuenta de casos aislados sino
de la sistemática violación de los derechos humanos de que son objeto
los internos en las cárceles colombianas.
Los atropellos contra la población carcelaria no han
impedido la consolidación del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) que, en el
mes de abril ha desarrollado exitosamente Jornadas Nacionales de Desobediencia Carcelaria en treinta establecimientos reclusorios del país; como parte, también, de
las luchas que adelantan en el campo y la ciudad las organizaciones campesinas,
indígenas, cívicas y sindicales en favor de sus derechos, y que vienen
allanando el camino para una movilización más amplia del pueblo colombiano
hacia el afianzamiento de una solución política al conflicto armado y social
que vive el país desde hace ya tantas décadas.
* Profesor Asociado
Universidad Nacional de Colombia. Ex preso político.
[1] Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad
en las Américas. OEA, 2011.
[2] Actualmente la dirección
general del INPEC está a cargo del Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaurte,
quien anteriormente se había desempeñado como comandante
Operativo de la Policía Metropolitana de Cali y Comandante de la Región No. 4
de Policía que agrupa los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y la
ciudad de Santiago de Cali; a principios de este año se anunció su reemplazo
por el coronel Gustavo Moreno pero en esos mismos días este oficial de la
policía, ex agregado militar en Washington, se vio involucrado en la muerte de
un supuesto fletero, en hechos que actualmente son investigados y que llevaron
a confirmar al general Ricaurte en su cargo.
[3]La actual crisis humanitaria en las cárceles no es
un asunto coyuntural, ya la Corte
Constitucional se había expresado en tal sentido al expresar en su sentencia T-153 de 1998
que “Las condiciones de vida en los
penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y
amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su
derecho a la familia, etc. Nadie se atrevería a decir que los
establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se
les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente
tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son
escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción”.
[4] Carta abierta de Tulio
Murillo Ávila "Alonso" Prisionero Político y de Guerra Complejo
Carcelario de Ibagué- Tolima. Agosto 28 de 2012 (ver:
http://www.traspasalosmuros.net/node/1244)
[5]Jamundí,
Bogotá, Medellín, Ibagué y Guaduas, Puerto Triunfo, Florencia, Acacias, Yopal,
Cartagena y Cúcuta, contemplando la expansión de 21169 de cupos penitenciarios
y carcelarios.
[6]Procuraduría General de la
Nación. “Procurador advierte sobre fallas en diseños de nuevos centros de
reclusión”. Boletín No. 210, 19 de mayo de 2008
[7]Stephen Nathan.
“Privatización de la prisión: Acontecimientos y Temas internacionales y sus
implicaciones para América Latina” en Elías Carranza (coord.). Cárcel y Justicia Penal en América Latina y
el Caribe. México: Siglo XXI, Ilanud, Raoul Wallenberg Institute,P. 292
[8] Löic Wacquant. Las Cárceles de la Miseria. Buenos
Aires: Manantial, 2004, p. 98
