ASOCIACION NACIONAL
DE EGRESADOS DE LA
FACULTAD DE DERECHO
PROPUESTA DE CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS ABOGADOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA.
INTRODUCCION
El presidente Álvaro Uribe, antes de asumir por primera vez la presidencia, había prometido entablar un diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y los ministerios del Interior y Justicia y el de Defensa sobre el modo de proporcionar protección efectiva a los defensores y defensoras de los derechos humanos víctimas de amenazas y sobre cómo hacer frente a la connivencia entre agentes estatales y grupos paramilitares.
A pesar de las reiteradas promesas oficiales de poner fin al hostigamiento de los defensores y defensoras de los derechos humanos, continúan los atentados, las amenazas y la intimidación contra ellos en forma de cargos penales falsos y acciones judiciales infundadas, campañas de difamación y operaciones de vigilancia.
El objetivo de los atentados y la intimidación parece claro: crear un clima de temor para disuadir a los defensores y defensoras de los derechos humanos de continuar con su trabajo. La gran mayoría de las amenazas y atentados son obra, al parecer, de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos son también víctimas de detención y acciones judiciales arbitrarias e infundadas, entabladas contra ellos para desacreditar su labor. Tal hostigamiento resta además tiempo y recursos al trabajo en favor de los derechos humanos, ya que quienes lo realizan no pueden hacerlo por estar detenidos o tener que ocuparse de defenderse de los cargos presentados contra ellos.
El presidente Uribe y otros altos cargos del gobierno y del Estado han agredido verbalmente a defensores y defensoras de los derechos humanos, tachándolos en público de “subversivos”. Este tipo de declaraciones generales menoscaban el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos y pueden dar lugar a que las fuerzas de seguridad ataquen a defensores y defensoras de los derechos humanos y a líderes comunitarios durante las operaciones de inteligencia y contrainsurgencia.
Consideramos motivo de preocupación la relación entre estas declaraciones en que se asocia a los defensores y defensoras de los derechos humanos con la subversión y la constante de amenazas, allanamientos, acciones judiciales arbitrarias y detenciones de que son víctimas estas personas.
A quien más afecta el largo conflicto interno de Colombia es a las comunidades marginadas, cuya voz raras veces se oye: las comunidades afro-descendientes e indígenas, los campesinos y los habitantes de los barrios marginales de las ciudades, muchos de los cuales han sido ya desplazados de sus hogares originales. Estos grupos se han organizado cada vez más para defender sus derechos y, al hacerlo, se han convertido en víctimas de graves amenazas y atentados.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos trabajan por toda Colombia, incluidas algunas de las regiones más remotas e inaccesibles del país. Es gracias a su trabajo que los abusos contra los derechos humanos cometidos fuera de Bogotá llegan a llamar la atención de la opinión pública. Sin embargo, funcionarios públicos locales, miembros de las fuerzas de seguridad y paramilitares que prefieren que no salgan a la luz tales abusos han impedido a menudo a los activistas locales realizar este trabajo tachándolos de subversivos o de ser miembros de la guerrilla.
Poco después de tomar posesión de su cargo en 2002, el presidente Uribe entabló conversaciones de paz con los paramilitares. El consiguiente marco jurídico establecido para regular el proceso de desmovilización ha recibido duras críticas tanto de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que consideran que no cumple las normas internacionales relativas al derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y que exacerba el problema endémico de la impunidad en Colombia.
Debido a la presión nacional e internacional, las autoridades colombianas se han visto obligadas a tomar medidas para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Con tal fin se han establecido varios programas administrados por el Ministerio del Interior y Justicia. Sin embargo, los defensores y defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por diversos aspectos de estos programas.
Sobre todo han puesto en tela de juicio la eficacia de las medidas adoptadas dado que continúan siendo víctimas de homicidio, amenazas, intimidación y atentados. Estos programas de protección no son lo suficientemente globales como para tener efectos a largo plazo en las condiciones extremadamente adversas en que los defensores y defensoras de los derechos humanos trabajan en Colombia.
Las investigaciones indican que la cuestión fundamental sigue siendo la profunda hostilidad que algunos sectores del gobierno y las fuerzas de seguridad muestran hacia el trabajo de defensa de los derechos humanos y la falta de voluntad política para poner fin a la impunidad de los delitos contra defensores y defensoras de los derechos humanos e identificar y poner a disposición judicial a quienes los cometen.
El Estado tiene la obligación de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden realizar su trabajo libremente, sin intromisiones ni temor a las amenazas, las represalias y la discriminación. En el marco de las medidas que es necesario tomar para garantizar este derecho, el presidente Uribe y su gobierno deben mostrar públicamente el firme compromiso de apoyar las actividades legítimas tanto de los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en grandes organizaciones de derechos humanos de ámbito nacional como de los que realizan su labor en organizaciones locales de base o en sus propias comunidades. 1
1 Apartes del informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los defensores de derechos Humanos en Colombia 2006
LA SITUACION DE LOS ABOGADOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
Los abogados defensores de derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Colombia, durante este último período venimos siendo víctimas de una campaña de extermino, asesinatos, atentados, desapariciones, exilio, judicializaciones y procesos disciplinarios; por ejercer nuestra profesión, la defensa de presos políticos y la promoción de los derechos humanos.
La Asociación Federal de Abogados de Alemania, para fortalecer los vínculos con sus colegas Colombianos; en un convenio de solidaridad promoverá urgentemente, la presente campaña que garantice la vida y seguridad personal de los Abogados Colombianos.
Varios Abogados Egresados, como ha sucedido recientemente con nuestro compañero ERNESTO MORENO GORDILLO, quien fuera víctima de un atentado criminal el pasado 17 de noviembre del 2005, en las calles Bogotanas del sur, fue atacado a tiros cuando salía de su residencia en el barrio el Tunal, Ernesto recibió tres impactos de bala, uno en la cara, por lado del maxiliar izquierdo y dos en el brazo izquierdo, que le causaron graves daños, también el pasado viernes primero de septiembre de 2006, en Soacha, fue asesinado en la puerta de su residencia el profesor universitario EDGAR FAJARDO, egresado de la facultad de economía. Estas situaciones se vienen presentando reiteradamente contra los Abogados Egresados de la Universidad Autónoma. Por ello es necesario que conjuntamente con ASEFUAC, La Asociación Federal de Abogados de Alemania lance la presente campaña para dignificar nuestra profesión y la defensa de la vida de los Abogados Egresados.
“ASEFUAC” y La Asociación Federal de Abogados de Alemania deben promover también en esta campaña el respeto por las normas constitucionales, legales y del derecho internacional de los derechos humanos que amparan el derecho universal al libre ejercicio profesional de la Abogacía.
La campaña tiene como objetivo general prevenir los riesgos que corren los abogados egresados de la Universidad Autónoma de Colombia.
Los objetivos específicos de la campaña son:
- Promover la defensa de la vida y destacar la importancia de papel de los abogados egresados en la defensa de los derechos humanos y los presos políticos.
- Garantizar el cumplimiento por parte del Estado Colombiano de las normas nacionales, legales e internacionales que regulan la actividad de la profesión de la abogacía.
- Denunciar la persecución contra los abogados egresados de la Universidad Autónoma de Colombia.
- Realizar las acciones jurídicas ante las autoridades nacionales e internacionales sobre estas situaciones.
- Buscar del Estado Colombiano, plenas garantías para que los abogados egresados desarrollen el ejercicio de la profesión.
- Propiciar convenios con Asociaciones de otros países para buscar el apoyo internacional a la labor que desarrollan los abogados egresados.
PLAN DE TAREAS.
- La Asociación Federal de Abogados de Alemania realizara con ASEFUAC un cartel a nivel nacional e internacional.
- La Asociación Federal de Abogados de Alemania destinara un presupuesto para la campaña (CINCUENTA MILLONES DE PESOS)
- La Asociación Federal de Abogados de Alemania con Asefuac, promoverán un vídeo institucional donde se reseñen los casos de los abogados egresados que han sido víctimas o que se encuentren en peligro.
- La Asociación de Federal de Abogados de Alemania con ASEFUAC, promoverán una gira a nivel nacional e internacional a las universidades y facultades de derecho promoviendo la campaña.
- La Asociación Federal de Abogados de Alemania con ASEFUAC, promoverán ante los organismos y gremios afines visitas IN LOCO para realizar acciones jurídicas al respecto.
- La Asociación Federal de Abogados de Alemania y ASEFUAC, realizaran una campaña pedagógica de conferencias, talleres entre otros en las facultades de Derecho del país
WLDARICO FLOREZ PEÑA
Coordinador Comité Internacional
ASEFUAC
